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A NOVENTA AÑOS DE UNA DE LAS MAYORES MATANZAS ARGENTINAS DEL SIGLO XX

Napalpí, la masacre impune

En 2009 se inauguró un mural que recuerda la masacre de Napalpí, en el centro cívico La Central, en Colonia Aborigen.

El 19 de julio de 1924, unos 700 indígenas fueron cercados por la policía en el Chaco: quienes no murieron baleados, fueron degollados. Habían protestado por la explotación a la que eran sometidos. Recién ahora se puso en marcha una investigación. Hoy habrá un acto.

Por Darío Aranda

Fue una de las mayores masacres argentinas del siglo XX. Al menos 700 víctimas, incluidas mujeres, ancianos y niños. Quienes no murieron por las balas policiales, fueron degollados con machetes y hachas. El motivo de la represión fue la negativa a ser mano de obra esclava, denunciar maltratos y, también, el ser indígenas. La orden fue política; el motivo, económico (el avance algodonero y la necesidad de brazos para la cosecha), y los ejecutores fueron la policía y grandes terratenientes. Sucedió en Chaco, hace noventa años, y hoy los pueblos indígenas conmemoran la matanza que se conoce como “Masacre de Napalpí”. El crimen aún sigue impune. “Es crucial analizar la masacre de Napalpí en el marco de un proceso social genocida que sigue teniendo consecuencias sobre los pueblos originarios”, afirmó Marcelo Musante, integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena.

En 1922, el radical Marcelo T. de Alvear había reemplazado en la presidencia a Hipólito Yrigoyen. El Territorio Nacional del Chaco ya se perfilaba como el primer productor nacional de algodón. La superficie sembrada en Chaco era de 100 hectáreas en 1895. Para 1920 había crecido exponencialmente: 50 mil hectáreas.

La Reducción Aborigen de Napalpí (a 120 kilómetros de Resistencia) era un espacio de sometimiento donde los indígenas eran obligados a trabajar en condiciones de semiesclavitud. Los maltratos eran frecuentes y no tenían los mismos derechos que el resto de la población.

En julio de 1924, los indígenas qom y mocoví se declararon en huelga. Denunciaban los maltratos y la explotación de los terratenientes. Y planeaban marchar a los ingenios azucareros de Salta y Jujuy. Pero el gobernador Fernando Centeno les prohibió abandonar Chaco y, ante la persistencia indígena, ordenó la represión. El argumento oficial fue una supuesta “sublevación” indígena.

El 19 de julio a la mañana, 130 policías y civiles (enviados por grandes estancieros) rodearon a los grupos en huelga y dispararon con rifles durante 45 minutos. Mataron a hombres y mujeres, ancianos y niños. “El ataque terminó en una matanza, en la más horrenda masacre. Los heridos fueron degollados, algunos colgados”, relata el libro Napalpí, la herida abierta, del periodista Vidal Mario.

Un mes después de la matanza, el 29 de agosto, el ex director de la reducción Enrique Lynch Arribálzaga escribió una carta al Congreso nacional: “La matanza de indígenas continúa en Napalpí y sus alrededores. Parece que los criminales se hubieran propuesto eliminar a todos los que se hallaron presentes en la carnicería del 19 de julio, para que no puedan servir de testigos”.

La prensa de la época repitió el discurso del gobierno u omitió el hecho. Pero hubo excepciones. El periódico Heraldo del Norte denunció: “Sin que los inocentes indígenas realizaran un solo disparo, los atacantes hicieron repetidas descargas de disparos en medio del pánico de los indios, más mujeres y niños que hombres. Se produjo la más cobarde y feroz carnicería, degollando a los heridos sin respetar sexo ni edad”. El corresponsal del diario La Razón escribió en julio de 1924: “Muchas hectáreas de tierra en flor están en poder de los pobres indios; quitarles esas tierras es la ilusión que muchos desean en secreto”.

El sociólogo Marcelo Musante, de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, se especializa en el proceso represivo de Chaco. Explica que Napalpí fue parte de un sistema de reducciones estatales implementado en Chaco y Formosa, suerte de campos de concentración para poblaciones originarias donde se ejercían acciones de control y dominación. “La discusión pública debe preguntarse por qué el funcionamiento estatal, cuando refiere a pueblos indígenas, promueve recurrentemente acciones represivas. Ejemplos claros son la feroz represión ocurrida en Pampa del Indio (Chaco) a inicios de este año, lo que ocurre en la comunidad qom La Primavera (Formosa) o en Santiago del Estero.”

Juan Chico es qom, nacido y criado en el lugar de la matanza (hoy llamado Colonia Aborigen). Escribió (junto a Mario Fernández) el libro Napalpí. La voz de la sangre. Recordó que las comunidades siguen peleando para que el lugar se vuelva a llamar Napalpí, detalló que los asesinados fueron al menos 700 personas (mucho más de los 200 que mencionan los diarios de la época) y valorizó que en Chaco se hable cada día más de la masacre de indígenas. También trazó un paralelo al presente: “Argentina ha avanzado mucho respecto de los derechos humanos, pero pareciera que los indígenas tenemos derechos humanos de segunda, parte de la sociedad nos sigue considerando inferiores y nuestro genocidio sigue invisibilizado”.

En 2008, el gobierno de Chaco pidió públicamente perdón por la matanza y entregó una vivienda a la sobreviviente Melitona Enrique. Hoy a las 18 habrá un acto conmemorativo en el lugar de la matanza. Será interno de los pueblos qom y mocoví, recordarán a las víctimas y volverán a exigir justicia. A noventa años de la masacre, el crimen permanece impune.


Las dos causas judiciales

Por Darío Aranda

Historiadores revisionistas coinciden en que Napalpí no fue una matanza aislada, sino una práctica recurrente del poder político y los terratenientes –con la mano de obra policial o militar– para privar a los pobladores originarios de sus tierras, modificarles su forma de vida e introducirlos por la fuerza al sistema de producción.

