La marcada injusticia del sistema judicial y carcelario de Estados Unidos (II)

Por Fernando M. García Bielsa

Imagen: «Los prisioneros van a trabajar» (Angola Prison, Luisiana, 2004), Chandra McCormick.

«No existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencia de justicia… Una injusticia hecha a un individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad»
Barón Charles de Montesquieu

El régimen carcelario

Ese país detenta la distinción de tener la tasa de encarcelamiento más alta del mundo no sólo como porcentaje de la población sino también en números absolutos. Unos dos millones y medio de personas permanecen en las cárceles; uno de cada cinco reos en el planeta está en una prisión de EE.UU. (según el Pew Center on the States). Es de destacar que más de la mitad han sido encarcelados sin haber sido declarados culpable.

Las cárceles estadounidenses y el tratamiento que reciben los presos tienden a eliminar mucho de aquello que nos hace humanos. Siguen utilizando el aislamiento como mecanismo para afrontar la ociosidad y las malas conductas.

Es un sistema que perpetua ciclos intergeneracionales de violencia y encarcelamiento en comunidades marginales, que no son pocas, y en las prisiones ya sobrecargadas, dado el impacto de esa particular aplicación de la justicia penal.

Los cambios en las leyes y políticas de sentencia, no los cambios en las tasas de criminalidad, explican la mayor parte del aumento de la población carcelaria. Estas tendencias han resultado en hacinamiento carcelario y cargas fiscales para los estados para adaptarse a un sistema penal en rápida expansión, a pesar de la creciente evidencia de que el encarcelamiento a gran escala no es un medio eficaz para lograr la seguridad pública.

Un informe publicado el 28 de septiembre de 2023 por expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas condena el racismo sistémico en el sistema de justicia penal y la policía de Estados Unidos, al tiempo que describe las condiciones carcelarias «espantosas» y denuncia el trabajo forzoso no remunerado de los presos como una «forma contemporánea de esclavitud».

El informe del Mecanismo Internacional de Expertos Independientes de las Naciones Unidas para promover la justicia y la igualdad racial en el contexto de la aplicación de la ley se originó tras una visita a los Estados Unidos, a comienzos de 2023, de un equipo de expertos en derechos humanos. Los funcionarios de la ONU recogieron testimonios de 133 personas afectadas, visitaron cinco prisiones y cárceles y mantuvieron reuniones con grupos de defensa y numerosos funcionarios gubernamentales y policiales en Atlanta, Chicago, Los Ángeles, Minneapolis, Nueva York y Washington, D.C.

«En todas las ciudades a las que fuimos, escuchamos decenas de testimonios desgarradores sobre cómo las víctimas no obtienen justicia ni reparación. Esto no es nuevo y es inaceptable».[1]

Ya antes, en noviembre de 2014, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó preocupación por «el número desproporcionado de jóvenes afroamericanos que mueren en encuentros con la policía, que se encuentran en prisión o que están condenados a muerte en Estados Unidos».[2]

En la historia del sistema de prisiones en los Estados Unidos se destaca el impacto desigual que ha tenido y tiene sobre las minorías. Muchas evidencias indican que su carácter problemático y sus manifestaciones de discriminación y crueldad son consecuencia de prácticas raciales y políticas pasadas y presentes que bien grafican las realidades actuales y la situación de los presos políticos. Mientras que constituyen un octavo de la población, los negros son casi la mitad de los prisioneros del país.

Mientras están en prisión, una buena parte de los presos a menudo se politizan al tomar conciencia de los factores sociales y raciales que han influido en su encarcelamiento. Esta politización resulta en una mayor represión por parte de las autoridades penitenciarias.

Las cárceles estadounidenses fracasan estrepitosamente a la hora de preparar a las personas para una vida exitosa y respetuosa de la ley después de su liberación. El 68 por ciento fue arrestado dentro de los tres años posteriores a su liberación, y el 83 por ciento fue arrestado dentro de los nueve años posteriores a su liberación.

No es difícil entender las causas de ese fracaso por qué tales cárceles fracasan en gran medida a la hora de preparar a las personas para regresar exitosamente a la sociedad. Las prisiones estadounidenses son peligrosas. En su mayoría carecen de personal y están superpobladas. Debido a una supervisión inadecuada, los presos están expuestos allí a niveles increíbles de violencia.

Pero cuando más de 113 millones de estadounidenses han tenido un familiar cercano en la cárcel o prisión, los costos sociales pueden ser catastróficos.

Muchos estados rechazaron el papel de la rehabilitación y redujeron el número de programas educativos y de rehabilitación disponibles. En Florida, que es el tercer sistema penitenciario más grande del país, prácticamente no existen programas educativos para los reclusos.

El envejecimiento de la población carcelaria se ha triplicado en las últimas dos décadas. Estas instalaciones, que ofrecen atención médica deficiente y un ambiente estresante, no están equipadas para atender a una población que envejece, y que por miles mueren allí.

