La plaza de la revolución

Un programa: restaurar el rol del Estado en el control y planificación de la economía

Por Guillermo Wierzba
Foto: Luis Angeletti

El acto conmemorativo del 17 de Octubre en la Plaza de Mayo tiene un significado sustancial en la actualidad política, y no sólo por la masividad de la convocatoria. El del último lunes ha dado un salto de calidad en su sentido político, porque además produjo una novedad en la amplitud, el carácter y la representatividad de las fuerzas sociales y políticas que lo organizaron y que movilizaron a la jornada popular en la Plaza. Pero a estas dos virtudes se le agregó una tercera fundamental, que se extrañaba notoriamente en la última etapa de la vida política del campo popular: un Programa. Este se constituye en un eslabón más de la tradición de los de Huerta Grande y La Falda, del de la CGT de los Argentinos y del de los 26 puntos de la CGT del año 1986.

Dice el texto en su segundo párrafo «La justicia social solo dejará de ser una declamación inalcanzable cuando hayamos recuperado en plenitud nuestra soberanía, arrebatada desde hace tiempo por un poder fáctico corporativo que opera por encima del sistema democrático, burlando la voluntad popular y frustrando sus legítimas aspiraciones». Caracterizando, así, que el país hoy carece de soberanía nacional y de decisión democrática porque los dueños de la economía se apropiaron de instituciones y construyeron la tan mentada «gobernabilidad» sobre un estructura institucional capturada y reformateada en el estilo neoliberal. Es el liberalismo neo el que proclama que una política de justicia social destruye el Estado de Derecho, porque al perseguir objetivos de igualdad social desbarataría lo que ellos designan como «igualdad de oportunidades». El argumento que esgrimen es que la redistribución del ingreso tiene como esencia el activismo estatal para mejorar las condiciones de vida de los sectores populares con recursos sustraídos a los grupos sociales que ocupan el vértice superior de una pirámide social muy empinada. La recuperación de la soberanía popular requiere de la desmercantilización de la asignación de los bienes imprescindibles para la vida popular, los alimentos , los servicios esenciales, la salud, la vivienda. No se trata de organizar infinitos mercados como promueven los organismos multilaterales de crédito, sino de recuperar la conducción del Estado sobre la economía. En esa concepción es que el programa presentado sostiene la necesidad de «restaurar el rol del Estado en el control y planificación de la economía».

La recuperación del control estatal de la economía sobrevendría luego de un período en el que se suceden graves hechos como el actual comportamiento empresarial en la fijación de precios, con aumentos descontrolados que suponen la decisión de incrementar explosivamente su tasa de ganancias, a la vez que despojarse de cualquier regulación democrática sobre la distribución del ingreso y la riqueza. También es reciente la medida que la cadena de exportación de soja le arrancó al gobierno, obteniendo un tipo de cambio preferencial, que constituye un hecho regresivo porque beneficia a los que más tienen. El programa leído en la plaza se propone poner fin a la escalada del poder corporativo y retomar el manejo de la economía. Incluye el control de los precios de los insumos difundidos que son centrales en la definición del resto de los precios.

Dice: «Un aspecto central para combatir la inflación que deteriora el poder adquisitivo de toda la población argentina es terminar con las prácticas monopólicas y oligopólicas de los grupos concentrados de la economía que vienen ejecutando una remarcación irracional, implementando un estricto control de precios de los insumos difundidos». El programa de la Plaza se pone enfrente de la posición del gran patronato, que hoy se manifiesta abiertamente en pro de su libertad para determinar esos precios.

También se pronuncia por «establecer como prioridad las políticas de aliento a la Producción y generación de Trabajo digno en sus diferentes formas organizativas, fortaleciendo primordialmente el mercado interno, promoviendo la sustitución de importaciones y ordenando el destino nacional de la demanda dando prioridad a las pymes y cooperativas de la economía popular a través del compre estatal». Priorizar el mercado interno es hacer lo mismo con el consumo popular. Nuevamente, como en otras oportunidades de la historia nacional, se enfrentan dos proyectos de desarrollo para el país, uno basado en la producción impulsada primordialmente por el ensanchamiento del mercado interno y la diversificación y desconcentración de la producción, y otro que da preeminencia a la demanda externa con una producción sostenida centralmente por los sectores tradicionales con competitividad internacional, basada en rentas naturales y actividades vinculadas con ellos. Esta contradicción se podría sintetizar en una consigna del tipo «FMI o pueblo» , porque indudablemente el servicio de la deuda que requiere el pago de los inútiles préstamos que el FMI le otorgó a Argentina, hace necesario someter toda la estrategia de corto y largo plazo a conseguir dólares a como dé lugar, para lo que resulta necesario producir aquello que sea exportable. Un análisis profundo del sentido del programa de la plaza implica la denuncia del actual acuerdo con ese organismo y reiniciar una negociación que contemple la recuperación de la soberanía del país para definir su política, lo que requerirá que el FMI se avenga a salir del menú tradicional de opciones de refinanciación, para aceptar una reestructuración de la deuda de carácter extraordinario. Si esto no ocurre, es imposible contemplar en conjunto pago de la deuda y recuperación de la soberanía nacional.

