La Nomenklatura Académica
en la Cultura Argentina (era M-K)


Examen de las principales pistas en la novela negra de las ciencias y las humanidades criollas

Eduardo Saguier

(Reproducción con autorización del autor)

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Historiador, economista e investigador independiente del CONICET de extenso currículum, Eduardo Saguier es autor, entre otras obras, de la monumental Genealogía de la tragedia argentina (1600-1900).

La Nomenklatura Académica en la Cultura Argentina (era M-K). Examen de las principales pistas en la novela negra de las ciencias y las humanidades criollas.

[Se reproducen los primeros cinco capítulos, el libro completo en formato doc comprimido (168K) puede descargarse desde el enlace superior]

Organización de la obra

Capítulo I Introducción. El miedo enquistado en la intelectualidad argentina
Capítulo II Privatización mercantilista de la investigación, transferencias tecnológicas y plagio del Bayh-Dole Act
Capítulo III Planificación autoritaria del Observatorio Nacional de CyT u ONCTIP (Ministerio de CyT)
Capítulo IV Doble obligación, múltiple subordinación y combinación de donaciones y sobresueldos en la educación superior argentina.
Capítulo V Corrupción institucionalizada de las autoridades pertenecientes a emblemáticos organismos públicos mediante los subsidios distribuidos por la FONCYT-Agencia (Ministerio de CyT)
Capítulo VI Repetición concentrada de los subsidios otorgados por la Agencia y su obscena desigualdad
Capítulo VII Complicidad con el peculado de Coordinadores de la FONCYT-Agencia
Capítulo VIII Favoritismo clientelístico fraguado en el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), dependiente de la Agencia
Capítulo IX Encubrimiento del peculado por el Comité de Ética en Ciencia y Tecnología (CECTE), dependiente del Ministerio de CyT
Capítulo X Connivencia con el negociado por parte de las autoridades del propio CONICET, dependiente del Ministerio de CyT
Capítulo XI Autorizaciones abusivas de asesorías por el Directorio del CONICET
Capítulo XII Colaboración con la defraudación por parte de los Secretarios de CyT de las Universidades Nacionales
Capítulo XIII Participación en el pillaje y el fraude electoral de los Consejeros Universitarios
Capítulo XIV Conclusiones

Bibliografía

Apéndices

Apéndice I Denuncia de un geólogo al Presidente del CONICET Dr. Charreau
Apéndice II Ciencia y escándalo en Argentina (IX-2002)
Apéndice III Concentración (duplicación, triplicación y cuadruplicación) de los subsidios de la FONCYT-Agencia (era M-K)
Apéndice IV Subsidios de la Agencia otorgados a los Coordinadores de la Agencia
Apéndice V Mensaje del Presidente del ANPCYT Dr. José Lino Barañao (XII-2006)
Apéndice VI La mafia de la ingeniería química en Argentina (2002)
Apéndice VII Subsidios y préstamos de la FONTAR-Agencia (ANPCYT) otorgados a empresas privadas (1998-2001)
Apéndice VIII Subsidios de la Agencia asignados a autoridades del CONICET
Apéndice IX Asesorías aprobadas por el Directorio del CONICET 1997/1999
Apéndice X Subsidios asignados a los Secretarios de CyT de las Universidades Nacionales


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La Nomenklatura Académica en la Cultura Argentina (era M-K). Examen de las principales pistas en la novela negra de las ciencias y las humanidades criollas.

Capítulo I

Introducción. El miedo enquistado en la intelectualidad argentina

¿A que razones históricas (culturales, políticas, sociológicas y psicológicas) obedece el profundo miedo enquistado en la opinión pública intelectual argentina?, ¿a qué obedece la autocensura, conformidad o resistencia a opinar críticamente sobre cuestiones que hacen a la democratización de la ciencia, el arte y la cultura?, ¿por qué motivos numerosos y consagrados intelectuales vienen callando la dominación autoritaria y facciosa que prevalece en las estructuras de los organismos de cultura argentinos?, ¿por qué motivo los institutos de investigación de las Universidades Nacionales (e.g.: el Instituto Gino Germani) no encararon este drama, y por el contrario en algunas de sus investigaciones (e.g.: Naishtat y Toer, 2005), las preguntas formuladas en las encuestas practicadas se redujeron a problemáticas e hipótesis de muy relativa relevancia (la representatividad formal)?

Difícil es contestar estos interrogantes y aproximar un diagnóstico y una evaluación del origen de este trauma, dada la escasez de pruebas, testigos, investigaciones y estadísticas confiables a las que se pueda recurrir (la mayor parte de los expedientes de estos casos no están al alcance de una investigación pues están clasificados como confidenciales). Incluso, internacionalmente, los trabajos al respecto --aparte de los clásicos como los de Gouldner (1980), Collins (1979) y Ringer (1969)-- se focalizan exclusivamente en la clase profesional (Martin, 1991; y Schmidt, 2000). Sin embargo, pese a esta exigüidad, es nuestra obligación intentar ensayar una respuesta que indague en la indiferencia y las patologías de la ciencia y la cultura argentina y en la negligente omisión de sus actores, que arroje algo de luz en la crisis que padecemos.

Tradicionalmente, la ciencia política ha probado que el miedo, en sus diferentes intensidades, es un ingrediente propio de los regímenes fascistas y dictatoriales, donde las primeras víctimas son los intelectuales independientes; y que por el contrario, en los regímenes democráticos, dicho miedo se va extinguiendo a medida que la permisividad, la tolerancia y las libertades democráticas se consolidan. No obstante, la actualidad presente en los medios culturales argentinos permite verificar una realidad de signo adverso, pues aunque las instituciones democráticas se han restaurado, el modelo neoliberal fue derrotado, y las Leyes del Perdón (Obediencia Debida y Punto Final) fueron derogadas, el miedo al poder persiste entre los intelectuales, artistas y científicos, de las ciencias duras y blandas, jóvenes y viejos, y a una escala y gravedad cada vez más crecientes.

Una explicación de estas dolorosas supervivencias sería que frente al inconcluso intento de restauración democrática (1983), a la parcial derrota experimentada por el neoliberalismo (2001), y al lento mecanismo judicial restaurado (2005), al no haberse erradicado de cuajo dicha triple herencia –que ha quedado plasmada en actores colaboracionistas de esas épocas y en prácticas, legislaciones, regulaciones, reglamentaciones y jurisprudencias antidemocráticas aún vigentes-- no se habría podido afianzar la participación y la confianza mutua de la comunidad intelectual.

Pero otra explicación, de una entidad aún más compleja y profunda, es la que han dado recientemente, poniendo énfasis en diferentes aspectos, los filósofos Claudia Hilb, Héctor Schmucler, Ricardo Panzetta, Tomás Abraham y León Rozitchner. Estas explicaciones fueron a propósito del reportaje publicado al ex guerrillero Héctor Jouve, (quien relata las ejecuciones producidas en Salta en 1963 de un par de combatientes aparentemente “quebrados” y la fugaz y supuestamente “interesada” presencia en el campamento guerrillero del intelectual de Pasado y Presente Pancho Aricó), y a la lacerante carta-confesión y las densas y sabias réplicas hechas a los escritores Jinkis, Ritvo y Grüner por el filósofo Oscar del Barco. Hilb centra su explicación en las nociones de revolución e igualdad, Panzetta al relato de Jouve, Schmucler a los asesinatos de Rottblatt y Gronwald, Abraham al arrepentimiento de Del Barco, y Rozitchner a la inexplicable demora de más de veinte años en producir dicho arrepentimiento. Al decir de Rozitchner, por no haber querido “…dar nombres y darles rostros y vida a los fantasmas que engendramos en los otros, dejábamos de mostrar los [fantasmas] que el terror pasado prolongaba en la actualidad política, aunque siguieran trabajando silenciosos en nosotros” (Rozitchner, 2006).

