La teoría del ciclo del eterno retorno

Los desafíos que enfrentan los sectores populares en la etapa actual.

Documento de Trabajo Nº 30: «La teoría del ciclo del eterno retorno. Los desafíos que enfrentan los sectores populares en la etapa actual» – FLACSO Área de Economía y Tecnología / CIFRA (Enero 2024).

Ante la gravedad y profundidad de la política de los sectores dominantes que intentan provocar una crisis económica y social que haga posible aplicar una modificación de los fundamentos mismos del proceso democrático, poniendo en marcha una revancha social que subordine de manera permanente el trabajo al capital, resulta imprescindible debatir sobre la situación actual.

La intención es hacerlo, realizando un análisis que intente aprehender los núcleos centrales del patrón de acumulación de capital sustentado en la valorización financiera que puso en marcha la última dictadura militar hace ya 40 años, pero sin describir minuciosamente los acontecimientos, sino poniendo especial atención en los dos polos de la contradicción principal, es decir tanto en la clase trabajadora como en los sectores dominantes, incluyendo las contradicciones internas entre las fracciones del capital y dentro de los sectores populares.

Por Eduardo M. Basualdo y Pablo Manzanelli

Foto: Anita Pouchard Serra / AP

Introducción

Parafraseando lo que expresaba John W. Cooke en sus «Apuntes para la militancia», se puede decir que actualmente en las bases populares se percibe un profundo descontento, desconfianza, irritación y cansancio. Al mismo tiempo crece la protesta contra la arbitrariedad de un gobierno conducido por los sectores de poder. Se trata de su versión más extrema, que intenta dirimir la relación entre el capital y el trabajo y al mismo tiempo superar las contradicciones dentro de la propia esfera del capital. No es que en el pueblo no haya espíritu de lucha, que sin duda lo hay y será creciente a medida que avancen los cambios en su contra, pero también es cierto que la protesta se manifiesta dentro de los distintos espacios de convivencia (el lugar de trabajo, el sindicato, el barrio), desarticuladamente, sin una conducción política.

Ante la gravedad y profundidad de la política de los sectores dominantes que intentan provocar una crisis económica y social que haga posible aplicar una modificación de los fundamentos mismos del proceso democrático, poniendo en marcha una revancha social que subordine de manera permanente el trabajo al capital, resulta imprescindible debatir sobre la situación actual. La intención es hacerlo, realizando un análisis que intente aprehender los núcleos centrales del patrón de acumulación de capital sustentado en la valorización financiera que puso en marcha la última dictadura militar hace ya 40 años, pero sin describir minuciosamente los acontecimientos, sino poniendo especial atención en los dos polos de la contradicción principal, es decir tanto en la clase trabajadora como en los sectores dominantes, incluyendo las contradicciones internas entre las fracciones del capital y dentro de los sectores populares.

La última dictadura cívico militar y la valorización financiera

Como es sabido, la última dictadura cívico militar interrumpió la segunda industrialización sustitutiva, poniendo en marcha un patrón de acumulación de capital diametralmente opuesto basado en el endeudamiento externo y la fuga de capitales al exterior, la redistribución del ingreso en contra de los trabajadores, así como la apertura comercial del sector externo, provocando una acentuada desindustrialización y la consiguiente expulsión de la mano de obra industrial. La imposición de estas políticas fue posible por la aplicación sistemática del terrorismo de estado por parte de la dictadura implementada por el partido cívico militar.

Así como durante ese patrón de acumulación basado en la instalación y expansión de la industria pesada, reconoció en el partido militar la conducción política de ese proceso que tuvo el respaldo del capital extranjero como fracción hegemónica del mismo, en el caso de la valorización financiera ese lugar lo ocupó la fracción del capital conformada por los grupos económicos, mientras que el capital extranjero industrial perdió en buena medida peso estructural y político en el país. En el nuevo bloque de poder, por supuesto es vital la fracción hegemónica, los grupos económicos, pero también el capital financiero internacional en tanto prestamista.

Ciertamente, no se trata de un patrón de acumulación generado por el sector privado sino por el Estado, que cumple funciones estratégicas e irremplazables para que sea posible. Por un lado, fue fundamental la política económica para poder plasmar una tasa de interés interna que superara sistemáticamente el costo de endeudarse en el exterior por parte del denominado sector privado, es decir de los sectores dominantes, y de esa manera garantizar la valorización financiera.

