Los mercados libres no existen

A favor del pueblo o de los grandes capitales

Por Horacio Rovelli

Imagen: Carlos Alberto Melconian, jefe del Departamento de Deuda Externa del Banco Central de la República Argentina a principios de los ’80.

“Todos son regulados. Los regula el Estado, a favor del pueblo, o lo hace el gran capital, en beneficio de sus privilegios”, decía el General Juan Perón cuando en la Argentina se defendía el mercado interno y la producción nacional.

Fue necesaria la dictadura militar para cambiar los paradigmas de la sociedad, impregnando todo con su visión y discurso dominante de libre mercado, que es el verdadero logro cultural de la dictadura de Videla, Massera y Agosti. El golpe de Estado del 24 de marzo 1976 produjo profundos cambios en la estructura económica argentina, que terminaron por conformar un nuevo modelo económico basado en la acumulación rentística y financiera, la apertura externa irrestricta comercial y de capitales y, con ello, de subordinación al capital financiero internacional, cuya principal base son los Estados Unidos.

Solo logró revertir esto, muy parcialmente, el primer año del gobierno de Alfonsín con su ministro Bernardo Grinspun, pero con Juan Vital Sourrouille, el 1 de julio de 1985, mediante los Comunicados A-695, A-696, y A-697 del BCRA, se reemplazaron títulos de deuda externa heredados de la dictadura militar, a los que la gestión de Grinspun se había negado a reconocer hasta que no se supiera el origen y destino de los fondos, por “Obligaciones del Banco Central de la República Argentina” [1].

Uno de los mentores de ese remplazo de títulos firmados en el final de la dictadura por Domingo Cavallo y Dagnino Pastore, y por Julio González del Solar y Jorge Wehbe, y obviamente asesorado por los abogados y contadores de las grandes empresas beneficiadas, fue el (en esa época) jefe del Departamento de Deuda Externa del Banco Central de la República Argentina, Carlos Alberto Melconian.

Melconian, a posteriori, en 1986, firmó y envió al directorio de la entidad el informe 480/161, donde se pedía anular la investigación de la deuda privada contraída en el exterior a fines de la última dictadura cívico-militar. La investigación que llevaban adelante los auditores del Banco Central era causada por considerarse esa deuda como «créditos fraudulentos y de dudosa legalidad», declarados por empresas privadas, deuda valuada en al menos 6.000 millones de dólares. Entre las denunciadas figuraban empresas extranjeras (IBM, Esso, Renault, Kodak, etc.) y nacionales, entre estas últimas, Pérez Companc, Bridas (Bulgheroni), Aluar (Madanes Quintanilla), Laboratorios Bagó SA, Sideco Americana S.A. y SOCMA (Grupo Macri), entre otras.

Es más, haciendo una lectura crítica del rol del BCRA en la administración de la deuda externa, Domingo Felipe Cavallo en su libro Economía en tiempos de crisis [2], reconoce que, si bien él estatizó la deuda privada en pesos, no lo hizo con la deuda privada en moneda extranjera y que en ello jugó un rol preponderante Carlos Melconian.

El auditor de la deuda externa argentina, Néstor Forero, nos explica: “Cavallo nunca fue llamado a declarar por este tema ni él se presentó voluntariamente. Por nuestra parte, le pedimos al juez de la causa que lo llamara a declarar y realizara un careo con Melconian, dado que su corresponsabilidad en la estafa de la deuda externa es incuestionable, y la justicia argentina nunca lo hizo”.

Pero sí sabemos que Carlos Melconian fue uno de los tenedores de deuda que demandó a la Argentina en los juicios que empezaron en 2003 ante el juez estadounidense, Thomas P. Griesa, por 772.268 dólares. Se trata del mismo reclamo que impulsaron los fondos buitre y otros acreedores por los bonos soberanos argentinos que entraron en default por el crack financiero de 2001, asunto que se cerró en 2016, cuando el gobierno de Macri aceptó pagar 9.350 millones de dólares a los holdouts. Melconian percibió y con creces una suma de dinero, y esto se supo de un documento judicial estadounidense del 6 de febrero de 2009 donde figura su nombre como acreedor y denunciante contra la Argentina.

