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Carlos Aurelio Bozzi
Abogado, egresado
de la la Universidad Católica de Mar del Plata, aporta desde el Derecho
y la investigación periodística a la difusión de la memoria histórica
social y el Terrorismo de Estado, del que fue víctima durante la
Noche de las corbatas. Autor de
Luna Roja. Reside en Mar del Plata. |
"La responsabilidad de
la Iglesia es más seria de lo que se piensa"
Entrevista a Carlos A. Bozzi, autor
del libro "Luna Roja"
Por Gustavo Waslet (Corresponsal ANS, Mar del Plata)
domingo, 25 de septiembre de 2011
"Si quieres paz, lucha por la justicia"
Abogado sobreviviente de "La Noche de las Corbatas" y autor del libro "Luna
Roja", Carlos Bozzi, se refiere en este reportaje al desarrollo de las investigaciones
judiciales sobre crímenes de lesa humanidad en la zona de Mar del Plata. Entrevista
especial para Agencia Nodo Sur (ANS), de nuestro corresponsal en esa ciudad.
Los hechos relatados escuetamente en el Centro de Información Judicial respecto
a los desparecidos en Mar del Plata: ¿Se ajusta a su juicio a los acontecimientos
investigados?
En general sí. Hay que tener en cuenta que el Centro de Información Judicial
efectua un resumen muy breve de las causas que llegan a juicio y posteriormente
a sentencia.
En consecuencia, los hechos que refleja en sus informes, son mínimos y escuetos,
pues la mayoría de las historias juzgados se encuentran en el texto mismo de
los fallos judiciales. Como Centro de Información Judicial, cumple esa misión,
sin llegar a historiar cada proceso.
¿La causa del Juez Pradas tiene imputados?
Por el Juzgado del Dr. Rodolfo Pradas, pasó la instrucción de las mayorías de
las causas por Delitos de Lesa Humanidad que se tramitaron y actualmente se
tramitan en Mar del Plata.
Desde ese Juzgado y a raíz de la actuación de este juez, el pasado año 2010
el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Mar del Plata, se abocó al juicio
oral de la llamada “CAUSA BASE NAVAL I” y más técnicamente: "Malugani, Juan
Carlos y otros..." en la cual se condenó a Alfredo Arrillaga, ex general de
brigada, Justo Alberto Ortiz, ex ca- pitán de navío y a Roberto Pertusio , ex
contralmirante, todos con arresto domiciliario.
Era la primera vez que en Argentina se condenaba a personal de la Marina de
Guerra.
En este Juzgado se comenzó la instrucción del Juicio llamado “Comisaría Cuarta”,
que comprende hechos delictuosos cometidos en la ciudad de Necochea, Miramar
y posteriormente en Mar del Plata, y lo que se llama “Base Naval II”, ambas
causas acumuladas y que están actualmente en proceso de Juicio Oral por el mismo
Tribunal, teniendo como imputados a los ex oficiales de la Policía de la Provincia
de Buenos Aires, Hector Bicarelli y Jorge Larrea, al ex comodoro Ernesto A.
Agustoni, a ex integrantes de la plana mayor de Agrupación de Ar tillería Defensa
Aérea 601 (AADA 601) y que comúnmente se conoce como “Gada 601”, tales como
Leandro E. Marquiegui, Alfredo M. Arrillaga, Aldo Máspero, Roberto A. Bocalandro,
Eduardo Blanco, Jorge Toccalino, Jose Beccio, Eduardo Blanco y también a otros
militares como Fortunato Rezet y Héctor Cerutti. También se encuentran imputados
los marinos Roberto Luis Pertusio, Mario José Osvaldo Forbice, José Omar Lodigiani
y hombres de la Prefectura Naval Argentina, como Juan Eduardo Mosqueda.
Cabe destacar que fue el primer juez que dictó ordenes de detención contra civiles
involucrados en delitos de lesa humanidad, como es el caso de los miembros de
la llamada “Concentración Nacional Univer sitaria”, organización declarada por
el Tribunal Federal Oral en lo Cri minal de Mar del Plata, como colateral de
la “Triple A”.
En este momento, en ese Juzgado se encuentran en instrucción mas de 50 causas
por delitos de lesa humanidad en Mar del Plata, lo cual le da una idea del camino
que aún falta recorrer. También en el otro Juzgado Federal, a cargo del Doctor
Alejandro Castellanos, se ha instruido y llevado a juicio, los casos del Centro
Clandestino de Detención ubicado en la Base Área de Mar del Plata, bautizado
como “La Cueva”. Todo ello, muestra a la justicia federal de esta ciudad, como
una de las más activas del país y con los mejores resultados obtenidos.
No se debe olvidar que el pasado año, se condeno al suboficial de la aeronáutica,
Rafael Molina, por delitos de lesa humanidad, incluyéndose en esa categoría
a la “violación de mujeres” secuestradas en el marco de la represión, ejemplo
que esta siguiendo otros jueces Federales del país. Esta sentencia, mereció
el premio como el mejor fallo de América Latina sobre cuestiones de Derecho
Internacional de De- rechos Humanos.
¿Considera adecuada la intervención del Estado, como garante de afianzar la
Justicia, tanto en la etapa investigativa como en la reparación a la victimas?
La participación del Estado, como representante del Poder Administrador, tiene
aristas de suma contradicción. En general, EL ESTADO COMO RESPONSABLE DEL TERRORISMO
DE ESTADO, etapa que comienza el 6 de noviembre de 1974 y concluye el 12 de
octubre de 1983, no participa con su cuerpo de abogados de estos procesos. No
debe confundirse la actuación de los fiscales, que son parte de la Justicia,
con la representación del ESTADO, como poder administrador. Los abogados del
Estado suelen concurrir, algunas veces, a los procesos más mediáticos como el
de Etchecolaz, Wernick, Astiz, Videla, Menéndez, Bussi, etc., pero está ausente
en la inmensa mayoría de los demás procesos.
Se han creado una gran cantidad de agencias que se dedican a la investigación
de los Delitos de Lesa Humanidad, recabando y recuperando información, como
el Archivo Nacional de la Memoria, que funciona en la ex Esma, pero que con
acceso totalmente prohibido a di cha información. Tiene una profusa actividad
en la creación de folletería, cd, dvd, libritos, etc., con una superficial información
y un discurso recurrente,que en nada contribuye a la búsqueda de la ver dad.
Todo ello, sin desmedro de muchas personas que trabajan en éstas agencias con
mucha voluntad y buena fe.
De tal manera, EL ESTADO CONTINUA RETENIENDO información clave para la dilucidación
de los hechos de la década del 70. Como ejemplo, le cuento que en el año 2009,
vaya a saber por qué error administrativo, la Policía Federal informó en un
expediente que tramito ante Derechos Humanos de la Nación, que determinada persona
tenía órden de captura por pertenecer a la “OP MONTONEROS”, desde el año 1977.
Después de “lapsus”, nunca mas pude acceder a información si milar.
Los datos y detalles de aquel trágico periodo de la historia argentina, están
en poder del Estado y ninguno de los poderes administradores desde el advenimiento
de la democracia, ha hecho esfuerzo por revelarlos. En la ex Conadep, existen
algo así como 11.000 denuncias por desaparición de personas. A raíz del caso
Graciela Alfano, se descu- brió que el ex agente de Inteligencia, Arancibia
Clavel, había enviado a Chile, el nombre y los detalles de 22.000 personas desaparecidas…
Esa información es de 1999 y aun a ningún fiscal, se le ocurrió pedirla.
Da la sensación de que cada poder administrador de turno, tiene la creencia
que el TERRORISMO DE ESTADO, fue una creación de Videla y Cía. Videla no secuestró
personalmente a nadie. Fueron los agentes de la administración pública, cumpliendo
órdenes de sus superiores, los que provocaron esta tragedia.
Mientras el ESTADO ARGENTINO, no asuma claramente, que fue el responsable del
TERRORISMO, estas cuestiones seguirán sin resol verse. Alguna vez, deberá pedir
PUBLICAS DISCULPAS POR EL DAÑO INFLIGIDO A SUS CONCIUDADANOS.
El hecho mas notable de lo que sostengo, es que la búsqueda de menores sustraídos
y la búsqueda de cuerpos NN, que están enterrados en distintos cementerios del
país, ha quedado en manos de ONG, sin intervención estatal. No hay un solo menor
recuperado por el Estado argentino, no hay un solo cuerpo identificado por el
Estado argentino. Se ha creado y generado, muy tristemente, un cuerpo de “comisarios
guardianes de secretos históricos”, que realmente es incomprensible y absurdo,
encriptando y guardando bajo claves secretas todo dato sobre la desaparición
de personas. Esta actitud no se entiende, pues nadie los ha designado dueños
de las historia de vidas de quienes hoy están desaparecidos. Esta situación
debe revertirse urgentemente, sino caemos en peligro de estar bajo la situación
de nuevos SIDE, KGB, CIA, DINA, etc, pero esta vez en manos de agencias estatales
que alegan luchar a favor de los Derechos Humanos.
A modo de biografía personal. Un relato no tan conocido como puede suponerse,
la denominada "Noche de las Corbatas", lo contó entre sus protagonistas. ¿Un
breve recuerdo para las jóvenes generaciones?
Más allá de lo que pueda suponerse y de las condenas posibles hacia los autores
de los homicidios en la llamada “Noche de las Corbatas”, aún resta por investigar
muchísimo sobre ese hecho. Baste decir, que falta dilucidar gran parte de la
complicidad de abogados locales en la misma y de la participación de un ex miembro
de la Resistencia Peronista en estos hechos, el que, seguramente por error,
ha sido premiado con una pensión por la Secretaría de Derechos Humanos de la
Provincia de Buenos Aires. En más de 10 años, aun no se avanzó en la investigación
por el asesinato a mansalva de dos jóvenes que, secuestrados en La Plata y traídos
a Mar del Plata, sirvieron de pantalla a las fuerzas militares, para “simular
mi liberación” y atribuirle el hecho a la OPM MONTONEROS. Aun se disputa la
justicia, si el hecho debe ser juzgado en la ciudad de La Plata o en la ciudad
de Mar del Plata.
El mensaje, es que se debe seguir pujando en la lucha por la justicia, pero
también por la verdad. Tengo la sensación de que las sociedades que no terminan
de juzgar a los responsables de estos homicidios, nunca tendrán paz. En este
aspecto, el mensaje es: Si quieres la paz, lucha por la justicia
¿Como nace su investigación que dio origen al libro, agotado por cierto, "Luna
Roja"? Según esa investigación: ¿cuantos involucra dos en la represión y cuantas
victimas tendría la causa y con que con secuencias previsibles?
Esta investigación se origina en la idea de sistematizar y ordenar todos los
testimonios brindados por las victimas de la represión en Mar del Plata y que
fueron relatados ante el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de la misma ciudad,
en el llamado Juicio por la Verdad. También en la necesidad de dar a publicidad
y ordenar correlativamente por fecha e historia, todos los Legajos de la Conadep,
delegación Mar del Plata, que estaban un poco olvidados.
Se calculan unas 450/500 victimas de la represión, tanto en Mar del Plata, como
originarias de Mar del Plata, asesinadas en otros lugares del país. Baste decir,
que el 27 de noviembre de 1976, el GADA 601, publica por todos los medios periodísticos
nacionales, un comunicado denunciando a 59 personas por actividades subversivas
y que se los busca “para ponerlos a disposición de la justicia”. De esa búsqueda,
sólo sobrevivieron 29 jóvenes. Los demás fueron todos asesinados.
No he calculado el número de represores, pero son muchísimos más de los que
están siendo juzgados, dato este que surge de las declaraciones testimoniales
de las victimas, que dan cuenta de nombres y apellidos de personas que aun no
han sido citadas por la justicia.
Si el tiempo y la suerte me acompañan, la reedición del libro LUNA ROJA, se
presentará en la próxima Feria del Libro de Mar del Plata.
Su investigación, también da cuenta de Centros Clandestinos de Detención como
el Gada 601 y, por ultimo, la complicidad de médicos y la Iglesia. ¿Se podría
demostrar su grado tanto en la tortura como en "legitimar" actos de lesa humanidad,
además de su palpable afinidad ideológica con el Proceso?
Evidentemente ha existido una complicidad muy pronunciada en el sector de los
médicos con la represión, pero en general estos médicos formaban parte del personal
civil-militar, por lo que obviamente estaban al tanto de lo que ocurría. En
cuanto a la Iglesia, debe tener se en cuenta que cada Obispo depende de la autoridad
papal de Roma. Contrariamente a lo que se cree, los obispos argentinos, como
los de cualquier parte del mundo, no están sujetos a la autoridad de las Conferencias
Episcopales, que son órganos meramente administrativos de las Iglesias Nacionales.
En consecuencia la responsabilidad de la Iglesia es más seria de lo que se piensa,
si estos obispos nacionales informaban a Roma lo que realmente sucedía en Argentina,
y la autoridad papal, no intervenía. Hay casos extraños. Por ejemplo el Obispo
Rómulo García, que esta considerado por muchos familiares de victimas de desaparición
forza da, como una persona que no atendía sus reclamos, en los Memoran dos Secretos
de la Prefectura Naval Argentina, se lo sindica, como un obispo izquierdista.
Por otra parte, Monseñor Eduardo Pironio, personaje emblemático si lo hay de
aquella época, con un carisma de progresismo visible, ha sido durante criticado
por Emilio Mignone, uno de los fundadores del CELS y hombre también de la Iglesia
Católica, en su libro: “Iglesia y Dictadura”… Nadie puede sospechar de Mignone,
un hombre lucha dor, que recorrió el mundo en su lucha por los desaparecidos,
pero tiene frases y conceptos muy duros sobre este obispo. Por ejemplo dice:
“En cuanto al cardenal Pironio, visitó con frecuencia nuestro país, evitando
cuidadosamente encontrarse con víctimas de la repre sión y organizaciones de
derechos humanos. Tuvo tiempo, en cambio, para entrevistarse con Videla y sus
sucesores en el cargo. Y al visitar Mar del Plata, el 2 de septiembre de 1979,
expresó, faltando a la ver dad, que “ahora se comprende mejor a la Argentina
en Europa... hay quienes siempre buscan lo negativo... pero el rostro de la
Argentina se ve muy positivamente” (Clarín, Buenos Aires, 3 de septiembre de
1979).
Como se ve, en esta tragedia argentina, no hay negros y blancos. Siempre existen
muchos grises.
¿Ha tenido oportunidad de conocer la obra del Ministro Lorenzetti sobre el relevamiento
que hace de las causas judiciales en materia de DDHH?. También acaba de publicar
Página/12 algunas reflexiones del Dr. Zaffaroni, declaraciones muy mediáticas
de la Dra. Arguibay Molina. ¿Como ve la actual situación de la Corte Suprema
Corte de Justicia de la Nación, tan prestigiosa de acuerdo a sus miembros como
ignorada en sus Fallos, como otro Poder de la Nación?
Sobre la obra del ministro Lorenzetti la he visto muy por arriba. Pero viniendo
de un hombre de derecho con tanto prestigio como él, el relevamiento que hace,
que insisto solo analicé brevemente, debe ser excelente.
La Corte Suprema aun tiene un tema pendiente, pues solo reconoce como imprescriptible
los efectos penales de los delitos de lesa huma nidad. En cuanto a los efectos
civiles, es decir los daños y perjuicios ocasionados por la privación ilegal
de la libertad, la Corte considera que tienen un plazo de prescripción de dos
años, a partir del 12 de octubre de 1983.
Si bien la Argentina, esta al tope de todos los países del mundo, en cuanto
al sistema de leyes reparatorias por delitos de lesa humanidad, tiene flancos
muy débiles en el tema de los procedimientos para que las victimas puedan acceder
a sus reclamos indemnizatorios. La Secretaria de Derechos Humanos de la Nación,
aun gestiona (o no) expedientes del año 2004…La reparación estipulada en la
ley 24043 es totalmente desproporcionada e injusta. Esta ley, tiene un pago
por día de detención, que hoy oscila entre 250/300 pesos.
Pero una persona, supongamos una mujer, privada de la libertad durante tres
días, reiteradamente violada y torturada, si desea acce der a que el Estado
le reconozca el daño moral, el daño sicológico, la pérdida de su trabajo y la
pérdida de su proyecto de vida, el ESTADO, a través de su cuerpo de abogados,
opone la prescripción de los efec tos civiles de los delitos de lesa humanidad.
Es una situación, muy triste… La situación de la Secretaría de Derechos Humanos
de la Provincia de Buenos Aires, en su gestión de autoridad aplicación de la
ley 14.042, que concede una pensión graciable a toda persona priva da de su
libertad con domicilio en la provincia al momento de los he chos, si bien comenzó
en el año pasado con una actividad sostenida y veloz, a partir de marzo de este
año, se ha transformado totalmente en lenta e injusta para los afectados.
Por otra parte, no es un mensaje alentador, que cualquier poder admi nistrador
desconozca un fallo de la justicia y menos aun de la Corte. Los fallos judiciales,
están para ser cumplidos y no comentados por las autoridades estatales, esto
dicho, más allá de quien gestione el poder administrador. En este aspecto, el
gobierno actual, ha sido de lo mas progresista en materia de derechos humanos,
aunque carece de una política integral de Derechos Fundamentales de las Personas,
de los de ayer y de los de hoy.