Ese es el punto de partida del modus operandi que adopta esta modalidad de la valorización financiera, porque irrumpe el endeudamiento externo privado que valoriza ese excedente en tanto la tasa de interés interna supera a la internacional y a la evolución del tipo de cambio, que es la que tiene que pagar el deudor. Una vez valorizada internamente lo gira al exterior, es decir lo fuga al exterior a algún paraíso fiscal, pero ello es posible si el Estado se endeuda y les provee los dólares necesarios para concretar la fuga.

Este modus operandi es importante de tener en cuenta porque contradice y desarma el «relato» del gobierno actual, al indicar que el endeudamiento estatal, que no cabe duda de que existe, no se origina en el enriquecimiento del sistema político («la casta»), sino de la notablemente elevada fuga de capitales que realizaron las fracciones dominantes del capital: los grupos económicos y sus aliados en esta primera modalidad de la valorización financiera. Es decir, que el principal motivo del endeudamiento estatal no se debe al excesivo gasto en su favor, sino a que el Estado fue utilizado por el partido militar para endeudarse, y hacerse cargo de todo lo que implica esa deuda externa que contrajo para hacer posible la fuga de capitales al exterior por parte de los sectores dominantes. Naturalmente, las crisis recurrentes que son intrínsecas a ese proceso económico difunden la «dolarización» al conjunto del tejido social con capacidad de ahorro.

Es indiscutible a partir de las evidencias empíricas, que ese proceso tuvo su origen en una profunda redistribución del ingreso en contra de los trabajadores, que fue inédita hasta ese momento tanto por su profundidad como por su velocidad, ya que los trabajadores en el término de dos años perdieron aproximadamente 15 puntos del PBI, debido a la reducción del salario real generada por la elevada tasa inflacionaria, es decir el tradicional método redistributivo a que apelan los sectores dominantes para inclinar la balanza distributiva decididamente a su favor.

No obstante, la importancia que asumen las transformaciones analizadas hasta aquí, hay otra función que cumplió este Estado supuestamente «execrable» por definición, que fue vital para asegurar los recursos de los sectores dominantes fugados al exterior. En efecto, cuando ya tenían las divisas fuera del país también mantenían las deudas que habían contraído originalmente con el sistema bancario internacional. Dicho de otra manera, tenían el capital fugado, pero también la deuda original con el sistema bancario internacional. Pues bien, sin realizar un análisis detallado de ese proceso, lo que se puede afirmar sin duda alguna, es que el Estado se hizo cargo de esa deuda con los bancos a través de los regímenes de seguros de cambio, lo que les permitió a los fugadores una reducción sistemática y significativa de su deuda en el exterior a lo largo de la década de 1980, es decir con y sin dictadura.

Finalmente, esta primera versión de la valorización financiera culmina en la década de 1990, con la reforma del Estado, la privatización de las empresas públicas, el Plan de Convertibilidad y el ciclo de endeudamiento externo y fuga de capitales al exterior más relevante hasta ese momento. Ciertamente, tal como se vislumbraba en esos años, especialmente a partir de una nueva crisis internacional que se inicia en 1998, se trató de un final de época crítico y por lo tanto profundamente conflictivo tanto en términos de la relación entre el capital y el trabajo, como de las pugnas dentro de las fracciones del capital, aspectos que es relevante mencionar las similitudes con la situación actual.

En términos de la distribución del ingreso, la pérdida de la incidencia de los trabajadores en esas instancias fue resultado de la confluencia del atraso de los salarios respecto a los incrementos de la productividad, ya sea por el cambio tecnológico como del incremento en la intensidad del trabajo, con un notable salto en la desocupación como resultado de la expulsión de mano de obra provocado por las privatizaciones y especialmente asociado a la profundidad alcanzada por la desindustrialización provocada por la apertura comercial y el régimen de la convertibilidad.

Los conflictos dentro de los sectores dominantes y la disolución de la primera modalidad de la valorización financiera

Si bien, los conflictos dentro del bloque de poder entre los grupos económicos y el capital financiero internacional tienen una naturaleza específica y exhiben en consecuencia otra índole respecto a la contradicción entre el capital y el trabajo, deben tenerse en cuenta porque también fueron profundos y gravitaron tanto en el desenlace de la crisis como en el curso de los acontecimientos posteriores a la misma.