Fue presidente del Banco de la Nación Argentina con Macri y ahora sería ministro de Economía si fuera Presidenta Patricia Bullrich.

Fundación Mediterránea

La Fundación Mediterránea es una asociación civil creada en la ciudad de Córdoba, el 6 de julio de 1977, por iniciativa de 34 empresas de la provincia, convocadas por el contratista del Estado y constructor Piero Astori; sus socios principales eran Fulvio Pagani (Grupo ARCOR) y Benito Roggio (Grupo Roggio).

En sus comienzos, asesoraban a la Secretaría de Programación y Coordinación Económica encabezada por Guillermo Walter Klein y, a medida que avanzaba el plan económico de la dictadura, iban ganando espacio en el gobierno de facto, de manera tal que en el año 1981, el director del centro de estudio de la fundación (IERAL), Domingo Cavallo, fue nombrado subsecretario del Ministerio del Interior (1981) y presidente del Banco Central de la República Argentina durante julio y agosto de 1982, donde les prestó el servicio de licuar la deuda de las grandes empresas y trasladar ese pasivo a la población.

Obviamente, el favor (con plata y deuda de la población) fue a todas las empresas supuestamente endeudadas en la dictadura, con lo que la Fundación Mediterránea logró ampliar la cantidad de socios, de manera tal que en la actualidad se suman en cargo de autoridades Sebastián Bagó (h), Marcos Brito (Banco Macro), Roberto Urquía, dueño de Aceitera General Deheza (AGD), Jorge Riba de Dulcor S. A., etcétera.

Así como la Fundación Mediterránea surgió en 1977 y fue parte del gobierno de la dictadura militar, también apoyo al gobierno de Eduardo Angeloz, de José Manuel De la Sota [3] y de Juan Schiaretti en la provincia de Córdoba, todos ellos cuando ejercían como gobernador encabezaban el almuerzo anual de la Fundación, demostrando la simbiosis entre las distintas administraciones y el poder económico.

El plan en economía de la Fundación Mediterránea es básicamente el mismo que aplicara la dictadura militar de 1976, que el equipo que dirige Carlos Melconian e integrado entre otros por Rodolfo Santangelo (socio de Melconian en la consultora M&S), Daniel Artana (FIEL) [4], Enrique Szewach y Facundo Martínez (Ieral), resumen en tres ejes: la “estabilización” macroeconómica, la “reforma integral” del sector público y la “desobstaculización” del sector privado.

Una y otra vez, con la misma fracasada y mentirosa cantinela, en eso no se diferencian de la Escuela de Chicago en Argentina (CEMA), ni de la propuesta del hombre de BlackRock en el Directorio de Pampa Argentina S. A., Darío Epstein, que hoy forma parte del equipo de Javier Milei.

La remanida propuesta es la de déficit fiscal en cero y para ello proponen reducir el gasto político y la obra pública, demostrando un profundo desconocimiento del Estado (tampoco les importa), dado que en primer lugar la obra pública del presupuesto 2023 (y realizando la obra más importante de este gobierno que es el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner [5]) apenas si supera el 2 % del PIB. Segundo, el servicio de la deuda se calculó en la Ley de Presupuesto en 2,41 % del PIB (mayor erogación que la obra pública), pero no se había contemplado el aumento de las tasas de interés internacional, que hace que el gasto por la deuda termine representando este año 2023 en torno al 3 % del PIB. Tercero, el gasto político y el exceso en personal es relativamente cierto y se debería reducir el primero y supervisar el segundo, pero, por un lado, el total de remuneraciones de la Administración Nacional fue de 1,92 % del PIB en el año 2022 y se estima que va a ser de solo el 1,88 % del PIB este año 2023. El personal de la Administración nacional es de 229.685 agentes; a lo que se le deben sumar los entes descentralizados con 15.596 personas; mientras que los de las empresas y sociedades con participación estatal nacional son 93.687 trabajadores. Lo que no dicen es que más de la mitad del personal corresponde a las fuerzas armadas y de seguridad, que obviamente no solo no van a reducir, sino que para aplicar el severo plan de ajuste van a emplear más policías y más personal de seguridad.