En el aspecto judicial existen dos causas. En 2004, un estudio de abogados inició una demanda civil y, en mayo pasado, la Fiscalía Federal de Resistencia (a través de la Unidad de Derechos Humanos) inició una investigación de oficio sobre Napalpí y Zapallar (matanza de 1933). Los fiscales pretenden detallar los hechos y llegar a juicio. “Entendemos que las masacres de Napalpí y Zapallar constituirán crímenes de lesa humanidad y por ello debe promoverse su juzgamiento, en cumplimiento del compromiso inexcusable asumido por el Estado argentino a través de las convenciones internacionales. Es necesaria la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la memoria histórica para que los hechos de violencia no se repitan”, explicó el fiscal Diego Vigay.

19/07/14 Página|12

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Investigan una masacre indígena de 1924 como delito de lesa humanidad

En la colonia agrícola de Napalpí, en Chaco, la Policía Nacional acribilló a más de 400 personas de los pueblos qom y mocoví. También se investiga la matanza de El Zapallar, en 1933. El miércoles declaró el único sobreviviente, de 107 años.

Por Pablo Taranto

Napalpí fue la 'Patagonia rebelde' del norte, la Semana Trágica, hay una conexión política profunda entre esos acontecimientos, dice Juan Chico, referente del pueblo qom y presidente de la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina. Habla de una matanza largo tiempo silenciada. El 19 de julio de 1924, una partida de policías y estancieros chaqueños apuntaron sus máuseres contra una multitud de hombres, mujeres y niños inermes, de las etnias qom y mocoví. Se estima que murieron más de 400 personas, en una masacre que la prensa liberal ocultó pero que fue perpetuada por décadas de ostracismo y discriminación contra los pueblos originarios.

Casi 90 años más tarde, queda un sobreviviente, Pedro Balquinta, que cuenta 107 y el miércoles dio su testimonio ante la fiscalía, y ningún asesino. Pero también y sobre todo, queda la necesidad de saber la verdad. Por ello, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia, integrada por los fiscales Carlos Amad, Patricio Sabadini y Diego Jesús Vigay, junto al fiscal coordinador Federico Carniel, inició una investigación de oficio sobre aquella masacre y la de El Zapallar, ocurrida en 1933, para promover su juzgamiento.

Los fiscales entienden que ambas masacres, acaecidas en lo que fuera el territorio nacional del Chaco y cometidas por la entonces Policía Nacional contra indígenas y también contra hacheros correntinos y cosecheros santiagueños, constituirían crímenes de lesa humanidad. Así, la pesquisa de oficio procurará reconstruir lo sucedido, y si corresponde, la fiscalía requerirá, no existiendo –como se presume– imputados por los hechos que aún estén con vida, una instancia de juicio por la verdad.

"Entendemos que las masacres de Napalpí y El Zapallar constituirán crímenes de lesa humanidad, y por ello debe promoverse su juzgamiento, en cumplimiento del compromiso inexcusable asumido por el Estado argentino a través de las convenciones internacionales", dice el fiscal Diego Vigay, y agrega: "Entendemos necesaria la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la memoria histórica para establecer por qué, cuándo y cómo se perpetraron las atrocidades, y saber quiénes fueron los máximos responsables de los crímenes, y cuál es el origen y las motivaciones económicas, políticas o sociales que condujeron a su ejecución. Y también, para demostrar el carácter sistemático, señalar quiénes se han beneficiado de estos hechos de violencia, para que se conozca públicamente el contenido integral de esta historia de terror y se reconozca socialmente a las víctimas. La reparación, entonces, debe contener la recuperación de la memoria histórica, la difusión pública y completa de la verdad de los crímenes perpetrados y la dignificación de las víctimas."

LA REDUCCIÓN. Napalpí fue fundada en 1911, cuando buena parte de las tierras ancestrales de los pueblos qom y mocoví ya les habían sido arrebatadas para que colonos de origen europeo las destinaran a la producción de algodón. Explotados en esas colonias agrícolas a las que se los había confinado, los indígenas y algunos pequeños campesinos criollos mostraron su descontento cuando, en 1924, las autoridades de la reducción dispusieron que debían entregar el 15% de la cosecha. Según los historiadores, en junio comenzaron las escaramuzas: hubo saqueos en granjas, un chamán fue muerto por la policía y murió un colono francés. Hasta que el gobernador del territorio del Chaco, Fernando Centeno, inició los preparativos para la brutal represión.

Partieron desde Quitilipi 130 policías y un grupo de civiles. De acuerdo con los relevamientos de diferentes investigadores recabados por la fiscalía, los uniformados descargaron más de 5000 balas de fusil sobre la población de Napalpí. Las víctimas fueron estimadas en 423. Un 90%, indígenas; el resto, cosecheros criollos. De los 38 niños que escaparon a la matanza, al menos la mitad terminaron como sirvientes en Quitilipi y Machagai; los otros murieron en el camino. Apenas 15 adultos lograron sobrevivir. En su libro Memorias del Gran Chaco, la historiadora Mercedes Silva reveló que los muertos y aún los malheridos fueron castrados a machetazos, y que en la comisaría de Quitilipi se exhibieron, a manera de trofeo, los testículos y una oreja del mocoví Pedro Maidana, uno de los líderes de la huelga.

Nueve años después, el 9 de septiembre de 1933, en la colonia El Zapallar –hoy General San Martín–, la policía acribilló a 70 habitantes de las etnias qom y mocoví. Ante una hambruna generalizada, estaban pidiendo alimentos y ropa.

Desde el 29 de mayo pasado, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos recibe aportes de investigadores y documentalistas, además de recopilar entrevistas, libros, archivos históricos, reportes periodísticos de diarios de la época y los expedientes judiciales abiertos y rápidamente clausurados cuando las masacres. Todo eso mientras tramita hace ya nueve años en un juzgado federal de Resistencia la demanda civil interpuesta por la Asociación Comunitaria la Matanza, una entidad civil compuesta por aborígenes de la etnia toba, que reclama al Estado Nacional una indemnización y la búsqueda de verdad.

