El Salvador de Bukele

El presidente salvadoreño se jacta de ser el “dictador más cool”. Desde hace más de un año mantiene el estado de excepción. Ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, niños presos y miles de detenidos con y sin causa son el resultado de esta política represiva, en el marco de una alianza política entre el gobierno y algunas maras.

Por Olga Viglieca*

Parece el cuidado tráiler de una película de terror. Miles de soldados en ropa de fajina; ciudades del futuro, de noche, desiertas, sin un solo ser humano; tanques y helicópteros que avanzan furiosamente arrasando ranchos, sus habitantes, árboles, selva; hileras de jóvenes (¿esclavos?) en calzoncillos blancos y con los cuerpos desnudos, rapados, tatuados.

Pero no es una película. El video es uno más de los que produce la propaganda oficial del gobierno de El Salvador. En este se jacta de no haber tenido un solo homicidio en el último año, entre el 10 de mayo de 2022 y el mismo día de 2023. Eso, explican, gracias al Plan de Control Territorial y el Régimen de Excepción que, desde marzo de 2022, les permite tener presos sin garantías de ningún tipo a por lo menos 95.000 personas, en general jóvenes de las barriadas y aldeas más pauperizadas.

Los acusan de ser mareros, de “terroristas”, que es como la ley salvadoreña tipifica a los pandilleros. No hay plazos para la detención. No hay modo de verificar cuántos son, su edad, dónde los capturaron y de qué se los acusa. Jueces y fiscales pueden procesar a sospechosos in absentia. Para secuestrarlos no se necesitan más pruebas que tener el cuerpo tatuado.

Por supuesto, no es verdad que no haya ningún asesinato ni que esté restaurada la seguridad en El Salvador. Pero el gobierno no informa como homicidios las muertes de supuestos pandilleros en “enfrentamientos” con la Policía y el Ejército. Dice el escritor mexicano Federico Guzmán: “El crimen no murió sino que cambió de dueño. Ahora está enfundado en uniforme de camuflaje”.

Organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales han documentado desde ejecuciones sumarias hasta desapariciones forzadas, jovencitas que han abortado producto del trato brutal, unos dos mil niños presos. A mediados de 2021 la población carcelaria era de 40.000 reclusos. Ahora supera los 95.000, casi el 2 por ciento de la población adulta. Es la tasa más alta del mundo.

Human Rights Watch calcula que de las hileras de jóvenes prisioneros faltan por lo menos un millar, muertos no se sabe ni cómo ni en cuál de las mazmorras de máxima seguridad de las que se regodea el régimen de Nayib Bukele. Un presidente elegido por masivo voto popular pero autodesignado “el dictador más cool de Latinoamérica”.

El video publicitario tampoco muestra los cuerpos desgarrados, sangrientos, apaleados, abrasados por el sol y la sed, el trato que dispensa a los recién llegados el “comité de recepción” de policías y custodios que los espera en cada cárcel.

Dos filas de uniformados, armados con palos, los patean y golpean con fervor. A las denuncias de la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos se empieza a sumar la voz de algún sobreviviente. Por ejemplo, del comerciante José Zavaleta, detenido con sus empleados por razones que ignora. Tal vez para llenar el cupo exigido ese día. “Hoy traigan diez, hoy traigan veinte.”

“Nos hicieron un pasillo donde se formaron dos filas de agentes, policías incluidos, para darnos el recibimiento; derecha e izquierda, dos filas. Nosotros, solo en bóxer, teníamos que pasar en medio de ese pasillo, ya prácticamente agonizando, sin tomar agua, bajo el sol, torturados con las esposas, hincados dos horas afuera del penal”, cuenta José, quebrado por el llanto, su entrada al penal de Izalco.

Uno de sus empleados, Marcos, se compadeció del patrón, que estaba caído en el suelo, y lo cubrió con su cuerpo para protegerlo de la paliza. Está muerto. Agonizó durante cuatro días mientras los demás temblaban de fiebre tirados en las celdas. Los únicos que les alcanzaron un poco de agua –turbia, mugrienta, la misma que consume todo el pabellón– fueron sus compañeros de desgracia, los supuestos mareros.

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Otro sector que critica amargamente los métodos de Bukele son los pastores evangélicos. Habían recuperado a varios miles de jóvenes a través de la religión, pero sobre todo a través de la creación de puestos de trabajo.

Desde 2012, el pastor Nelson Moz tendió colchones en el templo para dar auxilio a quienes querían abandonar las maras, después compró el primer horno, la primera bicicleta.

