En la madrugada del 20 de agosto de 1976 veinte hombres y diez mujeres
secuestrados por fuerzas militares y policiales dependientes del Cuerpo I de
Ejército fueron apilados y dinamitados en un camino vecinal cercano a la
localidad de Fátima. Antes fueron atados, vendados y recibieron disparos en el
cráneo desde una distancia menor a un metro, según acreditó en 1985 la Cámara
Federal porteña. La mayor parte de las víctimas padeció su cautiverio en el
centro clandestino que funcionó en la Superintendencia de Seguridad Federal,
unidad perteneciente a la Policía Federal Argentina, en la calle Moreno 1417 de
la Ciudad de Buenos Aires. Fue la matanza más brutal que se conoce de la última
dictadura militar.
El 20 de agosto de 1976 fueron encontrados en ese paraje bonaerense 30 cuerpos
esparcidos en un radio de treinta metros: habían sido baleados y después
dinamitados.
Ahora, sin leyes de impunidad, la causa avanza
El juez Rodolfo Canicoba Corral
ordenó la captura de seis oficiales y un suboficial retirados de la Policía
Federal por la denominada "Masacre de Fátima", como se conoció al homicidio de
una treintena de personas el 20 de agosto de 1976. Según consideró probado la
Justicia a mediados de la década de 1980, todas ellas estaban detenidas en forma
ilegal en la entonces Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía
Federal, de donde fueron trasladadas –maniatadas, vendadas y presuntamente
drogadas– al cruce entre un camino de tierra y la ruta 6, cerca de la localidad
bonaerense de Pilar. Allí fueron ejecutadas con "heridas de bala en el cráneo
efectuadas a más o menos un metro de distancia", según consta en la causa, y
luego dinamitadas en "una única explosión que esparció los cadáveres en un radio
de 30 metros". Pero a finales de los años 80 la aplicación de la leyes de punto
final y de obediencia debida dejó trunca la investigación e impidió la sanción a
los responsables del asesinato, cuyo número tampoco fue caprichoso: entre los
restos se encontró una tarjeta que tenía escrito "30 x 1". Días antes había sido
asesinado el general Omar Actis, uno de los organizadores del Mundial de fútbol
que se haría dos años después.
La orden de arresto está dirigida
contra los comisarios generales Juan Carlos Lapuyole y Carlos Marcote –señalado
como torturador, actuaba bajo el apodo "Lobo"–, los comisarios inspectores
Miguel Ángel Trimarchi –apuntado como jefe de los grupos de secuestradores de la
Superintendencia– y Carlos Gallone –"Carlitos" o "Duque", jefe de un grupo de
secuestro–, el comisario Jorge Mario Veyra –jefe de operaciones, dirigía los
secuestros y se lo conocía como "Loco" o "Pájaro loco"–, el principal Carlos de
la Llave –jefe de la brigada "Los Intocables", un grupo de secuestradores– y el
suboficial Luis Alberto Martínez –"Japonés", miembro de uno de los grupos de
tareas–.
La medida fue dispuesta en el marco
de la causa que instruye Canicoba Corral por delitos cometidos en jurisdicción
del Primer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura militar. Para su
cumplimiento inmediato, la resolución fue notificada al jefe de la Policía
Federal, comisario general Eduardo Prados.
Impulsada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), la causa estuvo a
cargo del juez federal Sergio Torres, pero luego pasó a manos de Canicoba Corral
cuando éste tomó la investigación, reabierta por orden de la Cámara Federal
porteña tras la anulación de las leyes de impunidad resuelta por el Congreso
nacional.
Hasta entonces, la causa estuvo paralizada e incluso durante 20 años ni siquiera
se supo quiénes habían sido asesinados de esa forma: de las treinta víctimas,
cinco habían sido identificadas a principios de los 80. Ellas son Inés Nocestti,
Ramón Lorenzo Vélez, Angel Osvaldo Leiva, Alberto Evaristo Comas y Conrado
Alsogaray.
Masacre de Fátima : A
36 años
1976-2012
Por Patricia Olivestre
Este 20 de agosto se cumplirán 36 años de la MASACRE DE FATIMA – PILAR, como
todos los años estaremos presentes en el lugar los familiares, y esperamos que
nos acompañen ese día para no olvidar y recordar a los compañeros siempre
presentes.
La masacre se cometió el 20 de agosto de 1976, cuando 30 jóvenes detenidos
clandestinamente en la dirección de Coordinación Federal fueron asesinados y sus
cuerpos trasladados en camiones a Fátima, donde fueron dinamitados.
Por el caso fueron condenados a prisión perpetua a Carlos Gallone y Juan Carlos
Lapuyole.
Gracias al extraordinario trabajo del Equipo de Antropología Forense que con
cada reconocimiento de identidad de alguno de nuestros compañeros logran
rescatar verdades a la impunidad a la que nos quisieron someter. Ya hemos
recuperado la identidad de 20 de los 30 compañeros y abrigamos la esperanza de
encontrar en un futuro no muy lejano la identidad de los compañeros que aún
faltan.
Siguen con nosotros:
· Inés Nocetti
· Ramón Lorenzo Vélez
· Ángel Osvaldo Leiva
· Alberto Evaristo Comas
· Conrado Alsogaray
· Jorge Daniel Argente
· Carlos Raúl Pargas
· Ricardo José Herrera
· José Daniel Bronzel
· Susana Pedrini de Bronzel
· Carmen María Carnaghi
· Haydeé Cirullo de Carnaghi
· Norma Susana Fontini
· Selma Julia Ocampo
· Horacio García Gastelú
· Juan Carlos Vera
· Roberto Héctor Olivestre
· Enrique Jorge Aggio
· María Rosa Lincon
· Cecilia Podolsky de Bronzel
No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.
Juicio y castigo a todos los culpables
Recién en 1997, y en el marco de los
Juicios por la Verdad, el Equipo Argentino de Antropología Forense hizo la
exhumación de 25 cuerpos "y en 1998 comenzaron las identificaciones por medio de
análisis genéticos, y la devolución de los cuerpos a sus familiares. Se logró
entonces la identificación positiva de otras ocho personas, tras lo cual la
Cámara Federal autorizó la devolución de los restos a sus familiares", informó
el Cels. Las víctimas identificadas son Jorge Argente, Susana Pedrini de
Bronzel, su marido José Bronzel, Cecilia Podolsky, Horacio García Gastelú,
Selma Ocampo, Rosa Cirullo de Carnaghi y Norma Frontini de Díaz.
Pese a que los restos fueron
encontrados en el noroeste del conurbano bonaerense, la Cámara Federal resolvió
que el caso quedara en jurisdicción de la Capital Federal, ya que las víctimas
habrían sido sometidas a vejámenes en en el Departamento Central de la Policía
Federal.
Por la masacre, en octubre de 2002, el general Albano Harguindeguy fue
denunciado como responsable de la desaparición forzada, torturas y homicidio de
los 30 jóvenes, ya que al momento de los hechos era ministro del Interior, y
como tal responsable de los centros clandestinos de detención que funcionaron en
las delegaciones de la Policía Federal. Según recordó además el Cels,
investigaciones previas a la denuncia llevaron a demostrar que la noche anterior
a la masacre, las 30 personas fueron sacadas del centro clandestino de detención
Superintendencia de Seguridad Federal.