Pedro Balquinta, el sobreviviente

Pedro Balquinta cumplió 107 años y es el único sobreviviente de las masacres de Napalpí y El Zapallar. En un paraje cerca de Charata lo encontró dos años atrás el equipo de documentalistas de la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina. El mes pasado, la Cámara de Diputados de Chaco le otorgó una pensión vitalicia. El miércoles declaró ante el fiscal federal Diego Vigay, quien viajó hasta Colonia San Lorenzo, a 300 kilómetros de Resistencia, para escuchar al anciano mocoví.

En su lengua nativa y con ayuda de un traductor, Balquinta contó que vivía con su madre, su tío y otros familiares en Napalpí. "Mataron a muchos. Los taparon en un pozo grande, un solo pozo", dijo.

Rincón bomba

Desde 2005, el Juzgado Federal Nº1 de Formosa tramita otra causa judicial fundada en la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad cometidos también contra pueblos originarios. Se trata de la matanza de Rincón Bomba, perpetrada por tropas de la Gendarmería Nacional entre el 10 de octubre y los primeros días de noviembre de 1947. También están aquí en juego una indemnización al pueblo pilagá y la determinación de la verdad histórica.
Se estima que entre 400 y 500 indígenas murieron en Rincón Bomba, acribillados por tierra y desde el aire, y un par de cientos más en los días siguientes, perseguidos hasta Pozo del Tigre y Campo del Cielo. "A diferencia de Napalpí, en Formosa hay un imputado vivo, que piloteaba un avión –explica Juan Chico–. Hace dos semanas se dictó el procesamiento de esta persona, que tiene 102 años, de ahí la necesidad de llegar rápidamente a una instancia oral."

Paño blanco (foto)

En el brazo. Así diferenciaban los estancieros del algodón a los "indios amigos" de los "sublevados". Esta imagen, tomada en Napalpí, en aquel fatídico 1924, por el fotógrafo alemán Robert Lehmann Nitsche, integra el libro Indígenas en la Argentina. Fotografías 1860-1970, de Mariana Giordano, Ed. El Artenauta, 2012.

Verdad

"La reparación debe contener la recuperación de la memoria histórica de las masacres de Napalpí y El Zapallar, la difusión pública y completa de la verdad de los crímenes perpetrados y la dignificación de las víctimas."
Fiscal federal Diego Vigay

JUAN CHICO, REFERENTE DEL PUEBLO QOM

"Aquello marcó a fuego a nuestros pueblos"

Nació en Napalpí y desde hace 17 años reúne documentos sobre la masacre. "Queremos visibilizar ese proceso de exterminio", sostiene.

Aquellas masacres marcaron a fuego el desarrollo de los pueblos originarios y consolidaron su segregación, por eso la importancia de esta investigación", dice Juan Chico, nacido hace 38 años en Napalpí.

Referente del pueblo qom ("no de la 'etnia', esa palabra que es del discurso eurocentrista, que habla de razas, no, nosotros somos un pueblo"), hace 17 años que estudia la matanza y elaboró un texto que vertebra la versión indígena de los hechos, "y de todo un proceso de exterminio que hoy queremos visibilizar. Concretamente, nosotros planteamos que la investigación apunte también a quienes se beneficiaron con esos hechos, con la posesión de tierras. El algodón se posicionaba en esos años como una materia prima para que determinados sectores se enriquecieran, y era central el desplazamiento de nuestros pueblos. Esa fue una bisagra. La otra, años después, llegó con la dictadura, que da otra vuelta de tuerca con la represión contra las ligas agrarias y termina de concentrar la propiedad de la tierra. Como ha dicho el doctor Zaffaroni, la conformación del Estado argentino se fundó a sangre y fuego sobre el genocidio de los pueblos originarios."

Juan Chico rescata que "hoy, en este tiempo político que vive en el país, se puede hablar de estas cosas, y el 19 de julio está en la currícula escolar. Pero hay que trabajar sobre los hechos, no borrar la historia. Y reconstruir nuestra identidad nacional: yo estoy orgulloso de ser argentino, pero mi orgullo mayor es pertenecer a un pueblo indígena. Mucha gente acá sigue diciendo: 'Los indios estan buscando venganza'. No. Lo que queremos es sembrar conciencia, conocer la verdad después de tanta oscuridad." «

El cuadro que bajó Capitanich

Del mismo modo en que Néstor Kirchner había mandado bajar el cuadro del dictador Videla de las galerías del Colegio Militar, en 2007, el entonces recién electo gobernador chaqueño y actual jefe del Gabinete de ministros, Jorge Capitanich, ordenó sacar de una sala de la gobernación provincial las figuras de los mandatarios de facto. Entre ellos, abandonó la pared el retrato de Fernando Centeno, el interventor federal que en 1933 ordenó reprimir en Napalpí.

Al año siguiente, el gobierno chaqueño pidió perdón por la masacre y rindió homenaje a Melitona Enrique, a quien se creía única sobreviviente del horror, y que falleció poco después, a los 107 años.
 

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La masacre de Napalpí

Por Marcelo Larraquy

Durante las sesiones en el Congreso en las que De Tomaso expuso sobre la Patagonia, el diputado radical y médico Pedro López Anaut —que había avalado un pedido de informes pero no la creación de una comisión investigadora porque prefería evitar "los detalles"— comentó que los movimientos en el Sur tenían cierta semejanza con los que él había conocido en el Norte. López Anaut había integrado una comisión legislativa que había viajado a Chaco, a Formosa y a Misiones, donde también hubo "levantamientos graves de obreros, asaltos a establecimientos, tiroteos, muertos y heridos, intervención de la policía y el ejército". La experiencia lo había conmocionado. Había tomado contacto con los obreros y observó el cuadro "horroroso" en el que vivían, con patrones "criminales". Y aunque no adhería a la Liga Patriótica —pero tampoco era crítico de ella—, el legislador había observado su intervención en esa región, cuando miles de obreros de las compañías La Forestal y Las Palmas se declararon en huelga en los años 1920 y 1921.

