Ultrarricos

Por Fabrizio Mejía Madrid

Súper ricos: Jeff Bezos, Warren Buffett, Bernard Arnault, Larry Ellison y Elon Musk se han enriquecido mucho en los últimos años. (Foto: Getty Images)

El informe de este año sobre desigualdad de Oxfam contiene dos datos escalofriantes: desde 2020 hasta 2024, los cinco magnates planetarios recibieron 14 millones de dólares por hora; mientras que un trabajador necesitaría doce siglos para ganar lo que un presidente de una de las empresas de Forbes 100 obtiene en un año. A nivel global, los ultramillonarios duplicaron sus riquezas con la pandemia y 5 mil millones de trabajadores perdieron al año un mes completo de salario por la inflación. Es preocupante que no hayan sido los sindicatos o los estados los que reaccionaran, sino los mismos millonarios. Al menos, algunos de ellos. Hace unos días, pidieron en la reunión del G-20 que les aumentaran los impuestos. Los ricos pidiendo que les quiten algo de sus incomensurables fortunas habla precisamente de estados nacionales arrodillados frente al gran capital. Entre los firmantes está la heredera de Disney y Morris Pearl, que dirige Blackrock. La carta descubre el hilo negro: «La promesa de que la concentración de la riqueza arriba nos beneficiaría a todos resultó falsa».

En el caso mexicano, el informe detalla que 14 de los más ricos tienen 8 de cada 100 pesos de la riqueza nacional, siendo Carlos Slim el que detenta la mitad. Slim tiene la misma riqueza que casi 64 millones de mexicanos. A esa lista de 14 se le suman otros ultrarricos cuya característica en común es que deben sus fortunas a su relación con el poder político. Personas como el dueño de juegos de azar, Hank Rhon, hijo del profesor que amasó su fortuna otorgándose contratos de obra pública mientras gobernaba el estado de México y el Distrito Federal; Germán Larrea y Alejandro Baillères, de las concesiones mineras; Salinas Pliego de la antes pública televisora que recibiera un «préstamo» millonario de Raúl Salinas de Gortari, el hermano del Presidente que la estaba poniendo a la venta, o Rufino Vigil, que se quedó con el monopolio del acero después de la quiebra artificial de las tres acereras del Estado, vendidas en 700 millones de dólares cuando valían más de 6 mil millones.

También están en la lista de los 14 personas como los bolseros Roberto Hernández y Alfredo Harp Helú; Juan Domingo y Karen Virginia Beckmann, dueños del tequila; María Asunción Aramburuzabala, heredera de la cerveza; Antonio del Valle, de los tubos de plástico; Fernando Chico Pardo, de los aeropuertos del sureste, y David Peñalosa Alanís, constructor de obras de infraestructura. De ellos, dice el informe de Oxfam: «Esta concentración de la riqueza en el sector privado ha sido el resultado directo de dos factores relacionados. En primer lugar, las privatizaciones de los años 80 y 90 del siglo pasado fueron una masiva transferencia directa de riqueza del gobierno a un pequeño grupo de grandes empresarios. En las últimas cuatro décadas, más de mil empresas públicas fueron privatizadas y muchas de ellas quedaron en manos de quienes hoy componen la lista de ultrarricos en México; en el año 2020, quedaban apenas 66 empresas públicas. A lo anterior se suman las concesiones, licencias y permisos que les ha otorgado el gobierno mexicano en el mismo periodo». Los ultrarricos no son una clase empresarial que innove en tecnología, cree empleos –90 por ciento provienen de la pequeña y mediana empresa–, o siquiera que sepa competir: son monopolios creados y protegidos por el Estado mexicano mediante un entramado legal, de organismos «autónomos» y académicos. No sólo se benefician de que no exista regulación a sus actividades, sino que tanto los organismos «autónomos» como los jueces protegen un derecho humano que no existe: el derecho a «competir». No lo hacen contra otras empresas, sino contra el Estado mismo. No pagan impuestos ni servicios públicos y, para ello, crean esquemas fraudulentos para, por ejemplo, no pagar luz. Tienen despachos de abogados dedicados a extender juicios por no pagar impuestos y hasta tienen de su lado a los ministros de la Suprema Corte.

Pero, por si algo faltara, se beneficiaron durante la inflación desatada por la pandemia al aprovechar su carácter de monopolios para subir los precios más allá de los demás sectores. Dice el informe: «Entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022, el periodo de mayor aumento de las últimas dos décadas, la inflación fue de 6.5 por ciento. En cambio, en diversos bienes y servicios, se observaron incrementos mayores al agregado de la economía mexicana en ese mismo periodo: transporte aéreo (20.2 por ciento), hoteles (11.6), cerveza (11.2), seguros de automóvil (11) y tequila (10). Estos mercados se caracterizan por una alta concentración en una o pocas empresas, en las que participa al menos uno de los 14 ultrarricos mexicanos». Es decir, no sólo no fueron solidarios con el resto de la sociedad que les ha permitido concentrar la riqueza, sino que fueron avariciosos en el peor momento. La codicia es mayor entre estos ultrarricos mexicanos: aquí los accionistas se quedan con el doble que en Alemania o Brasil.

El informe habla de quienes tienen más de un millón de dólares y que se llaman «los ricos», a secas. Son 294 mil personas, es decir, 0.23 por ciento de la población que acapara 60 por ciento de la riqueza. En su mayoría se han beneficiado de las herencias familiares, a las que nadie les cobra un impuesto, y, en otros tiempos, de las factureras para no pagar impuestos. Casi todo el Estado que se formó a partir del sexenio de Miguel de la Madrid está hecho para servir a ese 0.23 por ciento.

Walter Benjamin escribió que el capitalismo no era una religión, sino una secta, porque no ofrecía trascendencia o perdón, sino simplemente un ritual. «La permanencia del capitalismo reside en la monotonía de su trabajo, la uniformidad de sus productos, la incesante búsqueda de ganancias. El capitalismo es como una secta porque tales cosas no se practican simplemente, sino que deben celebrarse constantemente». El primer paso para terminar con el ritual que arroja mayor desigualdad e injusticia es, justo, ya no celebrarlo más.

La Jornada