20 de Agosto de 1976
El policía "arrepentido" Víctor
Luchina --según el testimonio que brindó en la Conadep-- estaba de guardia en el
edificio de Moreno al 1400 donde funcionaba la Superintendencia la noche que
trasladaron a las 30 personas. "Apagaron todas las luces. Sólo quedaron
encendidas las del ascensor y de la playa de estacionamiento. Recuerdo que los
detenidos eran treinta porque fueron contados. Algunos venían en mantas,
envueltos, parecían estar muertos; otros venían tambaleándose como drogados",
manifestó Luchina. El ex policía atestiguó que ayudó a cargar a los detenidos en
un camión verde oscuro. "Estos se van para arriba", le comentaron. Al día
siguiente --dijo-- se enteró por los diarios que "habían sido dinamitados en
Pilar". La masacre habría sido la "respuesta" al atentado contra el general de
brigada retirado Omar Actis, realizado en Wilde el 19 de agosto de 1976.
Las víctimas de Fátima fueron asesinadas por disparos de armas de fuego en el
cráneo. Dos cadáveres estaban destrozados ya que los cuerpos habían sido
dinamitados. En ese momento, a partir de que se tomaran las huellas
dactiloscópicas de los cuerpos, se pudieron identificar a cuatro personas cuyos
datos aparecían en los registros de la policía de la provincia de Buenos Aires.
Pero la causa se cerró rápidamente y no se retomó hasta 1982, cuando ya se
habían "perdido" las huellas.
En 1985 el equipo argentino de antropología forense exhumó los cuerpos que
estaban enterrados en el cementerio de Derqui. La sanción de la Ley de
Obediencia Debida motivó que la "causa Fátima" pasara por varios juzgados hasta
que la tomara la Justicia Militar. El expediente se archivó y 24 cajones de
madera con restos sin identificar quedaron en un cuartito del cementerio. Diez
años después, con el marco jurídico del Derecho a la Verdad, el equipo de
antropología forense y la Cámara Federal porteña reabrieron el caso. Del sobre
de un expediente rescataron la llave del recinto donde estaban los cuerpos. Con
la posibilidad de realizar los estudios de ADN se mandaron las muestras al
exterior para ser contrastadas con sangre de familiares de desaparecidos.
El año pasado se supo que Susana Elena Pedrini de Bronzel era una de las
víctimas de la masacre de Fátima. Entre las seis personas que terminaron de ser
identificadas la semana pasada está su esposo, José Bronzel, junto a quien había
sido secuestrada.
Los jueces de la Cámara porteña y los familiares de las víctimas coinciden en
que la identificación de los cuerpos no es la conclusión de la búsqueda de la
Verdad sino que, a partir de la recuperación de identidad de los desaparecidos,
se puede profundizar en la reconstrucción histórica.
Fuente: "El Ciudadano", Rosario, agosto 2004
Memoria Abierta - Testimonios de
la Masacre de Fátima
El 19 de Agosto de 1976 un grupo militar se instaló en un control caminero sobre
la ruta 8, mientras aviones sobrevolaban el área, y se veían los tristemente
famosos "Ford Falcon" recorriendo la zona. Poco después de las cuatro de la
madrugada siguiente, una gran explosión despertó a toda Fátima, una localidad de
la Provincia de Buenos Aires.
Poco antes habían llegado al lugar del estruendo una camioneta y un furgón.
Nadie se atrevió a ir al lugar para ver lo sucedido.
Los obreros de un horno de ladrillo cercano se encontraron con una escena
macabra, restos humanos esparcidos en un radio de cien metros. Casi
inmediatamente fue cercada la zona por soldados que impedían el paso y a los
reporteros gráficos se les secuestraron las fotos tomadas. Los soldados y el
personal civil recogían pedazos de los cuerpos dinamitados y los cargaban en un
camión de la Municipalidad de Pilar.
Según el parte policial las víctimas eran treinta personas -diez mujeres y
veinte hombres- la mayoría jóvenes, incluso algunos adolescentes. Sólo cinco
pudieron ser identificados en ese momento. Los cuerpos de las víctimas no
identificadas fueron enterrados como NN en el Cementerio de Pte. Derqui, de
donde fueron exhumados años más tarde para su identificación.
A partir de un notable trabajo del
Equipo Argentino de Antropología Forense se pudieron identificar once víctimas
más. Una de las primeras identificadas por los antropólogos fue Susana Pedrini
de Bronzel, en cuya memoria se nombró una calle en el centro de Pilar,
concretamente en la plazoleta que está a metros del tanque de agua.
La mitad de las víctimas pudieron
ser identificadas por familiares y amigos gracias al trabajo del Equipo
Argentino de Antropología Forense. Así se pudieron reconocer, muchos años más
tarde, a:
Video realizado por estudiantes de la EEM Nº 9
de Fátima, Pilar
Inés Nocetti
Ramón L. Vélez
Ángel O. Leiva
Alberto E. Comas
Conrado Alzogaray
Daniel Argente
José D. Bronzel
Susana Pedrini de Bronzel
Carmen Carnaghi
Haydée Cirullo de Carnaghi
Norma S. Fontini
Selma J. Ocampo
Horacio O. García Gastelú,
Y, recientemente, a:
Carlos Raúl Pargas
Raúl Ricardo Herrera y
Juan Carlos Vera.
Según testimonios ofrecidos a la CONADEP, a la hora de encontrar los cuerpos,
estos estaban atados y vendados.
Pero lo más escalofriante es que se les encontraron orificios en la cabeza,
provocados por armas de fuego, y habrían llegado al lugar de la masacre, ya
muertos.
Según consta en el expediente, los
jóvenes fueron detenidos y luego asesinados en la Superintendencia de Seguridad
Federal.
Este hecho formó parte del juicio a las Juntas en el que se comprobó la
participación directa del ejército argentino, en ese entonces al mando de Jorge
R. Videla.
La causa fue reabierta y seis
ex-policías de la Federal se encuentran detenidos a disposición de la Justicia.
También el represor Albano Harguindeguy fue señalado como uno de los principales
responsables del hecho.
Luego de permanecer 18 años como
"NN", los restos de Raúl Ricardo Herrera fueron sepultados en el cementerio de
la localidad bonaerense de Boulogne, gracias a la gestión incansable de quien
fuera, entonces, su compañera de lucha, hoy Diputada de la Nación Isabel Artola,
que no dejó de buscarlo durante tantos años. Herrera fue una de las víctimas de
aquella Masacre de Fátima.
No es nueva la intención de quienes,
vinculados activa o sentimentalmente a los represores, pretenden ignorar lo
sucedido y aún reivindicarlos a ellos y su accionar, no hace mucho (mayo de
2005) la noticia era: "Suspenden a un general por homenajear a un represor".