Los muchachos, tatuados hasta la cabeza, cocinaron en el sótano de la iglesia panes y pasteles, y los vendieron en los barrios obreros mientras predicaban el Evangelio con megáfonos. Algunos se convirtieron en pastores y refugiaron a ex compañeros en sus propios templos. Moz calcula por lo menos 1.200 recuperados. Las maras respetaban “la entrega a Dios” y no los mataban. A los que defeccionaban en su fe, sí.

En marzo, las razzias policiales arrasaron también con los que habían cumplido los programas de rehabilitación como el de Moz. En una larga entrevista con Los Angeles Times, los pastores dicen que han fracasado todos sus esfuerzos por liberar a hombres que hace diez años no delinquen pero a los que fueron a buscar expresamente.

Bukele, desde Twitter, les contestó: “Estos pastores tienen razón: Dios puede redimir a cualquiera. Dios y solo Dios puede perdonar sus pecados y salvarlos. Si Dios los perdona, disfrutarán de la vida eterna. Pero aquí en la Tierra aún deben enfrentar las consecuencias de sus acciones”.

En otros mensajes, este muchacho –que dice que Dios a veces le pide que tenga paciencia– juró que “jamás volverán a ver ni un rayo de sol”.

Una lucrativa red de corrupción

Nayib Bukele, un millennial de 41 años que se jacta de gobernar por Twitter, y desde esa red social da órdenes a sus ministros y jefes militares, determinó que los presos reciban solo dos comidas diarias: tortilla de mañana y frijoles a la noche. “Cuando los niños pobres puedan comer pollo, comerán pollo los asesinos”, dijo.

Por si el menú fuera insuficiente, la Dirección General de Centros Penales (DGCP) del gobierno controla una red de tiendas y de entrega de alimentos e insumos básicos. Los familiares pagan hasta 170 dólares cada vez que quieren enviar algo dentro de las cárceles.

Existe un circuito de corrupción perfectamente aceitado y prolijamente tarifado también. Con 1.500 dólares alcanza para poder visitar al familiar preso hasta dos horas. Pero son necesarios entre 5.000 y 7.000 dólares para “limpiar” el expediente y mejorar las condiciones de detención mientras se “prepara” el camino de la libertad.

Según cuentan defensores con reserva de su nombre, se aplica un sistema de clasificación de presos según el abogado que los defienda. Si son defensores públicos, los mandan a las peores celdas. Los que tienen abogados privados pueden pagar para mejorar las condiciones de detención.

Como queda claro, semejante organización delictiva dentro de los penales exige la participación de jerarcas de primer nivel, no es tarea posible para un penitenciario codicioso.

Hay denuncias de larga data que apuntan contra el director carcelario de Bukele, Osiris Luna Meza. Según decenas de documentos elaborados por fiscales salvadoreños –antes de que fueran desalojados de sus puestos– y por agentes del Departamento de Estado estadounidense, Luna Meza dirige esa organización ilegal asociado a las pandillas MS 13 y Barrio 18, que controlan las cárceles salvadoreñas aliadas a los funcionarios.

De dónde salieron las maras

El Salvador es el país más pequeño de América y el más densamente poblado. Por años, fue definido también como el que tiene más homicidios en el mundo, incluidos países que estaban en guerra. En 2015 registró 6.656 asesinatos, para una tasa de 106 por cada cien mil habitantes (Naciones Unidas establece que la tasa no debería superar el 10 por ciento).

Esa violencia empezó mucho antes del surgimiento de las pandillas, con una larga tradición de represión legal e ilegal: los paramilitares fueron una herramienta constante durante el siglo XX para aplastar levantamientos indígenas, de campesinos y huelgas obreras. Sin embargo, alcanzó un pico desaforado con la represión a la guerrilla del Frente Farabundo Martí.

Un documento descubierto mucho después del fin de la llamada guerra civil (1980-1992), el “Libro amarillo”, es la prueba irrefutable de que el gobierno creó una estructura de escuadrones de la muerte para exterminar a los opositores. Cada regimiento tenía por lo menos un escuadrón, y en general más. Se calcula que mataron a 75.000 civiles. Las masacres de los paramilitares, que se ensañaron con líderes campesinos y comunitarios, no cesaron después de los acuerdos de paz de Chapultepec que supuestamente ponían fin a la guerra.