Por esa precisa razón, es que Del Barco en su carta-confesión le urge al laureado poeta Juan Gelman para que ahora hable claro, de manera tal de poner transparencia al pasado. La misma petición de transparencia retrospectiva podría también extenderla Del Barco a los restantes miembros del Comité Editorial de Pasado y Presente, en especial a aquellos que operaron una década más tarde con la nueva serie, de abril-junio de 1973 (Feldman, Nun, Aricó, Portantiero, Torre, Tula, etc.), y a los autores de su principal, anónimo artículo idealizador del peronismo titulado “La ´Larga Marcha´ al Socialismo en la Argentina” (1). Esta necesidad de transparencia obedece a que otra década después de aquella última aventura revolucionaria (1973-74), que terminó en un genocidio, y luego de su retorno del exilio, algunos de esos protagonistas aparecieron nuevamente militando en política pero con otro signo partidario radicalmente adverso (UCR) y en funciones de poder, como fue el caso del núcleo intelectual armado por el empresario de medios Meyer Goodbar y conocido como Grupo Esmeralda (2). La sospecha de la existencia de un aventurerismo y oportunismo entrista, disfrazado de una permanente búsqueda de anclaje o cable a tierra político partidario, combinado con vínculos financieros ocultos y clandestinos, enquistados en la intelectualidad argentina, tal como en su momento lo sugirieron muy elípticamente Castañeda (1993), Burgos (2004) y Kohan (2004) no puede escapar entonces a nadie que no peque de inocencia (3).

Una democracia inconclusa sería entonces aquella que preserva escrupulosamente las formalidades y el protocolo, pero donde la transparencia y la sustancia autocrítica, deliberativa, meritocrática, competitiva y exogámica del ejercicio democrático está crudamente ausente, por la falta de voluntad política y académica para revisar el pasado y oxigenar las instituciones culturales presentes, las que no por casualidad se perpetúan en condiciones herméticas, desjerarquizadas, fragmentadas y patológicamente contaminadas. Su nociva trama se derrama en distintas hebras y nudos a los niveles laterales correspondientes a las profesiones liberales, y a las escalas inferiores de las instituciones educativas, al extremo de que el poder político boicotea la formación de Telecentros Comunitarios (4); y, por el contrario, intentó privatizar la investigación pública con las denominadas transferencias tecnológicas y pretendió embarcar al país en el mercantil y anti-pedagógico Proyecto de Nicholas Negroponte (5). Por todo ello, no basta con modificar sólo la Ley de Educación Superior; sino que es preciso producir una democratización profunda de todas las instituciones de la cultura, incluidas las referidas a los medios de comunicación masiva.

Es decir, una comunidad donde los intelectuales no son físicamente perseguidos por sus opiniones, y donde no existe censura, cárcel ni patíbulo por el “pecado” de disentir; pero donde sin embargo el miedo a “descolocarse” o “desubicarse” con quienes detentan el poder --peligrando el puesto de trabajo o malogrando privilegios económicos, como incentivos, becas, premios, subsidios, subvenciones y asesorías o consultorías-- está culturalmente enquistado y psicológicamente internalizado. En otras palabras, una comunidad donde rige una violencia simbólica ilegítima, tácita y/o latente, que está destinada ex profeso a domesticar y disciplinar las mentes, las conciencias y las vocaciones, subordinando a los intelectuales al status de cortesanos del poder, impone un silencio a dos puntas; que amedrenta a los jóvenes con bloquearles sus pretensiones de ascenso académico, y a la vieja guardia intelectual que persista en su independencia con sabotearle una jubilación digna. Este enquistamiento e internalización no les permitiría ensayar la voluntad de confesar o discrepar, ni proponer cambios, ni denunciar anomalías o corrupciones, ni prestar solidaridad alguna para con los que a juzgar por su independencia de criterio son segregados, anatematizados y/o moralmente acosados. Aunque les muerda el dolor del vacío, la indefensión y la pérdida de su autoestima, estos últimos se encontrarían ante la patética situación en la que “nunca podrían esperar una mano, una ayuda ni un favor”.

Este inhumano y desolador cuadro, que se ceba en aquellos a quienes el sistema estigmatiza como chivos expiatorios, y que por el contrario premia y asciende a sus aduladores y esbirros, intimida a la comunidad intelectual, la expulsa a una deserción y un ostracismo que aumenta la brecha con los países centrales, o la incita a refugiarse en patologías o pautas de conducta violatorias de los códigos académicos, legales y morales. Entre esas patologías o moral de frontera rigen la intriga, el chisme, el secretismo, la extorsión y el chantaje; y el buscar seguridad y protección en trenzas, roscas y camarillas, que le permitan sobrevivir y compartir los eventuales botines de guerra bajo los eufemismos de incentivos, premios, becas, subsidios y asesorías o consultorías, así como lo parapeten cual si fueran casamatas o búnquers, contra la indiferencia, la discriminación, la postergación y la represalia. Y entre los botines de guerra se encuentra también la apropiación privada de descubrimientos que fueron financiados por organismos públicos (ver Apéndice I). Toda la libido intelectual estaría entonces focalizada en “hacerse amigo del juez”, en reforzar y consolidar identidades de tipo clánico, y en concertar vínculos insanos como el compadrazgo, el tráfico de influencias y la coalición en camarillas o logias, con las que poder disputar con éxito las diferentes instancias de poder académico, científico y cultural (elecciones de claustro, integración de comisiones y comités editoriales, constitución de jurados y referatos, organización de congresos, coloquios, simposios y mesas redondas, etc.).

Sin embargo, para el Prof. Joaquín E. Meabe, en una comunicación personal, la trampa de las ciencias y las humanidades en la Argentina no radicaría esencialmente en la corrupción y el peculado sino en la adaptación y el servilismo moral e intelectual. En efecto, en el enmudecimiento y autocensura cómplice, y en la trama de las relaciones de poder cortesanas y oportunistas, y no en los méritos intelectuales propios, ni en las rupturas epistemológicas o metodológicas alcanzadas en sus investigaciones y ponencias, estaría cifrada toda la esperanza de inmunidad, reconocimiento, cooptación y promoción académica.

Esta búsqueda perversa de un nicho ilegítimo y de un puesto en la lista de espera para ingresar a una corrupción instalada o institucionalizada lo induciría a su vez a incurrir en diversos procesos y mecanismos cínicos y ficticios de verdadero gangsterismo intelectual y moral (encubrimiento, fraude, simulación, adulteración, plagio, etc.), y en una constante propensión a rehuir la polémica o el debate franco, donde la originalidad, la creatividad y la fractura con lo establecido estarían obstinadamente ausentes. En la lista de espera para incorporarse a la corrupción institucionalizada nos encontraríamos con: a) los que aspiran a becas indebidas; b) los que esperan categorizaciones, ascensos y autorizaciones impropias; c) los que revistan en las grillas de ñoquis académicos en las universidades y en el CONICET; d) los que forman las comisiones asesoras del Ministerio de CyT; e) las editoriales que usan las universidades como mercado cautivo de basura encuadernada; y f) los periodistas científicos que ejercitan su complicidad en los grandes medios.

A los fines de esta investigación, en principio nos hemos propuesto reunir una larga serie de denuncias formuladas públicamente en la última década (1997-2007), acompañadas por diez (10) apéndices, rescatados muchos de ellos de los foros electrónicos, donde se analizan como en una novela negra la trama de nudos y flujos y las más severas y extremas patologías, propias casi de una crónica policial, que se desplegaron en los organismos del ámbito científico-educativo al amparo de la impunidad brindada por una corrupción institucionalizada (legal o funcionaria conocida recientemente como fruto de una captura del estado lograda por asociaciones ilícitas que persiguen objetivos de grupo o facción), tales como la Agencia Nacional para la Promoción Científico y Tecnológica (ANPCYT), el Directorio del CONICET, las Secretarías de CyT de las Universidades Nacionales, los Consejos Directivos de las Universidades Nacionales, el Comité de Ética en Ciencia y Tecnología (CECTE), el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) y el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (ONCTIP).
Concatenar el material pertinente ha llevado un esfuerzo considerable pues el mismo corresponde a etapas distintas de una prolongada litis que arranca del Pacto de Olivos (1994) y culmina con el ocaso del Kirchnerismo (2009), en la que se padeció también de agresiones y persecuciones de toda laya. El orden del material de denuncias expuesto en diversos capítulos sigue al de los organismos denunciados comenzando con la Agencia, siguiendo con el CONICET y culminando con las Universidades Nacionales.
En efecto, para comenzar tratamos el miedo enquistado en la intelectualidad argentina, en segundo lugar la privatización mercantilista de la investigación, las transferencias tecnológicas y el plagio del Bayh-Dole Act; a continuación la planificación autoritaria del Observatorio Nacional de CyT; en cuarto término la doble obligación, la múltiple subordinación y la combinación de donaciones y sobresueldos en la educación superior; en quinto lugar la corrupción institucionalizada de las autoridades pertenecientes a emblemáticos organismos públicos mediante los subsidios distribuidos por el Fondo Nacional Científico y Tecnológico (de ahora en mas FONCYT-Agencia); más luego la repetición concentrada (duplicación, triplicación y cuadruplicación) de los subsidios de la misma FONCYT-Agencia y su obscena desigualdad; en séptimo término la complicidad con el peculado de los Coordinadores del FONCYT-Agencia; a continuación el favoritismo clientelistico fraguado en el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), dependiente de la Agencia; en noveno lugar el encubrimiento del peculado por parte del Comité de Ética en Ciencia y Tecnología (CECTE), dependiente del Ministerio de CyT; en décimo término la connivencia con el negociado por parte de las autoridades del propio CONICET; más luego las autorizaciones abusivas de asesorías y consultorías por el Directorio del CONICET; en duodécimo lugar la colaboración con la defraudación por parte de los Secretarios de CyT de las Universidades Nacionales; y para terminar la participación en el pillaje y el fraude electoral de los Consejeros Universitarios. Como corolario final la obra cierra con una breve conclusión.