Existe una leyenda negra respecto a los cuerpos flotando en playas de la Costa
Atlántica luego de sufrir los "Vuelos de la Muerte". Se habla que terminaron
siendo sepultados en "fosas frescas" donde aun yacen en el subsuelo de entierros
de vecinos en pequeños pueblos del interior bonaerense quienes, además de cumplir
con la involuntaria misión de encubrirlos físicamente, también llenarían las
paginas de los Libros de los Cementerios locales.
Es verdad. Los primeros cuerpos aparecieron por la Bahía Samborombón, que eran
personas arrojadas al mar que estaban secuestradas en el “CCD El Olimpo”. Pero
también aparecieron, posteriormente, varios cuerpos sobre las playas de Santa
Teresita y Villa Gesel, que fueron denunciados precisamente por Emilio Mignone
y el CELS.
Hay un video y estudio efectuado por dos historiadores de Villa Gesel (*) que
declararon en el Juicio por la Verdad de Mar del Plata, donde dan nombres, detalles
de fecha, lugares de enterramientos, etc. No se ha hecho nada de nada sobre
este tema. E insisto, muchísimos cuerpos están sepultados en los cementerios
de la Provincia de Buenos Aires y solamente, con los recursos del Estado, se
puede de una buena vez, concluir con la identificación de estos restos. Solo
se debe tener decisión política y asumir la tarea con personal capacitado, a
más de sostenidos fondos para un trabajo tan costoso.
Además de los testimonios de sobrevivientes, familiares amigos, sus historias
de vida. El tema de la fuentes, con propósito tanto judiciales como de investigación
periodística, imagino que serán difíciles mas allá de algunos archivos desclasificados
como la DIPBA y el EA.
El tema de los Archivos es algo delicado, que como expresé anteriormente ha
creado una especie de agente estatal, tipo guardián celoso de un dato, que no
es propiedad de él. Esto se observa totalmente en el Archivo Nacional de la
Memoria. En cambio, la Comisión Provincial por la Memoria de la ciudad de La
Plata, ha tomado esta misión desde otro punto de vista. Es una institución prestigiosa,
que siguiendo los lineamientos de la ley de Habeas Data, proporciona a quien
lo solicita, todo lo que tiene en sus archivos. No olvidemos, que esta institución
ha sido designada custodia de los archivos de la ex DIPBA, por parte la Cámara
Federal de La Plata.
Y otra cosa muy importante: no todo lo que dicen esos archivos es cierto, por
lo que su relevación puede ser traumática. Ahora dado el tiempo que resta, tiempo
biológico de la victima, estimo que habría que asumir el riesgo de abrirlos
al público sin ninguna restricción. Es una decisión, no solo política, sino
también humana, que debe reflexionarse.
Su actividad actualmente y como ve el tema de la construcción de ciudadanía
en una democracia con algunos logros y temas pendientes.
Continuo en la investigación de los hechos de la década del 70 en forma sostenida.
Aun falta mucho, pero eso se ha transformado en un tema más bien histórica.
Me preocupa la construcción de una democracia participativa, donde se aborden
ampliamente todos los temas. El de la Seguridad, es un tema candente, que va
envolviendo a todos los actores de la sociedad. La Seguridad, no es un tema
policial, es un conjunto de factores que hacen a la vida digna del ciudadano
en una sociedad mejor, en donde se luche por más salud, mejores salarios, buenas
condiciones de trabajo, amplia calidad de vida, respeto a la ley, acceso a la
vivienda, etc. La seguridad se construye con más educación, con más derechos
y también cumpliendo con las obligaciones de cada uno.
Han florecido una cantidad enorme de opinólogos sobre estos temas, que en general
no hacen más que confundir a la sociedad. Muchos de ellos, seguramente, cuando
salen de los canales de televisión, deben evitar algún cuerpo de un niño o de
un indigente, que pasa sus noches en las veredas de nuestras ciudades.
Y en este aspecto, la justicia juega un rol fundamental, como media dora y también
docente, en un campo donde la conflictividad social, crece diariamente. No hay
una clara conciencia política de todos los actores, que solo una clara reflexión
de estos temas, solucionarán muchos problemas que se avecinan. Reitero: Si quieres
la paz, lucha por la justicia.
info@agencianodosur.com.ar
(*) Se trata de Enrique Daniel Iglesias y Humberto Rolando Flores: “Después
del vuelo, informe sobre testimonios, hallazgos de cuerpos NN en la costa de
Villa Gesell y Pinamar.”
http://www.agencianodosur.com.ar/portal/content/view/955/8/
Mar
del Plata. Ruido... tanto ruido... y con tanto
ruido no escucharon el final
Por Carlos A. Bozzi
Desde hace un tiempo, la justicia federal marplatense
viene produciendo destacados fallos que la ubican como
pionera en temas de Derechos Hu manos en el país. A
la excelente sentencia de junio de este año, que consideró
delitos de lesa humanidad los abusos sexuales a victimas
de la represión, ahora se suma el primer procesamiento
de la historia a civiles integrantes de grupos de tareas
paraestatales en la década del 70.
Las frases del titulo, recuerdan una las singulares
letras de Sabina, no de las mejores, pero al menos adecuada,
en el buen sentido de la palabra a lo acontecido en
este mes de noviembre por estas costas marplatenses,
ciudad emblemática si las hay, que también ostenta el
mérito de contar con la mayor cantidad de represores
detenidos en relación a otros lugares del país.
La historia y la noticia de que el Juez Federal Rodolfo
Pradas, dictó el procesamiento y de detención de un
nutrido grupo de civiles-cuyos nombres y apellidos fueron
profusamente difundidos por la prensa nacional- que
antaño pertenecieran a la llamada Concentración Nacional
Universitaria (CNU), era un detalle esperado, más aún
cuando recibió el apoyo de la Cámara Federal de Apelaciones
local, confirmando su pedido inicial. Para la opinión
pública, lo inesperado fue la orden de detención del
abogado Gustavo M. Demarchi, quién fuera el primer Fiscal
del Juzgado Federal que Mar del Plata inaugurara en
los años 1975.
Sin embargo, conviene siempre repasar la historia y
los fundamentos de todo fallo judicial , para que los
hechos no se repitan y si se repiten, al menos, la sociedad
distinga entre delito y política. Mucho se ha discutido
la fecha precisa del comienzo de lo que se llamó “Terrorismo
de Estado”: si en e año 1976 o si en el año 1974. La
legislación reparatoria argentina, ya había sentado
el precedente que la fecha del inicio de tal horrible
fenómeno fue el 6 de noviembre de 1974, día en que la
Presidenta de la Nación, Isabel Martínez de Perón dictó
el decreto de Estado de Sitio y otra tanda de normas,
que aludían a la “aniquilación de la subversión”.
En distintos lugares de país, Córdoba, La Plata, Bahía
Blanca, Mar del Plata, entre la fecha del aludido Estado
de Sitio y el 24 de marzo de marzo de 1976, operaron
grupos paraestatales, principalmente destinados a eliminar
a enemigos de la interna peronista, pero ninguno adquirió
la notoriedad de la “CNU” en sus operaciones delictuales.
Solo faltaba que la justicia, determinara que esos crímenes,
también sean considerados “delitos de lesa humanidad”
y por lo tanto no amparados por lo que se llama “prescripción”
o mas llanamente, impunes por el transcurso de un determinado
período de tiempo.
Pero en abril de 2008, el Tribunal Oral Federal en lo
Criminal de la Ciudad de Mar del Plata, comenzó el lento
camino que hoy transita la justicia de primera instancia
al considerar en una extensa y fundada resolución, que
los asesinatos cometidos en esta ciudad por la llamada
“Concentración Nacional Universitaria” en la década
de los años 70, debían ser considerados delitos de lesa
humanidad.
En dicho fallo, se resumen detalladamente las andanzas
de este grupo de civiles , de signo para-militar, que
asoló la ciudad desde aquél fatídico lunes 6 de diciembre
de1971,cuando irrumpiendo violentamente en el Aula Magna
de la Universidad Provincial de Mar del Plata ,asesinó
a la joven Silvia María Filler, mientras se desarrollaba
una asamblea estudiantil.
La historia registra que esta agrupación nació a la
política en la ciudad de La Plata en 1967 bajo inspiración
del filólogo tradicionalista Carlos Disandro, docente
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
de la Universidad Nacional de dicha ciudad, con una
orientación nacional-falangista, reivindicándose como
auténticamente peronista. Dos años más tarde se organizó
en Mar del Plata , conformada en su mayoría por estudiantes
de la Facultad de Derecho, dependiente de la Universidad
Católica de Mar del Plata. Otras voces, en cambio aseguran
que realmente la CNU nació y se conformó íntegra mente
en la ciudad balnearia, con posteriores lazos de unión
en la CGT local ,en la conducción misma del Partido
Justicialista y en varios sindicatos afines al peronismo
de derecha. Datos más, datos menos, lo cierto es que
por 1967, Perón le encomendó a Disandro la creación
de una “Escuela Superior de Formación Política del Movimiento
Peronista”, nombrándolo como una especie de delegado
en el adoctrinamiento de la juventud. Las ideas del
profesor, causaron gran revuelo en el peronismo tradicional,
sobre todo cuando intento introducir el concepto del
“sedevacantismo” respecto de la gobernabilidad del Vaticano,
acusando al Papa Juan XXIII de “usurpar” el trono de
San Pedro. Lejos de querer confrontar con la Iglesia,
Perón lo alejó de toda designación.
A partir de fines de 1973, la agrupación participó no
solo en la luchas internas del peronismo, sino también
en la pelea del peronismo ortodoxo contra agrupaciones
y militantes de la izquierda socialista, según sea la
ciudad en donde desarrollara su actividad. Así en La
Plata el 5 de diciembre de 1975 asesina a 8 jóvenes
integrantes del Partido Socialista de los Trabajadores,
que habían participado en una huelga fabril. También
operó en Bahía Blanca, junto a sectores de las “Tres
A”, bajo la cobertura de las autoridades de la Universidad
Nacional del Sur.
En Mar del Plata, su accionar violento se dirigió casi
exclusivamente contra los sectores de la Juventud Peronista
y de la Juventud Universitaria Peronista, siendo responsable
de numerosos asesinatos aún impunes, que precisamente
esa sentencia ordenaba investigar, desempolvando antiguos
pero no menos valiosos expedientes judiciales, que la
justicia local -federal y provincial- llamativamente
archivó a poco de suceder cada hecho.
En aquel fallo, precedente imprescindible de la actual
causa judicial, el Tribunal Federal, decidió reabrir
la investigación por los asesinatos de Roberto Alejandro
Wilson, Rene Arnaldo Izus, Enrique Elizagaray, Guillermo
Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro
Videla, Bernardo Alberto Goldemberg, Norberto Daniel
Gasparri, Jorge Alberto Stoppani, María del Carmen Maggi,
Juan José Tortosa, Ricardo Emilio Tortosa, Roberto Héctor
Sammartino, Víctor Hugo Kein, Jorge Dell Arco, Hilmar
Giles, Juan Manuel Crespo y Emilio Azorín, sin perjuicio
de continuar con la recepción de pruebas respecto de
otros homicidios de los que se pueda tomar conocimiento,
considerándolos delitos de lesa humanidad e imprescriptibles.
El Tribunal encontró probado que el grupo aludido actuaba
protegido y con la anuencia no solo de las estructuras
del Estado Nacional, sino también de integrantes de
la Justicia Federal local y de la Universidad Nacional
de Mar del Plata, con cobertura de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires, de la delegación de la Policía
Federal Argentina de la ciudad y del Poder Judicial
Provincial , como así también bajo protección de las
autoridades militares asentadas en el “Grupo de Artillería
de Defensa Aérea”, (Gada 601), que a partir del 28 de
octubre de 1975 fue designado cabecera de la Subzona
15, Area 51y 52 ,dependiente del Primer Cuerpo de Ejercito,
Zona I., por lo que existiendo numerosos precedentes
judiciales similares, es procedente la persecución penal
de los hechos detallados anteriormente.
Pero como dice Sabina: “Se borraron las pisadas, se
apagaron los latidos, y con tanto ruido, no se oyó el
ruido del mar. Mucho, mucho ruido, ruido de tije ras,
ruido de escaleras que se acaban por bajar. Ruido de
abogados, ruido compartido,…demasiado ruido. Ruido platos
rotos, ruido años perdidos, ruido viejas fotos,… Ruido
de cristales, ruido de gemidos, ruidos animales,… Ruido
mentiroso, ruido entrometido, ruido escandaloso, silencioso
ruido…ruido del pasado, descastado ruido. Ruido qué
me has hecho, ruido yo no he sido, ruido in satisfecho,
ruido a qué has venido. Ruido como sables, ruido enloquecido,..
Rui do de frenazos, ruido sin sentido, ruido de arañazos,
ruido, ruido, ruido.” y estas no han sido las únicas
andanzas de este grupo.
Aun se recuerda en la ciudad, el episodio que involucró
a varios militantes del Partido Comunista, cuando en
las primeras horas de la tarde del 7 de julio de 1975,
se dedicaban a pintar leyendas políticas en el paredón
ubicado en la intersección de las calles 25 de Mayo
y Catamarca, centro neurálgico del tránsito marplatense,
a solo dos cuadras de su centro comercial. En un momento,
aparecieron cuatro automóviles de donde descendieron
algunos de los hoy acusados , comandados por un conocido
ex profesional del foro local, fuertemente armados con
todo tipo de “artillería”. Bajo amenaza de esas armas
de fuego y a raíz de varios disparos al aire, los obligaron
a despintar las leyendas, mien tras amenazantes discutían
el “destino final” de los militantes comunistas. El
tránsito se congestionó, pues habían bloqueado dos manzanas
enteras, los vecinos asustados avisaron a la policía,
que distante tres cuadras del lugar, acudió de inmediato.
Por esas cosas del destino, el oficial de guardia “no
había sido avisado de que la zona debía estar liberada”
y sin “ordenes precisas”, él no podía permitir este
suceso durante su horario. Hizo lo simple. Acordó que
el grupo se retirara con todas sus armas y puso a disposición
de la Justicia Federal a los “pintores”, que obviamente
acusados por el Fiscal Demarchi por infracción a la
Ley 20.840, permanecieron varios días detenidos en la
Comisaría Primera de Mar del Plata.
También aun no existe autor identificado del asesinato
de Daniel Sánchez, cuyo cuerpo acribillado apareció
en la zona del Faro en noviembre de 1975. El muchacho,
pertenecía a una familia de militantes. En diciembre,
mueren su hermano Gloria y el esposo de esta, de apellido
Blanco, en los sucesos de Monte Chingolo. Una hermana
de Sánchez, de nombre Matilde desparece entre 1976 y
1977 y por último en junio de 1977, desaparece en Mar
del Plata, la madre del muchacho, de nacionalidad española
,de nombre María Gloria Alonso Cifuentes de Sánchez.
Por tal hecho, el Juez Baltasar Garzón Real imputó a
varios militares argentinos. Obviamente, es probable
que el homicidio de Daniel, hayan intervenido estos
grupos de civiles, hoy en la mira de la justicia.
Tampoco nunca se pudo saber el destino de Rubén Jaimes,
En diciembre de 1975, Ejército y Policía se presentaron
en su domicilio. Rubén no se encontra- ba en ese momento,
pero los efectivos mostraron su fotografía y alegaron
que lo buscaban. Asustado, el 11 de diciembre de 1975
Jaimes se presento ante la Justicia, interponiendo su
propio Habeas Corpus, que obviamente dio resultado negativo
pues todas las Fuerzas de Seguridad negaron tener pedido
de captura contra el. El fiscal de la causa -otra paradoja
del destino- fue el Dr. Gustavo Demarchi, aunque ello
no quiere decir que tenga algo que ver con la desaparición
de Jaimes, de cuya paradero no se ha tenido noticias
desde los primeros meses de 1976.
Creada la Subzona Militar XV, la misma abarcaba los
partidos de General La- valle, General Madariaga, Mar
Chiquita, Balcarce ,General Alvarado, General Pueyrredón,
Lobería, Necochea y San Cayetano. Una superficie de
35 mil kilómetros cuadrados, con casi, en aquel entonces,
ochocientos mil amas y superficie superior a varios
países de Europa. Muchos de los integrantes de es te
grupo, no integraron la represión militar posterior,
otros se unieron especial mente a la fuerza ejército,
pero no cabe duda, que de una u otra manera, al comienzo
o en el medio, directa o indirectamente, participaron
en el exterminio del uno por mil de la población local
de aquel entonces.
Por primera vez en la historia judicial del país, se
sientan en el banquillo de los acusados, civiles que
amparados bajo protección estatal y bajo la excusa de
una lucha política, son culpables de homicidios y asesinatos,
por los que deberán rendir debidamente cuenta. Y así,
lo había sostenido el Tribunal Oral Federal de Mar del
Plata, en aquella sentencia anterior al decir: ““Lo
expuesto precedentemente resulta perfectamente aplicable
a la magnitud, gravedad e impunidad con la cual se condujeron
los autores, cómplices y encubridores de los delitos
hasta ahora investigados. El avance de la pesquisa seguramente
irá aumentando su número, ya que lamentablemente se
desconoce la cifra real de las víctimas de las tristemente
célebres Triple A y CNU La acción penal emergente de
tales hechos no se encuentra prescripta como erróneamente
sostiene el fiscal general, ni tampoco le corresponde
ejercerla a este Tribunal como afirma en su dictamen;
por el contrario, en nuestro carácter de funcionarios
públicos debemos velar por la realización de una exhaustiva
investigación de estos hechos lo que hasta ahora, a
pesar de haber transcurrido más de treinta años, no
se ha efectivizado. La justicia debe abrirse a las víctimas
del terrorismo de Estado, no cerrarse...Debe recordarse
que la Corte Suprema de Justicia, in re: “Arancibia
Clavel” consideró, con apego a la definición mencionada,
que formar parte de una agrupación destinada a perseguir
opositores políticos, por medio de homicidios, desaparición
forzada de personas y tormentos, con la aquiescencia
de funcionarios estatales, constituía delito de lesa
humanidad y un atentado al derecho de gentes tal como
lo prescribe el artículo 118 de la Constitución Nacional”.