Al respecto, cabe señalar que durante la década de 1990 bajo la hegemonía de los grupos económicos se conformó una «comunidad de negocios» con las firmas extranjeras que operaban el respectivo servicio privatizado, así como con el capital financiero internacional. No obstante, a partir de los efectos internos de la crisis asiática de 1997, esa comunidad de negocios se diluye y deviene un enfrentamiento entre las mencionadas fracciones del capital.

El quid del enfrentamiento consistió en la manera de definir el rumbo que debía adoptar la política económica, una vez abandonado el régimen de convertibilidad. Así las cosas, los grupos económicos proponían hacerlo mediante una devaluación de la moneda, mientras el capital financiero y sus representantes políticos, que eran los organismos internacionales de crédito, optaban decididamente por redoblar la apuesta e instaurar la dolarización en la economía local. No sólo eso, sino que debía ser acompañada con un conjunto de reformas estructurales, lo cual también es relevante de tener en cuenta en el análisis de la actual gestión gubernamental. Por un lado, en términos de la integración regional proponían reemplazar el Mercosur por el ALCA. Por otra parte, como políticas internas proponían, entre otras, la privatización del Banco Nación y la instauración de la regionalización, implicando esta última no sólo un ajuste económico de las entidades provinciales sino también una modificación de las representaciones políticas en el Congreso Nacional.

Indudablemente, las respectivas posiciones expresaban los intereses en juego, ya que los grupos impulsaban la devaluación, porque de esa manera acrecentaban significativamente su riqueza en tanto que eran los principales fugadores de divisas al exterior. Por su parte, los capitales extranjeros y el capital financiero, se inclinaban decididamente por la dolarización, porque de esa forma podían mantener el valor en divisas de su capital invertido en la compra de las firmas estatales y privadas, evitando la cesación de pagos de la deuda. Si bien, como se sabe los grupos locales que económicamente eran claramente más endebles que el capital financiero internacional, impusieron la devaluación mediante un frente nacional, pero quedó abierta una disputa interna dentro del capital que se mantuvo durante las últimas décadas.

La irrupción de los regímenes nacionales y populares. El kirchnerismo

En ese contexto, es que irrumpen las gestiones gubernamentales «nacionales y populares» del peronismo encabezadas por el kirchnerismo. Se trató de una etapa virtuosa de recomposición de las condiciones de vida y de la participación en la distribución del ingreso de los sectores populares con la consiguiente disminución de la pobreza e indigencia. También de una apreciable recomposición de la producción en general y de la industria en particular, así como la recuperación parcial de las empresas y activos estatales perdidos en la década de 1990, mientras que la reactivación de la economía real que fue posible por una renegociación virtuosa de la deuda externa y en general de la importancia de los saldos del comercio exterior.

Durante los casi trece años de gobiernos peronistas/kirchneristas se desarrollaron en dos etapas diferentes. La primera de ellas, que se desplegó durante la presidencia de Néstor Kirchner que con algunas alteraciones sostuvo los criterios relevantes de la gestión de Duhalde, como incluir a los grupos económicos como una parte constitutiva de la «burguesía nacional» y al mismo tiempo enfrentar a los acreedores externos y sus representantes que eran el FMI y los organismos internacionales de crédito, en tanto que consideraba que sus políticas e imposiciones reestructuradoras y de ingresos resultaban inaceptables.

Bajo esas circunstancias es que se realiza un canje exitoso de la deuda externa y posteriormente se salda la deuda con el FMI. Por estas razones, y la búsqueda de reactivar la crítica situación de la economía real, se trató principalmente de una gestión de carácter «nacional» con énfasis en la recuperación del crecimiento y el enfrentamiento con el FMI, pero también con avances notorios para los trabajadores, tanto en términos de la reducción del desempleo, que inicialmente superaba el 20% de la población económicamente activa, como en las retribuciones salariales de los trabajadores activos y pasivos.

Esta primera modalidad del ciclo de los gobiernos kirchneristas, culminó a fines de 2007 con la postulación de Néstor Kirchner como presidente del Partido Justicialista -aunque por razones judiciales asumiría a principios de 2008- y el contundente triunfo electoral de Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones presidenciales de ese mismo año, donde obtiene el 45,3% de los votos. Ese recambio gubernamental, permitió una modificación substancial en el carácter del gobierno, especialmente a partir del denominado «conflicto con el campo» debido a la Resolución 125 puesta en marcha por el Ministro de Economía (M. Lousteau) y la posterior irrupción pocos meses más tarde de la quiebra de Lehman Brothers a raíz del colapso inmobiliario en EE.UU.