Notas

(1) La idealización del Peronismo hecha por Pasado y Presente en 1973 la explicitó Burgos en una docena de páginas (Burgos, 2004, 208-217). Pero en dicha crítica Burgos no se detuvo a estudiar el siguiente párrafo: “Estos son, a nuestro entender, los rasgos que definen la originalidad del movimiento peronista. De un movimiento que, con el triunfo electoral del 11 de marzo [1973] dio los primeros pasos hacia una nueva etapa de su historia. Ese día, el peronismo actuó como síntesis política del conjunto de clases que se opusieron, desde 1966, al proyecto monopolista, cuantificó en las urnas todo el odio acumulado por el pueblo frente al imperialismo y sus aliados internos. El pronunciamiento masivo que significó el voto, puso también al descubierto el error de quienes, desde una izquierda que salía de la crisis del reformismo y que había logrado una primera inserción en el movimiento de masas, propugnaron el voto en blanco, alentando una vana ilusión de pureza programática”. (Debo el ejemplar de este inhallable número de Pasado y Presente a la generosidad de Martín Sivak, hijo de mi malogrado amigo Jorge Sivak)
(2) Juan Carlos Portantiero , Juan Carlos Torre, Emilio De Ipola, Hugo Rappaport, Pablo Giussani, Pedro Parturesni y Sergio Bufano (Rodríguez, 2005).
(3) ver Burgos, 2004, 91 y 107.
(4): Delgadillo, Gómez, y Stoll, 2000;
(5) En el proyecto se encontraban implicados los intelectuales argentinos Alejandro Piscitelli y Adrían Paenza, así como un departamento de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA dirigido por el Dr. Hugo Scolnik. Para la réplica al proyecto de Negroponte ver Villanueva Mansilla, 2006.


Capítulo II

Privatización mercantilista de la investigación, transferencias tecnológicas y plagio del Bayh-Dole Act

Entre las funciones de control simbólico y jurídico en los ámbitos científico-educativos se destacan como claves las denominadas transferencias tecnológicas. Estas funciones no son nuevas en Argentina por cuanto remontan sus orígenes a la época colonial, cuando las transferencias tecnológicas practicadas en la industria minera fueron importadas desde España, y en la era decimonónica cuando las industrias frigoríficas y ferroviarias fueron transferidas desde Inglaterra y Francia.

Pero la reciente y moderna noción de transferencia tecnológica, como etapa crucial en la tendencia hacia la corporativización de las universidades, y como eufemismo fraudulento para ocultar la cesión de la investigación pública a los intereses privados, se inició en Estados Unidos en 1980 como forma de superar al Japón en la carrera tecnológica, y tuvo su origen conceptual en la aprobación por el Congreso Norteamericano de algunas enmiendas a la Ley de Patentes, conocidas como el Acta o Ley de Bayh-Dole (Public Law 96-517, patrocinada por los Senadores Birch Bayh y Robert Dole en 1980), y como el Acta de Transferencia Tecnológica Federal de 1986 (PL 99-502). [1] Esta noción legal de transferencia tecnológica, o de concesionamiento monopólico de patentes y royalties, se operacionalizó en Estados Unidos a través de las universidades y fue aparentemente exitosa tanto en materia de producción de patentes universitarias, como en cuanto al aumento del producto bruto y el empleo de mano de obra calificada. [ 2]

Pero en Argentina, donde dicha Acta recién se la terminó de plagiar o mimetizar en 1995 (Ley de Educación Superior No. 24521 y el Decreto 1331/95), su traducción en Leyes y Decretos tendió aún mas que en USA a privatizar la investigación pública y a sujetarla a una estratificación geopolítica del conocimiento, acentuando así la brecha científica que separa las metrópolis imperiales con los llamados países en desarrollo, e imposible de cubrir sólo con una red global de educación a distancia (Global DistEdNet), tal como hipócritamente lo perora el Banco Mundial. Esta estratificación opera no solo mediante los Portales electrónicos y las Bases de Datos, los cuales se hallan cada vez más arancelados en manos de grandes conglomerados privados multinacionales, y por ende cada vez más reservados y secretos para el acceso de las instituciones y universidades de los países periféricos, sino también mediante las autorestricciones impuestas por el Consenso de Washington, tales como aconteció con las investigaciones misilísticas y satelitales desarrolladas en Falda del Carmen, Córdoba (Cóndor II). [ 3]

Las contrataciones de transferencia tecnológica hechas a imitación de esta Ley Norteamericana se originaron en Argentina en la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica, Ley 23.877 de 1990, proyectada por el Diputado Nacional Jorge Rodríguez (La Pampa), aunque redactada por el físico Conrado González, y en la Ley de Educación Superior de 1995, cuyas cláusulas pertinentes habrían tenido su verdadero origen en la Bayh-Dole Act (1980). [ 4] Esta Ley 23.877 y sus Decretos son muy semejante a la Ley Básica de Ciencia y Tecnología de Colombia, así como a los Programas de Apoyo a la Competitividad Industrial y a la Calidad y Productividad en Brasil. [ 5] Estas Leyes y Decretos, promulgadas en Argentina, debieron además, como aconteció en Estados Unidos, presuponer una radical descodificación de antiguas concepciones acerca del conocimiento, la investigación y la educación superior, y de sus relaciones con el poder político y la industria, que nunca fueron públicamente debatidas. [6]

Todo conocimiento --ya sea descubrimiento, invención o interpretación-- debe de acuerdo con esta Ley superar la tradicional concepción de la propiedad intelectual, que en las universidades consistía en compartir la propiedad de las mismas en forma común o colegiada y abierta. Por el contrario, a partir de estas Leyes y Decretos dichos conocimientos innovadores deben devenir propiedad individual y secreta, susceptibles de ser registrados, patentados y comercializados, es decir capaces de ser comprados y vendidos y por ende concesionados al mejor postor privado. Y la sede de toda educación superior, debe dejar de ser una "torre de marfil", de reflexión pública e independiente, y debe constituirse en una suerte de corporación capitalista moderna o privada-mercantil. [ 7] Pero para poner en funcionamiento dicha Ley de Fomento y Transferencia Tecnológica, se necesitaba reglamentarla mediante un Decreto del PEN. La inescrupulosidad y urgencia de quienes reglamentaron dicha Ley, mediante el Decreto no.508 del 26 de marzo de 1992, llegó a estimular la corrupción y las prácticas perversas otorgando incentivos promocionales a personas jurídicas procesadas y condenadas por delitos dolosos así como a personas físicas exoneradas de la Administración Pública. Estas circunstancias-- que si bien son reconocidas en los considerandos del nuevo Decreto de 1995-- no son en ella debidamente detalladas y documentadas, ni siquiera en apéndices.