Aunque no todo siempre es claro. Alguno de ellos, ya
ha sido beneficia do por pensiones reparatorias que
han fijado las leyes reparatorias de la Provincia de
Buenos Aires, previo dictamen aprobatorio de la Secretaría
de Derechos Humanos de la Provincia y otro -precisamente
hoy prófugo- aguarda algún dictamen favorable de dicho
departamento estatal. Es de esperar, que la celosa y
prolija investigación que lleva a cabo tal Secretaría
sobre cada caso en particular, inquiriendo a compañeros
y compañeras si su “permanencia” como detenidos en comisarías
o unidades militares durante el período 1976-1983, fue
por investigación de “antecedentes policiales” o “antecedentes
subversivos”, también se aplique a esos casos. La justicia,
no es solo la condena de los culpables, sino también
la reparación adecuada a las víctimas.
Noviembre 2010
Sueños que pueden convertirse
en realidad
Por Carlos A. Bozzi *
“Ya sabemos donde están las cosas muertas,
esos rostros de asesinos que regresan
a explicarnos que jamás hicieron nada,
no sé bien dónde poner tanta tristeza”
(“Mara” de Víctor Heredia)
La imagen captada por el fotógrafo de la redacción del diario
“El Atlántico” de Mar del Plata, es de por si elocuente. Incrédulo,
el efectivo del Servicio Penitenciario Federal observa al acusado,
pareciendo decir: “¿Pero?...! que hiciste Molina!”. Y así, en
esta instantánea se resumen, el momento en que el secretario
del Tribunal Oral Federal en lo Criminal de la ciudad de Mar
del Plata, compuesto por los doctores Juan Leopoldo Velázquez,
Beatriz Torterola, y Juan Carlos Paris (con juez), condenó en
base a una abrumadora prueba en su contra, al suboficial de
la Fuerza Área Argentina, Gregorio Rafael Molina a la pena de
prisión perpetua.
 Tres
marinos con condena
JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN LA BASE
NAVAL DE MAR DEL PLATA
El Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata condenó
ayer a la pena de prisión perpetua al general de
brigada Alfredo Manuel Arrillaga, al contraalmirante
Roberto Luis Pertusio y al capitán de navío Justo
Alberto Ignacio Ortiz, por delitos de lesa humanidad
cometidos durante la última dictadura en el centro
clandestino que funcionó en la base naval de la
ciudad. Se trata de la primera condena a dos oficiales
superiores de la Armada desde el juicio a los ex
comandantes, en 1985. Los represores gozarán del
beneficio de la prisión preventiva domiciliaria
al menos hasta el 18 de febrero, cuando se conozcan
los fundamentos de la sentencia.
“Este fallo se lo debemos a las Madres, a las Abuelas,
a las víctimas y familiares que estuvieron presentes
e impulsando este juicio desde el comienzo –destacó
el abogado Alejo Ramos Padilla, querellante en representación
de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense–.
Es además una demostración de que poco a poco la
Justicia está asumiendo la responsabilidad histórica
frente a los más graves delitos de los que fue víctima
nuestro pueblo.”
“El fallo deja en claro que Arrillaga, como jefe
de operaciones e inteligencia, fue el responsable
de coordinar la represión ilegal en toda la subzona
militar 15, y que la Armada estuvo bajo las órdenes
del Ejército”, destacó Marcelo Núñez, de Hijos Mar
del Plata. “Esta sentencia ratifica que la absolución
del coronel (Alejandro) Duret fue una decisión política”,
agregó. La frase alude a la decisión de los jueces
Nelson Jarazo y Alejandro Esmoris, tras la derrota
del oficialismo en las elecciones parlamentarias
de 2009, en beneficio del oficial de inteligencia
identificado a la cabeza del grupo que llevó a Carlos
Labolita encapuchado y torturado a allanar la casa
familiar antes de desaparecer. La Cámara de Casación
estudia desde hace meses la apelación a ese fallo,
que votó en disidencia Carlos Rozansky. La condena
de ayer la firmaron Jarazo, Esmoris y Jorge Michelli,
miembros del TOF-2 platense, subrogantes en Mar
del Plata por la recusación de quienes actuaron
en el Juicio por la Verdad.
Los imputados llegaron al tribunal a las 7.30 acompañados
por agentes del Servicio Penitenciario Federal.
La audiencia prevista para las últimas palabras
arrancó con casi una hora de demora. Ante una sala
colmada por más de setenta personas (el tribunal
no permitió asistentes parados), Pertusio y Ortiz
aseguraron que no tuvieron ninguna relación con
el terrorismo de Estado. Ortiz, que encabezaba la
Fuerza de Tareas 6, se definió como un “hombre ético”.
El general Arrillaga, que volvió a torturar y matar
tras el copamiento del Regimiento de La Tablada
en 1989, prefirió mantenerse en silencio.
A las 13.45, luego del cuarto intermedio y la demora
reglamentaria, Jarazo comenzó a leer el fallo. Esta
vez la prensa no pudo ingresar en la sala. Sólo
lo escucharon en vivo las partes y un puñado de
familiares de víctimas. Excepto un marino de apellido
Ponce, que asistió a los camaradas durante todo
el juicio, no hubo allegados a los represores. Medio
millar de personas debió escuchar la sentencia desde
la calle, sobre la avenida Luro, con el tránsito
cortado desde primera hora.
La primera condena fue para Pertusio, que dirigía
la Fuerza de Submarinos e integraba la FT6. “Prisión
perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua”, leyó
el presidente del tribunal. El marino fue condenado
por secuestros, torturas agravadas por tratarse
de perseguidos políticos y los homicidios calificados
de Delia Garaguzo y Tristán Roldán, secuestrados
el 18 de septiembre de 1976. Dos días después la
patota volvió a desvalijar la casa y el entonces
capitán de fragata Pertusio le dejó al padre de
Roldán una copia del acta del procedimiento, que
34 años después le valió la condena también por
hurto agravado.
Ortiz recibió la misma pena, en su caso por ocho
privaciones ilegales de la libertad y tormentos,
más los homicidios agravados de Garaguzo, Roldán,
Liliana Iorio, Patricia Lazzeri y Liliana Retegui.
Arrillaga fue condenado por los secuestros y asesinatos
de Raúl Bourg y Alicia Rodríguez de Bourg, y las
torturas al primero. Todas las víctimas por las
que fueron condenados permanecen desaparecidas.
El tribunal tomó nota del pedido de querellantes
y fiscales de revocar los arrestos domiciliarios,
pero postergó un pronunciamiento sobre el tema al
menos hasta la lectura de los fundamentos. Los condenados
se retiraron en un camión celular de la Policía
Federal y seguirán en sus casas: Pertusio en Olivos,
Arrillaga en Capital Federal, Ortiz alquilando sus
cabañas en Merlo, San Luis.
La de ayer fue la tercera condena a represores en
Mar del Plata. En julio de 2009, por el secuestro,
las torturas y el homicidio de Labolita, fue condenado
a prisión perpetua el general Pedro Pablo Mansilla
y absuelto el coronel Duret. En junio de este año
fue condenado a prisión perpetua Gregorio Rafael
Molina, suboficial de la Fuerza Aérea, torturador
y violador en el centro clandestino La Cueva, en
la base aérea local. En 2011 está previsto un juicio
por los casos de La Cueva y de la comisaría 4ª,
y más tarde el segundo juicio por crímenes en la
base naval.
09/12/10 Página|12 |
La historia es harto
conocida, pero quizás convengan reiterarla. Cuando el 24 de
marzo de 1976, el Estado decide institucionalizar el método
de la represión masiva, utilizando para esa tarea a parte de
su personal especializado, uno de los lugares elegidos como
“centro de reunión de detenidos o “centro clandestino de detención”
, fue el hasta este momento el abandonado radar, ubicado dentro
de la propia Base Área Mar del Plata, contigua al aeropuerto
civil. A través de un convenio verbal entre los jefes de la
agrupación Ejército de la zona y el responsable de la unidad
aeronáutica, se habilitó el lugar para que operaran con mayor
tranquilidad los grupos de tareas de las “Fuerzas Conjuntas“.
Si bien en Mar del Plata existieron varios “Centros de Detención
Clandestinos”, muchos de ellos dentro de la propia ciudad y
en lugares muy céntricos, este predio tenía la ventaja de estar
enclavado dentro de una unidad militar y a su vez, bastante
alejado del alojamiento de la tropa, que realizaba el servicio
militar obligatorio. Era entonces, “el lugar ideal”.
En principio la tarea de inteligencia y coordinación de los
grupos estuvo a cargo del Teniente Primero Fernando Cativa Tolosa,
pero cuando este es abatido el 8 de octubre de 1976 en el único
enfrentamiento armado real que hubo en toda la década en aquellas
costas, la responsabilidad del radar y de los operativos de
la fuerza ejército quedó en manos de Molina. Así, en su legajo,
se puede leer: ”suboficial que se desempeñó por circunstancias
especiales en la sección inteligencia de la unidad”, entre el
1° de octubre de 1976 y hasta el 30 de septiembre de 1977. Anteriormente,
el titular de área, Ernesto Alejandro Agustoni, lo asigna a
colaborar para atender las necesidades del radar y a su custodia
personal, con lo cual la participación del condenado, en todas
las operaciones, resulta plenamente configurada.
En este marco, se desarrollaron los hechos por los cuales Molina
fue condenado, como participe necesario en el homicidio de los
abogados Norberto Oscar Centeno y Jorge Roberto Candeloro, como
coautor del delito de privación de ilegítima de la libertad
agravada por su tarea de funcionario público en 36 hechos y
como autor del delito de violación en forma reiterada agravada
por la calidad del autor encargado de la guarda de la víctima
en tres hechos. La sentencia dictada el 9 de junio de 2010 ha
sentado un precedente importantísimo al considerar el delito
de violación como un delito integrante de la tortura a que era
sometida la víctima en el marco de la represión ilegal y por
ende, también un delito de lesa humanidad no prescriptible por
la acción del tiempo, mérito atribuible a la constancia de las
valientes mujeres que hace más de 20 años vienen denunciando
el atropello a que fueron sometidas. Pocos ejemplos como estos,
existen entre los antecedentes de los juicios por crímenes de
la década del 70.
Este juicio, es en realidad una parte “pequeña” de otra mucho
mayor que se tramita ante el Juzgado Federal del Doctor Alejandro
Castellanos y que popularmente se conoce como “Causa La Cueva”.
En dichas actuaciones, Molina está acusado, junto a sus jefes
máximos, casi toda la plana mayor de la Agrupación del Ejército
encargada de la represión entre 1976 a 1978, de similares delitos,
pero con respecto a distintas personas. Efectivamente, a los
36 casos que ahora se le atribuyeron, allí se agregaron los
secuestros de Eduardo Martínez Delfino, Roberto Allamanda, Alicia
Nora Peralta Jorge Máximo Vázquez, Juan Roger Peña, Angel Haurie,
Federico Guillermo Báez, Mirta Giménez, Héctor Elpidio Giménez,
Domingo Luis Cacciamani Cicconi, todos estos desaparecidos aún,
y de la privación ilegítima de la libertad de Pedro Daniel Espiño,
Carlos Bozzi, Camilo Ricci, Alfredo Battaglia, Víctor Lencinas,
Rafael Molina, Héctor Gómez, Alejandro Dondas, Pablo Alejandro
Vega y Jorge Horacio Medina, quienes recuperaron la libertad
después de distintos periodos de cautiverios.
Paradójicamente y por esos tecnicismos del derecho penal, Rafael
Molina en esta ultima causa no está acusado de los homicidios
por los que ahora fue condenado, ni por ninguna de las privaciones
ilegitimas la libertad que esta sentencia le atribuye. Si bien,
se entiende que juzgar todos estos delitos, cometidos hace tanto
años, al amparo de las sombras y con la colaboración de un Estado
que permanentemente se caracterizó por ocultar y destruir las
pruebas, no es tarea fácil, se espera que alguna lógica jurídica
impere en el futuro para aunar criterios y que ninguna víctima
quede excluida de la justicia de su merecida reparación histórica.
Y en la tarea de ponerle nombre y apellido a cada caso, no se
puede dejar pasar por alto las historias de Olga Margarita Benzone
de Petter, secuestrada el 2 de octubre de 1976 delante de sus
cuatros hijos menores y vista en “La Cueva”, por Eduardo Miranda,
la de Jorge Enrique Pérez Catán secuestrado el 31 de enero de
1977, que pasara por ese centro junto a su hermana, y la de
Zulema Iglesias Llanes, que al momento del secuestro (12-04-77)
tenía once hijos. El suboficial Molina fue condenado por el
secuestro de la pareja de Zulema, que se llama Ramón Fleita.
Ambos fueron privados de la libertad el mismo día y en el mismo
lugar. A la mujer, se la tragó no solo la historia sino también
la justicia. La lista continua, con María Gloria Alonso Cifuentes
de Sánchez, Néstor Enrique García y su esposa, María Ester Vázquez,
Raúl Hector del Monte y Omar Secundino Oyola, todos vistos en
“La Cueva” por diversos testigos y aún no encuadrados legalmente
en ninguna causa.
Aún el Tribunal no hecho público los fundamentos de la sentencia,
fundamentos que obviamente se esperan con mucha ansiedad, aunque
no caben dudas que el prestigio y la seriedad profesional de
los jueces que lo integran, es suficiente carta de presentación
para aguardar un pieza jurídica única y novedosa para este tipo
de casos, como así ya lo han adelantado en un veredicto en donde
impera un estricto sentido de justicia, que desmiente todo intento
de perseguir estos delitos bajo algun signo de venganza ideológica.
Sin perjuicio de ello, no deja de ser preocupante la introducción
en este juicio de testimonios de ex conscriptos que participaban
en la custodia de las víctimas, mientras las mismas permanecían
privadas ilegalmente de su libertad. Según la defensa de Molina,
estas personas no pueden ser consideradas testigos, pues de
alguna manera forma parte de la comisión de un delito. La Fiscalía,
por su parte retrucó, que el hecho de tener contacto con los
detenidos desaparecidos no debe ser tenido en cuenta ya que
los conscriptos no eligieron estar allí y que su participación
en el cuadro de la situación es menor. Y por último, el representante
de la querella, argumentó que los conscriptos estaban allí contra
su voluntad, obligados por las normas del servicio militar obligatorio
y que de todas maneras, se los dejo declarar sin ha- ber objetado
en su momento tales manifestaciones.
No puede dejar de reflexionarse que el hecho tiene aristas de
sumo riesgo y que a las preguntas del sentido común no hubo
respuesta alguna. Por ejemplo: ¿Qué hubiese pasado si la persona
secuestrada, intentaba fugar mientras se encontraba bajo la
custodia del ex conscripto? ¿Qué ordenes tenía este? ¿Y si hubiese
sucedido la hipótesis de un resultado fatal, en que condiciones
se sentaría hoy esta persona ante un tribunal de justicia? ¿Más
aún, de que manera le transmitiría, hoy después de más de 30
años, tal funesta noticia a los parientes de la víctima? La
realidad, por mas que quiera disfrazarse, es que dichos conscriptos
tenían, obligados o no, el dominio de la situación y el control
de la persona privada de la libertad asignada a su cuidado y
por tal razón tuvieron amplio conocimiento de las reacciones,
angustias y dolores de cada una de ellas, incluso de los diálogos
mantenidos en cautiverio. No se entiende como puede defenderse
la memoria de una persona desaparecida o de un ex detenido desaparecido,
si mañana algunos de estos “buenos custodios”, siempre en su
calidad de testigo, le atribuye a uno de ellos, la calidad de
delator, traidor o responsable del asesinato de un compañero
de cautiverio. Ante ello, la posibilidad del derecho de defensa
del aludido es casi nula….!!! Obviamente, esto es un tema a
reflexionar y mucho!!!
Por último, es una realidad que Rafael Gregorio Molina estuvo
solitariamente solo ante esta circunstancia. Su empleador, quien
le pagó el sueldo con el cual se mantuvo durante toda su vida,
quien le proporcionó obra social, viáticos para vivir, le reconoció
horas extras de trabajo, la nafta para los vehículos, la comida,
la ropa, las balas para su armamento y vaya a saber cuantas
cosas más, no estuvo en el banquillo junto a él. Es el Estado
Argentino, el que lamentablemente faltó a la cita. Obvio, que
quizás, nuevamente el tecnicismo procesal, hizo olvidar este
pequeño y gran detalle y en una de esas, quizás también nadie
acusó a ese Estado Argentino, que aprovecha a mirar a otro lado.
Por eso, cuando se sienten todos ante la Justicia, nuestros
sueños se convertirán en realidades y los que no están, tendrán
su merecido descanso, aunque todo esto sea una utopía. La poca
trascendencia nacional que tuvo el fallo Molina es un desaliento,
que no va a detener este aire fresco de justicia que se impulsa
desde estas costas atlánticas.
Carlos A. Bozzi
Abogado - Junio 2010
Sobrevivivnte de La Noche de las corbatas
¡Contra la Maldita Inseguridad,
Consejeros de Seguridad se necesitan!