Allí se daba cuenta de que el jefe del Ejército, Roberto Bendini, pasaba a
disponibilidad al comandante de la Brigada Blindada II, el general Juan Carlos
Willington, por bautizar a la cancha de polo del Comando, en la ciudad de
Paraná, como "Coronel Morelli", que fuera uno de los responsables de la Masacre
de Fátima y ex superintendente de Seguridad Federal entre 1976-1978, fallecido
en actividad en 1979, en pleno Proceso, su figura no es tan conocida como la de
otros militares de la época.
Ese homenaje era tan impropio como
si se tratara, por ejemplo, de Ramón Camps (general, ex jefe de la policía
bonaerense y uno de los más fuertemente denunciados por violaciones de los
derechos humanos, de la última dictadura), o Desiderio Fernández Suárez
(coronel, ex jefe de la policía bonaerense uno de los responsables de
asesinatos, fusilamientos, persecuciones, represión y violaciones de los
derechos humanos de la dictadura de 1955).
Willington se habría excusado
aduciendo sólo en el conocimiento parcial de Morelli, a quien en el Ejército se
lo reconoce como "un gran impulsor del deporte hípico", y "se habría sorprendido
porque su figura no ha tenido la exposición mediática de otros militares
acusados de violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura".
Willington fue sancionado con pase a
disponibilidad, y más tarde pasado a retiro.
Después de tantos años de
enfrentamientos y de tanta sangre de compañeros caída por la recuperación de la
soberanía popular y la vigencia de la Constitución Nacional, ningún argentino, y
mucho menos quienes tienen la obligación que les da el poder que les es
confiado, pueden homenajear a quienes resulten responsables de represión,
genocidio y dictaduras. No se trata de reabrir viejas heridas ni de ahondar
diferencias que separen nuestra nacionalidad, simplemente se trata de que no
basta negar la verdad para que se desvanezcan sus efectos, es necesario llevar a
la luz, instalar en la conciencia colectiva la memoria de estos acontecimientos
como único modo de acallar las voces de la historia, franqueando de tal forma el
paso de la autentica paz, que es la de la justicia.
No puede llevar el nombre de un represor una cancha de polo militar, como
tampoco debería llevar el nombre de otro represor integrante de otra de las
dictaduras genocidas, Pedro Eugenio Aramburu, la Escuela de Infantería del
Ejército Argentino, la Ruta Nacional que une San Lorenzo con Rosario y otras
tantas cosas.
El concepto debería ser que ningún represor, ningún integrante de gobiernos de
las de dictaduras, puede ser recordado con la imposición de su nombre a lugares
públicos nacionales, provinciales o municipales, ni mucho menos continuar
cobrando jubilaciones de privilegio por los cargos ocupados ilegítimamente,
fuera de la voluntad popular.
Finalizando, a treinta años de la Masacre de Fátima, por todos los compañeros
caídos en las luchas contra las dictaduras, desde la primera hasta la última,
por la recuperación de la soberanía popular, una sola voz:
P R E S E N T E S
AHORA Y SIEMPRE
Daniel Mario Brión, IMEPU - Instituto por la Memoria del Pueblo
Fuente: www.rodolfowalsh.org
Son los sobrevivientes que estuvieron detenidos en la Superintendencia de
Seguridad Nacional. De allí salió el camión con las 30 personas que fueron
dinamitadas en Pilar. Dicen que "elegían a dedo quien subía y quien no".
Los sobrevivientes que estuvieron
detenidos en Superintendencia de Seguridad Federal en 1976, ofrecieron sus
testimonios en el juicio que se sigue a los ex oficiales de la Policía Federal
Carlos Gallone, Miguel Angel Timarchi y Juan Carlos Lapuyole acusados de ser los
responsables de la llamada Masacre de Fátima.
Ante la mirada de los familiares de
las 30 víctimas que fueron dinamitadas a la altura del Km 64, el primero en
declarar fue Alberto Poggi.
El relato crudo, lo llevó a revivir los duros momentos que pasó privado de su
libertad.
Poggi contó que durante los cinco días que permaneció en cautiverio en la
Superintendencia se encontró con un conocido suyo, Daniel Hopen - quien también
estaba secuestrado y permanece desaparecido-. Hopen le contó que el fin de
semana de la masacre "pusieron gente en fila y eligieron" a quien iban a
llevarse.
"Nos pararon contra la pared y empezaron: usted sí, usted no, usted sí, usted
no. Yo tuve suerte, pero se llevaron a un montón de muchachos. Después los
dinamitaron en Pilar" le contó Hopen a Poggi.
El relato, cada vez más cruel de
cada uno de los testigos, tenía un denominador común. Todos coincidieron en que
por las noches se escuchaban los gritos de los torturados, que los policías
intentaban tapar con la canción "Libre" de Nino Bravo a todo volumen.
"Torturaban y violaban a todo el mundo", dijeron los testigos.
También brindó su duro testimonio, Aurora Morea, quien relató el secuestro de su
hija Susana Pedrini, su yerno, José Bronzel, y su consuegra, Cecilia Podolsky.
Morea contó que llegó a saber que los tres habían estado secuestrados en la
Superintendencia y que luego, gracias al trabajo del Equipo Argentino de
Antropología Forense pudo recuperar los restos de su hija y su yerno, ambos
asesinados en Fátima.
Cómo
fue la masacre
El 19 de Agosto de 1976 un grupo militar se instaló en un control caminero sobre
la ruta 8, mientras aviones sobrevolaban el área, y se veían los tristemente
famosos "Ford Falcon" recorriendo la zona. Poco después de las cuatro de la
madrugada siguiente, una gran explosión despertó a toda Fátima.
Poco antes habían llegado al lugar del estruendo una camioneta y un furgón.
Nadie se atrevió a ir al lugar para ver lo sucedido.
Los obreros de un horno de ladrillo cercano se encontraron con una escena
macabra, restos humanos esparcidos en un radio de cien metros. Casi
inmediatamente fue cercada la zona por soldados que impedían el paso y a los
reporteros gráficos se les secuestraron las fotos tomadas. Los soldados y el
personal civil recogían pedazos de los cuerpos dinamitados y los cargaban en un
camión de la Municipalidad de Pilar.
Según el parte policial las víctimas eran treinta personas -diez mujeres y
veinte hombres- la mayoría jóvenes, incluso algunos adolescentes. Sólo cinco
pudieron ser identificados en ese momento. Los cuerpos de las víctimas no
identificadas fueron enterrados como NN en el Cementerio de Pte. Derqui, de
donde fueron exhumados años más tarde para su identificación.
A partir de un notable trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense se
pudieron identificar once víctimas más. Una de las primeras identificadas por
los antropólogos fue Susana Pedrini de Bronzel, en cuya memoria se nombró una
calle en el centro de Pilar, concretamente en la plazoleta que está a metros del
tanque de agua.
Ya en otras oportunidades en las que
Morea visitó el lugar del asesinato, había recordado que en el momento del
secuestro su hija estaba embarazada de dos meses, y "a los veinte días de su
desaparición; la bajaron de un camión y le metieron un tiro en la cabeza".
"Mas miedo a desaparecer que a morir"
Ese era el gran temor de quienes eran secuestrados, y así quedó evidenciado en
el relato de Hugo Omar Argente, quien contó el secuestro de su hermano, Jorge.