Curiosamente, las pandillas que convirtieron a El Salvador en el país más violento del mundo se formaron en Los Ángeles, en los barrios marginales donde sobrevivían miles de emigrados, muchos huérfanos, que había escapado durante la guerra civil de los asesinatos masivos perpetrados contra la población más pobre en Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

Estados Unidos no tenía nada para ofrecer a los migrantes y las pandillas se convirtieron en una suerte de familia cruel pero familia al fin. Los centroamericanos arrebataron el control de la calle y los negocios a las pandillas mexicanas: el narcotráfico en primer lugar, pero también las extorsiones y la “protección” forzosa de comerciantes. Muchos terminaron en las cárceles estadounidenses donde, se podría decir, refinaron sus conocimientos.

A fines de los 90, Bill Clinton los deportó masivamente y las maras se convirtieron en organizaciones trasnacionales con células en las prisiones y en las barriadas, donde reclutaron a niños y jóvenes que buscaban alguna protección en un contexto de violencia, enorme miseria y orfandad. No faltó el escuadrón paramilitar –Sombra Negra, se denominaron– que se propusiera exterminarlas. Fracasó.

Las pandillas aterrorizaron a El Salvador con el cobro de peajes, multas a los comerciantes y transportistas. Defendieron el control del territorio a sangre y fuego, y alcanzó con cruzar al barrio prohibido para perder la vida. El asesinato al voleo fue la puerta de ingreso para los muchachos; aceptar la violación múltiple, la condición para las chicas. Algunos estiman que las maras han generado más muertos y refugiados que la guerra entre el Farabundo y el Ejército y los paramilitares. Las víctima se cuentan siempre entre los más pobres y miserables, los otros viven en barrios cerrados fortificados.

Sin embargo, en la última década, las negociaciones con distintos gobiernos las convirtieron en mafias tradicionales. Los vínculos con el gobierno de Bukele son inocultables. Hay filmaciones que muestran cómo altos funcionarios salvadoreños custodiaron la fuga de jefes de la mara Salvatrucha, que debían ser extraditados a Estados Unidos. Y la Corte Suprema negó la extradición de tres jefes mareros con la excusa de que enfrentan procesos judiciales en su patria.

De donde salió el millennial

Los inicios políticos de Bukele datan de 2012, como alcalde de Nuevo Cuscatlan, un poblado pequeño, bajo las boletas del Frente Farabundo Martí, la ex guerrilla castrista ya para entonces más que emprolijada.

En 2015, Bukele rompió con el Farabundo y ganó la intendencia de la capital con la promesa de terminar con las maras y con las corruptelas del Farabundo y de Arena, el otro partido salvadoreño, de ultraderecha. Efectivamente, los asesinatos disminuyeron.

Con los mismos argumentos, el 1º de junio de 2019 se convirtió en el presidente más joven de El Salvador, tras ganar en primera vuelta las elecciones presidenciales, rompiendo con treinta años de bipartidismo.

Bukele se ganó el favor popular mostrando que sus medidas represivas habían logrado un descenso importante de los homicidios. Las estadísticas fueron impugnadas tanto por la oposición salvadoreña como por el gobierno estadounidense que denunciaron un pacto entre Bukele y las maras Salvatrucha/MS 13 y la Barrio 18 para que, durante el período electoral, frenaran los crímenes o, por lo menos, escondieran los cadáveres.

Aunque la denuncia de la corrupción de “la política” sea uno de los caballitos de batalla de Bukele, las investigaciones por corrupción, lavado de dinero, contratos irregulares y posible malversación de fondos lo persiguen desde que era alcalde de El Salvador. Una comisión internacional auspiciada por la OEA y los departamentos de Justicia y del Tesoro en Washington achacan al presidente, sus tres hermanos y sus ministros la distracción en su favor de decenas de millones de dólares.

A meses de asumir, Bukele echó al fiscal general, que seguía las causas por corrupción. También echó a los jueces de la Corte Suprema y los remplazó por otros que autorizaron la reelección presidencial, prohibida hasta entonces por la Constitución.

En febrero de 2020, los legisladores se negaron a financiar la tercera etapa del Plan Control Territorial. Bukele entró con decenas de efectivos del Ejército y la Policía a la Asamblea Nacional, ocupó la silla del presidente de la cámara y rezó con la cara cubierta. Fin de las objeciones. En la siguiente elección obtuvo mayoría absoluta en la Asamblea.