Por Carlos A. Bozzi
Es sabido que los consejeros de seguridad y sus instituciones
proliferan cuanto mayor aumenta el desconcierto ante el delito,
causando severos impactos emocionales con sus opiniones y diagnósticos
de soluciones mágicas, lo que acarrea más confusión e intranquilidad
a una sociedad desconcertada. Algunos hablan por ignorancia,
otros mienten a sabiendas proponiendo “tremendas soluciones
penales”, los políticos hacen campaña con el tema y dentro de
este panorama, las voces sensatas pasan inadverti- das. La policía
se excusa alegando que la justicia es “flexible y garantista”,
los políti- cos acusan a la policía y al incumplimiento de las
leyes por los jueces y los jueces adu- cen que la solución del
tema está exclusivamente en manos de los políticos, que obvia-
mente miran para otro lado. Los unos alegan que la situación
actual se debe a las “políticas garantistas” y los otros sostienen
que por no haber seguido sus consejos, el problema, no solo
no se soluciona, sino por el contrario, se agrava. Así , medios
de difusión de noticias mediante, sigue la ronda,cada uno agarra
su sortija, gira y gira en la calesita, el problema persiste,
nadie saca el premio y la sociedad mira incrédula como día a
día despierta con una tragedia más.
Se exponen ejemplos, como el de aquellos países en donde “el
que mata mue- re”, olvidando quizás que en esos lugares, también
al que ofende se le corta la lengua y al que la roba, se le
corta la mano,con lo cual ,muchos de estos “segurólogos” se
verían en serios problemas a la hora de querer marcar algún
número de teléfono o tratar de llevarse un bocadillo a la boca,
tenedor mediante. Ante cada hecho luctuoso, se propo nen planes
de “guerra”, compra de patrulleros, reclutamiento de efectivos,
cámaras de videos, incremento de penas y reformas procesales
que siempre terminan en un leve maquillaje de leyes ya existentes
y rigurosamente incumplidas.
El sensacionalismo se nutre en forma descarada del sentimiento
de cada familia afectada por la delincuencia,construyendo un
sistema mediático-penal que reduce el tema de la inseguridad
a los delitos contra la vida, cometidos por un oscuro y oculto
ejército de jóvenes que no superan los 18 años de edad ,contra
los cuales no hay policía, juez o político que pueda. Así, la
inseguridad queda reducida a ese grupo “eta- rio”, que abunda
en villas miserias y que por algún designio bíblico, hoy irrumpen
en el espectro social, ignorándose la razón de esta explosión
delictiva, en un país donde los “ladrones de antes” tenían códigos,
que esta nueva gente elude en cada unos de sus hechos. Obviamente,
fuera de este concepto de “seguridad” quedan los “delicuentes
de cuello blanco”, los crímenes en la alta y media clase social
,aquellos que afectan a em prendedores de negocios turbios,
a los que se denomina como “jóvenes empresarios”, que algún
“error” habrían cometido, los negocios del mercado de medicamentos,
la proliferación de desarmaderos adonde diversos sectores sociales
recurren por repues tos baratos, la conocida venta de drogas
en boliches “vip”, el comercio de personas y el lavado de dinero,
entre otras actividades. De estos delitos, no suele haber estadísti
cas, pero igual producen la muerte de personas, obviamente,
no anunciadas en la tele visión.
“El miedo es la materia prima de las prósperas industrias de
la seguridad privada y del control social. Una demanda firme
sostiene el negocio. La demanda crece tanto o más que los delitos
que la generan, y los expertos aseguran que así seguirá siendo.
Florece el mercado de las policías privadas y las cárceles privadas,
mientras todos, quien más, quien menos, nos vamos volviendo
vigilantes del prójimo y prisioneros del miedo”, decía Eduardo
Galeano en un artículo escrito para la página web “Rodelu.net”,La
Jornada de México, el 4 de junio de 2006.
Y concluía:”Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo.
Los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo.
Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los
automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen
miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar
y el lenguaje miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los
militares, los militares tienen miedo a la falta de armas, las
armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo.
Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre
a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía.
Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño
sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir y
miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud,
miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser,
miedo de morir, miedo de vivir”…
No es ocioso, remarcar que la Seguridad Pública como bien social
es un concep to que va más allá de la inmediata protección contra
el delito. Constituye la base nece- saria para el ejercicio
de la libertad, se vincula directamente a la existencia de un
esta- do democrático y a la participación de los derechos básicos
del bienestar social, actuan do como elemento único para garantizar
el desarrollo de una mejor calidad de vida. Pero a su vez, el
ciudadano mide la seguridad como una “sensación “ y a diferencia
de otras políticas públicas, la seguridad debe dar respuesta
a dos niveles distintos: el subjetivo y el objetivo, la sensación
y la amenaza real.
Esta relación entre sensación subjetiva y causas objetivas requiere
de una do- sis de serenidad y equilibrio fundamentalmente por
de los decisores públicos, que ge neralmente nunca se tiene.
La sensación de inseguridad se retroalimenta y adquiere peligrosas
formas de irracionalidad, con notorias oscilaciones y variantes
en plazos muy breves, ante hechos aberrantes de impacto público.Pero
hoy ,todo límite teórico se ha superado: la sensación es la
realidad y los hechos cotidianos asi lo demuestran, todo ello
fogoneado por un bombardeo mediático que concluye en : “algo
hay que ha- cer”.
Y he aquí el meollo de la cuestión: la definición de la “SEGURIDAD”
es en defi- nitiva la batalla que determinara LA POLITICA A
SEGUIR, con lo cual esta fuera de toda duda, que el problema
de la SEGURIDAD, es esencialmente un TEMA POLI- TICO, nunca
abordado de esta manera en nuestro país, por múltiples y diferentes
razones, todas ellas más afines a esos intereses políticos que
a los deseos de la socie- dad, que hoy sufre estas consecuencias.
No se puede tapar el sol con las manos. La inseguridad ha crecido
y no existe dato cierto alguno que indique un futuro descenso
de la misma: todo lo contrario, fundadas sospechas aseguran
que irá en aumento. Ya es un tema que no se soluciona con excusas
o discursos llenos de pretextos y en esta tarea PARA CONSTRUIR
SEGURIDAD ningún tópico puede dejarse de abordar, pero siempre
partiendo del compromiso ciudadano comprensivo de la seguridad
es una tarea de todos, basada en un sistema de derechos y garantías
imposible de traspasarse, bajo el peligro de repetir historias
pasadas, pues cuando se proclama que para combatir el delito
se debe dismi- nuir las garantías del delincuente, debe tenerse
en cuenta que no es que habrá menos garantías para estos e iguales
garantías para el resto de la población: todos correrán similares
riesgos, unos a manos del Estado y otros a manos de la delincuencia.
A ello se suma, que desde 1990 en adelante, ha crecido la tendencia
a encerrar más y más personas, al tiempo que se recortan los
presupuestos para mantener las cár celes. Con menos dinero,
se tienen más presos y así las cárceles se convierten en otra
usina productora de delincuentes. Obviamente construir e inaugurar
mejores estable -cimientos penales, no está en la agenda de
los políticos, pues son actos que no “cose- chan” votos. Frente
a ello, como hongos surgen los expertos en políticas de seguridad
juvenil, de contención de la niñez, de educación del "delincuente",
ideando “modernos centros de contención” construcciones, que-
por lo proyectado- parecieran que en su interior funcionarán
universidades, similares a las del primer mundo . No se entiende,
de que manera un país como el de la República Argentina,que
apenas controla desde hace años su enseñanza pública, podrá
afrontar un sistema educativo para chicos que han crecido en
la misera,la exclusión y la falta total de valores. Toda una
incógnita.
Pero es claro, que a medida que el fenómeno crece y que las
soluciones no apa- recen,la sociedad descree de toda estadística
y de toda teoría. Para ella, no existe “sen sación de inseguridad”,
lo que realmente percibe a diario es “la falta de seguridad”
y también, por el contrario y gracias a la exposición pública
de las más crudas doctrinas de la mano dura, va tomando conciencia
que el camino de la solución,pasa por políti cas que el Estado
no acierta a aplicar.
La realidad indica que deben dejarse de lado antiguos conceptos
que contrapo- nían el llamado “orden público” (originado en
la época de las dictaduras pasadas) con los nuevos paradigmas
de la “seguridad pública comunitaria”,que maliciosamente mu
chos comunicadores equiparan a una defensa de “los derechos
humanos” de los “de- lincuentes”. Tanto es un derecho a no ser
detenido y golpeado por la policía, como a caminar libremente
por las calles, a no vivir entre “rejas”, con desconfianza y
miedo y en este contexto también la víctima tiene derecho a
ser reparada integramente. Los derechos de lo habitantes, de
todos, deben ser defendidos sin rótulo alguno y no es necesario
introducir mayor confusión aún, en un tema donde no solo nos
va la vida cotidiana, sino también la estabilidad racional que
debe primar en la relación de toda sociedad.
Construir Seguridad también implica invertir en educación, salud
y trabajo, que obviamente redituará mucho más que la inversión
en armas o en instrumentos de represión. Construir Seguridad,
también implica que la Justicia ,por una vez en la his toria
de este país, tome las cosas con valentía y explique a la sociedad
el porqué de ca- da una de sus decisiones, en vez de que las
mismas se transmitan por los medios de difusión de noticias,
con la intencionalidad que ello conlleva. Mientras subsista
esta idea de querer ignorar que el tema de la Seguridad es un
problema esencialmente político y los poderes públicos hagan
caso omiso a esto, todos los argentinos seguire- mos rehenes
de este tira y afloje, con consecuencias nada alentadoras, porque
en esta lucha, no conviene olvidar que cuando en nombre de la
Seguridad se prive a las perso- nas de Libertad, no habrá ni
Seguridad, ni Libertad.
Carlos A. Bozzi
Abogado - Diciembre de 2009
Sobrevivivnte de La Noche de las corbatas
 Los
misterios de la costa marplatense
Por Carlos
A. Bozzi *
¡Alto el Fuego!
Existen pocos paisajes en la zona atlántica como el que da nacimiento
a lo que se llama “Barranca de Los Lobos”, que arranca geográficamente
pasando el mítico “Faro” marplatense y se extiende más allá
de las conocidas “Colonias de Chapadmalal”. Las altísimas barrancas,
las profundas entradas del mar azotando con sus olas, enormes
piedras que descansan sobre playas, muchas veces inaccesibles
al ser humano, dan un tono cinematográfico a una geografía que
muchos lugares del mundo envidian.
Un poco de historia
“No se sabe de donde vinieron. Pero en tiempos alejadísimos,
cuando los contornos de la tierra no habían tomado su diseño
actual, los ríos no surcaban sus cauces de ahora, se hacía sentir
un clima húmedo y pesado y vagaban por la pampa cubierta de
ciénagas los grandes mamíferos extinguidos, había seres humanos
en los acantilados de la costa atlántica, entre Mar del Plata
y Bahía Blanca”, comienza narrando en su primer tomo de Historia
Argentina, José María Rosa. El horizonte contemplado por el
ser de “Las Barrancas”, hizo que posteriores estudios,lo bautizaran
como el “homo chapadmalense” y las huellas de su rudimentaria
cultura, permitieron colocarlo “a la cabeza de la humanidad
primigenia”.
La zona, alejada
del centro de la ciudad turística, siempre tuvo el encanto de
la “aventura” y poco pudieron ser explotadas sus playas, dado
lo difícil del acceso a las mismas y el peligro que supone la
altura de las barrancas. Los escasos emprendimientos comerciales
iniciados, no pudieron hacer pie, pese a los aislados intentos
de algún inversionista que se animó con alguna infraestructura,
sin éxito alguno.
En el camino hacia esas costas, se encuentra un icono de la
zona: “El Faro”. Distante exactos 13 kilómetros desde la intersección
de las Avenidas Luro e Independencia, con una altura de 54 metros
y una lámpara cuyos reflejos alcanzan los 38 kilómetros mar
adentro, la construcción es parte indispensable de cualquier
postal marplatense. A su costado, se instaló uno de los “Centros
Clandestinos de Desaparición de Personas”, que funcionó en la
dependencias de lo que era la “Escuela de Suboficiales de Infantería
de Marina”, hoy en ruinas.
Los misterios de las barrancas
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Instalaciones
del IOSE y el estado de abandono
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La distancia hacia
la ciudad turística, la carencia de servicios esenciales, como
agua y electricidad, hicieron que la zona fuese tradicionalmente
poco poblada. Solo grupitos de 3 o 4 casas se le animaban a
una geografía, rodeada de campos y algún que otro sembradío.
Sin embargo, con el correr de los años, de a poco fueron naciendo
distintos barrios, salpicando la solitaria ruta hacia “Las Colonias”.
con casitas de techos rojos y paredes blancas.
La soledad del paisaje, hizo que las Fuerzas Armadas, eligieran
la zona como un lugar de privilegio, para el asesinato de más
de 15 personas, cuyos cuerpos fueron encontrados al borde de
las playaa, encapuchados, con las manos atadas y disparos de
armas de fuego en sus cabezas. Los hechos tienen nombres y fechas.
La mayoría de ellos ocurrieron entre los meses de febrero y
octubre de 1978, sin conocerse el por qué de la elección de
ese periodo de tiempo.
El 4 de febrero de aquel año, varios militantes de un partido
de izquierda, fueron secuestrados en la ciudad de Necochea por
personal de la Marina Argentina. La mayoría eran mujeres, con
hijos que no superaban los 4 años de edad. Las madres fueron
“alojadas” en la Base Naval de Mar del Plata y cuatro niñitas,
dos rubias y dos morenas, abandonadas en la zona de “Las Barrancas”,
donde asombrados vecinos las encontraron deambulando por las
solitarias playas. “Develar el misterio es un desafío a la sensibilidad
pública... Estupor por el abandono en distintos lugares de la
ciudad de cuatro niñas”... titulaba el Diario “La Capital” el
9 de febrero de aquel año. Cinco días después, el mismo matutino,
con autorización de la justicia, publicó las fotos de las cuatro
niñas, bajo el título: “Para una Galería del Absurdo”. Gracias
a ello, familiares de las menores, que residían en otros lugares
de la provincia, pudieron rescatar a las bebas.
Por julio aparecieron los cuerpos de varias mujeres tirados
en las playas de estas ya famosas “Barranca de Los Lobos” y
en agosto ocurrió el suceso de la playa “Luna Roja”: “Una bomba
que manipulaban, destrozó a cuatro extremistas” , titulaba la
edición del Diario “La Capital” del día 3 agosto de 1978. Las
imágenes publicadas son elocuentes, pues como se observa en
las fotos, de la precaria construcción no quedó practicamente
nada. Hasta hoy, han sido in fructuosos los esfuerzos para conocer
la identidad de estas personas, que no eran cuatro, si no cinco,
según consigna el ingreso de los cuerpos al cementerio de Mar
del Plata (cuatro mujeres y un hombre).
Alto el fuego. Paz en la zona.
Por 1976, muy cerca del complejo de las colonias, el “Instituto
de Obra Social del Ejercito” (IOSE), construyó un complejo turístico
para sus afiliados. El eprendimiento se instaló en la misma
zona de Chapadmalal, sobre Playa Santa Isabel ,en el barrio
del mismo nombre y a 2 kilómetros de San Eduardo de Chpadmalal.
Es un conjunto de 6 edificios de una sola planta, con instalaciones
para que los afiliados a la Obra Social pudieran vacacionar.
Apenas instalado, las autoridades de la Obra Social cercaron
la playa e impidieron el acceso a los vecinos, colocando además
custudios en el portón de ingreso. Se organizaron protestas,
se hicieron reuniones conjuntas entre vecinos y autoridades,
pero el ingreso a la playa continuó siendo difícil. En un momento,
las autoridades otorgaron una “credencial” a los vecinos del
barrio Santa Isabel, que los autorizaba al uso de las playas,
pero desecharon ese “privilegio”.
Con la democracia, la cosa mejoró y ya el acceso fue libre,
pero por cuestiones ecológicas (mega-escollera construida durante
la presidencia de Menem en la residencia de Chapadmalal), la
playa fue desapareciendo. El IOSE abandonó el complejo y las
instalaciones comenzaron a sufrir un lento deterioro: basura,
alambres caídos, muros derrumbados, piedras enormes en la poca
costa que queda, construcciones en peligro de caída, etc. Nadie
se hizo cargo de las abandonadas instalaciones, ni el IOSE,
ni el municipio de Mar del Plata, pese a las quejas insistentes
de los vecinos, que no saben a quien recurrir para solucionar
el problema del abandonado complejo.
Pero hay más. Cada dos meses la “jefatura de la Agrupación de
Artillería Antiaérea de Ejército 601”, Escuela y Unidades dependientes,
Grupo de Artillería Antiaérea 601, Grupo de Artillería Antiaérea
Mixto 602 y Batería de Mantenimiento de Sistemas Antiaéreos
601, guarnición militar asentada a 50 kilómetros del lugar,
traslada en camiones todos sus cañones, instalándose a metros
del abandonado complejo, para realizar prácticas de tiro.
El dato no es menor. Los ejercicios se realizan a la altura
del Polideportivo Panamericano y de Estación de Bomberos de
la zona, a 300 metros del complejo presidencial, a 500 metros
de la Escuela Municipal EGB 58 ,enclavando trincheras y apostando
piezas antiaéreas en una zona que fue declarada Reserva Turístico
Forestal por el municipio marplatense. A su vez, los disparos
apuntan al camino que recorren la ballena franca austral que
al emigrar, pasa por esas costas.