Argente contó que luego de la desaparición de su hermano "tenía miedo de
averiguar dónde había sido llevado"
"Uno tenía más miedo a desaparecer que a morir", explicó Argente quien recién en
1999 pudo saber que Jorge había sido una de las víctimas de la Masacre de
Fátima.
Por su parte, Haydeé Gastelú y Oscar García Buela hablaron sobre la desaparición
de su hijo Horacio, conscripto de la Base de Infantería de Marina en Bahía
Blanca, quien fue secuestrado junto a su novia Ada Victoria Porta, de 17 años,
cuando se encontraba de licencia.
Gastelú dijo que los militares "nunca reconocieron" el secuestro de su hijo, y
que a la semana pasó a ser considerado desertor. "Recién 25 años después y
gracias a los antropólogos tuve la noticia de cuál había sido el fin de mi hijo,
y su destino", contó.
Las víctimas
De las 30 personas fusiladas y dinamitadas al costado de la ruta nacional número
6, en la localidad de Fátima, al día de hoy, sólo ha recuperado la identidad de
16. Prácticamente la mitad permanecen como NN.
A comienzos de los años 80, sólo cinco habían sido identificados. Se trataba de:
Inés Nocetti, Ramón Lorenzo Vélez, Ángel Osvaldo Leiva, Alberto Evaristo Comas y
Conrado Alzogaray.
Posteriormente, se recuperó la identidad de once víctimas más: Susana Elena
Pedrini de Bronzel, José Daniel Bronzel, Selma Julia Ocampo, Haydee Rosa Cirullo
de Carnaghi, Norma Susana Frontini, Jorge Daniel Argente, Carmen María Carnaghi,
Horacio Osear García Gastelú, Juan Carlos Vera, Carlos Raúl Pargas y Ricardo
José Raúl Herrera Carrizo.
Bullicio en la sede de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones
Políticas, en Capital Federal. Gente entra y sale, el mate pasea de mano en
mano, un compañero del Comité de Solidaridad de Uruguayos en la Argentina y un
joven norteamericano comparten el diálogo y el viaje en autobuses que parten,
llenos de Madres –éramos bastantes pañuelos-, Hermanos, H.I.J.O.S., montones de
compañeras y compañeros, rumbo a Pilar. Es domingo 20 de agosto de 2006,
exactamente 30 años después de que la Policía Federal fusilara a treinta
personas y, llevándolas al paraje llamado Fátima, las hiciera dinamitar.
Como informaba el diario Pilar de Todos en agosto de 2004, "Según el parte
policial las víctimas eran treinta personas -diez mujeres y veinte hombres- la
mayoría jóvenes, incluso algunos adolescentes. Sólo cinco pudieron ser
identificados en ese momento. Los cuerpos de las víctimas no identificadas
fueron enterrados como NN en el Cementerio de Pte. Derqui, de donde fueron
exhumados años más tarde para su identificación.
A partir de un notable trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense se
pudieron identificar once víctimas más. Una de las primeras identificadas por
los antropólogos fue Susana Pedrini de Bronzel, en cuya memoria se nombró una
calle en el centro de Pilar, concretamente en la plazoleta que está a metros del
tanque de agua." Susana era hija de nuestra compañera Aurora Morea.
En realidad, y siempre en palabras
de este medio periodístico a los 28 años de la masacre, "Hasta el momento se
pudo reconocer a Inés Nocetti, Ramón L. Vélez, Ángel O. Leiva, Alberto E. Comas
y Conrado Alzogaray, Daniel Argente, José D. Bronzel, Susana Pedrini de Bronzel,
Carmen Carnaghi, Haydée Cirullo de Carnaghi, Norma S. Fontini, Selma J. Ocampo y
Horacio O. García Gastelú, y recientemente a Carlos Raúl Pargas, Ricardo José
Herrera y Juan Carlos Vera."
Alberto Comes, uno de los pocos identificados de
la masacre
El acto –siempre gozo y dolor en
nuestros eventos- consistió en varias actividades: a las 15 en el paraje mismo,
se inauguró una placa con los nombres de los compañeros masacrados; estaba
enmarcada en un pequeño monumento. Habíamos escuchado poco antes las sentidas
palabras del intendente de Pilar y de un concejal que desde largo tiempo atrás
viene colaborando de corazón con estos actos y esta memoria. Hablaron también el
ministro de Relaciones Exteriores Jorge Taiana –impresionante testimonio, pues
casi formó parte del infortunado grupo de jóvenes masacrados- y el Secretario de
Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Eddy Binstock. Guiaban el acto
nuestro querido Hugo Argente, de Familiares y hermano de Jorge, uno de los
jóvenes que perdieron la vida, y Cristina, joven docente de Pilar y parte
indispensable de toda esta movida por Verdad y Justicia. Estaban también Judith
Said, Coordinadora General del Archivo Nacional de la Memoria y hermana de dos
muchachos detenidos desaparecidos, y Gabriela Alegre, ya fuera de su cargo de
Titular de la Unidad Ejecutora de Proyectos de Sitios de la Memoria de la Ciudad
de Buenos Aires, hecho por el que hemos protestado hace muy poco. Andaban por
ahí Miriam Medina, madre de Sebastián Bordón, el politólogo Franco Castiglione,
y otros ex presos políticos, como nuestros amigos Patricio Rice y su mujer
Fátima Cabrera.
Luego nos movimos hasta la entrada del paraje, donde se inauguraría un hermoso
monumento. Lo había creado un herrero del lugar, quien conmovió con su sencilla
explicación de por qué lo había hecho y cómo agradecía a sus colaboradores
-quienes estaban por allí sin mostrarse, en medio del público-. El monumento era
redondo, rodeado por pequeñas cruces de hierro al modo de valla en cuyo centro
había un corazón con nombres tallados. Las cruces eran 30; los nombres escritos,
16; 14 cruces permanecen esperando los nombres de los compañeros masacrados cuya
identidad aún permanece desconocida. En la parte más alta del monumento, un
santo de yeso extiende sus brazos como acogiendo a los muchachos muertos, y a
quienes visitamos el sitio. Nos llamó la atención el excelente emplazamiento del
monumento, en perfecta armonía con el entorno.
A las 17 estuvimos en el patio de la Escuela 17, donde fue un placer escuchar a
un excelente dúo de mujer y hombre docentes –voces y guitarras-, a un joven
cantante impulsor de centros comunitarios y al conjunto de percusión de varios
chicos miembros de uno de los centros: las letras estallaban de solidaridad y
mención de hechos cercanos a nuestro corazón.
En el viaje de vuelta nos lanzamos a cantar viejos boleros, canciones de la
militancia argentina y latinoamericana, y simples canciones populares sin
sentido trascendente. Cantábamos el placer de estar juntos y juntas, de haber
hecho memoria, de seguir la búsqueda de Justicia y Verdad para nuestros
desaparecidos, de disfrutar la vida.
Fuente: Madres de Plaza de Mayo. Línea Fundadora - www.madresfundadoras.org.ar
Los policías retirados Juan Carlos
Lapuyole –hombre del ex ministro Harguindeguy–, Carlos Gallone y Miguel Angel
Timarchi están acusados por el homicidio de veinte hombres y diez mujeres que
permanecían secuestrados en la Superintendencia de Seguridad Federal.
