No hay justicia climática sin justicia social

Por Mariana Bermúdez

La crisis climática es un fenómeno mundial que se ha agudizado en las últimas décadas, y es actualmente una situación de emergencia que atenta contra la continuidad de la vida en el planeta. La escasez de agua, el aumento de los incendios forestales, la creciente emisión de gases nocivos para la salud, el deshielo de los glaciares y las altas temperaturas en diversas partes del mundo, son solamente algunas de las consecuencias del descuido de nuestro hábitat; sin embargo, ¿cómo podemos combatir el cambio climático sin considerarlo un problema social, político y económico?, ¿cómo podemos tener justicia ambiental sin justicia social?

La justicia climática es un concepto que hace referencia a la responsabilidad que el Estado y la sociedad deben asumir en la toma de decisiones, así como la participación ciudadana en esa materia, colocando en el centro el respeto a los derechos humanos, la equidad de género y la sostenibilidad de nuestro entorno en sus diversos niveles. Algunos tratados para la protección del medio ambiente y la biodiversidad de los que el gobierno mexicano ha ratificado como parte de su compromiso hacia el cambio climático son el Protocolo de Kioto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre Diversidad Biológica, el Protocolo de Nagoya y el Acuerdo de París. A pesar de esto, las acciones que ha implementado el Estado han sido deficientes, principalmente desde el enfoque de derechos humanos y de los principios de sostenibilidad y sustentabilidad. Lo anterior se debe a la apertura que se ha brindado a empresas internacionales sin regulación del uso de nuestros recursos y, más preocupante, sin consultar a las comunidades.

Por ende, esto nos convoca a la acción social por el cuidado de la vida en su sentido más amplio, pues no sólo es una problemática que atañe al resguardo de la biodiversidad, sino que ataca la existencia misma de la humanidad mediante los sistemas de desigualdad y opresión. En primer lugar, la crisis climática no afecta a todas las personas de la misma manera. Las repercusiones son cada vez más evidentes en el sur global, ya que históricamente ha sido explotado y contaminado por empresas trasnacionales e internacionales, las cuales han despojado a comunidades originarias de sus territorios y asesinado a miles de defensores de la tierra.

Esto ha ocasionado rupturas en el tejido social, pérdida de identidad, aumento de condiciones de vulnerabilidad para poblaciones históricamente discriminadas, así como violaciones hacia sus derechos humanos. En México esto se puede observar a través de la implantación de semillas transgénicas y de organismos genéticamente modificados en las tierras de comunidades indígenas y campesinas, lo que vulnera la soberanía y la seguridad alimentarias, así como el derecho a a una alimentación sana, adecuada y de calidad, a un medio ambiente sano y a la salud. Estos daños también se pueden observar a través del incremento de la gentrificación en espacios de los que, en lugar de ser protegidos, han explotado su riqueza natural y cultural, generando adquisición económica para el gran capital y expropiación de nuestros recursos como sociedad. En segundo lugar, las mujeres, los migrantes, los pueblos y comunidades indígenas tienen un mayor impacto del cambio climático en sus vidas. Por un lado, el recrudecimiento de la violencia generada por el sistema capitalista afecta los cuerpos femeninos, utilizados como moneda de cambio y modo de producción.

Por otro lado, son los que sufren desplazamiento forzado y movilidad humana por el despojo de tierras, a través de limitarles el acceso a necesidades básicas y el incremento de las desigualdades socioeconómicas y la vulneración de los derechos humanos. Por último, las niñeces y las juventudes serán las principales poblaciones afectadas, a pesar de ser las que menor injerencia han tenido en la crisis climática, cuyos derechos humanos están amenazados de forma latente, así como la vida misma. Por tanto, como sociedad civil es necesario que promovamos la sustentabilidad para el cuidado del medio ambiente, cuyas acciones pueden ir desde reflexionar sobre nuestro consumo personal y optar por alternativas accesibles y adecuadas para cada quien, hasta implementar actividades colectivas para el cuidado de nuestro hábitat.

En tanto, al Estado corresponde la responsabilidad de incrementar los espacios de participación y toma de decisiones para aquellas poblaciones con mayores repercusiones derivadas de la crisis ambiental para construir soluciones sostenibles y sustentables. Asimismo, se deben impulsar regulaciones estrictas a las empresas que expropian las tierras y los recursos y, sobre todo, combatir las desigualdades estructurales que atraviesan a las sociedades porque el cuidado de la tierra y de continuidad de la vida no es una solución individual, sino colectiva, ya que sin justicia social no hay justicia ambiental.

La Jornada