Lo impresionante del cuadro se pueden ver en la pagina web:
http://www.ejercito.mil.ar/_NOTICIA/AgrAAEj601-Ec_03dic.asp
Tambien los vecinos
han elevado notas al Intendente local y al Ministerio de Defensa
de la Nación sin eco alguno, no solo para que se solucione el
tema del complejo abandonado, sino también para que cesen estas
practicas militares en una zona, hoy bastante poblada gracias
al esfuerzo de numerosos vecinos. Los cañonazos, los disparos
de ametralladoras, los camiones militares y el incesante correr
de los soldados, atentan contra la seguridad de la población.
Por el lugar (nada más ni nada menos que la ruta provincial
número 11) transitan ciclistas, automovilistas, colectivos de
línea de media y larga distancia y personas a pie. Los estruendos
asustan a la fauna del lugar y el humo de la polvora a veces
impide la visión al mar, siendo todo esto un serio atentado
al medio ambiente.
Cansados, los vecinos han subido videos a YouTube, los cuales,
bajo el titulo de “Practicas Militares en Chapadmalal” se pueden
ver en los siguientes link:
Parte 1:
http://www.youtube.com/watch?v=zF9okNBR1fo
Parte 2:
http://www.youtube.com/watch?v=Yjw7g3cr7ao
Parte 3:
http://www.youtube.com/watch?v=h-CDDp0hfxA
Parte 4:
http://www.youtube.com/watch?v=YfhQRTmnV-I
El cuadro refleja una zona de guerra. Se pueden ver las ametralladoras
disimuladas entre las rocas, las explosiones en el cielo, entre
los automotores y los ciclistas que circulan por la ruta y vecinos
asombrados por tal despliegue bélico. Si el lugar fue elegido
por cuestiones estratégico-militares, se ignora, pues nadie
da explicaciones sobre el hecho.
Aunque sería sensato reflexionar que la zona, históricamente
signada por tanta historia de muerte, quede en paz y alejada
de estos nuevos disparos, que tanto hacen recordar aquellos
tiros que hace años sonaban entre la oscuridad de estas míticas
barrancas. ¡Alto el fuego!, piden hoy los vecinos de las playas
de Chapadmalal, los cañones a otro lado y que vuelva la paz
a la playa. Y también, que alguna autoridad se haga cargo de
las derruidas instalaciones de aquel viejo hotel militar, que
hoy sirve de trinchera a modernas practicas de tiro. Nada del
otro mundo.
Carlos A. Bozzi
Abogado - Noviembre 2009.
Mar del Plata
Sobrevivivnte de La Noche de las corbatas
 Detrás
de la puerta están los datos
Por Carlos A. Bozzi
Abogado. Sobreviviente de La Noche de
las Corbatas
Las recientes manifestaciones de Graciela Fernández Meijide
acerca de las cifras reales de personas desaparecidas durante
la década del 70, las numerosas repercusiones causadas, que
también motivaron una declaración de la Secretaria de Derechos
Humanos de la Nación y la reciente absolución del coronel Alejandro
Guillermo Duret por un Tribunal Federal en la ciudad de Mar
del Plata, introdujeron otro cariz al tema de los derechos humanos
en Argentina.
Más allá de los disgustos y las molestias que puedan ocasionar
opiniones diversas, es necesario ver que la polémica no es mala
en sí, sino por el contrario es necesaria e imprescindible para
diseñar una estrategia superadora que permita la condena de
todos los responsables de crímenes de lesa humanidad. Y más
aún, que esa condena sea dictada por el actual sistema de justicia
que tiene la República Argentina en este momento histórico y
no por otra justicia, que deseamos, pero no aparece, salvando
los casos de excepcionales jueces, que aun quedan y poco pueden
hacer..
Las cifras las tiene el Estado
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Nunciatura - Desaparecidos al 28-12-1978. Documento
desclasificado del Dto. de Estado EE UU (en inglés)
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El 24 de marzo de
1976, no fue producto de algunas ideas alocadas de ciertos personajes
que emergieron de la nada, con ansias purificadoras y la misión
de salvar a la patria de las tinieblas y el caos. Fue el resultado
de una política que se apropió del aparato del Estado Argentino
y que a través de sus funcionarios y empleados, diagra mó una
estrategia de exterminio de disidentes políticos y sociales.
Así lo hemos dicho en reiteradas oportunidades a través de las
páginas de “El Ortiba”,
en artículos escritos en el 2006 y 2007,en los cuales como síntesis
se concluía: “Este diagrama de la muerte se diseñó como una
POLITICA DE ESTADO, método que por una parte buscó ocultar los
hechos, mientras que por otra registraba minuciosa y administrativamente
todo detalle de cada asesinato. Y así, responsable único de
esta historia, el ESTADO, el de ayer como el de hoy, sea quien
fuere el que se encuentre al frente de su administración ,va
evadiendo lentamente su obligación de brindar y poner al alcance
de todos, los elementos necesarios e imprescindibles para que
miles de argentinos reconstruyan su historia”. 1
Nadie puede ignorar las dificultades de todo tipo que han tenido
los familiares de las personas desaparecidas para realizar adecuadamente
sus denuncias en aquellos tiempos. Basta imaginar, las penurias
que atraviesa hoy un argentino que desea ha cer una denuncia
similar en cualquier dependencia policial o judicial país, para
com prender la magnitud del problema. Por ello, no se entiende
lo que pretende decir la señora Meijide cuando cuestiona las
cifras de desaparecidos, ni adonde apunta su planteo y cual
es el beneficio de una u otra visión de la cuestión.
No solo, existe el informe de Arancibia Clavel (Policia Chilena,DINA)
que en 1978 decía: “se tienen computados 22.000, entre muertos
y desaparecidos desde 1975 a la fecha…”, sino también el informe
de un militar argentino a la Nunciatura Apostólica , que a diciembre
de 1978, confesaba: “las fuerzas de seguridad se habían visto
obligadas a hacerse cargo de más de 15.000 personas” (en la
jerga,, quiere decir: “se habían cargado, más de 15.000 personas),
con lo cual no quedan dudas que las cifras son mucho más superiores
a las denuncias iniciales efectuadas ante la Conadep. Y teniendo
en cuenta,la cantidad de centros clandestinos de detención,
el número de hombres de armas puestos en acción, la inmensa
tarea que aún resta en muchas localidades del interior del país
para censar desapariciones no denunciadas,no es difícil imaginar
un número que supera ampliamente los 30.000 desaparecidos.
Pero en donde difiero con el Secretario de Derechos Humanos
de la Nación, es que la cifra exacta y los datos de la cantidad
de desaparecidos, se encuentre en poder de los asesinos, si
como tales identificamos a los Videla, Massera, Bussi, Menéndez,
etc. En realidad, el asesino fue el Estado Argentino,
el que realizó esta atrocidad a través de sus agentes, quienes
anotaron, registraron y archivaron minuciosamente todo, como
lo hace cualquier empleado público que se precie de tal..
Y sobran los ejemplos. El archivo de la Dirección de Inteligencia
de la Policía de Buenos Aires (DIPBA) descubierto en el año
1999 y el ahora reciente informe sobre otros archivos descubiertos
en Rosario y Santa Fe, como algunos desenterrados en la ciudad
de Corrientes, muestran que hay datos y muchos. A más de ello,
aun continúan las amenazas anónimas a madres y abuelas,en la
cuales macabramente se transmiten detalles de la muerte de sus
hijos, detalles que solo pueden saber aquellos que participaron
en esos homicidios. En estas páginas, también hemos relatado
el episo- dio sufrido por los hijos del matrimonio Sasso, desaparecido
en Mar del Plata en febrero de 1979, a los que una mano anónima,
dejara por debajo de la puerta del de- partamento de uno de
ellos, la cédula de identidad de su madre..¿Quién había archivado
ese documento durante 21 años y lo había mantenido intacto?
2
Lo que pasa es sencillo: hay que tener, mostrar y ejercer voluntad
política para buscar esos datos y ningún gobiernos desde 1983
en adelante, la ha tenido y creo que tampoco la tendrán los
que vengan en el futuro. Y aquí está el meollo de la cuestión,
pues la dilucidación final de estos hechos esta en manos del
mismo Estado, que es quién cometió el delito. ¿Cuántos dictámenes
favorables a la reparación de daños a familiares de personas
desaparecidas, emitidos por la Secretaría de Derechos Humanos
de la Nación, son rechazados por la Dirección de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Justicia? cEs bueno que se sepan, no solo
la cantidad, sino también las razones del rechazo. Tengo ejemplos,
nada gratos y que en el fondo mellan la tarea de hombres de
talla del Dr.Eduardo Luis Duhalde, porque se originan en el
área de la decisión política ministerial, ajena a su secretaría
y demuestran las diferencias entre una y otra visión sobre los
hechos de la década del 70.
La realidad es una sola. Esto tiene nombre y apellido y no se
soluciona con excusas ni discursos llenos de pretextos.Solo
se necesitan datos, fechas, registros, anotaciones, documentos,
resoluciones secretas y publicas, nómina de pilotos militares
en el período 1976 a 1982, listado de todos los conscriptos
clase 1955 a 1958, fecha de operaciones y quienes son, al menos
algunos, de los 150.000 hombres que participaron en la represión,
todo lo cual esta en poder del Estado y no ha expuesto públicamente
a la luz hasta ahora en la dimensión que corresponde. Detrás
de cualquier puerta, está todo lo que se busca. Solo se
necesita abrirla.
El caso Duret : la realidad a la vista
En los artículos mencionados anteriormente, habíamos sostenido
que la justicia ar gentina estaba en deuda con la problemática
de los derechos humanos, pues dicho po der, se había convertido
en una máquina de hacer tiempo a la espera de que la biolo-
gía haga su trabajo, de manera que los malos vayan muriendo
paulatinamente y así eludan cualquier posible condena. Al igual
que un mediocampista de fútbol, hace tiempo con la pelota. la
amasa, la pisa. Demora el pase, espera que los demás se aco-
moden o acomoden las cosas ( especialmente el poder político)
y después actúa.
Pero con el caso del coronel Alejandro Guillermo Duret esa regla
se quebró. Llegó la hora de actuar, pues no quedaba otro remedio
y procedió: lo absolvió de culpa y cargo, porque nadie lo vió
cometer el crimen del joven Labolita. En realidad el argumento
no es nuevo. En los asesinatos de los doctores Candeloro y Centeno,
los magistrados que juzgaron a las juntas militares dieron por
acreditado el secuestro de los mismos, y nada más, con esta
lacónica frase: "...Frente a tan escaso cuadro probatorio, resulta
forzoso concluir en que no se encuentra acreditado que esta
muerte haya sido la consecuencia del accionar violento de sus
captores..."
Pero, más allá de este fallo sobre el coronel Duret, cuya suerte
final esta en manos de la apelación, resulta interesante remarcar
algunos puntos de la defensa.El militar remarcó algo llamativo:
“El Estado me perjudicó al destruir toda la documentación relacionada
con la lucha antisubversiva”. Urge probar que no es así, porque
el argumento va a prender como hongos en la humedad.
Y la segunda cuestión, más preocupante aún, es cuando dijo:
"Hice el 75 por ciento de mi carrera en gobiernos democráticos
y ascendí a coronel en abril del 2000 con acuerdo del Senado.
El 12 de abril de 1994 fui designado al cuartel de Zapala en
pleno Caso Carrasco. No me hubieran designado a cumplir esa
misión si fuera un violador de Derechos Humanos", con lo cual
estaba reafirmando lo que mucho sostienen, al decir, que el
peso de la represión recayó entre la oficialidad que aquel entonces
contaba entre 25 a 35 años. Ello son en realidad, quienes pueden
informar fehacientemente sobre aquellos hechos.
Y no es el primer caso de un acusado de violación a los derechos
humanos que siguió prestando servicios al Estado. Ejemplos sobran:
el número 226 de la Revista “El Periodista”, informaba en enero
de 1989, que el teniente de fragata Jorge Luis Radice, miembro
de la plana mayor del Grupo de Tareas 3.3. de la ESMA, había
sido designado asesor de seguridad en el minibloque del ultra
peronismo en la Cámara de Diputados. En julio de 2006, mucho
tiempo antes de ser detenido, informábamos desde estas paginas
que el ex capitán de fragata Luis Roberto Pertusio, jefe de
la Fuerza de Submarinos en 1976 en Mar del Plata, aún integraba
el Comité de Estudios de Estrategia Militar y Organización Superior
del Centro Naval Argentino, participando en paneles auspiciados
por la Escuela de Defensa Nacional.3
Cuando fue detenido Aldo Carlos Máspero, ex jefe de la Agrupación
de Artillería de Defensa Aérea (AADA 601), también señalamos
que sus tareas docentes como profesor de la Escuela Superior
de Guerra estaban avaladas por la fuerza Ejército y la nominación
al premio a la “Vocación Académica” (34° Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires) , fue propuesta por un jurado constituido
por rectores y decanos de universidades e institutos terciarios
argentinos y por los organizadores de las Jornadas Nacionales
sobre la Vocación, la Capacitación y el Empleo en la República
Argentina.4 Y hasta el propio Alejandro Guillermo Duret, participó
de la comitiva presidencial, cuando Carlos Menem concurrió al
juramento de Chavez en Venezue- la, allá por febrero de 1999.
(Ver Diarios “La Nacion” y “Clarín”, 3 de febrero de 1999).
Es decir, parece, que todos aún están y estuvieron hasta hace
poco en el Estado, al cual le prestaron servicios desde muchos
antes de 1983 y quizás en la actualidad, buena parte de aquellos
150.000 hombres, permanezcan en distintos puestos burocráticos.
Esta es la cuestión central a resolver, porque sin refundar
un Estado, que tiene sus actuales cimientos en las leyes de
los gobiernos cívicos-militares, será casi imposible torcer
la historia de la Argentina.
El regocijo de los malos
Es posible y ciertamente probable que estas polémicas despierten
regocijo en algunos personajes, que no han hecho otra cosa que
justificar vejaciones, torturas y crímenes, sin poder demostrarle
a la sociedad que un “solo” desaparecido haya sido el autor
de algún hecho ilícito en la década del 70. Y no la pueden mostrar,
porque sus defendidos han asesinado a todos los sospechosos…se
han quedado sin prueba alguna. Los principios en que se fundamenta
la justicia son superiores, pues nadie podrá desvirtuar que
todo homicidio es un crimen y por ello tendrán que responder,
hoy, mañana o pasado, no sé, pero lo tendrán que hacer ante
los tribunales de justicia.
1 “¿Y entonces, me pongo de nuevo la capucha?”, “Todavía Están”,
“Haciendo Tiempo”, etc.
2 “Documentos Secuestrados .Documentos devueltos. Cedulas de
Identidad recuperadas. Misión cumplida”.
3 “Jefes Navales detenidos en Mar del Plata”
4 “Regreso sin Gloria.Mas Militares detenidos fueron llevados
a Mar del Plata”.
Notas del autor
en el sitio en Columnas de opinión
Notas del autor en el sitio sobre La
Noche de las Corbatas
Se permite la reproducción citando la fuente
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 Como
todos los años, un tema sin resolver
(La Larga Noche de las Corbatas)
Por Carlos A. Bozzi
Sobreviviente de “La Noche de las Corbatas”
Este 6 de julio del 2009, ya se cumplen 32 largos años,que recuerdan
aquellos siete días, durante los cuales en un operativo múltiple
fueron secuestradas nada menos que once personas en la ciudad
de Mar del Plata, siete de las cuales, ejercían la abogacía,
todos los cuales fueron alojados en el radar subterráneo de
la Base Área local, lugar que posteriormente se conoció como
el Centro Clandestino “La Cueva”.
Conviene volver a repetir la cronología de estos hechos. El
6 de julio de 1977, son secuestrados los doctores Norberto O.
Centeno, Salvador Arestín, Raúl H. Alais y Camilo Ricci. Este
último fue liberado 24 horas después, mientras que el cuerpo
sin vida de Centeno apareció en un camino vecinal de la ciudad
balnearia el día 11 de julio. Es importante detenerse en un
detalle, macabro, pero detalle al fin, que puede dar alguna
pista más con el fin de esclarecer los móviles del secuestro:
la mayoría de los cuerpos que aparecieron en la ciudad presentaban
signos de ametrallamiento con numerosas heridas de bala, originadas
en simulados enfrentamientos. El cuerpo del Dr. Centeno, en
cambio, mostraba visibles signos de haber sido salvajemente
asesinado a golpes, lo cual no encaja con la metodología habitual
de la época. Asimismo, es el único de los secuestrados que es
“detenido” al grito de “Alto, Ejército Argentino”.
 El
8 de julio son secuestrados los doctores Carlos A. Bozzi y Tomás
J.Fresneda del estudio jurídico situado en Independencia y Gazcón.
Acto seguido, también lo es la esposa de este último, María
de las Mercedes Argañaraz , que cursaba un embarazo de 5 meses
y medio. Cuatro días después las Fuerzas Conjuntas secuestran
al abogado José María Verde y a su esposa, Ana María de la Arena,
liberándolos al anochecer del día siguiente. Por último, la
lista se cierra el día 13 de julio, con la desaparición de María
Esther Vázquez y su esposo Néstor Enrique García. Injustamente
las crónicas posteriores olvidaron mencionar que Verde también
era abogado y había asesorado al Gremio de Trabajadores Judiciales
local.