El juez Guillermo Gordo y, a la derecha, el acusado Gallone, en una foto que
intentó usar en su favor.
Por Diego Martínez
En la madrugada del 20 de agosto de
1976 veinte hombres y diez mujeres secuestrados en la Superintendencia de
Seguridad Federal, bajo la órbita del Cuerpo I de Ejército, fueron adormecidos y
cargados en un camión verde oscuro. A la altura del kilómetro 62 de la ruta 8,
en un camino de tierra cercano a Fátima, el camión y los tres Ford Falcon que lo
escoltaban se detuvieron. Bajaron a los moribundos, les dispararon un tiro a
quemarropa y los apilaron sobre una carga de dinamita. A las 4.30 la explosión
hizo temblar Fátima. El sumario policial detalló que tenían las manos atadas por
la espalda y los ojos tapados con cinta adhesiva. Fue la matanza más brutal que
se conoce de la última dictadura.
-Oigan,
miren cuánta gente!!!
-A ver, correte. Dejanos mirar a todos.
-Miren está mi Vieja.
- Sí , y mi hermana.
-Y también está mi papá.
-Más allá veo a mi hija.
-Y yo a mi hermano. También esta mi mamá y nuestros sobrinos.
-Y toda la demás gente, qué están haciendo?
-Pero ¿no te das cuenta? Nos están recordando.
-Sí, y hoy se juntaron muchos por ser 20 de Agosto, el día que NOS MATARON.
-Pero estoy seguro que nunca ni un solo día se olvidan de nosotros.
-Bueno, entiendo que nuestros Familiares nos recuerden pero por qué habría de
hacerlo aquel muchachito con pinta de laburante.
-Sí, o aquella piba con libros debajo del brazo y esa señora que seguro es ama
de casa.
-Y aquel abuelo, ¿será jubilado?
-Mirá esos pibes, la pobreza se les nota en su carita.
-Pero qué cosa ¿no? Son los Hermosos responsables de nuestros sueños.
-Sí, ¿se acuerdan? Nosotros y miles más nos organizamos para luchar por ellos,
nuestros semejantes. Por los que menos tenían. Obreros, estudiantes, gente común
que sufría y por esos pibes.
-Por el futuro de un país con justicia e igualdad, y lo hacíamos porque éramos
parte de ese colectivo llamado PUEBLO.
-Entonces, si toda esta gente está acá, los asesinos se equivocaron. Y como dijo
don Ernesto Cardenal ¡Creían que nos mataban y nos estaban sembrando!
Quizás, tan sólo quizás, los 30 cumpas masacrados en este lugar están teniendo
esta charla …
Autor: Hugo Argente. En la fotografía (arriba) sostiene la imagen
de su hermano, Jorge Daniel Argente, víctima de la masacre. Texto leído en el
acto del 20 de agosto de 2006). Fuente: Madres Línea Fundadora.
Mañana el Tribunal Oral Federal 5,
integrado por Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías, comenzará a
juzgar por la "Masacre de Fátima" a tres oficiales retirados de la Policía
Federal. La acusación correrá por cuenta del Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS) y del fiscal Félix Crous. Los imputados son el director de
Inteligencia de la Superintendencia (SSF), comisario general Juan Carlos
Lapuyole –hombre de íntima confianza del ex ministro del Interior Albano
Harguindeguy, que interrogaba al pie de varias mesas de tortura porteñas con el
alias de "Francés"– y dos miembros de sus brigadas: los comisarios inspectores
Carlos Enrique Gallone y Miguel Angel Timarchi.
El sombrío edificio de Moreno 1417,
a una cuadra del Departamento Central de Policía, fue desde los años ‘60
sinónimo de represión política. El año pasado, el uruguayo Antonio Viana Acosta,
militante tupamaro, denunció que ya en febrero de 1974 fue torturado durante dos
semanas en Coordinación Federal, nombre anterior de la SSF. En su secuestro,
pedido por la inteligencia oriental, intervinieron los jefes de la Policía
Federal, Alberto Villar y Luis Margaride, y de la Triple A, Rodolfo Almirón y
Juan Ramón Morales. Coordinación ya era epicentro del incipiente Plan Cóndor.
El inspector Rodolfo Peregrino Fernández, ayudante de Harguindeguy durante 1976,
relató en 1983 que el ministro tenía brigada propia para secuestrar, pero
"cuando el grado de riesgo superaba la capacidad de acción de este grupo
recurría a oficiales de la Dirección de Operaciones de la SSF, cuya jefatura
ejercía el comisario mayor Lapuyole, siendo el principal Carlos Gallone, alias
‘Carlitos’, quien más frecuentemente era comisionado a estos efectos". Agregó
que Gallone tenía "ferviente admiración por la extrema derecha" y fue "el más
estrecho colaborador de Harguindeguy en las tareas de represión ilegal. Se rodeó
de los mayores torturadores y asesinos salidos de la Triple A, a quienes llevó a
la Dirección General de Inteligencia".
A diferencia de otros centros clandestinos porteños como El Olimpo, Club
Atlético o la ESMA, recuperados como espacios para la memoria y con decenas de
represores presos, la mayor parte de los asesinos de la SSF siguen impunes, y su
edificio intacto. El juicio por Fátima es la excepción que confirma la regla. El
juez federal Norberto Oyarbide, que instruye la causa Triple A, no avanzó por el
momento más allá del entorno íntimo del ex ministro José López Rega. Y el Estado
argentino, querellante por medio de su Secretaría de Derechos Humanos en causas
de todo el país, no impulsó aún la investigación del centro clandestino más
cercano al Obelisco.
Royal Air Force
Rara avis para una fuerza que
convirtió el silencio en mandamiento, el sargento retirado Armando Luchina, ex
carcelero de la superintendencia, declaró ante la Conadep en 1984, en el Juicio
a las Juntas en 1985, y ante cada organismo, juez o periodista dispuesto a
escucharlo. "Yo estoy jugado", responde para explicar por qué no aceptó
protección del Estado. A Luchina no le contaron la historia. Siempre admitió que
tuvo contacto con los secuestrados y que debía llevar una lista de presos
legales y otra de "RAF", por Royal Air Force, como Lapuyole & Cía. nombraban a
quienes consideraban "en el aire".
Clarín, clic para ampliar
La noche del 19 de agosto se
apagaron todas las luces de la superintendencia menos las del ascensor y el
estacionamiento, relató Luchina. Estaban los jefes de todas las brigadas.
Gallone daba las órdenes. Bajaron a los treinta secuestrados desde distintos
pisos. Cuatro parecían muertos. El resto, drogados. Los cargaron en un camión
que no era de la dependencia. "Estos se van para arriba", le comentaron. Dos
días después leería en los diarios la aparición de los treinta cuerpos.
Un grupo de obreros se topó con la escena. La explosión había provocado un hoyo
de un metro de profundidad. La brutalidad obligó a Videla a repudiar la masacre.