Por ello, cuando en 1995 se concretan las perspectivas de lograr un préstamo del BID y del Banco Mundial para las universidades, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) se vio precisado a elaborar un nuevo Decreto, el no. 1331/95, modificatorio de dicha Ley 23.877, y a colocar en las áreas respectivas al nuevo personal gerenciador capaz de llevarlas a cabo a toda marcha y sin escrúpulos. En este aparente nuevo Decreto higienizador, los lobbystas aprovecharon para codificar su verdadero caballo de Troya, consistente en una institución plagiada del Bayh-Dole Act de 1980, que establece en su art.1o, inc.a, que "...podrán ser beneficiarios de los incentivos promocionales las mismas Universidades Nacionales". A su vez, este furtivo y subrepticio inciso se amparaba taimadamente en el articulado de una Ley aprobada meses antes, el art.59, inc. e) de la Ley 24.521 de Educación Superior, que incentivaba a las mismas Universidades Nacionales para que constituyan "...personas jurídicas de derecho público o privado", o participen en dichas personas jurídicas "...no requiriéndose adoptar una forma jurídica diferente para acceder a los beneficios de la ley 23.877".

Las sucesivas reglamentaciones de dicha Ley 24.521, en 1992 y 1995, y el Programa para la Reforma de la Educación Superior (PRES), que fuera cofinanciado por el Banco Mundial, pusieron a las Universidades Nacionales a merced de una red de funcionarios aventureros interesados en bastardearlas y lucrar con las mismas. En otras palabras, el estado nacional, que crónicamente se había desinteresado de la suerte de las Universidades Nacionales, limitándose a fundarlas como fruto de negociaciones políticas y a dejarlas libradas a la buena de Dios, súbitamente cuando se encontró con los fondos del Banco Mundial (U$S 160 millones) se entró a interesar por ellas, para lo cual ideó este último Decreto reglamentario, que vino a acicatear o extorsionar a las Universidades Nacionales para que se corrompieran, o mas bien se prostituyeran, con la cuasi certeza de que por ser autónomas y autárquicas estarían más cubiertas de la persecución de la justicia (ver el caso de la Universidad Nacional del Litoral en el Apéndice II).

No obstante este preciso Decreto, también se dictaron otros decretos y específicas ordenanzas para incentivar la adopción de la transferencia tecnológica, que dieron nacimiento --a posteriori del Pacto de Olivos (1994)-- a nuevas instituciones, tal como el Fondo de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior (FOMEC). Este último Programa dejó de funcionar y fue reemplazado en la práctica –a juicio de Toscano (2004)- por el Fondo para la Investigación Científico y Tecnológica (FONCYT) y el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), ambos dependientes de la Agencia Nacional para la Promoción Científico-Tecnológica (ANPCYT); y por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), esta última sustitutiva de la Comisión de Acreditación de Posgrados (CAP), con cuyos respectivos Comités de Pares pudieron luego incurrir sin sobresalto alguno en reiteradas irregularidades de todo calibre. [ 8]

Más aún, instituciones como la transferencia tecnológica del Bayh-Dole Act, las practicas de la confidencialidad en las funciones evaluadoras, la evaluación externa y la acreditación por la CONEAU de instituciones y programas académicos arancelados, la planificación autoritaria del Observatorio Nacional de CyT; y otras como el voucher y la escuela charter (que en Argentina no alcanzaron a concretarse, y que fueron utilizadas y criticadas en el país del Norte), son manipuladas en países como los nuestros de una manera soez, y habrían venido a legalizar la privatización o captura de espacios públicos –los que debieran ser indelegables e intransferibles-- tales como las Universidades Nacionales, sometiéndolas ahora al dictado despótico del poder económico, corporativo y financiero.

Las políticas de filantropía o mecenazgo corporativo y las estrategias fiscales que promueven el mecenazgo privado en las instituciones científicas, incluidas las universidades, mediante subsidios, donaciones y créditos impositivos tendría mucho que ver con la apropiación privada del mundo académico por parte del poder corporativo y financiero, lo cual vendría a agudizar aún mas la estratificación geopolítica de la investigación científica. [ 9] Estas actividades filantrópicas y crediticias, para beneficio de una supuesta transferencia tecnológica, habrían devenido así en prácticas que fueron desinformadoras de la opinión pública, corruptoras de las actividades legislativas y administrativas, entre ellas de una nutrida minoría de la planta de Investigadores del CONICET, y discriminatorias para con aquellos Investigadores que amén de la investigación ejercen complementariamente la docencia en establecimientos públicos.

Todo esto ha derivado en un cuadro de especulación cultural y científica, que al privatizar la investigación pública mediante contratos, transferencias y peajes, y sembrar las universidades y la comunidad científica con un ambiente de lucro y de un “sálvese quien pueda” ha acentuado el clima de desolación y estrago moral y espiritual existentes.

Notas

[ 1] ver Noble, 1984 ; Minsky, 2000 ; y Foray y Kazancigil, 1999.
[ 2] Para una estimación de los efectos cuantitativos positivos de la Bayh-Dole Act en USA, ver Mowery, Nelson y Sampat, 2000 ;
[ 3] ver Barcelona y Villalonga, 1992 ; Santoro, 1998 ; y Madani, 2000.
[ 4] El art. 5º. de la Ley 23.877 autoriza a las instituciones oficiales de investigación y desarrollo (eufemismo con el cual buscaron disfrazar la identificación de las Universidades Nacionales) que adhieran a dicha misma Ley a "...establecer y/o contratar unidades de vinculación [entes no estatales constituidos para la identificación, selección y formulación de proyectos de investigación y desarrollo, transmisión de tecnología y asistencia técnica] con la finalidad de que dispongan de una estructura jurídica que les permita una relación más ágil y contractual con el sector productivo de bienes y/o servicios".
[ 5] ver Vessuri, 1997, 153.
[ 6] Para una estimación de los efectos cualitativos negativos de la Bayh-Dole Act en Estados Unidos, ver Soley, 1995 ; White y Hauck, 2000 ; y Foray y Kazancigil, 1999.
[ 7] ver Minsky, 2000.
[ 8] En ese preciso sentido, la CONEAU dictó en 1998 la Ordenanza 002, por la cual en su artículo 4º. se establece que en sus Informes anuales las instituciones universitarias que buscan ser acreditadas deberán prioritariamente indicar si la institución dió inicio o no a las estrategias de producción y transferencia.
[ 9] Sobre la apropiación del mundo académico por parte del poder corporativo, ver Soley, 1995 ; y White y Hauck, 2000.
Fuente: Pol-Cien-III-2003)


Capítulo III

Planificación autoritaria del Observatorio Nacional de CyT u ONCTIP (Ministerio de CyT)