La situación se agrava pues, como se sabe muchas prisiones están ubicadas lejos de las ciudades y a cientos de kilómetros de las familias de los presos. La mala ubicación de las prisiones también aumenta la probabilidad de que se preste una atención inadecuada a las personas con problemas mentales graves, que están ampliamente presentes en dichas prisiones. Las cárceles de zonas remotas y rurales no contratan ni retienen a profesionales de la salud mental.

Encarcelamiento y pobreza

La pobreza y las sanciones legales excesivas contribuyen significativamente a la alta tasa de encarcelamiento en Estados Unidos, que ha afectado desproporcionadamente a las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos, así como a personas sin hogar. Se estima que más de 552 000 personas en el país se encuentran sin hogar.

Actualmente permanecen en prisión unos 2,2 millones de personas, casi la mitad de las cuales por haber cometido delitos no violentos relacionados con drogas. Una cuarta parte de todos los encarcelados en el país (555.000 personas) se encuentran en prisión preventiva, principalmente porque no pueden pagar la fianza. Otros son encarcelados indirectamente por su pobreza, como por violaciones relacionadas con la falta de vivienda y dados diversos comportamientos relacionados con las personas sin hogar.

Esta alta tasa de encarcelamiento no se debe a que la delincuencia haya aumentado; de hecho, las tasas de criminalidad han disminuido desde la década de 1990. Más bien, la tasa de arrestos —particularmente por delitos relacionados con drogas, o su simple posesión— aumentó dramáticamente, mientras que las sentencias se han vuelto más largas…

La proporción de la población encarcelada que estaba en la pobreza antes de ser arrestada, equivale al 57 por ciento para los hombres y al 72 por ciento para las mujeres, a pesar de una tasa de pobreza nacional del 11,8 por ciento.

Numerosos estudios han demostrado que cuanto mayor sea la desigualdad, más probable será la delincuencia en una zona.

Actualmente, Estados Unidos está encarcelando a aproximadamente 1 millón de personas por delitos menores relacionados con drogas, delitos contra la propiedad y diversos delitos relacionados indirectamente con su pobreza. Aproximadamente medio millón de personas están encarceladas por no poder pagar su liberación. Se estima que 10 millones de personas deben 50 mil millones de dólares en honorarios legales, multas y sanciones. El uso de fianzas en efectivo y sanciones monetarias significan un castigo que afecta sobre todo a las personas por su pobreza, impacta desproporcionadamente a las minorías raciales y étnicas y no constituye un elemento disuasorio.

La mayoría de los reclusos están recluidos en prisiones estatales y locales, no en prisiones federales. Son más de 1,3 millones de personas las recluidas en prisiones estatales, mientras que unas 600 000 personas tras las rejas se encuentran en alguna de las más de 3 000 cárceles locales del país.

Estas cárceles, a veces denominadas la «puerta de entrada» del sistema de justicia penal, a menudo retienen a personas que aún no han sido condenadas por un delito… En muchas ciudades y estados, el dinero suele decidir quién permanece en la cárcel y quién sale.

La Oficina de Estadísticas de Justicia (BJS) informa que en 2016, casi dos tercios de todos los reclusos en las cárceles locales no habían sido condenados.

Los defensores rápidamente señalarán cómo este sistema coloca a los pobres en una enorme desventaja. Atrapados en la cárcel porque no pueden pagar la fianza, los reclusos no pueden trabajar ni mantener a sus familias, lo que los hace particularmente susceptibles a la espiral de deudas y encarcelamiento.

Privatización de cárceles y explotación laboral

Las prisiones en Estados Unidos albergan y esconden también un considerable segmento oculto de fuerza de trabajo y de muy lucrativos negocios. La explotación de esa mano de obra tiene lugar mediante el alquiler de presos a empresas privadas de todo tipo, así como por la creciente privatización de los centros penitenciarios. Es un modelo de negocio que depende de encarcelar a más y más personas.

Casi todas las prisiones para adultos estatales desarrollan algún tipo de programa de trabajo y emplean a unas 800.000 personas. Una cláusula de excepción de una enmienda constitucional de la segunda mitad del siglo XIX proporciona cobertura legal a estos sistemas de trabajo penal.

En total, la mano de obra vinculada específicamente a bienes y servicios producidos a través de las industrias penitenciarias estatales generó más de $2 mil millones en 2021, según el informe de la ACLU. Otro tanto se genera con el trabajo de los reclusos en prisiones federales y en las cárceles locales.

Cientos de corporaciones se benefician del trabajo de los reclusos, incluidas algunas de las más grandes corporaciones en ciertos giros. El 7% de los presos estatales y el 18% de los presos federales están empleados por empresas con fines de lucro. Con alrededor de 2,2 millones de personas encarceladas, el trabajo penitenciario estadounidense de todos los sectores se ha transformado en un imperio multimillonario.

Es una especie de moderno complejo industrial penitenciario de Estados Unidos. Para el sistema de prisiones resultaba claro que los mayores ingresos procedían de las operaciones en expansión en el Sur y del alquiler de prisioneros a las empresas.

Redes intrincadas e invisibles vinculan a algunas de las empresas de alimentos más grandes del mundo y a las marcas más populares con trabajos realizados por prisioneros estadounidenses en todo el país, y cuyas labores fomentan las cadenas de suministro de gigantes como McDonald’s, Walmart y Cargill, y muchas cadenas de supermercados como Target, Whole Foods y otras.