Cinco cadáveres fueron identificados desde el primer momento. Inés Nocetti había
sido secuestrada el 11 de agosto junto con Selma Ocampo, militante sindical
despedida de la Ford de General Pacheco, identificada en 1984. Alberto Comas
había desaparecido a fines de julio. Trabajaba en la fábrica Royo, pegada al
Riachuelo. Ramón Lorenzo Vélez, Angel Osvaldo Leiva y Conrado Alsogaray, obreros
de la firma Bendix, habían sido secuestrados en la madrugada del 16 de julio.
Los otros 25 cuerpos fueron inhumados como NN en fosas individuales del
cementerio de Derqui. El Equipo Argentino de Antropología Forense los exhumó en
1985, pero recién diez años después, en el marco del Juicio de la Verdad, pudo
comenzar a identificarlos por medio de análisis genéticos. De las 30 víctimas,
16 ya tienen tumba con nombre y apellido. La mayoría eran obreros de Bendix y
fueron vistos en la SSF.
A fines de 2002, en representación de familiares de Jorge Argente, Alberto
Comas, Susana Pedrini de Bronzel y Horacio García Gastelú, el CELS pidió la
reapertura de la causa. En mayo de 2004 el juez federal Daniel Rafecas procesó a
Lapuyole, Gallone y al director de operaciones, Carlos Vicente "El Lobo"
Marcote, que murió poco después. Al año, al confirmar los procesamientos, la
Cámara Federal porteña incluyó también a Timarchi. En febrero de 2006 Rafecas
elevó la causa a juicio oral. Lapuyole, de 75 años y serios problemas de salud,
goza de prisión domiciliaria. Timarchi, de 62, y Gallone, de 60, están presos en
Devoto. La causa tiene un solo prófugo: Luis Alberto "El Japonés" Martínez. El
resto de los miembros de las brigadas de la superintendencia podrá presenciar el
juicio como cualquier ciudadano. Nadie los busca.
El policía que se mostró abrazando a una madre de Plaza de Mayo en 1982 será
juzgado por la matanza de Fátima. Allí fueron asesinados 30 detenidos ilegales
en 1976.
Marcelo Larraquy. Abrazo falso. El policía Gallone se mostró junto a una madre
en la Plaza de Mayo.
1982. 5 de octubre. Las Madres se enfrentan a la Policía Montada en la Plaza de
Mayo. Una de ellas increpa a un uniformado, que permanece de pie, inmóvil.
Intenta acallarla. Luego la abraza. Es el primer abrazo. Un reconocimiento al
dolor. La comprensión. Un nuevo relato que explica el fin de la dictadura de
otra manera. Pero no. Era sólo una foto.
La
película era más negra y más larga. Ese policía, el de la foto, el comisario
inspector Carlos Enrique Gallone, será juzgado por el Tribunal Oral Federal 5 a
partir del martes próximo por su responsabilidad en la peor masacre de la
dictadura militar: 30 cuerpos dinamitados en un descampado en la localidad de
Fátima, partido de Pilar. Bajo los mismos cargos, "homicidio calificado por
ensañamiento y alevosía y privación ilegítima de la libertad", serán sometidos a
juicio los ex policías Miguel Ángel Timarchi y Juan Carlos Lapuyole. La Fiscalía
pidió prisión perpetua. La causa tiene un policía prófugo, "El Japonés" Luis
Alberto Martínez.
1976. 19 de agosto. Los prisioneros son seleccionados al azar y extraídos de los
calabozos del tercer piso de la Superintendencia de Seguridad Federal, en Moreno
1417. Casi dos meses antes, Montoneros había colocado una bomba que destruyó el
comedor de la planta baja y mató a por lo menos 22 miembros de la fuerza. La
represalia policial sumó a casi un centenar de muertos en tres días. Ahora, el
19 de agosto, mientras los prisioneros son bajados del ascensor, todas las luces
del edificio de la calle Moreno están apagadas. Son conducidos con aprehensión.
Algunos parecen drogados, caminan moribundos, envueltos en mantas; otros son
llevados en brazos, en posición fetal, hacia el playón descubierto. Suman 30:
veinte hombres, 10 mujeres. Los apilan sobre la caja de un camión del Ejército.
Los prisioneros tienen nombre y apellido, pero no están a disposición de la
Justicia o del Poder Ejecutivo. Están a disposición de la "Real Air Force"
(RAF), un código policial interno que concentra a los prisioneros que están en
el aire. Y se van a ir para arriba.
Algunos ya lo hicieron, a través del helipuerto de la Policía Federal, detrás de
la Ciudad Deportiva de Boca Juniors. Otros fueron conducidos a playas de
estacionamiento céntricas y aparecieron con un balazo en la cabeza, en un auto.
Y al día siguiente salieron en los diarios: "extremistas muertos en un
enfrentamiento".
Convocatoria al escrache al ex Centro Clandestino
de Detención Coordinación Federal - 24 de junio 2008.
El camión es conducido por personal
de otra fuerza del Estado pero tiene el apoyo de los miembros de las brigadas de
la Superintendencia, que van custodiando su salida en los vehículos oficiales.
Este traslado será terrestre y más prolongado. El camión llega hasta un
descampado en Fátima, cercano a la ruta provincial 8, partido de Pilar. La
brigada desciende a los prisioneros, les pegan un tiro en la nuca a cada uno con
una 45 o una 9 milímetros, y luego los acomodan debajo de una carga de trotyl. Y
entonces vuelan.
Este juicio que comenzará el martes próximo pondrá en conocimiento público las
responsabilidades criminales de la Superintendencia de la Seguridad Federal. No
sólo durante la dictadura militar. Sino durante el gobierno peronista 1973-76.
El principal testimonio en el que se apoya la acusación es el de Víctor Luchina,
ex miembro de la fuerza. Luchina había declarado en 1984 ante la CONADEP y en la
causa 13, contra las Juntas Militares. Luchina admite que ayudó a conducir a los
detenidos hasta el camión, pero dice que estaba de guardia, y no fue a Fátima,
ni formaba parte de las Brigadas. En sus testimonios describió torturas,
reconoció secuestrados y represores, relató operativos y traslados. Tiempo
después, se casó con una muchacha uruguaya, militante tupamara, detenida ilegal
del tercer piso de Moreno 1417.
La estructura. "En la Superintendencia existía un doble standard. Había
detenidos por delitos federales, contrabando o falsificaciones, y detenidos
políticos ilegales. "El órgano funcionaba como la central de espionaje interno y
represión de la Policía Federal", indicó a este diario el fiscal Felix Krous,
que intentará probar los cargos a los acusados.
En la Superintendencia, cada piso implicaba una función. En el noveno, el
Departamento de Extranjeros se ocupaba de la represión de los exiliados de
países limítrofes, a quienes enviaban a sus países de origen, luego de
detenerlos y torturarlos. El Departamento también prestaba cooperación de
inteligencia y logística para grupos de tareas extranjeros que venían a la caza
de los que escapaban de sus países. En ese piso se gestó el embrión del Cóndor,
el plan de represión conjunta de los países del Cono Sur.
El caso más paradigmático es el General Prats y su esposa, acogidos por Perón
para resguardarlo de Pinochet, asesinados por la policía secreta chilena, con la
colaboración de la Superintendencia, en setiembre de 1974. En otros pisos se
centralizaba información de inteligencia sobre asuntos "gremiales" "políticos",
"estudiantiles" o "subversivos".