En materia de autocensura informativa, el crédito mayor lo lleva el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, perteneciente a la órbita del Ministerio de Ciencia y Técnica, el cual se ha caracterizado por omitir toda referencia a la corrupción y la falta de transparencia desplegada en la educación superior y en los organismos de ciencia. Dicho Observatorio, creado en febrero de 2004, formalizó su incorporación en la red global como miembro afiliado del Observatorio Científico Tecnológico de la Unión Europea.
El objetivo de estos Observatorios es el de recopilar información-base para ser catalogada, compilada, analizada y convertida en indicadores para que sean empleados en diferentes análisis y mecanismos de toma de decisiones. Sin embargo, en el caso argentino, esta toma de decisiones pareciera asimilarse más a una planificación autoritaria de un comisariato político que a una planificación democrática, si nos hemos de atener a las declaraciones y a los mecanismos de acumulación informativa y de designación de las autoridades del ramo. En efecto, esta incorporación supone una cesión gratuita de nuestra información científico-tecnológica, que sumado a nuestro enfeudamiento de los recursos energéticos y comunicacionales al reino de España hace de nuestro país una de las naciones más vulnerables del planeta.
Más aún, el entonces Secretario de Ciencia y Técnica Ing. Tulio Abel del Bono manifestó el 17 de abril de 2004 en Página 12, en un objetado reportaje que figuró en la portada de la SECYT en Internet, que el propósito de su gestión es el de "integrar el sistema científico con objetivos, estrategias, acciones y prioridades comunes". Las dudas que despertó este emprendimiento oficial y estas declaraciones son numerosas y fundadas, tal como se manifestó en el mensaje electrónico titulado Autoritarismo en la Ciencia Argentina (Del Bono-2004). En principio, entendemos que dejar librada la planificación del sistema científico-tecnológico de un país profundamente dependiente a merced del comportamiento de meros indicadores cuantitativos, cuando menos merece el calificativo de ingenua y también el de profundamente sospechosa.
Los sistemas científico-tecnológicos de los países avanzados, por estar dotados de altos grados de transparencia en los procedimientos, participación democrática y competitividad y excelencia científica, su performance puede ser exitosamente medida por indicadores cuantitativos. Pero en aquellos otros países de la periferia, donde en sus sistemas de ciencia y técnica prevalecen todo tipo de patologías, intentar medir su performance mediante dichos indicadores cuantitativos llevaría directamente al fracaso más rotundo, debido a la carencia de fiabilidad, credibilidad y confiabilidad de dichas estadísticas. En este tipo de sistemas, gangrenado por una creciente corrupción académica, se impone una cirugía mayor que instaure definitivamente estructuras institucionales y estándares de conducta equivalentes con los que nos rigieran en nuestros orígenes como república independiente y democrática y con los vigentes en los países centrales.
En segundo lugar, las designaciones de los responsables de aquellos emprendimientos que cuentan con financiación internacional (FOMEC, Transferencias Tecnológicas, etc.) suelen recaer siempre en los mismos personajes, aún con distintos gobiernos, tal como si fueran los soldados del repertorio de la ópera Aída, siempre rodeados de una nube impenetrable, situación que se expuso en 2004 en un extenso artículo que publicara electrónicamente el Archivo Analítico de Políticas Educativas, de la Arizona State University (v.XII, n.6). Así, en este caso la Coordinación del Equipo Técnico al frente de la sede nacional de dicho Observatorio recayó en el Dr. Mario Albornoz, el mismo que otrora trabajara en UBACYT, en tiempos del Rector Delich; luego dirigiera el Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ); y fuera durante el menemato fuertemente financiado por la gestión del Secretario de Ciencia y Técnica Lic. Juan Carlos del Bello a través de la denominada Agencia. Para comenzar, se ignora el mecanismo empleado para su designación pues nadie fue consultado al respecto. Tampoco se conoce el método empleado para el nombramiento de los demás integrantes del Equipo Técnico (a saber: Guillermo Anlló, Rebeca Guber, Lucas Luchilo, Manuel Marí, Diego Ratto, y Leonardo Vaccarezza).
Las dudas recaídas sobre el Dr. Albornoz, Director de REDES-Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior, perteneciente al Programa del CYTED (Ciencia y Tecnología para el Desarrollo), obedecen a su pasado desempeño académico y a que nunca arriesgó en su larga carrera en instituciones vinculadas con la ciencia y la tecnología una sola palabra acerca de la corrupción en los medios científico-académicos y tampoco manifestó su opinión respecto a las comprometedoras declaraciones publicadas en Página 12 por el Secretario Tulio Del Bono.
En la lista de discusión electrónica Pol-Cien, en un mensaje intitulado ¿Perdieron la fe?, se decía el 5 de julio de 2000, con relación a dicho Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, que la "... información referida a los fondos recibidos [de manos de la Agencia Nacional para la Producción Científico-Tecnológica durante la gestión Del Bello] tampoco alcanzan para disipar las dudas recaídas sobre la gestión del Dr. Albornoz. Los datos cuantitativos por él brindados no citan fuente alguna, se reducen a porcentajes de una cifra total aún desconocida, correspondiente exclusivamente al año 1999, y esconden las magnitudes absolutas de los guarismos brindados y no publicados en su sitio web y que la SECYT, no brinda desagregada por institutos y/o universidades beneficiadas".
Tampoco la información prestada por la página web del Instituto dirigido por el Dr. Albornoz "..ilustra acerca de los mecanismos de reclutamiento del personal docente o investigador ignorándose hasta el presente si en dicha Universidad [de Quilmes], presidida por el Rector [Julio] Villar, y en dicho Instituto dirigido por el Dr. Albornoz, se contempla la publicidad de las vacantes y los concursos públicos por oposición y antecedentes. Por ejemplo, se ignora cuál ha sido el concurso ganado en dicha Universidad por el ex Secretario Juan Carlos Del Bello [quien figura en la nómina del Instituto dirigido por Albornoz]. Esta fiel observancia de los concursos, tan caros al mundo académico argentino, no era ni es supervisada por la Secretaría de Políticas Universitarias, ex Secretaría de Educación Superior, del Ministerio de Educación.
Además, el hecho de que en el reclutamiento del personal investigador del Instituto que en el pasado dirigiera el Dr. Albornoz "...prevalezca la naturaleza político-partidaria por sobre la excelencia científica y por consiguiente la exclusión de quienes no pertenezcan a la secta o facción de marras esta corroborado por la propia currícula dada a luz en la Web, donde al menos en una decena (10) de casos se destaca notoriamente su afiliación a organismos estatales o para-estatales (Asesores de Gabinete y Consultores de Bancos, Ministerios y organismos internacionales)".
Y en cuanto a la naturaleza de las líneas de investigaciones promovidas en dicho Instituto "...una pormenorizada lectura de dicha currícula revela que existe un marcado sesgo en pos de los indicadores cuantitativos en ciencia y tecnología, que es como decir la contaduría de la ciencia, esa extraña simbiosis de teología y hermetismo, que coincidentemente es la temática que mas cultiva el Dr. Albornoz, consignada en su propia curricula". Finalmente, nunca se conocieron los verdaderos motivos de las desavenencias entre el Rector Villar y el Prof. Albornoz, que derivaron en la separación de este último de la UNQ. Pero todo pareciera indicar que el incidente no obedeció a razones de principios o teorías científicas sino a meras diferencias presupuestarias. Por último, el Dr. Albornoz logró montar tienda en el CYTED, asiento desde el cual logró programar su inconsulto y antidemocrático desembarco en la SECYT, actual Ministerio de Ciencia y Técnica.
En conclusión, lo que se impone es impedir que la dirigencia política se convierta en un comisariato partidario que se inmiscuya en la tarea de fijar metas y objetivos, dictándole a los científicos la pertinencia de lo que deben o no deben investigar, como ocurrió con las declaraciones del Ministro de CyT Lino Barañao al referirse despectivamente a las ciencias sociales asimilándolas a la teología, y engañando la buena fe presidencial haciéndole firmar un decreto por el cual se le exige al CONICET la entrega de su base de datos de científicos. Se decía en un mensaje del 30 de Noviembre de 1999, publicado en Pol-Cien, y titulado Rémoras o Supervivencias, que lo que nuestra sociedad está exigiendo a la elite política es que "...imponga en los ámbitos científico-académicos claras pautas de transparencia, honestidad, democracia y publicidad de sus actos de gobierno, de manera tal que el aparato científico-tecnológico funcione como un verdadero sistema, sin cortocircuitos, encapsulamientos ni enclaustramientos que afecten su necesario clima de libertad y de diálogo, su movilidad interna y su productividad final, y que contribuya a la disminución de la creciente brecha cualitativa que nos separa de los centros científicos mundiales".
Por todo ello entendemos que en la cuestión del Observatorio Científico y en la selección de sus integrantes se impone una urgente revisión y una necesaria y respetuosa consulta democrática dirigida a todas las instituciones científicas especializadas en Ciencias de la Educación, Sociología de la Ciencia, Antropología Cultural y Psicología y Filosofía de la Ciencia, y en general a todo el público investigador del país y del CONICET.