Los diarios del día 14 daban cuenta de ambas noticias: la liberación
del matrimonio Verde y el secuestro de los esposos García. La
situación ya era preocupante para la ciudad: estaban desapareciendo
“personas” y las fuerzas del orden parecían impotentes para
detener esta ola de “inseguridad”. Desde todos los sectores
sociales, con el obispado a la cabeza, se reclamó la urgente
intervención de las autoridades policiales y militares para
que “hagan algo”, pues se encontraba afectada sensiblemente
la propia “imagen” del popular balneario. Mar del Plata, en
ese entonces, se preparaba para ser una de las sedes del campeonato
mundial de futbol, con distintas obras en proceso, a fin de
recibir a turistas de todo el mundo y estos sucesos perjudicaban,
obviamente, los intereses locales. La “Ciudad Feliz”, ya no
lo era tanto..!!!
Fue así, que el 19 de julio por la mañana,el Ejército realiza
un impresionante operativo rastrillo por tres barrios cercanos
a la Base Aérea, en procura de la localización de los secuestradores
y de los secuestrados, operativo ampliamente difundido por los
medios radiales. A media mañana hace su arribo a la ciudad,
el Jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires, coronel
Ramón Camps, quien brinda una conferencia de prensa a los medios
locales y nacionales, reuniéndose con el juez de feria, Doctor
Rodolfo Morales Ridecós. Con el elenco completo, el telón comienza
a levantarse cerca de las 20,30 horas de esa noche, cuando en
un cruce de caminos en las afueras de Mar del Plata, una patrulla
del Ejército Argentino intercepta a tiros de fusil y escopetas
“Itaka”, un vehículo Ford Falcon. En el baúl del automóvil los
efectivos militares encontraron maniatado y vendado al Dr. Carlos
A. Bozzi y en los asientos del destrozado rodado, los cuerpos
sin vida, acribillados a balazos, de Carlos Alberto Weber (cronscripto
y estudiante de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata)
y Stella Maris Giourgas (estudiante de Agronomía de la UNLP),
dos jóvenes secuestrados semanas atrás en la ciudad de La Plata,
que habían sido sacados del Centro Clandestino de “La Cacha”,
para tener trágica participación en la montada farsa. En tren
de ponerle nombre a todos estos sucesos, un policía retirado
alguna vez me comentó, si yo era el que había estado en “La
noche de las escopetas”.
 Al
día siguiente cuando los diarios, daban noticias de este suceso
, se aclaraba que el automóvil pertenecía al “asesinado” doctor
Centeno, con lo cual las Fuerzas de Seguridad, a más de recuperar
el automóvil, aseguraban a la población, que los autores de
tantos secuestros y también de la muerte del prestigioso abogado
eran nada más y nada menos que "los Montoneros”. Habían salvado
la vida de uno de los secuestrados y tenían ubicados a los demás.
Sin embargo de los otros abogados y del matrimonio García, nunca
más se tuvo noticias y poco a poco no solo la población, sino
también los distintos sectores sociales fueron olvidando estos
hechos. Solo existe un informe del agente de inteligencia Arancibia
Clavel, que da cuenta de la “aparición de los cadáveres de varios
abogados izquierdistas” en las costas marplatenses a fines de
Agosto de 1977”, afirmando que en el hecho “había operado el
Coronel Camps”. Hasta el momento, no se ha podido corroborar
esta información, por lo cual el caso continúa abierto hasta
estos días y está siendo investigado por el Juez Federal de
Mar del Plata, Alejandro Augusto Castellanos, en la llamada
causa “La Cueva” , dónde procesó y ordenó detener a varios altos
jefes militares que ejercieron funciones en 1977 en la Agrupación
de Artillería de Defensa Aérea 601 (AADA 601) y al abogado Eduardo
Cincotta, cuyo arribo al lugar de los hechos en la noche del
aquel 19 de julio de 1977, también se procura esclarecer por
la Justicia.
Como antecedente a los sucesos de julio, es necesario recordar
que el 13 de junio de 1977, había sido detenido por la Delegación
Neuquén de la Policía Federal Argentina el abogado Jorge Roberto
Candeloro y su esposa Marta Hayde García. La pareja fue trasladada
a Mar del Plata por orden de las autoridades del AADA 601 y
el 28 de junio de ese año, el abogado es asesinado en las mismas
instalaciones de “La Cueva”. Su muerte se produjo a causa de
las torturas infligidas por sus captores.
Marta Hayde García fue trasladada posteriormente a la Comisaría
Cuarta de Mar del Plata. Los datos acerca de la fecha en que
se procedió a dicho traslado aún son confusos. El Juez Castellanos,
se inclina por establecerlo a fines de julio de 1977. El testigo
Oscar Bernardino Granieri, detenido en dicha dependencia policial
desde el 23 de febrero de aquel año, declaró en el Juicio a
las Juntas de Comandantes, que la fecha de arribo de la señora
García, fue el 20 de agosto. Días más, días menos, lo importante
es que la esposa del doctor Candeloro, asegura que antes de
ser trasladada de “La Cueva”, los abogados y el matrimonio García
estaban aún con vida, con lo cual aquel informe del terrorista
Arancibia Clavel, puede tener algún sesgo de verosimilitud.
El secuestro y desaparición de tantas personas, ninguna vinculada
entre sí, como grupo o como de militancia activa en la ciudad,
provocó el estupor y el repudio general de los distintos sectores
sociales de la cuidad. Se podían tolerar secuestros o cuerpos
sin vida que aparecían acribillados en algún aleja- do barrio
del centro marplatense, si se conocía alguna militancia de las
perso- nas muertas. Siempre la muletilla de “por algo será”,
funcionaba a la perfección. Pero la heterogeneidad del grupo
secuestrado y el prestigio internacional que gozaba el Dr. Norberto
Centeno sorprendieron a todos. El diario “Excelsior” de Méjico,
en su edición del 13 de julio, daba cuenta de telegramas de
repudio lle- gados desde Estados Unidos,Francia,España,Venezuela
y una veintena de paí- ses. Y relata que “Al ingresar el féretro
en la cureña , un viejo trabajador gas tronómico- el primer
gremio que defendió Centeno en esta ciudad balnearia y pesquera-
atravesó el gentío y arrojó sobre el ataúd su chaqueta blanca
profe- sional: ”Llévese esto Doctor” ,dijo entre lágrimas”.
El Juez Castellanos, en un párrafo de su resolución afirma:”
Es dable poner de resalto que más allá de la existencia de diversas
conjeturas acerca de los motivos o causas determinantes del
acaecimiento de tales sucesos, o de la propia comprobación de
los hechos individuales padecidos por las víctimas, hasta el
momento no ha sido posible acreditar de manera puntual el móvil
que guió en este particular caso el accionar represivo del Estado”.
Y más adelante sostiene que: “Pero con independencia de la razón
motivante del acaecimiento de tales sucesos –en cuya determinación
hasta el momento ha fracasado no sólo esta instrucción, sino
incluso el propio tribunal interviniente en la causa que procura
la determinación de la verdad de lo acontecido en la materia,
en tanto que aún no ha dictado sentencia en el marco de los
autos caratulados “Colegio de Abogados de MDP y otros s/ Denuncia
s/ Desaparición forzosa de personas”-, resulta palmaria la existencia
de elementos que vinculan tales hechos entre sí, como lo son
la profesión desarrollada, la contemporaneidad de su ocurrencia,
el destino de alojamiento y, en cierta forma, su desaparición”.
Sin embargo, este tipo de razonamiento -por cierto respetado
y respetable- sustrae -reitero, sin mala fe que imputar al magistrado-
los hechos del contexto histórico en que se desarrollaron, pudiendo
llegar a convertir un delito de lesa humanidad como el que se
cometió en “La Noche de las Corbatas”, en un delito común, obviamente
prescriptible con el tiempo. Buscar “el móvil” en las desapariciones
forzadas de personas en la década del 70, lleva al peligroso
precedente de considerar algunas desapariciones justificables
-por la militancia o por la vinculación a alguna persona con
militancia política- y a otras no, colocando a los sobrevivientes
de estas últimas, en la condición de un “perejil”, secuestrado
por error. En última instancia, sería legitimar ese submundo
jurídico que tan brillantemente describe el Juez Rafecas en
su sentencias sobre los centros del “Olimpo”, “el Banco” y “El
Vesubio” , al decir que allí, lo ilegal se convertía por imperativo
de los hechos, en lo jurídicamente permitido.
Las acciones del Terrorismo de Estado siguieron un plan de operaciones
sistemático, en dónde nada quedaba librado al azar y no es posible
considerar cada caso en forma aislada, pues así se sustraen
los hechos de su contexto histórico. Para las Fuerzas Conjuntas,
todos eran operativos de guerra, basados en previas investigaciones
de inteligencia, que determinaban los blancos a elegir. En Mar
del Plata, se dio el particular caso que, como sostuviera el
Tribunal Oral en lo Federal Criminal, causa “Colegio de Abogados
de Mar del Plata y Otros s/ Denuncia s/ Desaparición Forzada
de Personas d/Inc. Universidad Nacional de Mar del Plata s/Actividades
de Inteligencia de la Represión Ilegal”, citando un informe
secreto de la Prefectura Naval Argentina, que dice: “El GADA
601, que siempre mantuvo hermetismo respecto de sus operativos,
no cuenta con personal capacitado en inteligencia, en la medida
en que las circunstancias lo aconsejan, en un primer momento
de esta guerra, se valió de personas civiles que militaban en
la CONCENTRACIÓN NACIONAL UNIVERSITARIA (CNU) que llegaron a
actuar con total impunidad en la ciudad …”., corroborando lo
que muchos sostuvieron desde hace años,acerca de la intervención
y participación de civiles, y en especial de abogados locales
(otras declaraciones en el Juicio por la Verdad de Mar del Plata,
así lo certifican) en casos de secuestros y desapariciones de
personas, en especial los hechos de “La Noche de las Corbatas”.
Es impensable que el poder militar permita que civiles, sin
su expreso consentimiento, pudieran tener vía libre en cualquier
ciudad del país, para secuestrar personas. Solo bajo sus ordenes
y expreso consentimiento podrían haberlo hecho. Y es verdad,
aun faltan actores que se sumen al reparto, pues no todo está
claro en este hecho que hoy cumple 32 años. Bien dice el Tribunal
marplatense, al considerar los crímenes de la organización “CNU”,
como de lesa humanidad, que: “Como antes se dijo deberá también
investigarse la participación de Eduardo Ullúa en la tristemente
célebre “Noche de las Corbatas”, ocurrida en esta ciudad entre
los días 7 y 9 de julio de 1977, atento la información confidencial
que desde tiempo antes a la ejecución de este grave suceso se
disponía respecto de los abogados secuestrados, su pertenencia
al grupo que comandaba el Coronel Alfredo Arrillaga y su vinculación
con el abogado Eduardo Cincotta..”.
Para el lector desprevenido, el mentado Ullua, agente civil
incorporado al Ejercito Argentino en tareas de Inteligencia,
integrante activo de la Concentración Universitaria Nacional,
aún no sido interrogado por ningún Tribunal de Justicia de la
República Argentina. No es un dato menor y hasta ahora, permanecen
las incógnitas, a pesar de que en Mar del Plata, muchos saben
la verdad y han decidido guardar silencio.
Queda sí la esperanza de impulsar la causa por el asesinato
de los jóvenes Weber y Giourgas, en un intento más de desentrañar
las responsabilidades de todos aquellos que amparados en el
poder de un Estado terrorista, hoy nos impiden conocer la suerte
de tantas personas desaparecidas y asesinadas. Es de esperar
que no sea por mucho tiempo más.
Carlos A. Bozzi
Abogado
Sobreviviente de “La Noche de las Corbatas”
Julio de 2009
Imágenes: 1) La
Cueva 1977, construcción original. Archivo CONADEP
2) Diario Excelsior, 13 de julio de 1977
En
memoria de un ignorado cabo de la Marina
Por Carlos Bozzi
Finalizando mayo, comenzó en Mar del Plata el juicio oral ante
los tribunales federales contra dos ex militares acusados del
homicidio de un joven militante universitario en los años 1976.
Se trata del caso que involucra al general retirado Pablo Mansilla
y al ex coronel Alejandro Duret por la desaparición de Carlos
Labolita, ocurrida en la ciudad de Las Flores en aquel año.
Si los tiem pos procesales lo indican, esta no será la única
causa por delitos de lesa huma nidad que se sustancie en la
ciudad balnearia durante este año. Prontas también a elevarse
también a juicio, se encuentran las causas por los hechos sucedidos
en la Base Naval, que llega adelante el Juez Federal Rodolfo
Pradas (Causa, “Malugani, Juan Carlos y otros”, expediente número
4447) y por los acontecidos en el Centro Clandestino de Detención
ubicado en el ex radar de la Base Aérea local, más conocido
como “La Cueva”, que impulsa el Juez Federal, Alejandro A. Castellanos
(Actuaciones relacionadas a la causa 15988 Molina Gregorio..).
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Más de 40 personas,
entre civiles y militares, están acusadas en ambas causas, todas
ellas actualmente con prisión preventiva dictada, algunas cumpliendo
arresto domiciliario y otras, alojadas en distintos penales
de la provincia o la nación. Como se aprecia, el panorama judicial
en la costa atlántica para este año se presenta bastante convulsionado,
en especial por las vinculaciones entre civiles y militares
en la represión de la época y por la cantidad de acusados, algunos
de los cuales se retiraron del servicio con altos grados milita
res.
Pero lo que interesa a este pequeño homenaje a un desconocido
cabo enfermero de la Marina, es poner de resalto, como a veces,
determinadas historias , que quizás estén a la vista, delante
de nuestros ojos, pueden pasar inadvertidas y solo una pequeña
frase, un pequeño dato o un insignificante indicio, dan nueva
vida a aquello que pasó desapercibido por largos años.
Para ubicar al lector, nos referimos a Omar Secundino Oyola,
de 29 años, enganchado en la Marina Argentina, de profesión
enfermero, quién el 29 de diciembre 1977, fue secuestrado a
la salida de la Base Naval de Mar del Plata. No hay fotos de
él, no se sabe si era morocho, rubio o pelirrojo, petiso o alto,
del norte o del sur del país. Poco se sabe, pero lo que se pudo
descubrir es que sus torturadores lo llamaban “Chiche” y que
fue desaparecido por “haber cometido un acto de humanidad”.
La historia de la represión en Mar del Plata, da cuenta que
la misma pasó por cuatro distintas etapas. La primera de ellas,
entre marzo de 1976 a diciembre de 1977, conducida por el coronel
Alberto Pedro Barda, es signada como la más cruel, en especial
porque en dicho período acontenció lo que se conoce como “La
Noche de las Corbatas”. La segunda abarca diciembre de 1977
a diciembre de 1979, con la jefatura del Coronel Aldo Carlos
Máspero y se la define como “menos cruel”, pues ya había pasado
“lo peor”. La tercera estuvo a cargo del entonces coronel José
Segundo Dante Caridi, finalizó en diciembre de 1981 y se la
encuadra como “suave” o “legalista”. Sobre la última etapa,
que concluyó en octubre de 1984 y estuvo a cargo del coronel
Juan Carlos Medrano Caro, poco se conoce hasta ahora.
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Fragmento de la declaración
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En el tránsito de
la primera a la segunda etapa, diciembre de 1977, se sucedieron
hechos que cada uno de los responsables, ignora conocer, alegando
unos que aún no estaban en posición del mando del ADA 601 y
otros, sosteniendo que habían sido ya trasladados a otros destinos.
Así, en un primer informe brindado en el año 2001 por la Secretaría
General del Ejército se dice que el Coronel Máspero asumió su
comando el 7 de diciembre de 1977. Por otra parte en el legajo
del Coronel Barda, se consigna como fecha de su relevo del ADA
601, el 5 de diciembre del mismo año. Pero, el cruzamiento de
datos entre ambas causas Base Naval y La Cueva arrojan
resultados sorprendentes, más allá de las fechas citadas.
Así, en al causa de la Base Naval Mar del Plata, donde Máspero
esta acusado de más de 14 homicidios, su defensa alega que si
bien el nombramiento data de fecha 27 de octubre de 1977, efectivamente
se hizo cargo de la zona, recién a fines de diciembre,con dos
actividades básicas fundamentales: ”la primera ga rantizar la
preparación y ejecución del mundial de fútbol 1978 en la guarnición
y la segunda consistía en la necesidad de preparar los cuadros
y tropas para una muy posible circunstancia de conflicto bélico
local, por el conflicto con Chile concretamente… Lo expuesto
lo llevó a considerar la lucha contra la subversión como una
función alternativa y secundaria para lo cual decidió limitarse
en la misma, a la ejecución preventiva (controles, patrullajes,
protección de objetivos, etc)… En tal oportunidad pudo apreciar
que la agrupación adolecía de conduc ta disciplinaria, en similitud
con lo que acontecía en el operativo Independencia. El tipo
de operaciones daba lugar a dicha inconducta disciplinaria.”
A su vez, los fejes de la Base Naval, acusados de similares
homicidios, deslindan su responsabilidad, alegando que la dirección
de la lucha contra la subversión estaba a cargo del ADA 601,
por lo que ellos, eran ajenos a todo, enterándose de los acontecimientos,
exclusivamente por los diarios. Y precisamente, los diarios
daban cuenta, por ejemplo, que 6 de diciembre había sido abatidos
en un “enfrentamiento armado”, Ignacio Antonio Suárez (“Panda”)
y Norma Inés Delbonis (“María), en una vivienda de la calle
Pedraza 546 de la ciudad de Mar del Plata.