Carlos Raúl Pargas, víctima de la masacre.
Antes del golpe de 1976, las
brigadas se ocuparon de espiar personalidades, y captaban a sus custodias para
que les brindaran información directa de sus protegidos, como fue el caso de
Lorenzo Miguel, Ricardo Balbín o el propio general Lanusse.
Cada brigada estaba integrada por cinco o seis miembros. Se sumaban a ellos
personal "de enlace" del Ejército o la Marina y procedían: detenían
"subversivos", los interrogaban bajo torturas en el tercer piso de la
Superintendencia y luego se decidía si los ponían a disposición de la RAF, del
PEN o los liberaban.
Durante los años 70 y 80, las brigadas formaron parte de la Triple A,
participaron en grupos de tareas de la dictadura militar, en los secuestros de
Osvaldo Sivak, de Mauricio Macri, en alzamientos carapintadas y luego formaron
parte de las agencias de seguridad del Aeropuerto de Ezeiza. Sin embargo, este
juicio es acotado a sólo tres "brigadistas", con responsabilidad en la Masacre
de Fátima, el expediente será una referencia jurídica para la apertura de nuevas
causas.
Uno de los acusados, Lapuyole, era director de Inteligencia. Gallone y Timarchi
eran miembros de las brigadas operativas. Los tres negaron que las detenciones
que realizaban fueran ilegales: cumplían órdenes de una "oficina judicial"
afincada en el segundo piso. Gallone incluso presentó la foto como prueba con
una madre de Plaza de Mayo como prueba de que era un hombre sin resentimientos.
Qué pasó el 19 de agosto del 76
La masacre de Fátima fue un acto de
propaganda política de la dictadura que utilizó una metodología propia de la
Triple A: exhibir los cuerpos como instrumento de terror y no hacerlos
desaparecer, que era el procedimiento de la dictadura militar. Con los restos
esparcidos por el campo, no podía argumentarse que había sido un enfrentamiento.
El propio Videla se sintió obligado a condenar este "hecho de violencia". Pero
luego de escrutar los cuerpos, no de identificarlos, lo causa se cerró. Y los
cuerpos fueron enterrados como "NN" en el cementerio de Derqui.
Hacia el fin de la dictadura se abrió un expediente que cambió varias veces de
jurisdicción. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) también empezó
a trabajar en las identificaciones. Aunque todavía no se logró determinar las
identidades de todos, se supo que algunos eran obreros, militantes de zona norte
y un dirigente gremial del Banco Nación. En el juicio, sus familiares darán
testimonio de cómo fueron secuestrados.
Tuvo lugar la primera audiencia del juicio oral. El primer juicio oral y público
por una de las matanzas emblemáticas de la dictadura militar, la "Masacre de
Fátima", en la que 30 personas fueron secuestradas, asesinadas y dinamitadas,
comenzó hoy contra tres ex jerarcas de la Policía Federal.
La Nación. Clic para ampliar
El Tribunal Oral Federal 5 (TOF5)
inició el debate en el proceso al comisario Juan Carlos Lapuyole, 78 años, ex
jefe de inteligencia de la Superintendencia de la Policía Federal; el comisario
Miguel Angel Timarchi, 65 años, y el comisario Carlos Enrique Gallone, 63 años.
Los tres uniformados llegaron a esta audiencia procesados como supuestos
"autores mediatos" de los delitos de "privación ilegal agravada" y "homicidio
calificado por alevosía" en 30 casos, es decir 20 hombres y 10 mujeres víctimas
en la llamada "Masacre de Fátima".
También en esta causa, caratulada
con el número 16.441 y desprendida de la llamada "Megacausa Primer Cuerpo de
Ejército", estaba procesado el comisario Carlos Vicente Marcote, ex jefe
operativo de la Superintendencia de Seguridad Federal, ya fallecido.
En la primera parte de la audiencia de hoy, se dio lectura a la requisitoria de
elevación a juicio oral elaborada por el fiscal federal Federico Delgado, que
calificó los hechos como "delitos de lesa humanidad", ocurridos en el centro
clandestino de detención que funcionó en la Superintendencia, ubicada en la
calle Moreno 1417.
A la noche del 19 al 20 de agosto de 1976, 30 prisioneros que estaban
secuestrados en el tercer piso de aquel edificio con la denominación "RAF" (por
la Royal Air Force) porque "estaban en el aire", es decir no registrados, fueron
sacados de allí por un grupo de tareas policial.
El policía Víctor Armando Luchina, que aquella noche estaba allí de guardia,
testimonió en la etapa de instrucción que cuatro de los prisioneros retirados
del lugar parecían muertos y los otros 26, dopados, y precisó que entre quienes
los trasladaban figuraba Gallone.
La Opinión. Clic para ampliar
Los subieron a un camión sin
identificación con el que fueron llevados a un playón de estacionamiento, y ahí
los ejecutaron de un disparo en la cabeza a cada uno. Luego se dirigieron a la
localidad de Fátima, en el partido de Pilar.
En el camino de Fátima a la ruta provincial 6, en el kilómetro 62 de la ruta
nacional ocho, descargaron los cuerpos y los apilaron, para luego proceder a su
voladura con una fuerte carga de trotyl, que al explotar se escuchó en toda la
zona, hacia las 4.30 de la mañana.
Los cuerpos fueron encontrados hacia las 5.30 de la madrugada por un grupo de
obreros de un horno de ladrillos, que se dirigían a su trabajo, y quedaron tan
destrozados que sólo 16 de ellos han sido identificados, pese a que han pasado
31 años.
Entre las víctimas figuraban Luis Leiva y Conrado Alzogaray, empleados de la
fábrica de autopartes Bendix, de la zona norte del Gran Buenos Aires.
Algunos sobrevivientes de la Superintendencia declararon en la etapa de
instrucción haber escuchado a los policías vanagloriándose de la ejecución de la
"Masacre de Fátima" en venganza de la bomba que "Montoneros" había accionado
poco antes en el comedor de esa repartición, la cual acabó con la vida de 27
uniformados.
En el juicio por la "Masacre de Fátima" se prevé que desfilen de 50 a 70
testigos y posiblemente las audiencias se prolonguen hasta julio próximo.
El ex comisario inspector Carlos Gallone aceptó por la tarde prestar declaración
indagatoria en el juicio por "privación ilegal de la libertad y homicidio
calificado por alevosía" que inició este martes el Tribunal Oral en lo Federal
5.
El detenido sostuvo que el 20 de agosto de 1976, fecha de la masacre, estaba en
Mar del Plata por ser fin de semana largo y no en su puesto de jefe del
Departamento de Sumarios de la Superintendencia Federal de la Policía Federal.
Ese fin de semana, 20 hombres y 10
mujeres detenidos de manera ilegal en el centro clandestino de detención que
funcionaba en la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal (ex
Coordinación Federal) en Moreno 1417 fueron trasladados hacia Fátima.
Todos fueron fusilados de un balazo en la cabeza, atados y con los ojos vendados
y sus cuerpos fueron luego dinamitados con trotyl.