Capítulo IV

Doble obligación, múltiple subordinación y combinación de donaciones y sobresueldos en la educación superior argentina

Habíamos visto que como resultado de la importación de una legislación norteamericana (Bayh-Dole Act) se había programado en Argentina y gran parte de América Latina una privatización mercantilista de la docencia y la investigación así como la proliferación de autoritarios Observatorios planificadores de CyT. Ahora estudiaremos de que forma gran parte del cuerpo docente regular de nuestras universidades nacionales (que ejerce control sobre las cátedras concursadas), y de sus autoridades (miembros de Juntas Departamentales, Consejos Directivos y Consejos Superiores), fueron sometidas a una doble obligación o deber y a una múltiple dependencia o subordinación, que ha atentado gravemente contra la existencia de una comunidad científica y de una cultura universitaria participativa. Este agravio es particularmente grave, pues para que este tipo de comunidad y cultura pueda prosperar se necesita --al decir de Joaquín E. Meabe-- objetivos y solidaridad en el agregado humano, donde cada miembro pueda encontrar reciprocidad y buen trato además de interés por parte del resto y donde se requiera trabajo común y compartido así como respeto mutuo.
En principio, los docentes universitarios están obligados a una doble subordinación, una de ellas de naturaleza primaria, la que los nutre de sus principales ingresos, y la otra de orden secundario, la que los provee de ingresos menores y retribuciones simbólicas. Primariamente, los docentes dependen de las Universidades que los han designado, donde han hecho carrera docente, donde algunos pocos han logrado ser legalizados con concursos de oposición y antecedentes, y donde se les abona un salario que puede ser de dedicación exclusiva, media o simple, más un plus por antigüedad. Se supone que los docentes-investigadores, en especial aquellos que cuentan con dedicación exclusiva, amén de la docencia deben producir conocimiento original y diseñar para ello proyectos de investigación.
Pero todo lo cultural que exceda de la mera docencia ha requerido siempre del mecenazgo o patrocinio estatal y/o privado. Dicho mecenazgo se ha expresado históricamente de diversas formas, ya sea mediante una nómina salarial, o mediante becas, premios, subsidios, bonificaciones, incentivos, viáticos, etc. En ese sentido, una minoría de docentes universitarios (alrededor de cinco mil en todo el país) ha dependido primariamente del mecenazgo estatal asignado en forma de salarios, a través del Consejo Nacional de Investigaciones Científico y Técnicas (CONICET) --pretendidamente fundada por Bernardo Houssay a imagen y semejanza del CNRS de Francia-- donde han hecho carrera primero como Becarios, y la mayoría como Investigadores de Carrera, prestando Informes anuales o bianuales del devenir de sus respectivos proyectos de investigación, hasta ascender algunos de ellos las cinco (5) categorías del organismo, donde también perciben un plus por antigüedad. Su fundación vino a superponerse con la investigación que se llevaba a cabo en los Institutos universitarios. Sin embargo, su propósito inicial, establecido en su Estatuto, luego desvirtuado a la muerte de Houssay (1971), era el de fomentar la investigación en las universidades y no el de patrocinarla con institutos propios. Más aún, violando la debida dedicación exclusiva, dichos Investigadores de Carrera cuentan desde hace una década con el privilegio que el Directorio del CONICET les autorice trabajos rentados para terceros, denominados asesorías o consultorías; así como también cuentan con la aberración rentística que significa la libre opción del cobro salarial, ya sea en la Universidad o en el CONICET (siguiendo la fuente de ingresos más rentable), lo que violenta los postulados de las buenas prácticas presupuestarias.
Asimismo, una ultra-minoría de dichos docentes universitarios muchos de ellos Investigadores del CONICET (1511 profesores) ha dependido también primariamente del mecenazgo estatal asignado en forma de subsidios, a través del FONCYT, organismo dependiente de la Agencia Nacional de Promoción Científico y Tecnológica o ANPCYT (Ministerio de Ciencia y Técnica), todo lo cual ha producido una incompatible y dolosa superposición de funciones con el CONICET, pues debió instrumentarse sólo para aquellos Investigadores que no pertenecieran a esta última institución. Esta Agencia, pretendidamente fundada a imagen y semejanza del National Endowment for the Humanities (NEH), les distribuye desde 1997 una suerte de donación, disfrazada como subsidio de investigación, que no tributa impuestos a las ganancias ni hace aportes previsionales, y que para una más que ultra-minoría de los mismos (385 profesores) se repite periódicamente en dos, en tres y hasta en cuatro oportunidades, sumando montos individuales próximos al millón de pesos. Más aún, si se computaran los Listados de los beneficiarios correspondientes a las primeras Convocatorias de los años 1997-1999 (inhallables en el portal de la Agencia), muy probablemente nos encontraríamos con docentes-investigadores que han repetido a lo largo de la década hasta cinco (5) veces la participación en el botín.
Pero el mecenazgo o filantropía de la Agencia también fue bastardeado por sus propios funcionarios y directivos. Un centenar y medio de subsidiados desnaturalizaron el subsidio al convertirlo en un botín o saqueo de las arcas públicas, pues dichos subsidios recayeron en los propios funcionario de este organismo (los Coordinadores), que resultaron así autoevaluados. Amén de la ventaja material, pertenecer a esta ultra-minoría de patrocinados cómplices del saqueo también posee ventajas simbólicas, pues muchos de ellos son automáticamente ascendidos en el CONICET y designados para integrar Comisiones evaluadoras de sus propios colegas. Lamentablemente, en lugar de patrocinar con dichos subsidios instituciones culturales (bibliotecas, laboratorios, centros de cómputos), se patrocinan docentes-investigadores de la planta del CONICET e incentivados por la SPU, todo lo cual ha generado el cuadro de duplicaciones y multiplicidades dolosas aquí descrito, y del cual se abunda en el capítulo próximo en el rubro “Tergiversación de las estrategias para desarrollar la ciencia argentina”.
Pero por otro lado, los docentes universitarios de todo el país padecen una subordinación secundaria, pues desde 1993 dependen del mecenazgo de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación, que les bonifica y categoriza los denominados Incentivos (sobresueldos en negro) en una escala de tres categorías, sólo a aquellos docentes que presentan proyectos de investigación y que por ello pasan a ser denominados docentes-investigadores. A su vez, apretando el cerco del privilegio, los docentes-investigadores incentivados que fueron categorizados con la máxima jerarquía (un millar y medio) pertenecen por lo general a aquella ultra-minoría que integra el CONICET y que es subsidiada por la Agencia.
Finalmente, los docentes universitarios también dependen, en una subordinación secundaria, del mecenazgo simbólico encarnado por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), pues desde 1996 certifica o avala los programas arancelados de maestría y doctorado, la que si bien posee sólo una relación institucional conlleva también indirectamente derivaciones personales.
Por lo tanto, en esta múltiple subordinación primaria y secundaria de intereses dispersos en mecenazgos burocráticos incompatibles y superpuestos --cuatro (4) de ellos estrechamente atados al poder político del estado-- se encuentra el secreto de la corrupción institucionalizada, las redes de interés y beneficio personal, la desigualdad ante la ley, el miedo generalizado, la hereje necesidad material, la cobardía moral e intelectual y por consiguiente la inexistencia en nuestras Universidades Nacionales de una comunidad científica. Corrupción, desigualdad, miedo, necesidad y cobardía de las que no se ha podido desprender desde la aciaga Noche de los Bastones Largos (29 de Julio de 1966), que se acentuó a partir de la Fiesta Menemista (1990-99) y que ha alcanzado su clímax en la Fiesta Kirchnerista (2003-09).
Debido precisamente a esta múltiple subordinación o dependencia, que es producto de la sumatoria de una triple subordinación primaria (Universidad, CONICET y FONCYT-Agencia), mas otra doble subordinación secundaria (CONEAU y SPU), estos docentes y los integrantes de estos órganos colegiados difícilmente cuentan con el suficiente respeto, generosidad, tolerancia y libertad (de pensamiento, de cátedra y de expresión), en materia científica, política y universitaria. Por ende, esta triste realidad de egoísmos y malsanas competencias es la principal razón por la cual sus respectivas Universidades carecen de una comunidad científica y de la pregonada autonomía, supuestamente garantizada desde 1994 por el inciso 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional (CN).
Valga la redundancia, las universidades nacionales no son autónomas ni cuentan con una comunidad científica, porque sus autoridades, desde sus Rectores, Decanos y Jefes de Departamento, hasta sus Consejeros Departamentales, Directivos y Superiores, que pertenecen a su vez al CONICET, y que se benefician de los subsidios de la Agencia, de las acreditaciones otorgados por la CONEAU y de los incentivos de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), están presos o rehenes como en un cerrojo blindado de un mecenazgo multiplicadamente superpuesto, que necesariamente debe afectar la excelencia científica de su trabajo, y que seguramente debe también alimentar en sus filas el servilismo moral e intelectual.