El programa repone la meta de «rediseñar el sistema financiero en función de ese objetivo derogando la actual Ley de Entidades Financieras». La sustitución de la Ley de Entidades Financieras es paradigmática tanto desde el punto de vista cultural como desde la necesidad de contar con una ley que garantice plenamente el direccionamiento del crédito, que es uno de los pilares para una propuesta del carácter que se formula. La base de las políticas de desintervención estatal en la economía estuvo sostenida en la ley 21.526, sancionada por la dictadura militar. Intervenir para dirigir el crédito es consistente con la decisión de planificar la economía. Respecto de esta ley y la cultura política, su derogación arría la bandera que clavó en el centro de la escena esa dictadura terrorista de Estado.

«Establecer un estricto control estatal del comercio exterior», supone la necesidad de reorganizar el sector, la propiedad y administración de los puertos fluviales y marítimos, la desarticulación del oligopolio exportador de productos agroindustriales, compuesto por las grandes exportadoras extranjeras de esos bienes.

El programa de la Plaza culmina planteando cambios de fondo en legislaciones clave para el funcionamiento de la democracia. Afirma que «se debe implementar de manera efectiva la Ley de Medios oportunamente sancionada por el Congreso de la Nación y avanzar en una reforma judicial y un cambio en la Corte Suprema de Justicia en camino hacia una Nueva Constitución Nacional». La concepción del proyecto de país que plantea el documento de la plaza hace indispensables esas modificaciones, y requiere que esa nueva Constitución Nacional se conciba bajo el espíritu del constitucionalismo social que presidió el texto de 1949 derogado por la dictadura que se instaló en 1955. Pero también debería profundizar en la concepción de instituciones que garanticen la participación social permanente en las definiciones de la vida política.

Héctor Amichetti, Secretario de la Federación Gráfica Bonaerense, puso el énfasis en la participación popular: «Esa clase trabajadora que hizo ese 17 de Octubre de 1945… nos marcó para siempre que sin protagonismo del pueblo no hay democracia. No hubiera habido elecciones el 24 de febrero de 1946 si esta plaza no era ganada por el pueblo el 17 de Octubre del 45». Su discurso luego recupera la palabra revolución que las fuerzas de la transformación social han soslayado durante la larga noche de la hegemonía cultural del neoliberalismo, y ahora aparece bastardeada en su uso por parte de la extrema derecha neoliberal. Dijo Amichetti: «Esa democracia ejemplar, encabezada por Perón, pero con la unidad de criterio y con la unidad de todas las fuerzas nacionales y populares, esa democracia es la que queremos, en donde no solamente pasa porque nosotros vayamos y pongamos un voto un domingo en una elección, sino que seamos protagonistas a través de nuestras organizaciones, participemos, estemos movilizados, como estuvo ese proceso peronista, que a diferencia de todos los procesos políticos del país, peleó una verdadera revolución, palabra a la que parece muchos le tienen miedo. El peronismo es revolución social y es también revolución económica profunda». Lo dijo en la plaza del edificio del Cabildo, que fue el centro de la Revolución de Mayo de 1810.

El contenido de la movilización construida por organizaciones sindicales, organizaciones sociales, barriales, pequeños y medianos empresarios del campo y la ciudad, instituciones de derechos humanos y otros agrupamientos ciudadanos, dio lugar al nacimiento de una iniciativa política con una programática que interpela no sólo al proyecto de los partidos y alianzas que representan los intereses del poder concentrado, sino también a muchos aspectos de la gestión del gobierno nacional, ya que la propuesta contiene cuestiones como la de los precios y la justicia social que suponen un inmediato cambio de rumbo de la orientación de políticas públicas en vigencia . Pero hay algo fundamental en la Plaza del lunes, que es el planteo de un proyecto que implica una confrontación con la lógica del posibilismo y la reivindicación de una transformación del país que supone la construcción de la subjetividad política para llevarla adelante.

El Cohete a la Luna