|
|
|
|
La
Iglesia sabía quién mató a los curas palotinos 4 días después del asesinato
En el documento diplomático, el embajador de EE UU contó que el nuncio
apostólico Pio Laghi le confirmó que las fuerzas de seguridad del gobierno
militar habían asesinado a los sacerdotes porque querían "limpiar la Iglesia".
Cuatro días después del asesinato de los curas palotinos en
la Iglesia de San Patricio, ocurrido el 4 de julio de 1976, la embajada
estadounidense ya había recibido la confirmación de que el crimen había sido
cometido por agentes de las fuerzas de seguridad argentinas que estaban actuando
"sin orden oficial de sus superiores". La fuente citada por la diplomacia del
país norteamericano fue el nuncio papal Pio Laghi, quien se basó en información
provista por el ministro del Interior de facto, Albano Harguindeguy. Laghi
también le dijo al representante de EE UU que un "alto oficial del gobierno" le
había anticipado que buscarían "limpiar la Iglesia". La trama oculta de la
Masacre de San Patricio, que evidencia los vínculos entre la jerarquía católica,
la dictadura y la embajada estadounidense, es apenas uno de los casos que
quedaron expuestos con una nueva filtración de cables diplomáticos del período
1973-76 realizada por la organización WikiLeaks.
"Asesinato de curas católicos y monjas podría ser una acción de las Fuerzas de
Seguridad del Gobierno Argentino", señala el título del cable enviado desde la
embajada estadounidense al Departamento de Estado el 7 de julio de 1976, tres
días después del homicidio de los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y
Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, en la
Iglesia de San Patricio, del barrio porteño de Belgrano.
El embajador Robert Hill agrega en el comunicado enviado con carácter "secreto"
que fueron informados por "un oficial designado al equipo presidencial, en el
grado más alto de confidencialidad, que cinco curas católicos y tres monjas
(sic) fueron ejecutados por miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE)".
Esa fuente señaló que la acción en realidad intentaba asesinar al líder de
Montoneros, Mario Firmenich, que supuestamente estaba siendo protegido por los
palotinos. Al día siguiente, otro cable titulado "Más sobre el asesinato de los
curas católicos", corrige el dato de las monjas asesinadas y confirma la autoría
por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno. La certificación, según
detallan, se las dio el embajador de la Santa Sede en el país, cargo que ocupaba
el italiano Pio Laghi.
Según el cable, Laghi confirmó que detrás del acto estaba la Junta Militar, pues
así se lo había informado el arzobispo de Buenos Aires, Juan Carlos Aramburu,
quien se había entrevistado recientemente con el ministro del Interior
Harguindeguy. El representante local del Vaticano también informó a la embajada
que el objetivo de los represores siempre fueron los curas palotinos porque no
era cierto que habían dado refugio a Firmenich.
Uno de los párrafos más significativos del cable para entender el vínculo entre
la jerarquía católica y la dictadura señala que "la Iglesia ha estado preocupada
de que uno de los seminaristas haya tenido conexiones 'tercermundistas'. Sin
embargo, el nuncio enfatizó que aún si ese hubiera sido el caso, difícilmente se
justifican los asesinatos de los seminaristas y, mucho menos, los de los curas
que no estaban involucrados de ninguna manera."
Finalmente, el cable destaca que el nuncio apostólico había sido informado por
fuentes gubernamentales de la intención de "limpiar la Iglesia" y que sospechaba
que este era apenas "el primer paso" en ese sentido. Por ello, expresó su temor
de que sobreviniera una "ola de terror de derecha como nunca habían visto
antes". El mensaje culmina con una impresión oficial de la legación
estadounidense: "la embajada se inclina a coincidir".
Al día siguiente, la versión oficial esparcida por la dictadura responsabilizaba
a "elementos subversivos". Una primera investigación realizada por el juez
Guillermo Rivarola entre 1976 y 1977 no produjo ninguna detención. En 1984, ya
en democracia, la causa fue reabierta y, luego de tres años sin sentencia, el
juez Néstor Blondi liberó a los únicos dos procesados por considerar que los
crímenes habían prescripto. El único que llegó hasta el final fue el periodista
Eduardo Kimel, quien en 1989 publicó una exhaustiva investigación donde
identificó al grupo de tareas que efectuó la matanza, denunció la complicidad
del Poder Judicial y la Iglesia y terminó condenado por calumnias.
Infonews