En efecto, el CONICET, el FONCYT-Agencia, la SPU y la CONEAU son estructuras del poder del Estado Nacional, dónde desde su Presidente hasta su mismo Jefe de Despacho, pasando por toda su línea gerencial, son designados por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) o por concursos amañados desde el PEN. En el CONICET, los únicos cuatro (4) cargos que son electivos o representativos, los de los Coordinadores de las cuatro (4) Grandes Áreas de Conocimiento en que está fragmentado el organismo, que a su vez son miembros de su Directorio, lo son sobre la base de una legislación restrictiva y limitacionista (Decreto 1661/96) y de actos eleccionarios simulados que adolecen de un ausentismo estructural y masivo. Dicha legislación no contempla la representación de minorías ni los frenos y contrapesos que garanticen en el seno del Directorio, y por ende, al interior de las Comisiones Asesoras, un elemental control de legitimidad (decencia, honestidad, capacidad, seriedad, etc.), y la independencia del órgano calificador promotor de los ascensos y/o de su congelación. Tampoco respeta la unidad del mundo científico pues para acceder a la condición de candidato a miembro del Directorio fragmenta la representación (voto pasivo), es decir la posibilidad de ser elegido, en requisitos generacionales y regionales, expresados en condiciones de status (sólo dos escalafones jerárquicos) y de localización geográfica (ocho regiones); y para ejercer la condición de elector (voto activo) divide el padrón y por consiguiente a los Investigadores en cuatro (4) áreas distintas del conocimiento, totalmente incomunicadas y aisladas entre sí, como si fueran compartimentos estancos, lo cual alimenta una centrifugadora especialización disciplinar.
Por consiguiente, las autoridades de los órganos colegiados de nuestras Universidades Nacionales, desde su normalización en 1985, y más explícitamente aún, desde la última Reforma Constitucional de 1994, y desde la vigencia del Decreto No. 1661/96 (que estructura el régimen electoral del CONICET), han venido violando conscientemente la autonomía universitaria, al cohonestar con su muda presencia el antidemocrático y fraudulento mecenazgo de los organismos científico-educativos (CONICET, FONCYT-Agencia, Secretaría de Políticas Universitarias y CONEAU). Salvo la UBA y la Universidad del Comahue, todas las Universidades Nacionales legitimaron la CONEAU. Asimismo, esta voluntaria sumisión a un mecenazgo violatorio de derechos y garantías constitucionales corroboraría que la doble obligación y la múltiple subordinación de nuestros docentes-investigadores y de los directivos universitarios ha venido también sembrando una codicia generalizada y una estructura y procesos corrompidos, atentando por ende contra la existencia de una comunidad científica.
Contradictoriamente, muchas de estas autoridades universitarias y de estos titulares de cátedras regulares han aceptado --con la excusa de ser una carga pública-- integrar las instancias evaluadoras del CONICET, de la FONCYT-Agencia, y de la CONEAU, como ser las Comisiones Asesoras del primero (renovadas por mitades anualmente), y hasta su propia Junta de Calificaciones, en la cual se han visto promovidos en la Carrera de Investigador y beneficiado a su vez con toda suerte de prebendas, tales como subsidios, viáticos, premios y asesorías o consultorías.
Por si todo ello fuera poco, al salario universitario o al alternativo sueldo del CONICET, al subsidio del FONCYT-Agencia, a los incentivos de los docentes-investigadores otorgados por la SPU, y a las asesorías y consultorías autorizadas por el Directorio del CONICET debemos agregar que con motivo de los bajos salarios cobrados, en especial aquellos que carecen de antigüedad, muchos se han visto inducidos a engancharse en las universidades privadas o en las nuevas universidades de los conurbanos y del interior de las provincias, donde los cuerpos docentes disfrutan de salarios muy superiores a los de las universidades más antiguas, pues gozan de partidas presupuestarias extraordinarias aunque sin participación democrática alguna; todo lo cual revelaría a las claras la extrema desigualdad, falsedad y superchería de nuestra Autonomía Universitaria.
En conclusión, a diferencia de los Investigadores del CONICET que prestan servicios a terceros privados bajo el eufemismo de asesorías o consultorías, los docentes-investigadores subsidiados por el FONCYT-Agencia no están obligados a solicitar autorización alguna al Directorio del CONICET. Por ende, nada debería obstar para que un docente-investigador incentivado procure un subsidio de un organismo extra-estatal o extranjero. Pero lo alarmante y fuera de toda razonable política pública, es que el propio estado, y más aún una misma unidad de gobierno o ministerio, destine recursos extraordinarios y fondos procedentes de la deuda externa, duplicando en sus propias filas organismos financieros en materia de becas, subsidios, bonificaciones, contratos y personal de planta; y alentando en ellas la existencia de una doble obligación o deber de naturaleza primaria (ver Estévez y Marini, 2004). En otras palabras, se presume que un docente-investigador incentivado y subsidiado, es decir que pertenece a una Universidad Nacional y al CONICET (pero que cobra en un solo lugar) y al que el FONCYT-Agencia le ha otorgado simultáneamente un subsidio de investigación, debe contar forzosamente con al menos el equivalente a dos (2) proyectos de investigación, que se superponen: uno para la universidad a la que pertenece, que puede ser el mismo proyecto presentado al CONICET, y otro proyecto supletorio pero distinto para el FONCYT-Agencia, donde ambos por ser simultáneos vendrían a atentar contra la dedicación exclusiva debida a cada uno de ellos.
Pero hecha la ley, hecha la trampa, pues la mayoría de los beneficiados por el FONCYT-Agencia funde o fusiona ambos proyectos en uno sólo, malversando de ese modo dichas dedicaciones. O lo que es peor, opera algo equivalente a lo producido con la Ley de Gresham, pues el trabajo para el FONCYT-Agencia, como está mucho mejor remunerado que el del CONICET o que el de la Universidad, pasa a tener una consideración privilegiada; y por el contrario, al proyecto del CONICET o al de la Universidad se lo posterga en su calidad y prelación como si se tratase de un rezago. Al duplicar la remuneración por un solo proyecto, más allá de todas las justificaciones ocasionales o las trampas en las rendiciones de cuentas puntuales, lo que es grave y crucial --sostiene Joaquín E. Meabe en otra comunicación personal-- es la clara desigualdad ante la ley que consagra el privilegio a favor de los beneficiarios de la Agencia. “Doble retribución por un solo trabajo no solo es inmoral también es ilegal porque viola todas y cada una de las reglas relativas a las remuneraciones y a los deberes que respecto de las prestaciones tienen a su cargo los que deben hacer efectivos los emolumentos por el trabajo”. La segunda remuneración, la del FONCYT-Agencia, insiste Meabe, ni siquiera se puede encuadrar como donación porque el estado lo tiene prohibido respecto de sus dependientes en ocasión del trabajo en relación de dependencia y servicio (ver Ley de Empleo Público y Ley de Contabilidad).
Como consecuencia de esta inmoral maquinación burocrático-académica, aquellos Investigadores del CONICET o de las Universidades que no reciben subsidios de la Agencia, al generarse en sí mismos la sensación de que su trabajo está siendo subestimado en su valor simbólico así como subvaluado en la retribución material del mismo, los que pueden y tienen algún contacto se dejan seducir con el patrocinio material de la Agencia. De resultas de ello, ahora el CONICET, en competencia con la Agencia, y violando también el principio de unicidad funcional, abrió su propia línea de subsidios, aunque por cierto mucho más modesta.
Concluimos entonces con la existencia entre dichos mecenazgos de una desigualdad obscena, pues mientras un docente-investigador, pertenezca o no al CONICET, que no ha sido subsidiado por la Agencia trabaja un sólo proyecto de investigación por únicamente un salario, que es el de su universidad o el del CONICET; el docente-investigador incentivado y subsidiado, pertenezca o no al CONICET, cuenta con el mismo salario, de la Universidad o del CONICET, mas el ingreso correspondiente al de la irregular asignación del subsidio, el que nunca es menor al salario de tres años de trabajo en la universidad.
Para mayor claridad, una de las premisas básicas que la Unión Europea (OCDE) ha introducido en sus recomendaciones de buenas prácticas para la transparencia presupuestaria es el concepto de transparencia en la asignación y rendición de las cuentas públicas. El sistema descrito precedentemente sólo contribuye a la opacidad en el manejo del gasto público por las implicancias que tienen las superposiciones que se duplican y multiplican. Sin lugar a dudas la asignación de recursos públicos en los organismos de investigación debe ajustarse imperiosamente a las buenas prácticas mencionadas.