Después, el delirio de implementar incentivos que fomenten un mercado de capitales en dólares, permitiendo el flujo de crédito y la inversión local, tanto para grandes como para pequeñas empresas e inversores y de esa manera persuadir a aquellos que poseen dólares para que los reintroduzcan gradualmente en el sistema económico, es una fantasía que les sirve de pretexto para levantar el cepo cambiario y es al revés, en lugar de ser una puerta de entrada es una puerta de salida que permite la fuga de capitales como lo demostraron la dictadura, el gobierno de Menem y el gobierno de Cambiemos.

Plantean reducir el gasto público para reducir los impuestos, cuando el total de los ingresos tributarios en el año 2022 fue de solo el 10,39 % del PIB y este año se calcula que va a ser del 10,31 % del PIB, obligando al Estado a colocar títulos de deuda en el mercado interno que al 31 de agosto 2023 ascienden a 3,8 billones de pesos (equivalentes a unos 10.500 millones de dólares) en títulos ajustables por inflación o por dólar linked (oficial), para financiar el gasto público.

La presión tributaria actual es una de las más bajas de los últimos años, incluso levemente por encima del gobierno de Cambiemos.

Plantear como se plantean los equipos de Bullrich y de Milei que en una primera instancia se trabajaría en un recorte significativo del gasto público y una reforma para reducir impuestos, con flexibilización laboral, comercial y financiera, para que después se adopten medidas de segunda generación que incluirían recortar los fondos que se destinan a jubilaciones y pensiones, y una disminución paulatina de los planes sociales, y que la gran parte de la población los vote, es para el hospicio.

La propuesta común de ambas fracciones es imponer el modelo extractivista, agropecuario y financiero exportador a como dé lugar, defienden la institucionalidad mundial del capital financiero, que no genera trabajo (valor agregado) y la reforma laboral que plantean está dirigida a convertir a los trabajadores en una legión de monotributistas sin beneficios sociales.

También los une el objetivo de que no se investigue cómo se generó la deuda del gobierno de Cambiemos y quiénes se beneficiaron con ella. La libertad de la que hablan es que el Estado no vea, no sepa, no pregunte y que haga pagar a la población el endeudamiento.

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La diferencia de ambas fracciones es entre la participación más relevante y decisoria de los capitales financieros mundiales que están en el país (BlackRock, Vanguard, Pimco, Franklin Templeton, Fidelity, Gramercy, etc.) detrás de Milei y los capitales nacionales de la Fundación Mediterránea ampliada con el grupo Techint, Pérez Companc, Bulgheroni, etcétera, temerosos de que el pez más grande se coma al pez más chico y terminen perdiendo sus activos y sus rentas.

Pero ambos sojuzgan a nuestro pueblo, nuestro presente y nuestro futuro.

El otro candidato está atado al FMI, por una deuda que no se investigó, de la que parece que no se quiere saber el destino de los más de cien mil millones de dólares. Como lo demuestra toda la historia argentina, la deuda externa se utiliza para detraer riquezas, afianzar la dependencia al capital extranjero, integrarnos al mercado mundial como mero productor de alimentos y materias primas y beneficiar a una minoría en desmedro de la mayoría de la población, que es la que termina abonándola “con sangre, sudor y lágrimas”, como dijo en 1877 el Presidente Nicolás Avellaneda.

[1] “El manejo de la Deuda Externa en condiciones de crisis de balanza de pagos”, firmado por José Luis Machinea y Fernando Sommer, donde dicen textualmente: “La reducción de los pasivos externos del sector privado derivó, en la práctica, en la nacionalización de gran parte de esa deuda externa.  La deuda externa del sector público, que era del 53 % de la deuda total en 1980, se incrementó a 83 % en 1985”.
[2] Cavallo, Domingo, Economía en tiempos de crisis, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1989. Acceso online al PDF.
[3]  Domingo Cavallo fue diputado nacional en 1987 por el PJ de Córdoba, que presidía De la Sota.
[4] FIEL y la Fundación Mediterránea asesoraban a la Secretaría de Programación y Coordinación Económica de Martínez de Hoz.  Firmaron contratos con los gobiernos y proyectos en forma conjunta muchas veces en los últimos 45 años.
[5] Donde el principal operador fue la UTE constituida por el grupo Techint y Pampa Energía S. A.

El Cohete a la Luna