La carne de matadero donde se emplea mano de obra contratada con las prisiones termina en las cadenas de suministro de algunas de las cadenas de comida rápida, supermercados y exportadores de carne más grandes del país, incluidos Burger King, Sam’s Club y Tyson Foods.

Los salarios equivalen a menos de $1 por hora en la mayoría de los programas de trabajo penal con jornadas laborales de hasta 12 horas. La escala salarial para los presos federales es de 0,12 a 0,40 dólares por hora. Los pocos que consiguen les sean asignados empleos mejor pagados en la industria estatal pueden ganar sólo un dólar la hora.

Aunque muchas empresas pagan el salario mínimo, algunos estados embargan más de la mitad de sus salarios en concepto de alojamiento, comida y honorarios judiciales. En Texas, a los reclusos no se les paga por su trabajo. El sistema de trabajo penal de Texas, administrado por Texas Correctional Industries, está valorado en $88,9 millones en 2014.

El valor anual estimado de la producción industrial de prisiones y cárceles es de 2 mil millones de dólares. El negocio del trabajo penitenciario es tan vasto y complicado que rastrear el dinero puede resultar un desafío. Algunos programas generan dudas en las auditorías estatales y provocan investigaciones sobre posible corrupción, mala gestión o ineficiencia general. No obstante, para muchos estados, son los programas que denominan de «liberación laboral» los que se han convertido en los mayores generadores de efectivo.

En Luisiana, donde más de 1.200 empresas contratan presos a través del régimen de libertad laboral, los alguaciles obtienen entre 10 y 20 dólares al día por cada preso estatal que alojan en cárceles locales para ayudar a aliviar el hacinamiento. Y pueden deducir más de la mitad de los salarios ganados por aquellos subcontratados a empresas, una enorme fuente de ingresos para los condados pequeños.

Algunos estados tienen cárceles y prisiones administradas de forma privada, generalmente por una corporación. Básicamente, el estado contrata estas instalaciones privadas para albergar a los prisioneros y luego no tiene control sobre cómo funcionan las mismas.

Además de las granjas gigantes, al menos 650 instalaciones correccionales en todo el país tienen prisioneros que realizan trabajos como cuidado de invernaderos y sembrados, cría de ganado, apicultura e incluso piscicultura.

«Es posible que estén haciendo exactamente el mismo trabajo que las personas que no están encarceladas, pero no tienen la capacitación, no tienen la experiencia, no tienen el equipo de protección», dijo Jennifer Turner, autora principal de un informe de 2022 de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) sobre el trabajo penitenciario.

Una ojeada particularmente interesante para comprender el negocio del trabajo penitenciario y el complejo movimiento de productos agrícolas, fue realizado no hace mucho a lo largo del país por la agencia Associated Press (AP). Se recopiló información de los 50 estados, a través de solicitudes de registros públicos y consultas a los departamentos penitenciarios.

Un aspecto puntual de la investigación destaca el caso del complejo penitenciario conocido como conocido como «Angola», uno de los más grandes del país y radicado en el estado de Luisiana. Como en muchas otras instituciones de su tipo los hombres que cumplen sentencias se ven obligados a trabajar por unos centavos la hora o, a veces, por nada en absoluto.

Esa institución es imponente por su enorme escala. El llamado «Alcatraz del Sur» está escondido muy lejos, rodeado de pantanos infestados de caimanes en un recodo del río Mississippi. Se extiende por 18.000 acres (un área más grande que la isla de Manhattan) y tiene su propio código postal.

La antigua plantación anterior a la guerra del siglo XIX fue propiedad de uno de los traficantes de esclavos más grandes de Estados Unidos. Hoy en día, alberga a unos 3.800 hombres detrás de sus muros de alambre de púas, alrededor del 65 por ciento de ellos negros. A los pocos días de su llegada, normalmente se dirigen a los campos, a veces usando azadas y palas o recogiendo cultivos a mano. Al principio trabajan gratis, pero luego pueden ganar entre 2 y 40 céntimos la hora.

Un recluso, Calvin Thomas, que pasó más de 17 años en Angola, dijo al equipo de AP que cualquiera que se negara a trabajar, no produjera lo suficiente o simplemente saliera de las largas filas sabía que habría consecuencia. «No se puede llamar de otra manera», dijo. «Es simplemente esclavitud».[3]

Notas:

[1] https://www.radiohc.cu/noticias/internacionales/335582-denuncia-naciones-unidas-racismo-sistemico-en-el-sistema-de-justicia-penal-de-estados-unidos

[2] https://news.un.org/es/story/2014/11/1317551

[3] Prisoners in the US are part of a hidden workforce linked to hundreds of popular food brands

Robin McDowell and Margie Mason, January 29, 2024. https://news.yahoo.com/prisoners-us-part-hidden-workforce-125458768.html?guccounter=

Enlace a la primera parte del artículo: https://rebelion.org/la-marcada-injusticia-del-sistema-judicial-y-carcelario-de-estados-unidos-i/

rebelion.org