La Forestal, una compañía británica que sumó capitales alemanes y franceses, había sido creada en 1906 y llegó a ocupar más de dos millones de hectáreas en el norte de la provincia de Santa Fe y los territorios nacionales de Chaco y de Formosa. Su especialidad era la explotación del quebracho colorado de los montes para extraer el tanino, sustancia útil para las curtiembres en el tratamiento del cuero, y también para producir los durmientes para las líneas ferroviarias. El monopolio impedía que los pueblos se desarrollaran fuera de su producción económica concentrada y con vistas hacia el mercado internacional. La empresa, además, defraudaba al fisco provincial.

Como los peones rurales en la Patagonia, los hacheros de La Forestal, que tenían jornadas de hasta dieciséis horas, recibían la paga con vales que podían cambiar por mercaderías en los almacenes de ramos generales que también pertenecían a la compañía.

En un mes de trabajo, un hachero podía ganar el equivalente a diez kilos de carne.

Cuando los trabajadores iniciaron una huelga en diciembre de 1919 y reclamaron mejoras salariales y turnos de ocho horas, la compañía creó un cuerpo armado con gendarmes de la fuerza pública pero al servicio y con salarios de La Forestal. Lo reforzó con un cuerpo policial privado para proteger los obrajes y las fábricas y someter por la fuerza la agitación obrera.

En las huelgas de 1920 y 1921, La Forestal desconoció la organización gremial de los trabajadores, hizo "listas negras"; saqueó e incendió sus casas; desplazó hacheros de un enclave a otro; vedó la provisión de agua, que llegaba en tren a los obrajes; cerró establecimientos y despidió al personal; provocó el vaciamiento de pueblos y utilizó su policía privada para reprimir a los que persistieron en la resistencia.

En febrero de 1921, en distintas poblaciones de Santa Fe —Villa Guillermina, Villa Ana, Golondrina, Villa Ocampo—, los cuerpos armados dispararon contra los obreros en las estaciones ferroviarias y salieron a cazarlos por los bosques, luego de que en Villa Guillermina un comisario que registraba obreros a la salida de la fábrica resultara muerto, en apariencia por un policía no uniformado de la empresa, hecho que fue utilizado para desencadenar la represión.

La Liga Patriótica no permaneció ajena a la violencia patronal. Contrató mercenarios, denominados "penachos colorados", para acompañar a la policía privada de La Forestal. Un miembro de la Liga, Lorenzo Anadón, era vicepresidente de esa compañía.

El establecimiento de producción forestal, ganadero y azucarero Las Palmas, en el Chaco austral, tenía la particularidad de que todo el directorio pertenecía a la Liga Patriótica. Y la mano de obra —indígenas, criollos, paraguayos y brasileños— estaba en relación con la FORA del IX Congreso.

Un paro les había permitido a los trabajadores lograr el pago en moneda y jornadas más cortas en los ingenios. Sin embargo, poco después, la empresa efectuó un descuento en sus salarios y colocó matones de la Liga para provocar a los delegados sindicales en las fábricas.

A mediados de 1920, la decisión de la compañía de expulsar a cerca de mil trabajadores acrecentó la tensión. Los huelguistas se atrincheraron en el ingenio. Tras difundir el rumor de que los caciques estaban al servicio de los patrones, la empresa colocó a indios, sin que éstos lo supieran, en la avanzada para enfrentar a los trabajadores, que comenzaron a disparar contra ellos. Luego entraron en combate las fuerzas de la empresa y de la Liga Patriótica y un día más tarde las tropas del Ejército al mando del capitán Gregorio Pomar, simpatizante radical, quien ordenó el cese del fuego. Hubo denuncia de quemas de huelguistas en los hornos del ingenio para no dejar evidencias ante la llegada del Ejército.

Durante la década de 1920, además de Las Palmas y de La Forestal, donde los obreros fueron víctimas de una represión con recursos estatales "privatizados", las fuerzas del Estado también organizaron expediciones de exterminio masivo en el norte del país. Pero, a diferencia de la matanza patagónica, que logró ser rescatada por Osvaldo Bayer tras cincuenta años de ocultamiento y olvido, las voces de estas etnias fusiladas quedaron sumergidas en una reconstrucción histórica regional mucho menos visible.

Por entonces, Chaco era territorio de conquista de las expediciones militares que buscaban extender las fronteras indígenas al precio del dominio territorial, económico, étnico y cultural. Hacia 1920, el censo indicó para ese territorio nacional una población de 60.564 habitantes.

En junio de 1923, el presidente Alvear designó en el gobierno del Chaco a Fernando Centeno, nieto del coronel Dámaso Centeno, muerto en combate en la batalla de Pavón. Fernando Centeno, educado en París y tres veces presidente de la Cámara de Diputados santafecina, oriundo de esa provincia, debía remitir informes de su gestión al Ministerio del Interior.

Frente a las etnias, el nuevo gobernador continuó con la política de la Reducción de Indios, un organismo que administraba la mano de obra aborigen en los obrajes forestales y en las chacras de algodón y maíz; de este modo, a la vez que los obligaba a abandonar su nomadismo, los incorporaba al proceso de producción económica.

La Reducción Napalpí, un territorio de 20.000 hectáreas, ubicado a 120 kilómetros de Resistencia, sobre la traza del ferrocarril Barranqueras al Oeste, había sido creada en 1911 por el naturalista y protector de indios Enrique Lynch Arribálzaga. La creación de este cerco indígena de producción agraria, bajo subsidio y control estatal, tuvo la intención de evitar que las etnias mocoví, toba y vilela continuasen siendo víctimas del genocidio de las tropas de línea del Ejército, quienes las consideraban obstáculos para su objetivo de "civilización y progreso". La Reducción también incluyó una política educativa. Se fundó una escuela para los hijos de los aborígenes.

Hacia 1920, con el auge algodonero, la Reducción contaba con alrededor de setecientos empleados que trabajaban a destajo. Pero los indios también tenían la posibilidad de ser contratados por comerciantes que los trasladaban a los ingenios azucareros de Tucumán, de Salta y de Jujuy por una mejor paga. De modo que entre la posibilidad de volverse al monte a vivir con sus costumbres originales, subsistiendo con la caza o la pesca, y el éxodo a otras provincias, desde la perspectiva de los terratenientes, los aborígenes componían una mano de obra inestable para las necesidades de la cosecha.