Se trata de un cambio de modalidad relevante, porque ahora el propósito central fue impulsar prioritariamente la participación de los trabajadores en el ingreso y enfrentar el ajuste devaluatorio que impulsaban los grupos locales. Es decir, se adoptó un régimen «nacional y popular». Postura que implicó desarticular el bloque de poder anterior, considerando ahora sí a los grupos económicos como parte de los sectores dominantes y ampliando notablemente la autonomía estatal.

En este contexto, es que no sólo se consolidó el ingreso de los sectores populares y disminuyó el nivel de la pobreza e indigencia. Por otra parte, se encararon reformas estructurales que permitieron avanzar en esa misma dirección, como fue la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), lo que permitió retornar a un régimen jubilatorio solidario financiado a través de la transferencia intergeneracional. Al tiempo que esto sucedía, los fondos que administraban las AFJP fueron traspasados hacia las arcas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), medida que se articula con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que se había instaurado anteriormente consolidando notablemente de esta manera el sistema jubilatorio. Así mismo, durante esos años se concretó la recuperación para el Estado de Aerolíneas Argentinas y la mayoría accionaria de YPF, que completaron las primeras estatizaciones que se habían llevado a cabo en la gestión de N. Kirchner (Correo Argentino y Aguas Argentinas).. No menos importante, fue el conflicto con los «fondos buitres» que culminó con la arbitraria aplicación de la cláusula pari passu en el juicio entablado por los «fondos buitre» ante el juzgado de Nueva York del Juez Griesa que luego fue ratificada por la Corte Suprema de ese país.

La aceleración del proceso inflacionario –cuya tasa anual era equivalente a la tasa mensual que registra los primeros meses del gobierno de Milei– y la emergencia de la restricción externa marcaron los límites que tuvo ese proceso distributivo con las capacidades productivas existentes en el marco de la ofensiva de los sectores dominantes contra el gobierno. Entre otras cosas, eso colaboró para que se diluya la posibilidad de resolver esos problemas a partir de perfeccionar y acentuar las políticas de desarrollo industrial y energético que hagan compatible la estructura económica con la distribución del ingreso.

El triunfo de Cambiemos y la segunda modalidad de la valorización financiera

En las elecciones presidenciales del 2015 se produjo un giro copernicano en la sociedad argentina, que visto desde la actualidad no fue el último sino el primero en su tipo. Por un escasísimo margen, por primera vez desde la irrupción de los partidos populares en la sociedad argentina, los representantes políticos de los sectores dominantes (los intelectuales orgánicos, diría Gramsci) accedieron al gobierno mediante el voto ciudadano y lo hicieron generando un hecho inédito: se redefinió no solo la relación entre el capital y el trabajo, sino también las propias entrañas del poder establecido, es decir las contradicciones dentro del capital. Ciertamente, no se trató de plasmar un nuevo patrón de acumulación, sino de una nueva modalidad de la valorización financiera diferente a la que condujeron los grupos económicos en el período 1976-2001, porque la fracción hegemónica en esta oportunidad fue otra: el capital financiero internacional.

Por cierto, esta alteración en la fracción hegemónica no alteró la naturaleza de la valorización financiera pero si necesariamente modificó la modalidad de ese patrón de acumulación. En este caso su funcionamiento fue mucho más directo, no porque fuese una creación del sector privado sino de un Estado que tenía que garantizar que la evolución de la tasa de cambio no superara la evolución de la tasa de interés internacional y al mismo tiempo moldear una tasa de interés interna superior a la internacional, para finalmente garantizar mediante su endeudamiento externo las divisas necesarias para que los fondos de inversión, y específicamente los «fondos buitres», pudieran fugar al exterior las divisas equivalentes al excedente valorizado internamente en pesos. Cuando eso ya no fue posible, el FMI le concedió el mayor crédito de su historia al gobierno argentino, pero no solo para que el partido de gobierno, Cambiemos, mantuviera sus posibilidades de ganar nuevamente las elecciones, sino para que el capital financiero, cuyo núcleo central que son los fondos buitres, pudieran fugar al exterior el grueso de los recursos saqueados en el país.