En diciembre del año 2008, se presentaron dos personas ante
el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de la ciudad atlántica
para prestar declaración testimonial. Habían estado secuestradas
en la Brigada de Investigaciones de Mar del Plata entre el 16
de octubre y el 30 de noviembre de 1977, junto a 7 personas
más: un matrimonio mayor posteriormente liberado, Suárez y Delbonis,
dos mujeres oriundas de Santa Rosa (La Pampa) y un joven con
una herida de bala en una pierna. Sobre Suárez y Delbonis, ya
se sabe lo que pasó. Respecto de las tres personas restantes,
otra sobreviviente, también secuestrada en la misma dependencia
entre el 5 de noviembre de 1977 y el 21 de enero de 1978, relata
haber escuchado cuando un grupo de tareas regresó a la Brigada
diciendo: “Ya está, estos no van a molestar más”.
Durante ese período de “anarquía” en la zona, fue secuestrado
y aún se encuentra desaparecido, Juan Telmo Ortiz, 18 años,militante
del Partido Comunista Revolucionario (1412), “abatido” Juan
José Antezana de la Rivera (2112) y también secuestrada, entre
otros, María Carolina Jacué (2412). Pero por esos avatares de
los expedientes judiciales, en la causa de “La Cueva”, el coronel
Carlos A. Máspero, está acusado solo de tres (3) hechos: secuestro
de Ledda Carmen Barreiro y de su esposo Alberto Muñoz el 16
de enero de 1978 y secuestro y desaparición de María Carolina
Jacué en la fecha ya precisada anteriormente. Como nadie vió,
ni escuchó a Ledda y a su esposo en el centro clandestino de
“La Cueva”, la defensa del militar, sostiene que tal testimonio
es falso, pues esas personas no vivían en Mar del Plata al momento
del hecho y que podrían estar vinculadas a la organización “Montoneros”,
ya que Ledda era la madre de Silvia Graciela Muñoz, joven desaparecida
en la ciudad de La Plata en diciembre de 1976, embarazada y
militante peronista, con lo cual, este testimonio tiene origen
en viejos odios políticos hacia los militares.
Y acá es donde aparece “Chiche”, el ignorado cabo enfermero
de la Base Naval. A partir del mes de septiembre de 1977, las
Fuerzas Conjuntas iniciaron la primera fase de lo que se llamó
“Operativo Escoba”, operación de captura y extermino físico
de más de 20 integrantes del Partido Comunista Marxista Leninista
( PCML), en la que participaron fuerzas del ADA 601, del Servicio
de Informaciones Navales (SIN, “Tigre” Acosta, “Fibra” Rioja,etc)
y del Grupo de Tareas G.T. 3.3. (Esma, Astiz y Cia), todas operando
en Mar del Plata. Muchos de los jóvenes del PCML aparecieron
acribillados en la ciudad balnearia en noviembre de 1977, otros
fueron trasladados a distintos centros de detención de la Capital
Federal y aún nada se sabe de ellos. Entre los secuestrados
se encontraba una familia entera, los García Macedo, grupo de
cuatro personas que fueron lleva dos a la Base Naval en octubre
de aquel año.
Pues bien,el Juez Pradas, en su resolución, trae a colación
el relato de una joven secuestrada en el mismo período y en
dicha unidad militar, quién afirma que Omar Secundino Oyola
le cuenta que había logrado reunir al matrimonio con su hija
y estaba muy satisfecho por ello. Su función en la Base, era
la de cabo enfermero, pero consideraba lo hecho, como un “acto
de humanidad”. Meses después, el 29 de diciembre de 1977, Oyola
es secuestrado en las afueras de la Base Naval. Hasta el momento,
la de “Chiche”, era una desaparición más y sin explicación alguna,
teniendo en cuenta, que también pertenecía a las Fuerza de Seguridad.
Había pasado inadvertida la denuncia de Ledda Barreiro ante
la “Conadep” en 1984, cuando decía: “.. Al lado de la celda
de la denunciante, estaba un muchacho joven, al que llamaba
“Chiche”, quien estaba totalmente trastornado. Era cabo enfermero
de la Base Naval.Antes de llevarlo ahí, había estado prisionero
en la Base Naval…”. Años más tarde, en el 2001, ante el Tribunal
Oral Federal en lo Criminal de Mar del Plata, en el marco del
“Juicio por la Verdad””, agrega: “Y “Chiche” había sido un guardia
del campo de la Base Naval y una prisionera le había pedido
que le avisara a sus padres que estaba viva, él fue y lo hizo,
lo descubrieron y estaba ahí…”.
Obviamente, el testimonio de “Chiche”, a pesar de no poder presentarse
ante ningún tribunal de justicia argentino, es contundente,
pues demuestra que las funciones del Coronel Máspero en la zona,
no eran “alternativas y secundarias”, ya que el radar de la
Base Aérea, donde funcionó el CCD “La Cueva”, estaba bajo su
jurisdicción. Quizás Ledda Barreiro no supiera el apellido de
“Chiche”, pero lo vió y habló con él, y nadie más que ella,
sabe del origen del secuestro de este cabo enfermero y así lo
declaró, con lo cual queda demostrado que la privación de su
libertad, fue dispuesta por el Jefe de la Zona militar y que
estuvo en el lugar donde afirma haber estado, es decir, en “La
Cueva”.
El ex coronel, aun no esta imputado por la desaparición de Omar
Secundino Oyola, pero no importa, hay tiempo. El testimonio
de “Chiche” es impactante, pues como víctima, se convierte en
un testigo viviente y su propia vida ha abierto el camino de
la verdad, verdad imposible de ser refutada por argumento alguno.
En medio de este paisaje compuesto por todas y cada uno de estas
verdades, el más pequeño, el más insignificante de los hechos,
se constituye en algo revelador, en un eco sonoro que exige
ser escuchado, para que este ig norado cabo enfermero de la
Marina Argentina, tenga la oportunidad de dar alguna vez su
testimonio ante los jueces. ¡Vamos Chiche, que se puede todavía!.
Carlos A.Bozzi
Abogado
Sobreviviente de La Noche de Las Corbatas
¡Cuánto
talento desperdiciado!
Mucho tiempo atrás, cuando un nutrido grupos de intelectuales
argentinos, apoyados por las armas del general Juan Carlos Onganía,
se hicieron cargo de la primera etapa de la “modernización del
país”, nadie hubiera imaginado que 43 años después, ese día
hubiese sido el elegido para una nueva renovación de legisladores
en el país, mediante el voto popular.
El 28 de junio de 1966 es una de las fechas, que si bien no
se las olvida, tampoco se la estudia en toda su magnitud. Con
aquellos militares, llegaron al poder, quizás el grupo de civiles
más “académicos” que haya tenido la derecha argentina. Los Krieger
Vasena, los Borda, los Halperín, por nombrar solo algunos de
ellos, construyeron la base jurídica, política y económica en
la cual se asienta hoy, buena parte del Estado Nacional.
Reformas al Código Civil, al Código Penal, nuevos códigos de
procedimientos, ley de seguros, de sociedades comerciales, de
concursos y quiebras, ley para protección de discapacitados,
ley de cooperativas, etc., fueron solo algunas de las “construcciones”
que dejaron para la posteridad, muchas de las cuales aún perduran.
Era la época en la cual el inefable Robert McNamara, uno de
lo criminales más grande que tuvo el siglo XX, ex secretario
de Defensa de Estados Unidos, después presidente del Banco Mundial,
recorría los países de América Latina “aconsejando” un férreo
control de la natalidad: “Los países pobres -decía- tienen un
bajo ingreso por habitante, en razón de que están obligados
a dividir el producto bruto interno entre muchos. Por lo tanto
limitar el crecimiento de la población, la de los otros, por
supuesto, permitiría dividir el PBI entre menos gente y así
se elevaría el ingreso de cada habitante”. (Algo de eso, también
se escucha 40 años después.).
“Anunciando Apocalipsis van de salvadores y si les dejas te
pierdes infaliblemente. Manipulan nuestros sueños y nuestros
temores, sabedores del que el miedo nunca es inocente” (“Los
macarras de la moral”, J. M. Serrat)
Aquella “Revolución Argentina”, de Onganía y Lanusse, fue la
antesala del “Proceso de Reorganización Nacional” de Videla
y asociados. Una especie de impasse semiduro, un advertencia
“sesuda” que le decía a la sociedad: ¡Ojo, después de nosotros,
vienen los duros! ¡Hagan caso!” Y vinieron nomás, con nuevas
leyes, nuevos procedimientos y la secuela de crímenes más grande
de la historia del país.
La decisión de fijar como fecha de elecciones el día 28 de junio
puede tener muchas lecturas, algunas positivas y otras negativas.
Negativa si tomamos esa fecha sin el recuerdo de la historia,
positiva si entendemos el triunfo de la democracia que permite
libremente la renovación de sus representantes una vez más.
Cada cual lo analizará a su modo, pero en el fondo esta hora
de decisiones políticas ha desatado un verdadero huracán de
propuestas, de estudios sobre todas las deficiencias que tiene
esta sociedad, de discursos encendidos desde el más puro bronce,
de excusas por lo mal que hicieron las cosas los demás y de
inventarios sobre obras realizadas y enumeración de las proyectadas.
A raíz de esta campaña, por algunos, nos enteremos de que tenemos
más escuelas, más caminos, más hospitales, más seguridad, más
cuidado de la niñez, la infancia y la vejez, más policías, más
y mejores leyes, sin tener en cuenta las que se están proyectando
y en especial de que estas elecciones, son solo un paréntesis
o un paso más, hacia las presidenciales del año 2011. Y todo
acá, en la República Argentina.
“Hay que seguirles a ciegas y serles devoto. Creerles a pie
juntillas y dar les la razón, que “El que no se quede quieto,
no sale en la foto.” (Los macarras de la Moral, J. M. Serrat).
Pero, por otro lado, opinadores y congresistas se anoticiaron
que la inseguridad alcanzó un grado de desconcierto tal que
en el corto plazo es imposible solucionarla con mayor inclusión
social y mejor distribución de riquezas. Los jueces penales
de la Provincia de Buenos Aires también se manifestaron, y fuertemente,
cuando dijeron: “Sabido es que no existe mejor política criminal
que la justicia social.” Nadie se inmutó.
Se habla mal de la policía, se la quiere reformar,transformar,
hacerla profesional, alegando que es una estructura corrupta
e ineficiente, mientras se reclutan más hombres para nutrirla
de “nuevos elementos” que aumentan y desnaturalizan “esa malquerida
y necesaria estructura”, sin sueldos dignos, ni educación adecuada.
Como hongos surgen los expertos en políticas de seguridad juvenil,
de contención de la niñez, de educación del “delincuente”, ideando
nuevas construcción de cárceles, que por lo proyectado parecieran
que en su interior funcionarán algo así como universidades,
similares a las del primer mundo. No se entiende, cómo un país
que apenas controla desde hace años la educación pública, podrá
afrontar un sistema educativo para reclusos. Toda una incógnita.
Se busca en las villas el origen de la delincuencia y de la
droga, olvidando (¿o no?) que el tráfico de estupefacientes
no se organiza en esos lugares. Se ha descubierto que existen
chicos y chicas que son padres a los 16 años y abuelos antes
de los treinta. Que hay menores que duermen en la calle, en
las veredas del Congreso, a pocas cuadras de la Casa Rosada,
en los andenes de los subterraneos o en las terminales de micros,
alineados en colchones negros de miseria y que al día siguiente,
deambulándolo por las ciudades, son parte del problema a solucionar.
“Hoy, rigurosamente hoy, ha nacido un nuevo muerto. Ha nacido
un nuevo niño en la calle. La calle será su escuela, su universidad,
su casa: el asfalto. Y la sociedad urbana le irá formando en
secreto. Y el suburbio le hará cama. Y se hará larva y el arrabal
se hará diestro de la lata y del solar. Mentiroso, chamullante,
maestro de la miseria, descuidero, estafador. Embaucador, anarquista,
o ¿quién sabe?. Quién sabe, si quizás antes de morirse o matarse,
podrá del hambre vengarse, para ser puente o ser morada. O reventar
tristemente en una asquerosa arcada.” (“Hoy ha nacido un nuevo
muerto”, Patxi Andión).
Pero ¡cuanto talento que teníamos desperdiciado. ¿Dónde estaban
estos estudiosos de la realidad social estos últimos treinta
años? ¿De dónde salieron estos personajes que lloriquean al
renunciar y se afligen porque posiblemente el voto popular los
catapulte como elegidos? ¿Dónde estaban cuando la geografía
del país mostraba un cuadro de pobreza creciente, desnutrición
infantil, degradación familiar e instrucción escolar cero? ¡Ah,
ya sé! Los que gobernaban eran otros, por eso ahora ellos tienen
la misión de gestionar la reconstrucción nacional, y si los
dejan, serán los mejores en llevarnos hacia la felicidad. Eso
sí, con algún sacrificio, pero breve.
Han descubierto que la fiebre del “dengue”, producida por un
mosquito que anida en aguas servidas, proviene de una provincia
que atravesó la sequía más grande de la historia, que carece
de agua potable y de servicios para proveerla, repleta de arañas,
sapos y víboras que solo se alimentan de mosquitos, mientras
callan que la endemia del norte argentino, es el mortal “mal
de chagas” el real mal de la miseria.
Y por las dudas, en apoyo de todos ellos, vienen los medios
masivos de comunicación, que a través de una feroz campaña de
“justicia mediática”, dictaminan sobre leyes, códigos, penas,
cárceles, adiciones, enfermedades, epidemias, trastornos sociales
y todo el arco de las pestes bíblicas, sin que alguna solución
sensata llegue al afligido ciudadano.
“Unos días sí, otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguñón,
por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de
ratas. Te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no
para. Yo veo el futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes
novedades y el tiempo no para, no para”. (“El tiempo no para”,
Bersuit Vergarabat).
Es tanto lo que hablan estos “talentos” que nos quieren convencer
que estamos como estamos por la responsabilidad de Alfonsín
que no supo gobernar en el 83, o por el festival menemista de
los 90, o por la ineficacia de De La Rúa en el 2000, o por la
transición negociada de Duhalde, o por los gobiernos “K” que
le sucedieron… Eso sí, ellos nunca estuvieron en ninguno de
estos gobiernos, ni como ministros, legisladores o simpatizantes.
Da pena, como dije antes, tanto esfuerzo dialéctico, en pos
de pretender una explicación de nuestra historia, mientras se
busca adhesiones y votos a cada “nueva” propuesta, que de “nueva”
solo tiene palabras distintas a la anterior, pero el mismo contenido
de siempre. Solo haciendo un repaso de las características de
cada uno de los personajes que transitaron la vida de los argentinos,
podrá el ciudadano votar con sensatez.Y en caso de que no encuentre
las opciones que de sea, no bajar los brazos y buscar las formas
de participación que impida a todos estos “talentos desperdiciados”
seguir haciendo su negocio de discurso sin soluciones.
“Si no fueran tan temibles nos darían risa. Si no fueran tan
dañinos nos darían lástima. Porque como los fantasmas, sin pausa
y sin prisa, no son nada si les quitas la sábana.” (“Los macarras
de la moral”, J. M. Serrat).
Carlos A.Bozzi
Abogado
Sobreviviente de “La Noche de las Corbatas”
Por
cada 24 hay un 23 que olvidamos
Por Carlos A. Bozzi
En ocasiones, cuando escucho discursos y opiniones sobre el
24 de marzo de 1976, reconozco que me asalta una duda: ¿esta
historia que me están contando, es la que realmen- se te vivió
en aquellos días?. Y confieso que no logro entender, porque
razón un manto de olvido cae sobre lo acontecido antes y después
del golpe cívico-militar, que es donde se encuentra la clave
para entender la historia argentina de los últimos años.
Es cierto, que con
el pretexto de repeler un ataque a las “instituciones nacionales”,
ataque encabezado -según esta concepción- por “personeros” de
una “ideología extraña a nuestro sentir occidental y cristiano
” no solo desaparecieron personas sino también desaparecieron
industrias de todo tipo y tamaño, libertades de prensa y libertades
gremiales, leyes de protección al trabajo y a las personas,
desapareció la justicia y se esfumó la renta acumulada por el
trabajo de tantos años anteriores. El “proceso” transfirió brutalmente
el ingreso de la mayor parte de la población argentina a manos
de unos pocos y endeudó trágicamente al país, atrasando su total
crecimiento, con efectos que aún perduran, creando un impresionante
vacío generacional al barrer de raíz todo un sector social opuesto
a este pro yecto.
Para concretar esto, la “alianza cívico-militar” utilizó la
fuerza de las armas con la excusa de combatir a grupos armados
y evitar la “disolución nacional”, supuestamente perseguida
por aquellos “irrecuperables”. El punto central de la “subversión”
para este modo de ver la realidad de aquellos años, no fue -en
esencia- la lucha contra las organizaciones armadas. Lo “subversivo”
estaba en ese intento de transformar las estructuras de la sociedad
y por ello, aún sin la presencia en la vida política de quienes
optaron por una “vía armada”, las desapariciones de personas,
la tortura, el robo de bebés, el arrojo de prisioneros al mar,
las vejaciones, los allanamientos diarios y tantos atropellos
de todo tipo, igualmente se hubiesen producido. Conviene no
olvidarlo, si queremos entender la realidad de nuestro país.
Las razones de lo acontecido tienen muchas explicaciones y así
algunos dirán que la época fue la conclusión de un período en
el cual la violencia era el modo normal de hacer política en
Argentina. Violencia en los hechos y violencia en las ideas,
con una sola premisa: “el otro” es el “irrecuperable” y como
tal debe ser eliminado y si se lo desaparece, mejor. Tarea cumplida.