Atento a las inquietudes de las empresas productoras, el gobernador Centeno prohibió los desplazamientos indígenas fuera del territorio. Sometidos al cerco de Napalpí, los aborígenes se sublevaron contra la administración de la Reducción, que además les descontaba el quince por ciento de la producción de algodón. Muchos se negaron a levantar la cosecha. El ambiente se fue crispando. Los policías comenzaron a perseguir a los indígenas que regresaban de la zafra jujeña en trasgresión a la orden de Centeno y mataron a algunos de ellos en El Cuchillo. También, la policía comenzó a recibir denuncias telegráficas de productores por robos de hacienda y carneo de animales.

El 17 de mayo de 1924, Centeno fue a las tolderías de Napalpí a entrevistarse con los caciques. Escuchó sus críticas. Le pidieron la supresión del quince por ciento, libertad para vender sus productos, la reapertura de la escuela, títulos de propiedad para colonos indígenas, la liberación de aborígenes detenidos en la cárcel de Resistencia y la entrega de dos vacas y mil kilos de galletas.

Ni las promesas de provisión de alimentos ni la reunión de la delegación indígena en Buenos Aires con la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios ni la visita a
Napalpí de Eduardo Elordi, secretario de Territorios del Ministerio del Interior, bastaron para atemperar la hostilidad en la región. Todas las negociaciones habían fracasado. El sometimiento policial a los indígenas para que permanecieran en la Reducción, las denuncias de cuatrerismo y los ataques a establecimientos agrarios denunciados por colonos blancos contra los "bandoleros" aborígenes —que habrían dejado dos muertos—, el despoblamiento rural por el temor a un levantamiento indígena y la huelga que iniciaron éstos en Napalpí hundieron el territorio en una psicosis de guerra. El indio armado con Winchester, guiado por el cacique toba Pedro Maidana, era la figura más explotada frente a Centeno por parte de los terratenientes que exigían el disciplinamiento de la mano de obra. Enrique Lynch Arribálzaga había advertido en 1911: "La coerción o el temor son, a mi juicio, pésimos recursos para el gobierno de los aborígenes. Se los podrá dominar momentáneamente, pero el odio hervirá en sus almas sin freno y, como todo pueblo oprimido, romperá sus cadenas en cuanto vea la primera coyuntura para hacerlo".

En julio, el gobernador Centeno pidió al Ministerio del Interior tropas del Ejército para sofocar la "sublevación", pero le respondieron que era un hecho policial que debía ser resuelto a nivel local.

El sábado 19 de julio de 1924, La Nación publicó que "la sublevación" de los indios de la Reducción de Napalpí continuaba "amenazando a la población de la zona norte de ese departamento [Villa Ana]. Han sido atacados varios vecinos, registrándose numerosos asesinatos. El pueblo está alarmadísimo".

Ese mismo día ya estaba en Napalpí la tropa policial enviada por Centeno. Cuarenta de ellos habían partido en tren desde Resistencia, se sumaron otros ochenta de localidades vecinas, más la participación de civiles armados al servicio de los productores. Un avión del Aero Club Chaco los ayudó a reconocer la posición exacta de los indios. Muchos de ellos salieron a observar el aeroplano que volaba más allá de las copas de los árboles. Según los testimonios recogidos por una comisión parlamentaria, expuestos en la sesión de Diputados del 11 de septiembre de 1924, desde el avión arrojaron una sustancia química que comenzó a incendiar las tolderías.

La tropa inició la matanza de las etnias rebeldes. Las familias indígenas escaparon hacia al monte impenetrable, pero en dos horas, los fusiles estatales ya habían matado a alrededor de doscientos aborígenes que habían negado sus brazos a la cosecha. El avión sobrevoló la zona para señalar a los que escapaban y ponerlos en la mira del fusil del copiloto. A los que quedaban heridos, la tropa policial los ultimaba a machetazos o los degollaba. Al cacique Maidana y a sus hijos les arrancaron los testículos y las orejas. Los cadáveres fueron amontonados y rociados con querosén y enterrados en fosas comunes. Muchas mujeres fueron tomadas prisioneras y sometidas. Los bienes indígenas de la Reducción fueron saqueados. Cuarenta niños que lograron sobrevivir fueron entregados a los estancieros como sirvientes para las tareas domésticas.

En el expediente judicial, la policía negó la matanza. Según la versión oficial, cuando llegaron a Napalpí con un pañuelo blanco, fueron recibidos con fuego por los indios y en el combate mataron sólo a los tres caciques rebeldes y a otro aborigen. El resto, cerca de ochocientos indios, al ver caer a sus jefes, huyó al monte. La Justicia, que archivó la causa sin reconocer culpabilidad en nadie, no recogió los testimonios de los indígenas que habían sobrevivido.

Entre ellos estaba Melitona Enrique, toba, de 23 años. Ese 19 de julio de 1924, escapó de las balas y corrió hacia el monte con su madre. Había perdido a sus abuelos, a sus primos, a sus tíos. Estuvo varios días y noches sin comer. Vivió muchos años. Fue la última sobreviviente.

Melitona Enrique murió el 13 de noviembre de 2008. Tenía 107 años. En su último cumpleaños, el 13 de enero del mismo año, el Estado provincial del Chaco reconoció por primera vez su responsabilidad en la masacre de Napalpí. Entonces le pidió disculpas, le regaló una silla de ruedas y le prometió una casa de ladrillos.

(Fragmento de “Marcados a fuego. La violencia en la historia argentina. De Yrigoyen a Perón (1890-1945)” de Marcelo Larraquy)

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Una masacre que lleva 80 años de memoria prohibida

Por Darío Aranda [2004]
darioaranda@yahoo.com.ar

En 1924 asesinaron a 200 aborígenes de Napalpí, Chaco. Reclamaban por sus salarios. A los descendientes ni siquiera les permiten recordar el hecho en un acto en las escuelas.

El cacique José reclama una reparación histórica.