Los conflictos con Estados Unidos comenzaron apenas Bukele asumió la presidencia. El Departamento de Estado afirma que, a cambio del apoyo electoral y de reducir el número de asesinatos, los jefes pandilleros obtuvieron apoyo financiero gubernamental, la libertad de algunos líderes y el bloqueo de las extradiciones a Estados Unidos. Esas negociaciones, dicen, fueron la herramienta para que Bukele obtuviera el control del Congreso.

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Asesinatos a la carta para un estado de excepción

Después de meses de relativa tranquilidad, las pandillas comenzaron 2022 asesinando a vendedores callejeros, transeúntes, mujeres que hacían las compras. El viernes 25 de marzo mataron 14 personas, el sábado 62, el domingo 11. Esta vez, los jefes les habían ordenado que dejaran los cuerpos en lugares muy visibles.

El Salvador tembló: ¿volvían las peores épocas?

Muchos creen que la oportuna vuelta de los asesinatos colaboró para imponer el Régimen de Excepción. También para fortalecer al presidente en las vísperas de la campaña por la reelección, cuando la caída del Bitcoin pone en duda el acierto de haber comprado cien millones de dólares en criptomonedas con fondos públicos.

El 28 de marzo, el gobierno firmó un decreto declarando el estado de emergencia. La Asamblea Legislativa lo aprobó por un mes y desde entonces lo viene prorrogando.

La adhesión masiva a la represión de un país aterrorizado por la violencia y con índices de pobreza escandalosos empezó a debilitarse en septiembre del año pasado cuando se produjeron las primeras movilizaciones contra las restricciones a las libertades democráticas. La crisis de los bitcoins ayudó. Las contrataciones o los gastos del gobierno de Bukele son desconocidos: destruyó cualquier tipo de regulaciones u organismos de control.

No hay duda de que la represión aumentó la popularidad de Bukele, que tiene un índice de aprobación del 91 por ciento, según una encuesta quizás un poco entusiasta del sitio de noticias salvadoreño La Prensa Gráfica. “Bukele se va a reelegir y no creo que las maras vuelvan. Su imperio ha terminado. Ahora inicia el imperio de la mafia del Estado”, opina Juan Martínez d’Aubuisson, un antropólogo salvadoreño reconocido por su trabajo de campo dentro de las pandillas (El País, 19 de febrero).

Cantos de sirena

Los particulares “éxitos” de Bukele tuvieron un efecto de encantamiento en los países vecinos. En Honduras, que mantiene la elevada tasa de 40 homicidios por cada 100 mil habitantes, el 6 de diciembre pasado el gobierno de Xiomara Castro aprobó por decreto el “estado de excepción parcial” por treinta días con la finalidad de promover la “seguridad en los espacios públicos”. El régimen de excepción avala a las autoridades a disponer medidas que restrinjan la libertad de movimiento y reunión de los habitantes, así como a ingresar en los hogares y realizar arrestos sin tener una orden judicial. La suspensión de las garantías se viene prorrogando desde entonces.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, también declaró en diciembre pasado un estado de excepción “para combatir un repunte de violencia a manos de pandillas”, conocidas como “pelotones”.

Hasta en estos pagos Bukele cosechó admiradores: desde un conductor de televisión que se postuló a presidente compartiendo cartel con la foto del salvadoreño hasta otro que dijo que las fotos de los prisioneros en las cárceles de máxima seguridad eran “música” para sus oídos.

Da la impresión de que los jóvenes mareros, reclutados entre los más humildes de los humildes, solo merecen cárcel o muerte. Como si fueran malvados por algún inescrutable designio de Dios. La marginación social, la miseria estructural, la falta de acceso a la educación, a la vivienda, al trabajo no habrían jugado ningún papel en su inclusión en las bandas delictivas.

“La ley es como una serpiente, solo muerde al que va descalzo.” La frase es del arzobispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, asesinado al comienzo de la guerra civil por defender a los campesinos pobres de los abusos del Ejército.

Todo está como era entonces.

*Olga Viglieca. Corrientes (1956). Periodista desde 1980, editó El Bimestre, Crisis, El Porteño, El Periodista, Clarín, entre otras. Dirigió la Biblioteca de las Mujeres (Biblos), primera colección especializada en género del país. Dictó cursos sobre historia de las trabajadoras en universidades de la Argentina y Chile, escuelas, sindicatos, barriadas. Escribió Nenina con Lu Morcillo e Iván Moschner. Guionista del documental La cena blanca de Romina. Autora de Las obreras que voltearon al zar, en IndieLibros.

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