Perú: del pantano a la palude

Por Gianni Proiettis

Es comprensible que al cornudo no le guste que se hable en público de sus cuernos. Puede ser ésta la explicación más simple de la reacción descompuesta de la presidenta peruana Dina Boluarte frente a la negativa del presidente López Obrador de entregarle la presidencia de la Alianza del Pacifico, que tocaría por turno a Perú.

Recuerda Julio Hernández López (LJ 24/5/23): «La Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración económica y comercial formado por cuatro países miembros que son Chile, Colombia, México y Perú, y 61 países observadores (… .) (que) inició su protocolo comercial en 2016. Tiene una presidencia temporal (pro tempore) que se alterna anualmente por orden alfabético.»

De México a Perú, entonces, según sus estatutos. Nomás que AMLO no ha querido traspasar la presidencia del organismo a una «usurpadora» que considera «ilegítima», así como la consideran la mayoría de los peruanos.

¡Ábrete cielo! La reacción furibunda de Boluarte –quien se ha ganado el repudio de otros mandatarios sudamericanos– se ha aferrado a un nacionalismo enfermizo y ha denunciado como «inadmisibles intromisiones» las declaraciones del presidente mexicano y su negativa a pasarle la presidencia de la Alianza del Pacífico.

Ahora bien, si hay alguien respetuoso de la soberanía ajena y contrario a las intervenciones es Andrés Manuel López Obrador. Si hay que acusarlo de algo, en este caso específico, es de «extromisión» o sea de alejamiento y no reconocimiento de un gobierno fruto de un golpe de Estado.

El jueves 25 de mayo, el Congreso peruano aprobó la moción que declara a AMLO «persona no grata», al igual que a Evo Morales anteriormente.

La moción, que obtuvo 60 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones, ha sido presentada por la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, la misma Maricarmen Alva quien voló a Madrid, invitada por el partido Vox, en ocasión del triunfo electoral de Pedro Castillo, a denunciar que el neopresidente era un «comunista fruto de un fraude». Para ver cuánto cuentan las opiniones del Congreso peruano, basta considerar que goza de una aprobación del 9 por ciento y uno de los pedidos de las manifestaciones de los últimos meses era su disolución, junto con la renuncia de «Dina asesina», la liberación de Pedro Castillo y la redacción de una nueva Constitución.

Una consecuencia trágica de las pataletas de Boluarte, es el eco que ha producido en sectores que se creían democráticos y han caído en un escuálido nacionalismo ciego. Un elocuente botón de muestra es un reputado periodista como Augusto Álvarez Rodrich, decano del diario «izquierdista» La República, que denuncia al igual a Evo Morales, Gustavo Petro y López Obrador como «falsos demócratas», por meterse en las cosas de Perú.

Cualquier observador externo se da cuenta de la estulticia de querer defender un entramado podrido, como es el peruano actual, por un presunto deber patriótico.

Y que otros países, en particular los colindantes, quieran tenerse lo más lejos posible de la sordidez que emana. Y no se trata de opiniones o ideología. Tan sólo quedándonos en el Congreso, hace unos días fue archivado el caso de «Los Niños», cuatro congresistas corruptos, acusados con pruebas de varios delitos y oportunamente blindados por sus colegas congresistas.

Las sorpresas no acaban aquí: en vez de gozar silenciosamente de su impunidad «Los Niños» se están lanzando a la conquista de la procuraduría y han presentado un proyecto que busca modificar la ley que le otorga autonomía al procurador general del Estado.

Entre las últimas proezas del Congreso está una ley apodada «ley mordaza», que pretende embridar la prensa –en la esperanza de eliminar las críticas en contra de los tres poderes– anulando la libertad de expresión y aumentando los castigos penales por presuntas difamaciones.

Si del Congreso brincamos al Poder Judicial y a la fiscalía, no para la pestilencia. La fiscal de la nación, Patricia Benavides, retiró a la fiscal que investigaba a su hermana, Enma Benavides, por absolver de toda culpa a varios narcotraficantes cachados con hasta una tonelada de cocaína. La fiscal que tenía a su cargo la investigación de la hermana incómoda, Bersabeth Revilla Corrales, fue sacada del juego con el pretexto de escasa productividad, una mentira contra toda evidencia. Absuelta de la acusación, a pesar de las pruebas, la hermana protegida ha sido objeto de la prensa recientemente por haber construido una casa sin licencia. Por lo visto, en Perú los jueces están muy por encima de la ley.

Otra flor: un fiscal subordinado a la fiscal Benavides se estaba dedicando, con un equipo especial, a investigar las muertes de los manifestantes asesinados por los policías. (Algunos de estos, considerados «ejecutados extrajudiciales» por Amnesty.) Cuestionado sobre por qué no se habían visto resultados a la indagatoria ni imputados de los homicidios, el fiscal encargado dijo que no tenía todavía los nombres de los responsables de las tropas aquellos días, declaración que resultó falsa, visto que se probó irrefutablemente que tenía los nombres de los oficiales superiores al mando de las operaciones desde el mes de enero. Se verá el próximo 31 de mayo, cuando Dina Boluarte aparecerá frente a la justicia nacional con la imputación de genocidio, si el Poder Judicial conserva un mínimo de autonomía o ya es completamente subjugado. Quien acusa es la fiscal Patricia Benavides.

Hay también unas (pocas) voces libres en el Congreso: el congresista Wilson Quispe, de Perú Libre, espetó en plena sesión:

«Es un pequeño grupito oligarca que quiere declarar persona no grata a Andrés Manuel López Obrador, quien de manera internacional ha enviado un mensaje a todos los países, sobre todo, de que se respeten los derechos humanos de las más de 70 víctimas mascaradas por este gobierno genocida y asesino de Dina Boluarte. Esta democracia ya no es democracia. Dina asesina, el pueblo te repudia, es el mensaje que han llevado (….). Este gobierno genocida ha dañado la sensibilidad de muchas personas.»

La Jornada