Cuando se cumplen 80 años de la matanza de 200 tobas y mocovíes, en Napalpí, Chaco, un cacique reclama una reparación histórica que, desde hace décadas, es incumplida: un cartel que indique que allí tuvo lugar la masacre ordenada por el gobernador chaqueño, Fernando Centeno. El 19 de julio de 1924, a la mañana, la policía rodeó la Reducción Aborigen de Napalpí, de población toba y mocoví, y durante 45 minutos no dejaron descansar los fusiles. No perdonaron a ancianos, mujeres ni niños.

Asesinaron a todos y, como trofeos de guerra, cortaron orejas, testículos y penes, que luego fueron exhibidos como muestra de patriotismo en la localidad cercana de Quitilipi. Los asesinados fueron más de 200 aborígenes que reclamaban una paga justa para cosechar el algodón de los grandes terratenientes. Para justificar la matanza, la versión oficial esgrimió una "sublevación indígena". A 80 años de la masacre, no habrá actos oficiales, pero los pobladores originarios la recordarán en cada comunidad.

En 1895, la superficie sembrada de algodón en el Chaco era de sólo 100 hectáreas. Pero el precio internacional ascendía y los campos del norte comenzaron a inundarse de capullos blancos donde trabajaban jornadas eternas miles de hombres de piel oscura. En 1923, los sembradíos chaqueños de algodón ya alcanzaban las 50 mil hectáreas. Pero también debían multiplicarse los brazos que recojan el "oro blanco".

El 12 de octubre de 1922, el radical Marcelo T. de Alvear había reemplazado en la presidencia a Hipólito Yrigoyen y el Territorio Nacional del Chaco ya se perfilaba como el primer productor nacional de algodón. Pero en julio de 1924 los pobladores originarios toba y mocoví de la Reducción Aborigen de Napalpí –a 120 kilómetros de Resistencia– se declararon en huelga: denunciaban los maltratos y la explotación de los terratenientes. Los ingenios de Salta y Jujuy ofrecieron mejor paga. Hacia allá intentaron ir los pobladores, pero el gobernador Centeno prohibió a los indígenas abandonar el Chaco. Los pobladores de Napalpí decidieron resistir. El 18 de julio, y con la excusa de un supuesto malón indígena, Fernando Centeno dio la orden.

A la mañana del 19 de julio, 130 policías y algunos civiles partieron desde la localidad de Quitilipi hasta Napalpí. Después de 45 minutos de disparar los Winchester y Mauser a todo lo que se movía, sólo quedó el silencio y la humareda de los fusiles. Los heridos –fueran hombres, mujeres o niños– fueron asesinados a machetazos. El periódico Heraldo del Norte recordó el hecho a finales de la década del ’20: "Como a las nueve, y sin que los inocentes indígenas realizaran un solo disparo, hicieron repetidas descargas cerradas y enseguida, en medio del pánico de los indios (más mujeres y niños que hombres), atacaron. Se produjo entonces la más cobarde y feroz carnicería, degollando a los heridos sin respetar sexo ni edad".

El 29 de agosto –cuarenta días después de la matanza–, el ex director de la Reducción de Napalpí, Enrique Lynch Arribálzaga, escribió una carta que fue leída en el Congreso nacional: "La matanza de indígenas por la policía del Chaco continúa en Napalpí y sus alrededores; parece que los criminales se hubieran propuesto eliminar a todos los que se hallaron presentes en la carnicería del 19 de julio, para que no puedan servir de testigos si viene la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados".

El libro Memorias del Gran Chaco, de la historiadora Mercedes Silva, confirma el hecho y cuenta que el mocoví Pedro Maidana, uno de los líderes de la huelga, corrió esa suerte. "Se lo mató en forma salvaje y se le extirparon los testículos y una oreja para exhibirlos como trofeo de batalla", asegura.

En el libro Napalpí, la herida abierta, el periodista Vidal Mario detalla: "El ataque terminó en una matanza, en la más horrenda masacre que recuerda la historia de las culturas indígenas en el presente siglo. Los atacantes sólo cesaron de disparar cuando advirtieron que en los toldos no quedaba un indio que no estuviera muerto o herido. Los heridos fueron degollados,algunos colgados. Entre hombres, mujeres y niños fueron muertos alrededor de doscientos aborígenes y algunos campesinos blancos que también se habían plegado al movimiento huelguista".

Un reciente microprograma de la Red de Comunicación Indígena destaca: "Se dispararon más de 5 mil tiros y la orgía de sangre incluyó la extracción de testículos, penes y orejas de los muertos, esos tristes trofeos fueron exhibidos en la comisaría de Quitilipi. Algunos muertos fueron enterrados en fosas comunes, otros fueron quemados". En el mismo audio, el cacique toba Esteban Moreno contó la historia que es transmitida de generación en generación. "En las tolderías aparecieron soldados y un avión que ametrallaba. Los mataron porque se negaban a cosechar. Nos dimos cuenta de que fue una matanza porque sólo murieron aborígenes, tobas y mocovíes, no hay soldados heridos, no fue lucha, fue masacre, fue matanza, por eso ahora ese lugar se llama Colonia La Matanza."

La Reducción de Napalpí –palabra toba que significa lugar de los muertos– había sido fundada en 1911, en el corazón del Territorio Nacional del Chaco. Las primeras familias que se instalaron eran de las etnias Pilagá, Abipón, Toba, Charrúa y Mocoví. El corresponsal del diario La Razón, Federico Gutiérrez, escribió en julio de 1924: "Muchas hectáreas de tierra en flor están en poder de los pobres indios; quitarles esas tierras es la ilusión que muchos desean en secreto".

A ochenta años de la masacre, el lugar está sólo habitado por una familia que dice escuchar los lamentos de las víctimas cuando cambia el viento. El cacique Alfredo José dijo a Télam que reclama una reparación histórica. Su antecesor, Angel Nicola, recordó con amargura las promesas incumplidas de autoridades y legisladores. Reclaman que se coloque un cartel que indique que allí, en Napalpí, ocurrió la matanza. José impulsó una ceremonia en la escuela de Colonia Aborigen, pero no prosperó porque el tema no figura en los programas de estudios de los descendientes de los masacrados. Una frustración más: los carteles oficiales de la Ruta Nacional 16 ubican a Napalpí en otra parte, como otra muestra del olvido y ocultamiento.