En este contexto, el capital financiero mediante el gobierno de Cambiemos también intento dirimir sus contradicciones con los grupos económicos mediante múltiples conflictos cuyo momento culminante fue la causa judicial denominada «los cuadernos» para enjuiciar tanto a los funcionarios del kichnerismo como a los grupos económicos que formaban parte de la denominada como la «patria contratista» (por ejemplo, fueron procesados directivos de los grupos Techint, Roggio, Vicentín, IMPSA-Pescarmona, Cartellone y Helport-Eurnekián).

En realidad, el intento de resolver las contradicciones internas mediante la causa de los «cuadernos» no se trató de un hecho aislado porque desde el comienzo del gobierno de Cambiemos se intentó marginar a los grupos económicos de los lugares clave para su proceso de acumulación ampliada, con el propósito de que sus distintas actividades económicas pasaran a firmas de capitales norteamericanos, así como a sus propias empresas y las de sus grupos asociados. Entre ellos, se cuentan por ejemplo el conflicto con los laboratorios locales (principalmente Roemmers y Bagó) tanto por la importación de medicamentos como por el intento del desembarco de Farmacity en la provincia de Buenos Aires; los aeropuertos, en manos de grupo Eurnekián; y sobre los precios de boca de pozo en Vaca Muerta (en particular, con el conglomerado Techint, con quien también tuvieron conflictos por un gasoducto en Córdoba).

No menos importante para demostrar la persistencia de estos conflictos dentro de los sectores dominantes, fueron las advertencias públicas de Macri antes de ganar las elecciones a los que denominó como integrantes del «círculo rojo», es decir, los grupos económicos locales, cuando intentaron forzar un acuerdo electoral entre él y Massa para desplazar al kirchnerismo. En ese marco, no debería llamar la atención que desde el comienzo de su gestión conformó un gabinete constituido mayoritariamente por funcionarios que ejercían previamente altos cargos en las firmas en que actuaban (de allí que se lo ha caracterizado como «el gobierno de los CEOS»), pero que no eran propiedad de los grupos económicos sino, fundamentalmente, del capital financiero internacional y de algunas transnacionales petroleras.

Es decir, que en ese momento el capital financiero se proponía doblegar y redefinir la fisonomía estructural del conjunto de los sectores sociales que conforman lo que, de alguna manera, puede concebirse como el «campo nacional»: los sectores populares, la «burguesía nacional» e incluso esa fracción de los sectores dominantes que son los grupos económicos. Luego de los cuatro años de gobierno de la alianza Cambiemos es indiscutible el daño producido en el conjunto social en términos del crecimiento económico y la distribución del ingreso, pero igualmente, teniendo en cuenta el resultado de las últimas elecciones presidenciales, es inocultable el fracaso de esa gestión en términos de cooptar a los sectores populares.

En ese contexto, es pertinente señalar que durante la vigencia de esta segunda modalidad de la valorización financiera, la economía real transitó una etapa crítica, registrándose una caída muy significativo del salario real de alrededor del 20%, incrementándose de una manera ostensible la pobreza e indigencia, especialmente desde 2018 en adelante. El otro rasgo más sobresaliente aun de la gestión de Cambiemos en el gobierno, fue haber implementado la fuga de capitales al exterior de notable alcance; tanto es así que como promedio anual es la más relevante desde la última dictadura militar, es decir no sólo durante la valorización financiera sino desde la existencia del Estado moderno en el país (Gráfico N° 1).

En la investigación realizada y publicada por el Banco Central de la República Argentina sobre esta temática se señala que6: «A lo largo de todo el período, la formación de activos externos (FAE) de los residentes (coloquialmente llamada «fuga
de capitales») se triplicó, superando los USD 86.000 millones. Aún durante la primera fase de auge e ingreso de capitales, la formación de activos externos de los residentes alcanzó los USD 41.100 millones. En la etapa de aceleración de salida de capitales, a partir de mayo de 2018, la FAE alcanzó los USD 45.100 millones». Por otra parte, el BCRA agrega que: «La fuga de capitales presenta en el período una notable concentración en unos pocos actores económicos. Un reducido grupo de 100 agentes realizó compras netas por USD 24.679 millones. Por su parte, la FAE de los 10 principales compradores explica USD 7.945 millones». «Al diferenciar entre personas humanas y personas jurídicas, se observa que apenas el 1% de las empresas que resultaron compradoras netas, adquirió USD 41.124 millones en concepto de formación de activos externos. En el caso de las personas humanas, tan sólo el 1% de los compradores acumuló USD 16.200 en compras netas».

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Febrero 25, 2024.