No es posible pensar que un selecto grupo de civiles y militares
se propusieran, de la noche a la mañana, “irracionalmente” exterminar
lisa y llanamente a un sector determinado de la población. Agregar
“irracionalidad” a este mecanismo, es otorgarle atenuantes inexistentes.
Lo hecho, fue pensado y fundamentado como una necesidad para
incluir al Estado argentino dentro de las nuevas reglas internacionales
de la economía, pensado por un grupo social de enorme peso político,
que aprovechó la falta de reacción de una sociedad, paralizada
por el miedo y el terror de una situación de violencia diaria.
Violencia, que obviamente, este grupo social, se encargaba de
alimentar cotidianamente, no solo a través de sus grupos de
tareas mimetizados en “Las Tres A”, sino también a través de
la prensa (Diarios, Radios, Televisión), con el concurso de
los “analistas de siempre” , serios, mesurados y objetivos,
como debe ser en situaciones de angustia.
Muchos sectores de la comunidad no solo esperaban, sino clamaban
para que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de una situación
de inseguridad generalizada que hacía imposible el diario vivir.
Muchos sectores de la sociedad ,aún hoy sostienen su legitimidad
histórica. Y no es aventurado afirmar que una gran franja de
la población, permaneció indiferente a dos de los efectos más
crueles del proceso, que fueron la desaparición de personas
y el derrumbe de la economía nacional, porque sencillamente
no las afectaba directa mente. Aunque es cruel, también es cierto,
porque en el fondo, el “otro”, se la había buscado. Por ello,
el Coronel Camps se ufanaba diciendo: “No matamos personas,
matamos subversivos”. No solo era grave lo que manifestaba,
sino también que muchos lo creían así.
Pero, la actuación militar no fue solitaria. A todo el apoyo
anterior, se le sumó la cobertura de una Iglesia Católica, que
no solo permitió, sino tambien -por más doloroso que resulte
admitirlo- tuvo real conocimiento de este plan de gobierno.
Es muy probable, que sin la intervención de la Iglesia Católica,
se hubiese producido una mayor cantidad de personas desaparecidas,
lo cual no implica un atenuante para ella y por el contrario
demuestra una potestad enorme de influenciar para determinar
quienes debían vivir y quienes no.
En medio de este panorama, la justicia tambien jugó su papel,
cuando miró para otro lado ante la súplica de los familiares
de las víctimas del Terrorismo de Estado. Un desteñido papel,
que alega imposibilidad de haber podido actuar de otra manera,
en atención al estado de fuerza que se vivía. Pero en el fondo,
¿cuál fue su actuación? La historia habla por si sola: poca
o ninguna. ¿Pudieron -los jueces- haber salvado vidas?... Es
seguro que no, la historia de esos años lo ha demostrado. ¿Pudieron
haber procedido de otra forma? Esta es la deuda pendiente.
No es posible afirmar que el “Proceso” borró todas las normas
legales, actuando en permanente violación de la Constitución
Nacional. Todo lo contrario, si tenemos en cuenta la existencia
de importantísimas leyes dictadas en aquel momento, que no han
sido modifica das o derogadas por las democracias siguientes.
Casi todas las relaciones contractuales y las normas del Código
Civil pudieron ser invocadas ante los Tribunales, aunque el
límite estaba dado únicamente en el caso de la desaparición
de personas, hecho que generalmente no era advertido por la
gran mayoría de la población.
La prensa, fue otro puntal de este armado ideológico. Quizás,
hoy, sea la más expuesta, pues todo lo escrito no ha podido
ser borrado. La historia se nutre de miles de páginas de aquellos
diarios y si bien el gobierno militar pudo incinerar libros,
no ha podido destruir todo lo escrito, que paradójicamente hoy
constituye prueba fundamental de las desapariciones de personas.
La prensa ¿mostró todo lo que ocurría?... O ¿ Mostró lo que
ella quería que ocurriera? En realidad, a veces, nada ocurre,
si la prensa no lo muestra. Es un tema aún abierto.
Y todo lo narrado tiene importancia, porque aconteció antes
y después del 24 de marzo de 1976. Fue, en realidad, el sustento
que hizo posible ese 24 de marzo. Hoy se percibe una situación
similar, salvando las distancias con referencia a las acciones
armadas de aquella época. A nadie, por ahora, se le ocurriría
disparar algún tiro para modificar las actuales circunstancias
políticas, pues hoy los golpes de Estado no se hacen con tanques
y soldados. Eso es antiguo.
En cambio el generado clima de inseguridad política, donde las
noticias se centran exclusivamente en el “vacío de poder”, en
el “atropello del gobierno” al bolsillo de algunos sectores
sociales, en la recurrente descalificación de la figura presidencial,
en el creciente deterioro de las economías familiares, en el
aumento constante de la pobreza y la marginalidad, en la enorme
brecha que marca la “igualdad de oportunidades” contra la “igual
dad de posibilidades”, en la política de repetir mil veces a
través de las pantallas de la televisión “todo lo que sangra”,
y en el urgente clamor para que las tropas vuelvan a la calle
para combatir el fenómeno de la actual delincuencia, configuran
un panorama muy parecido al de aquellos años.
Cada vez es más común observar al periodista serio, objetivo,
medido, reflexivo, que mirando fijo al entrevistado, escucha
atentamente sus respuestas, mientras a cada frase del opinante,
se le va transformando el rostro con un rictus de dolor, como
si la patria se le estuviese yendo por alguna herida del alma.
Y después de escuchar, concluye con la pregunta del millón:
“¿Y usted fulano… por qué piensa que actúan así?...” Y también
esta el caso del reporteado, que a cada instante, hace profesión
de fe de su inmensa vocación democrática, en tanto y en cuanto
no se afecten sus intereses, porque de lo contrario, como se
estila en todo diálogo que se precie de serio y dogmático, recurrirá
al Congreso para que se vote la ley que lo defienda ..” ¡Ah,
pero si no me la votan como yo quiero, entonces tomo medidas
de acción directa!!!.”
En realidad cada uno tiene el derecho de decir y hacer lo que
piensa en defensa de sus intereses. Pero de lo que no tienen
derecho, es de jugar con la paz social, con la tranquilidad
de los ciudadanos y con el futuro de la sociedad, por diferencias
de opiniones con el poder de turno. Se observa con mayor recurrencia
como cada sector, hace de su interés una causa nacional, su
causa nacional y por ello, si el que manda no está de acuerdo
con ellos, entonces debe renunciar o se tiene que ir, porque
esta afectando la “seguridad nacional y pone el peligro los
sagrados intereses de la patria. En otra época, eso recibía
el nombre de “fascismo”. Hoy no sé…
Hay circunstancias muy similares a las vividas el 23 y el 25
de marzo de 1976. Las rupturas institucionales en estos tiempos
no se efectúan mediante las armas. Son hechos que día a día
van minando la confianza de la gente en sus instituciones, en
sus condiciones de vida y en definitiva en los valores que tiene
la democracia. Es verdad también, por otra parte, que desde
“arriba” no se envían mensajes de tranquilidad, sino más bien
de “irascibilidad”, pero ello no legitima las conocidas teorías
de la “causa nacional” y su aplicación inmediata en aras de
una salvación general, que curiosamente, siempre es sectorial.
Momentos como el actual, en dónde cualquier opinión, aún la
más tonta, se amplifica como la mejor idea, son instantes de
cuidado, donde la reflexión y la mesura de todo el arco social
debe primar por encima de cualquier otro interés. Si las sociedades
no entienden que todos los problemas se solucionan con consenso
y acuerdo, es seguro que volverán a repetir su pasado más negro.
Y de ese pasado, la ganancia se la llevan otros.
Carlos A. Bozzi
Abogado
Sobreviviente de “La Noche de las Corbatas”
¿Al
final, terminarán todos como foto de carnet?
(A propósito de una historia que cumplió
31 años)
Por Carlos A.
Bozzi
Las tres mujeres se cambiaban de ropa en
el interior del automóvil. Recién regresaban
de la playa, posiblemente de una de esas
playas distante varias cuadras del centro
de Mar del Plata, en dirección hacia la
zona de Camet. El lugar exacto es aún impreciso.
Era la media tarde del domingo 12 de febrero
de 1978, hace treinta y un años. En ese
instante, un Ford Falcon con cinco hombres
a bordo se coloca paralelo al rodado de
las mujeres. Dos descienden, uno apunta
y el otro toma el volante, conduciendo por
espacio de 20 minutos. Después se detienen,
pasan a dos de las mujeres al Ford Falcon,
le vendan los ojos y las esposan.
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Amanda Virginia Prato, María
Adela Chiape y María Gabriela
Leguizamón
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Aquí comienza
una historia, como tantas otras de aquella
década, con similar final trágico.¿Quiénes
eran estas mujeres, qué hacían en Mar del
Plata y cómo desaparecieron?. Los detalles
de este hecho se conocieron gracias al testimonio
de la única sobreviviente, liberada tras
veinte días de cautiverio, aunque hasta
hoy dicho testimonio permanece en el olvido,
así como también la suerte corrida por aquellas
tres de mujeres.
El pequeño grupo estaba compuesto por María
Adela Chiappe, 45 años, escribana, María
Gabriela Leguizamón, 16 años, hija de la
anterior, Amanda Virginia Prato, 30 años,
abogada, y la sobreviviente.
María Adela y Amanda Virginia eran militantes
peronistas, con actividad en la ciudad de
La Plata y en la zona del Palomar, donde
la segunda tenía su estudio jurídico. Amanda
se había matriculado en el Colegio de Abogados
de La Plata y estaba inscripta en el Tomo
XXIX, Folio 368 de ese departamento judicial.
El comienzo de la historia, aconteció cuando
a raíz de un pedido de otra amiga de ambas
mujeres, residente en Mar del Plata, decidieron
viajar hasta la costa atlántica con el fin
de interiorizarse de la situación que estaba
atravesando esa persona. Partieron de la
ciudad de La Plata el viernes 10 de febrero
por la noche y pensando permanecer sábado
y medio domingo en algún camping de la zona
de Mar de Ajó o San Bernardo.
Se movilizaban en un Renault 6 color blanco
modelo 1974, patente B- 1.081.259 y como
fueron vistas por última vez por la zona
de San Bernardo los familiares de las mujeres
creyeron en un primer momento que el secuestro
del grupo se había producido en esa zona
y así lo denunciaron al juez federal de
Dolores.
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Croquis del primer lugar de
detención. Clic para ampliar
Croquis del segundo lugar de
detención. Clic para ampliar
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Pero la realidad
era otra. Cuenta la única mujer que sobrevivió:
“Llegan a un lugar donde a la dicente la
separan del grupo y es conducida a una celda,
subiendo escaleras de chapa... de tipo caracol...
y pierde todo contacto con el resto de sus
amigas. Como a las dos horas se la interroga
y a partir del día siguiente queda permanentemente
encapuchada, con capucha de lona… Durante
el día está sentada en una silla de playa,
el lugar era muy húmedo y frío, las paredes
eran blancas como "salpicret", con una luz
permanente durante el día y la noche que
colgaba del techo, no tenía ventanas y tenía
puertas de chapa con pasadores y una mirilla
donde estaba la persona que la custodiaba.
Los utensillos en dicho lugar eran de lata,
les daban una bandeja. Les daban cuatro
comidas…”
Por varios días
permaneció en este primer lugar (ver croquis)
donde se escuchaban puertas que se abrían
y cerraban violentamente, quejidos de personas
torturadas y en especial la voz de María
Adela Chiappe. Posteriormente, en el piso
de un jeep, donde ya no estaba sola sino
que había cuatro o cinco personas más, es
trasladada a otro lugar.
“El sitio era como un galpón (ver croquis)
con piecitas que no tenían puertas individuales,
donde para poder dormir los pies quedaban
fueran de los boxes. Estos eran de 1,50
metros de ancho y no más de 1,60 de largo.
El techo supone era de chapa...” Había tres
turnos de guardias, que se anunciaban por
un timbre al efectuar el relevo. La custodia
era flexible y con actitud “bondadosa” hacia
los detenidos.
“Recibían también las cuatro comidas y eran
de primera calidad, había gente que se nota
estaba de antes y preguntaba “hoy que vamos
a comer”… Los utensillos eran de la Armada
Argentina… y allí en ese sitio no fue interrogada…
ni otras personas por lo que pudo percibir…
En ese lugar. como al sexto día de estar,
siente a la mañana cuando se despierta que
había llegado gente nueva, a las que llamaban
por los nombres...” También en el grupo
habían traído a Grabriela Leguizamón y a
Amanda Prato, con quienes puede conversar
un rato. De Maria Adela Chiappe no supo
nada.
“Cuando se levanta un día se da cuenta que
había llevado gente, que había un escándalo
bárbaro, que había un matrimonio aparentemente
mayor y entonces hace una crisis muy grande
porque cree que no la van a liberar… Trataban
de evitar que la gente entre en crisis para
que no se haga colectiva… En dicho sitio
había unas 15 personas”.
Un día la vienen a buscar, dándole la noticia
que la iban a liberar, pero que para ello
debían trasladarla al primer lugar de detención.
Allí le muestran una caja repleta de bijouterie,
alhajas y relojes, pidiéndole que retire
sus pertenencias, que eran documentos, llaves
y dinero. Después la llevan a una especie
de toilette donde había espejos, le piden
que se maquille, devolviéndole también la
carpa que traía el grupo. Respecto de sus
amiga, le dicen que serán pasadas a disposición
del Poder Ejecutivo Nacional. La llevan
hasta la estación terminal de ómnibus de
Mar del Plata, entregándole un pasaje para
la empresa Costera Criolla. Durante todo
el viaje hacia Buenos Aires fue vigilada
por distintas personas que mantenían cierta
distancia de ella. Antes de liberarla le
piden disculpas, "pues la gente buena salía
en libertad”, según le dicen.
Maria Adela Chiappe, Amanda Virginia Prato
y Maria Gabriela Leguizamón nunca salieron
en libertad y tampoco se supo que suerte
corrieron. La hermana de Amanda, Mónica
Prato, también abogada y escribana, contó
al diario La Reforma de la ciudad La Pampa
(ver facsímil) toda la historia y poco a
poco se van conociendo más detalles de este
triple secuestro y desaparición ocurrido
en febrero de 1978.
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Facsímil diario La Reforma de
La Pampa. Clic para ampliar
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El sitio descrito
por la sobreviviente no es otro que la
Base Naval de Mar del Plata y los
detalles brindados por la mujer coinciden
con otros aportados por varios secuestrados-liberados
del mismo lugar. En ese entonces el jefe
de la base era el capitán de navío Raúl
Alberto Marino, el jefe de contrainteligencia
el teniente de navío Julio César Fulgencio
Falcke y el subjefe de la base el capitan
de fragata Roberto Luis Pertusio,
el testimonio de la sobreviviente da cuenta
de la cantidad de persona que se mantenían
detenidas clandestinamente bajo su mando.
El primero de ellos se encuentra procesado
y con prisión preventiva dictada por el
Juez Federal de Mar del Plata Rodolfo Pradas
en la causa “Malugani, Juan Carlos, Pertusio,
Roberto L. y otros s/ Av. Homicidio calificado”,
acusado de los siguientes delitos: “Imposición
de tormentos agravada por haber sido cometidos
en perjuicio de perseguidos politicos de
JORGE AGUILERA PRYCSNICZ, LUCIA PERRIER
de FURRER, NESTOR VALENTIN FURRER HURSITZ,
PATRICIA CARLOTA VALERA, JUAN MIGUEL SATRAGNO,
MARIA CRISTINA GARCIA SUAREZ, MIRTA NOEMI
LIBRANTIRAO, SILVIA SISCAR y MARTA NOEMI
YANTORNO y en el HOMICIDIO calificado del
que resultara víctima MARTA NOEMI YANTORNO”.
El segundo, también se encuentra en similar
situación “en orden a los delitos de privación
ilegal de la libertad doblemente agravada
por mediar violencia y amenazas de los que
resultan víctimas JORGE NICOLO, PATRICIA
MOLINARI, OMAR MAROCHI, SUSANA VALOR, MIGUEL
ANGEL ERREGUERENA y GUILLERMO CANGARO, que
concurren materialmente con Imposición de
tormentos agravados por haber sido cometido
en perjuicio de perseguidos políticos de
JORGE NICOLO” y el último, “por los delitos
de privación ilegal de la libertad doblemente
agravada por mediar violencia y amena zas
e imposición de tormentos agravada por haber
sido cometidos en perjuicio de perseguidos
políticos de los que resultaran victimas
JORGE AGUILERA PRYCSYNICZ, LUCIA PERRIER
de FURRER, NESTOR FURRER HURSTIZ, PATRICIA
CARLOTA VALERA, JUAN MIGUEL SATRAGNO, MARIA
CRISTINA GARCIA SUAREZ, MIRTA NOEMI LIBRAN
TIRAO y SILVIA SISCAR”.
La resolución del juez Pradas, dictada en
septiembre de 2008, permitió que la opinión
pública conozca las historias de horror
que muchas personas vivieron en esa postal
de Mar del Plata, que es la Base Naval,
otrora un centro clandestino de detención.
Hay más historias para agregar. Esta es
una de ellas, y en especial para que al
final de cuentas, no todos terminen como
simple foto de carnet. Solo la justicia
puede impedir este otro triste final.
Carlos A. Bozzi
Sobreviviente de
La Noche de las Corbatas
www.elortiba.org
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