La candidata que no fue

La declaración de Brenda Uliarte apuntó a las relaciones políticas del grupo que intentó asesinar a Cristina Kirchner. Misteriosamente los celulares de muchos de los implicados fueron borrados o manipulados. Audiencias públicas para humillar en un caso o para ocultar en el otro

Por Luis Bruschtein

Parece un reloj: la Cámara de Casación reabrió dos causas contra Cristina Kirchner que habían sido cerradas por la falta de pruebas. No dijo que había pruebas, sino que la falta de ellas tenía que demostrarse en audiencias abiertas. Por otro lado, la jueza María Eugenia Capuchetti se apresuró a mandar a juicio oral la causa por el intento de asesinato de Cristina Kirchner, dejando a medio camino la investigación del financiamiento y los posibles instigadores. En el primer caso, el interés principal es el escarnio público amplificado por los medios hegemónicos, como sucedió en la causa de Obras Públicas. En el segundo caso, se evitó poner en evidencia la relación de empresarios y dirigentes macristas con el grupo de marginales que intervino en el atentado.

La exhortación del tribunal oral a la jueza por la investigación que dejó incompleta y la declaración escrita de Brenda Uliarte, una de las detenidas, más la entrega, por parte del diputado Gerardo Milman, —después de meses de resistirse— de un celular que compró después del atentado, constituyen evidencia, por lo menos de ineptitud de la jueza o de su apuro para evitar esa vía de investigación.

La actividad de los acusados en las redes y sus cuentas fueron clausuradas por las empresas tras el atentado. La jueza pidió a las centrales de Nueva York el contenido de esas comunicaciones, pero no esperó la respuesta. El tribunal oral le preguntó ahora si le sigue interesando. Está demostrado que eran comunes en ese activismo las menciones al asesinato de Cristina Kirchner, a veces en broma, a veces como fantasía o como lo que deberían hacer.

En su declaración escrita Uliarte confesó que el autor material del intento de magnicidio, Fernando Sabag Montiel, le había dicho que hablaba siempre con “Carolina, la secretaria de un amigo”. Carolina Gómez Mónaco es la secretaria de Milman, quien, según Uliarte, financiaba a grupos para que fueran a provocar frente al domicilio de Cristina Kirchner. Y su conversación con Milman dos días antes del atentado, que fue escuchada en forma accidental por otro parroquiano del bar donde se encontraban, fue la que relacionó a Milman con el hecho criminal. A un comentario de su secretaria, el diputado respondió sonriente que “cuando la maten yo voy a estar camino a la Costa”.

Todos los celulares de esa causa tuvieron problemas. El de Sabag Montiel fue manipulado y, sospechosamente, su contenido se borró por impericia de los que lo abrieron. Los celulares de las secretarias de Milman fueron borrados en una oficina de Patricia Bullrich antes de entregarlos. Milman se negó a entregar el suyo. Y ahora, tras meses de negarse, entregó un aparato cuyo modelo se empezó a vender después de la fecha del atentado.

Ivana Bohdziewicz, la otra secretaria de Milman denunció que fue intimidada cuando decidió declarar ante la Justicia y describió cómo habían borrado sus celulares en una oficina de Patricia Bullrich.

Tantas anomalías para impedir la investigación de las comunicaciones despiertan muchas sospechas y dejan algunas conjeturas. La primera es que si tanto importó destruir, ocultar o cambiar los celulares, es porque podían revelar contactos, todos relacionados con activistas, dirigentes y empresarios macristas. Uliarte afirmó que Sabag Montiel era incapaz de planear el atentado por sí mismo, que por su personalidad, necesitaba un encuadramiento, un soporte. Al mismo tiempo las maniobras del entorno de Milman y del mismo diputado han sido tan elementales, como entregar un celular que compró después del atentado, que resultó evidente que confiaban en complicidades dentro del Poder Judicial.

La declaración de Uliarte dejó en claro que participaban en reuniones de Revolución Federal, que había una relación entre los dos grupos, lo que tampoco se investigó aunque se demostró que Revolución Federal recibía cifras millonarias de una empresa de la familia Caputo, muy ligados a Mauricio Macri. La Cámara Federal rechazó la unificación de las causas y los de esta banda extremista fueron acusados sólo de “amenazas”. Una cosa es financiar a un grupo de provocadores y otra muy diferente si los juzgaran como banda de criminales. La intención de mantener separadas las causas es evidente.

Roto el vínculo económico, este grupo de choque que operaba con el macrismo se enroló ahora en las filas de Javier Milei y sus dirigentes más conocidos participan en los actos de los falsos libertarios.

La atención puesta en el proceso electoral y la abundancia de información que produce manda a un segundo plano los hechos de persecución judicial contra Cristina Kirchner. Pero, de alguna manera, tanto la elección presidencial del 2015, cuando ganó Mauricio Macri, uno de los principales contratistas del Estado, como el actual proceso electoral, han sido el producto de esa persecución.

El respaldo que han tenido candidaturas como las de Macri en su momento o ahora la de Javier Milei constituyen un síntoma de algo que no funciona en el sistema. Hay una interferencia en los sentidos que la sociedad utiliza para decidir. De esa forma, lo que está interferido es el funcionamiento de la democracia. Todo el mundo tiene derecho a ser candidato pero hay razones elementales que ponen algunos límites, como el de no cometer suicidio.

Que uno de los principales contratistas del Estado haya presidido el Estado con el cual hace negocios millonarios constituye una metáfora más clara que la famosa del zorro que cuida el gallinero. Desde el punto de vista de una ética republicana es la peor figura que se pueda encontrar en la historia de este país.

Seguramente habrán confluido muchas causas para que se produjera este fenómeno donde eran tan evidentes y previsibles las consecuencias funestas para el Estado, para el país y sus habitantes. Pero uno de esos factores era convencer que el único interés de sus adversarios, no de él, era hacer negocios. Tenía que poner el foco en otro lugar, hacer creer que los chorros eran los otros. La complicidad de los medios hegemónicos, el espionaje y la manipulación de funcionarios judiciales fueron los insumos de este formidable dispositivo de enmascaramiento. Y la persecución judicial o lawfare a sus adversarios fue la herramienta principal.

Encima, este gobierno, que sufrió los efectos arrasadores de la pandemia, la guerra y la sequía, no supo resolver la situación que dejó Macri con el país endeudado hasta las cejas y como rehén del Fondo Monetario Internacional. El malhumor por la inflación y situación económica en general, sumado a esa fenomenal máquina de enmascaramiento, que no se desmontó, produjo ahora otro candidato al que otra vez le oculta el cartel que lleva en la frente que dice: “desastre seguro”.

P/D Escribí esta columna con la sensación de que quedará incompleta. Faltará la columna de mañana de Mario Wainfeld, un querido compañero y amigo. Tuve la suerte de compartir con él esta hermosa aventura que es el periodismo.

30/09/23 P/12