Capítulo V

Corrupción institucionalizada de las autoridades pertenecientes a emblemáticos organismos públicos mediante los subsidios distribuidos por la Agencia

El doble deber y la múltiple subordinación de los docentes-investigadores de las universidades nacionales, analizada anteriormente, nos permite visualizar una compleja red de organismos estatales y para-estatales sometidos a una corrupción institucionalizada, funcionaria o legal (ver Kaufmann y Vicente, 2005). En efecto, a instancias del Banco Mundial y del Consenso de Washington una media docena de instituciones legales (AGENCIA, CONICET, CONEAU, SPU, Secretarías de CyT de Universidades, CECTE, INADI, INTA) concluyeron tejiendo un inmenso hexágono compuesto por verdaderos nudos gordianos y por flujos venales de ida y vuelta (subsidios, incentivos, ascensos, categorizaciones, acreditaciones, confidencialidades, asesorías, consultorías, observatorios, transferencias tecnológicas, etc.). Este contaminado hexágono, al condicionar las libertades académicas y tercerizar las universidades, ha concluido por corromper a las autoridades universitarias, y por devaluar tanto la autonomía de las mismas, como el sistema de equilibrio de poderes (frenos y contrapesos) que debe existir en el seno de los organismos académicos colegiados, así como por tergiversar la estrategia para desarrollar la ciencia argentina, por faltar a la transparencia de las estadísticas y los portales electrónicos públicos, por fomentar el servilismo moral e intelectual, y por afectar la excelencia de la formación universitaria y de la producción científica.

AGENCIA-FONCYT
50 de sus Coordinadores percibieron subsidios de la Agencia
8 percibieron $3.662.000 promedio de $457.750 c/u.
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CONICET:
3 del Directorio (Girbal, Siñeriz y Rapela) percibieron subsidios de la Agencia.
60 miembros de las Comisiones Asesoras del CONICET percibieron subsidios de seis dígitos de la Agencia, de los cuales 7 percibieron $2.846.105, promedio de $406.586
A 200 Investigadores de Carrera se les autorizó asesorías y consultorías violatorias de la dedicación exclusiva.
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CONEAU :
2 miembros de su Directorio (Villanueva y Krotsch) percibieron de la Agencia $275.354, a un promedio de $138.000 c/u.
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Secretarías de Ciencia y Técnica de las Universidades Nacionales.
En seis (6) universidades (Tucumán, Córdoba, Rosario, Sur, MdP, UBA), sus Secretarios de CyT (Campi, León, Colantonio, Aquilano, Bottasso, Agamennoni, Manzini), percibieron subsidios de la Agencia. Estos funcionarios tienen la responsabilidad de controlar la rendición de cuentas de los colegas que percibieron subsidios.
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CECTE:
4 de sus directivos (Kornblihtt, Parodi, Vainstok y González Cappa) percibieron subsidios de la Agencia. La Dra. González Cappa recibió 3 subsidios de 6 dígitos c/u. =========================
INADI:
Una de sus directivas, Marta Mercedes Maffia recibió un subsidio de $210.000.
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INTA:
Uno de sus directivos, Rubén Bottini recibió en 2002 y 2004 subsidios por $482.969.
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Por ende, autoridades de siete (7) organismos de CyT, de Educación, de Justicia y DDHH, de Agricultura, y de las Universidades percibieron subsidios de la Agencia y del Ministro de Ciencia y Técnica.:

1) Coordinadores del FONCYT-Agencia
2) Directores del CONICET
3) miembros de las Comisiones Asesoras del CONICET
4) Secretarios de Ciencia y Técnica de las Universidades Nacionales
5) integrantes del Directorio del CECTE
6) Directores de la CONEAU
7) Directora del INADI
8) Director del INTA

Negligencia de los Ministros del Área (Barañao y Filmus)

El actual Ministro Dr. Lino Barañao debe auditar la gestión de los organismos bajo su órbita y desarticular las redes mafiosas; y debe decretar la nulidad de todo aquello que atente contra las Leyes de Actos Discriminatorios, de Ética de la Función Pública, y de Libre Acceso a la Información Pública.

La negligencia del Ministro de Ciencia y Técnica y ex Presidente de la Agencia puede constituir delito, y ser fruto de una conspiración para discrecionalizar los fondos públicos y los recursos humanos en provecho de una camarilla facciosa que habría alcanzado también a las Universidades Nacionales y al Ministerio de Educación, específicamente a organismos tales como la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU, cuyos directivos también fueron beneficiados por la Agencia.

Falta de transparencia de las estadísticas y de los portales electrónicos públicos.

La falta de transparencia en las pantallas electrónicas de estos organismos fue montada por la burocracia ministerial con el objetivo de impedir a los Investigadores y Docentes-Investigadores el conocimiento de las Leyes Nacionales de Actos Discriminatorios N° 23.592, de Ética de la Función Pública Nº 25.188, y de Libre Acceso a la Información Pública. Para ello el FONCYT-Agencia, en la sección titulada Biblioteca de Documentos; el CONICET y la CONEAU, en sus secciones tituladas Normativa, y la SPU en su sección titulada Legislación, ocultaron la exhibición de dichas Leyes y garantías.

También el FONCYT-Agencia enmascara los listados de los beneficiarios de subsidios de la década comprendida entre 1997, año de su iniciación, y el 2007, que alcanzaron la suma de 645 millones procedentes de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En lugar de informar la nómina de los beneficiados en forma alfabética, cronológica y por disciplina, la burocracia científica se las ingenia para revelarla oculta en los Informes de cada convocatoria, lo que vuelve su lectura e interpretación muy ardua y escabrosa. Todas las cifras divulgadas por la Agencia fueron dibujadas con el solapado afán de simular una supuesta equidad distributiva. Para esa tarea de inflar el número de beneficiarios como si fuera moneda falsa incorporaron entre los Proyectos computados los viáticos otorgados para jornadas, congresos y mesas redondas, los subsidios para revistas, y otra serie de bagatelas, de forma tal de ocultar la oligopolización de los subsidios en beneficio de una minoría incestuosa de eternos favoritos.

Tergiversación de las estrategias para desarrollar la ciencia argentina

A propósito de las estrategias para desarrollar la ciencia argentina, nos preguntamos ¿cuál ha sido el motivo para que en la distribución de los subsidios del FONCYT-Agencia o ANPCYT se menospreciaran los Centros e Institutos de Investigación universitarios o extra-universitarios y por el contrario se privilegiara un listado selectivo y concentrado de Investigadores en forma individual o grupal?

Si bien esta estrategia selectiva fue iniciada en la segunda presidencia de Menem por el Secretario de la SECYT Juan Carlos Del Bello, la misma fue acentuada con posterioridad, y en especial durante el período K por la gestión Barañao, quien ha considerado que su responsabilidad es la de “contribuir a crear empleo” y no la de desarrollar la comunidad científica. Sin duda, ahora se explicaría, para boicotear el desarrollo de una comunidad científica, se precisa la alianza con lo más retrógrado del arco científico, como ha sido el caso en el CONICET. Pero insistimos ¿A que razones se debe la adopción de esta estrategia individualizante? ¿Acaso son las instituciones científicas menos confiables que ciertos y determinados investigadores individuales seleccionados por el Poder Ejecutivo? O, por ventura, ¿son las instituciones de la ciencia más vulnerables a las presiones políticas que los investigadores individuales?

Finalmente, ¿es preferible consolidar y potenciar las instituciones académicas o por el contrario, es aconsejable hacerlo con los investigadores en forma individual? ¿Cuál de las dos estrategias es más susceptible de caer en la corrupción, la simulación, la hipocresía, la genuflexión, el oportunismo, la indiferencia moral y la autocensura o miedo a expresarse libremente; o cual de las dos se presta más al favoritismo, el acomodo y el patronazgo? Más aún ¿Cuál de las dos estrategias propicia mas el desarrollo de las oportunidades y la creatividad y la originalidad científicas, cuál impide la “inflación curricular artificial” derivada del axioma de publicar o perecer, cuál evita la fuga de cerebros, y cuál alienta mas las libertades académicas, el espíritu de colaboración y la autonomía de las universidades e instituciones científicas?

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