Muy nervioso, Gallone, de 63 años, repasó su carrera en la Policía Federal como
custodio de varios ministros durante el último mandato presidencial de Juan
Domingo Perón.
Posteriormente fue designado en la Superintendencia por el ministro del Interior
de la dictadura, Albano Harguindeguy.
"Nunca me involucré en política ni
con los gobiernos democráticos ni con los de facto", expresó ante los jueces y
recordó un hecho que lo tuvo como protagonista.
El detenido relató que en 1981 fue
enviado a "encauzar" las marchas de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo frente a
Casa de Gobierno y en una de las marchas, una Madre se apoyó en su pecho
llorando, algo que fue registrado por los fotógrafos y publicado en varios
medios de comunicación.
"A partir de allí mis compañeros me abandonaron y uno de ellos me advirtió:
’esto te va a traer varias desgracias’, y hoy me encuentro sentado acá",
analizó.
Otro de los acusados, el ex comisario Juan Carlos "el Francés" Lapuyole, de 78
años, se negó a prestar declaración indagatoria.
El policía estaba al frente de las tareas de Contrainteligencia en el edificio
donde funcionaba el centro clandestino de detención, ubicado a sólo una cuadra
del Departamento Central de Policía.
Los camaristas Daniel Obligado, Ricardo Farías y Guillermo Gordo, accedieron a
un pedido de su defensa para que Lapuyole no asista más al juicio hasta el
momento de los alegatos y veredicto.
Según surgió este martes de la lectura de la acusación fiscal, las treinta
víctimas fueron drogadas antes del fusilamiento.
Los acusados ex jefes policiales Juan Carlos (alias "El Francés"); Carlos
Enrique "Pavo" Gallone y Miguel Angel Trimarchi escucharon durante dos horas y
media la lectura de los cargos en su contra.
Así comenzó el juicio en la sala de Audiencias de la planta baja de los
tribunales de Comodoro Py 2002, de Capital Federal.
El secretario del tribunal, Martín Schawb, leyó el pedido de elevación a juicio
formulado por el fiscal federal Federico Delgado quien no dudó en calificar esos
hechos como delitos de "lesa humanidad" y, por ende, imprescriptibles
En el marco del juicio a jefes policiales por el hecho ocurrido en esa localidad
de Pilar el titular del equipo de antropología forense, Luis Fondebrieder,
reveló que las treinta víctimas presentaban sus cráneos "explotados y
multifragmentados" por balazos antes de que sus cadáveres fueran dinamitados.
Concluye la etapa de testimonios por la "Masacre de Fátima".
El especialista declaró hoy en el juicio oral y público que se le sigue a los ex
jefes policiales Miguel Trimarchi, Carlos Gallone y Juan "el Francés" Lapuyole.
Ante el Tribunal Oral en lo Federal Cinco (TOF5), Fondebrieder relató con
minuciosidad las tareas realizadas por ese equipo de expertos que posibilitó la
identificación de 16 de las víctimas merced al análisis genético de restos
óseos, entre otras formas de investigación.
Explicó que en las tareas de exhumación del cementerio de Derqui, en el partido
de Pilar, donde habían sido enterrados los cuerpos, se trabajó con profesionales
de la arqueología forense que reemplazaron a los "sepultureros y bomberos" que
antes realizaban ese tipo de tareas y que permitieron llegar a la identificación
de esos cadáveres.
Con apoyo tecnológico de fotografías que fueron exhibidas en pantallas de la
Sala de Audiencias, el experto mostró los cráneos de algunas de las víctimas,
varios de los cuales llegaban a presentar hasta tres impactos de bala; "casi
ninguno tenía solamente uno", dijo.
En la duodécima jornada del juicio declaró en primer término el policía Juan
Carlos Losada, quien se desempeñaba como subinspector en Pilar en el momento de
los hechos y fue quien realizó el sumario tras el hallazgo de los cadáveres.
El testigo confirmó que se produjo una "situación muy irregular" como calificó
al posterior "extravío" de los juegos de fichas dactilares de las víctimas y
también refirió que cuando concurrió al lugar había, en las cercanías, un
"soldado del Ejército con uniforme de combate y armado".
Alejandra Godoy, una vecina del lugar, testimonió que esa mañana su padre se
había levantado "muy temprano" ya que durante la noche "escuchó ruidos y eso es
raro en el campo" tras lo cual se oyó una explosión que "creyó que había sido el
horno de ladrillos".
Al día siguiente en "el callejón", como conocen los lugareños la zona en la que
se dinamitaron los cadáveres, "había soldados y no dejaban pasar a la gente",
según declaró, al tiempo que añadió que luego se comentaba que "habían muerto
subversivos".
La de hoy fue una de las últimas jornadas en la que los camaristas Daniel
Obligado, Ricardo Farías y Guillermo Gordo (integrantes del TOF5) escucharán
testimonios ya que luego será el turno de los alegatos que, se estiman, serán
alrededor del 10 de junio próximo con un día para la fiscalía, la querella y
cada una de las tres defensas respectivamente.
En la Sala de Audiencias del subsuelo de los tribunales de Comodoro Py 2002,
donde se celebra la audiencia, el rol acusador está a cargo del fiscal titular
de la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos
Félix Crous y de la abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Carolina Varsky, como representante de la querella.
El hecho conocido como "Masacre de Fátima" ocurrió en esa pequeña localidad del
partido de Pilar, en la madrugada del 20 de agosto de 1976, en el cruce de
Camino de Tierra con la ruta 16.
Allí se escuchó una fuerte explosión, y horas más tarde se descubrieron 30
cuerpos despedazados. Luego se determinó que los cadáveres pertenecían detenidos
en un centro clandestino de detención en el campo de la Superintendencia de
Seguridad Federal de la Policía Federal Argentina que habían sido trasladados al
lugar para su asesinato.
El parte policial de la época determinó que las víctimas eran veinte hombres y
diez mujeres de edades muy jóvenes, incluso algunos adolescentes, de las cuales
sólo se identificó a una mujer y cuatro hombres.
Los cuerpos de las víctimas no identificadas fueron enterrados como NN en el
Cementerio de Derqui, aunque años más tarde fueron exhumados para
identificarlos.
32
años después
Cómo
fue la masacre
MASACRE
DE FATIMA - EL JUICIO
-Oigan,
miren cuánta gente!!!
MASACRE
DE FATIMA - EL JUICIO
La
película era más negra y más larga. Ese policía, el de la foto, el comisario
inspector Carlos Enrique Gallone, será juzgado por el Tribunal Oral Federal 5 a
partir del martes próximo por su responsabilidad en la peor masacre de la
dictadura militar: 30 cuerpos dinamitados en un descampado en la localidad de
Fátima, partido de Pilar. Bajo los mismos cargos, "homicidio calificado por
ensañamiento y alevosía y privación ilegítima de la libertad", serán sometidos a
juicio los ex policías Miguel Ángel Timarchi y Juan Carlos Lapuyole. La Fiscalía
pidió prisión perpetua. La causa tiene un policía prófugo, "El Japonés" Luis
Alberto Martínez.
MASACRE
DE FATIMA - EL JUICIO
MASACRE
DE FATIMA - EL JUICIO