Fuente: www.argentina.indymedia.org, 2004

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La masacre indígena de Napalpí

Por Argenpress.info

El 19 de Julio de 1924 se produjo la masacre indígena de Napalpí, un hecho histórico sangriento que la historiografía tradicional ha ignorado, y que se inserta en la dramática vida de las naciones indígenas que sufrieron diversas formas opresivas y discriminatorias.

La masacre ocurrida en el entonces territorio nacional del Chaco fue un ejemplo de cómo la opresión indígena jugaba en aquellos años un rol en la acumulación capitalista mediante la utilización de mano de obra barata en el trabajo agrario del norte argentino.

Tropas de la gendarmería y de la policía, con el apoyo de grupos privados, atacaron el 'campamento sagrado' de El Aguará, donde casi un millar de tobas, mocovíes y campesinos blancos originarios de corrientes, se habían refugiado como respuesta a la tensa situación social que acarreaba la explotación de los hacendados locales.

El ataque terminó con una matanza, una masacre brutal.

Ese trágico 19 de Julio de 1924, unos 130 hombres armados entre la policía y gendarmería, atacaron El Aguará sin encontrar resistencia. Según los diarios de la época, y las denuncias formuladas por los diputados socialistas en la cámara de Diputados de la Nación, los atacantes sólo cesaron de disparar cuando 'advirtieron que en los toldos no quedaba un indio que no estuviera muerto o herido'. Los heridos fueron degollados, los esfínteres de algunos de ellos fueron colgados en palos. Entre hombres, mujeres y niños, se calculan doscientos muertos aborígenes y algunos campesinos blancos.

La 'masacre de Napalpí' ha sufrido el silencio a lo largo de los años y muy pocos investigadores, antropólogos y personas dedicadas al estudio de la historia indígena, le han prestado atención. Entre los investigadores que han profundizado en la cuestión figura José Picciuolo Valls. La ideología que fundamentó y motivó la resistencia fue claramente social-religiosa, y, sobre todo, mesiánica, tocándoles a los chamanes tobas reelaborar el corpus mítico de su cultura y adaptarlo a la situación colonial que vivían, proyectando sus alcances no sólo dentro de su nación, sino sobre otros núcleos étnicos no indígenas. La nación toba -cuya cultura era periférica del imperio incásico-, a partir del siglo XVII, gracias a la adopción del caballo, comenzó a expandirse sobre otras étnicas del Chaco, rechazando a los europeos. Esa supremacía decayó en el siglo XIX con el avance blanco, que derrotó militarmente a los tobas redistribuyéndolos en 'reservas aborígenes', y arrebatándoles las tierras.

La explotación de la mano de obra indígena, la discriminación racial, la violencia contra los tobas y otras naciones indígenas, el continuo apoderamiento ilegal de las tierras por parte de los hacendados blancos, motivó el levantamiento político-religioso toba, que enfrentó a los dominadores mediante la resistencia pasiva.

La razón de la matanza y de la posterior represión, encontró fundamento en el hecho de que los aborígenes dejaron de trabajar la tierra para los hacendados chaqueños y generaron una economía propia de subsistencia.

El ejemplo de los tobas podría extenderse a todo el norte argentino, movilizando por sus jefes políticos-religiosos -los chamanes - y por una fuerte mítica escatológica basada en un renacimiento de las tradiciones morales y religiosas indígenas.

El entonces gobernador Centeno, alentado por los hacendados, ordenó la represión de los indefensos aborígenes que, hay que destacarlo, estaban ejerciendo su resistencia en forma pacífica y en ningún momento recurrieron a las armas. Lo curioso de la terrible tragedia es que, después de producida, el silencio más absoluto la ocultó por décadas, a pesar de las denuncias parlamentarias que, muy pronto, también se acallaron.

Lugareños del El Aguará memoran los dramáticos hechos de 1924:

'Desde un aeroplano atacaron a la población'.

Buscando localizar el lugar de los dramáticos hechos que desencadenaron la masacre indígena de 1924, penetramos en El Aguará bajo un sol abrasador y por caminos de tierra, algunos muy estrechos.

Las dos versiones que logramos difieren en la interpretación: los dichos que corresponden a descendientes indígenas, los de los criollos. En los primeros se mantiene inalterable el relato que fueron reconstruyendo historiadores, antropólogos e investigadores, sobre el martirio de esos hombres, mujeres, niños y ancianos inmolados por el odio y el miedo de quienes los atacaron brutalmente. En cambio, la visión criolla repite el relato colonizado - como diría Franz Fanon -, en donde los aborígenes debieron ser reprimidos porque estaban 'levantados' o pensaban atacar a los centros poblados, cosa que nunca existió ya que se habían internado en las entrañas de El Aguará rodeado de su mística político-religiosa y, conviene recalcar, se trató de un levantamiento pacífico, no violento, y ese carácter adquiere verosimilitud si se tiene en cuenta que durante los hechos sangrientos no cayó ningún blanco de los que formaban parte del grupo agresor, y tampoco hay registros de ataques indígenas a zonas pobladas, urbanas o semiurbanizadas en la época.

Recién cuando localizamos el lugar donde se habrían producido los sucesos, ubicado en el límite entre El Agruará y Napalpí, pudimos establecer que se puede llegar a la zona (fue el camino de regreso) por la ruta 16, hasta el kilómetro -aproximadamente- número 147, y allí doblar a la izquierda por uno de los caminos de tierra y luego de avanzar otros cinco kilómetros se llega a las chacras de los hermanos Angel y Agriano Verdán, actualmente un algodonal, donde se desencadenaron los sucesos.

Otro dato interesante recogido de testimonios de habitantes de El Aguará - hoy una enorme reserva indígena que a pesar de la pobreza cuenta dos escuelitas -, es la permanencia en la conciencia popular de los mitos escatológicos animistas vinculados algunos de ellos con la masacre que nos ocupa.

Pero lo que no fue un mito, sino una cruel realidad es lo que nos relató una mujer y luego nos confirmo otro testimonio.

Durante la represión contra los indígenas, además de las fuerzas militarizadas armadas de fusiles máuser y otros elementos bélicos de la época, fue utilizada una avioneta de reconocimiento, elemento éste con lo que se trató de amedrentar a los rebeldes indefensos y evitar cualquier resistencia. Ahora pudimos confirmar la utilización de esa avioneta o planeador sobre la que tuvimos noticias a través del investigador Picciuolo Vals que estudió los hechos de Napalpí hace ya varios años. Hay, con todo, un agregado, confirmado ahora por los testimonios de los habitantes de la zona, de origen indígena o criollos: desde el aeroplano mediante la utilización de alguna sustancia química o de otra clase, se incendió la toldería donde habitaban los rebeldes.

Para tener una idea que nos ubique ante los hechos, según las reconstrucciones históricas, el levantamiento toba-mocoví, tuvo una gran presencia milenarista y religiosa. Según las costumbres autóctonas, el templo o templete para el culto religioso se construía fuera del lugar donde se instalaban las viviendas indígenas. El ataque se habría producido cuando éstos retornaban a su hogar en las primeras horas de la mañana, luego de un oficio religioso.

Según el antropólogo Picciuolo Vals, en el templete, levantado sobre una altura, y que consistía en una rústica casita, se 'aparecía' el Dios indígena, o los dioses, que tomaban contacto con su pueblo para fortalecerlos espiritual y materialmente. Era una relación directa sin mediación chamánica, aunque estos jefes político-religiosos fueron guía del movimiento.

Testimonios recogidos en la reserva de El Aguará nos destacaron que cuando la 'seca' llega a su fin y se produce una gran tormenta con sus fuertes lluvias, ante de los precipitaciones los indígenas dicen escuchar los 'tambores' que ejecutaban los antiguos lugareños masacrados.

Mito, leyenda, animismo, los testimonios permiten advertir la persistencia del pensamiento mágico y ritual propio de la cultura nativa y parte de su especificidad moral y espiritual, elemento indispensable para sortear durante siglos la opresión blanca, el racismo, el olvido, la discriminación e, incluso, junto al exterminio el proceso intenso de trasculturización cristiana blanca.

En El Aguará pudimos advertir la inexistencia de iglesias católicas, salvo la presencia de jóvenes misioneros católicos procedentes de Formosa, que en número de diez recorrían la zona. En cambio, hay templos de la Iglesia de Dios, una confesión sectante, cuestionada tanto por católicos como por las iglesias protestantes históricas. Es muy posible, que ese culto sin imágenes religiosas permita a los aborígenes de El Aguará una práctica sincrética, sin adjurar de sus propias creencias y concepciones.

Recorrido El Aguará nos fuimos acercando tras un viaje donde debíamos descorrer algunos caminos hasta encontrar el lugar que nos interesaba: las chacras de Angel y Agriano Verdán.

Fue allí, según el testimonio de los pobladores, aborígenes o criollos, donde se produjeron los hechos de violencia. Precisamente en la chacra de Agriano Verdán. Sobre un sembradío de algodón se levantaban las tolderías de los rebeldes y allí cerca, sobre una altura que ya no existe porque fue desmontada, se alzaba el templete religioso. Según nos dijo Angel Verdán bajo la altura habían existido dos pistas de bailes indígenas, tal vez para bailes rituales o como parte de la vida comunitaria y social. Angel Verdán nos relató que en los últimos años han encontrado en la zona, durante la siembra o en las cosechas, bajo tierra, trozos de platos u otros utensilios que habrían pertenecido a los infortunados indígenas asesinados. Nos expresó también que en la cercanía, a la que no llegamos, había una fosa común donde se tiraron los restos humanos después de la masacre. Nos preguntamos por qué no existe allí un monolito, una placa, un señalamiento que recordara a los inmolados. Tal forma de recordación no forma parte de las costumbres indígenas que recurren a la transmisión oral de sus símbolos y creencias, pero sería obligación moral de las autoridades, partidos políticos, sindicalistas, organizaciones religiosas y culturales, hacer un señalamiento para que no se borre de la conciencia popular argentina un suceso que se emparenta en otra época y con distintos actores a la masacre de Margarita Belén. Porque somos los blancos los que estamos en deuda con aquellos que sufrieron el calvario a los que se refiere Santiago (V.1) cuando recuerda los que 'han condenado a los justos y ellos no se resistían'.

Incomprensión blanca del levantamiento

La tragedia indígena de Napalpí tuvo aspectos particulares que corresponde analizar a la luz de esos hechos dramáticos.

No sólo alcanzó la incomprensión a los hacendados chaqueños que motorizaron la matanza, sino a sectores ubicados en el campo progresista y vinculados al movimiento obrero de la época.

En Sáenz Peña y otras ciudades y pueblos chaqueños tenían cierta influencia en aquellos años el Partido Socialista y núcleos de ideologías libertarias y anarquistas. Sin embargo, estos sectores, ganados por concepciones eurocentristas no apoyaron en un primer momento ni comprendieron el significado del levantamiento pacífico indígena, principalmente toba.

La razón puede encontrársela en la concepción agnóstica de esas fuerzas políticas, ajenas a las ideas religiosas, incluidas las indígenas. La fuerte motivación religiosa-animista de aquella resistencia toba que llegó a extenderse a sectores mocovíes, la acción de los chamanes -jefes religiosos y políticos- y el renacimiento nacional indígena, abortado por la masacre hizo que socialistas y anarquistas no tomaran una participación directa en la lucha, que, por otra parte, no comprendían. Otro tanto ocurrió con el incipiente movimiento obrero chaqueño.

Sin embargo, hubo un aliado indígena, algunos comerciantes de origen árabe que actuaban en la venta de productos, tanto a blancos como a indígenas. Tal vez su no adscripción al pensamiento eurocentrista y racionalista tradicional, hizo que aquellos inmigrantes árabes entendieran el significado político, social y religioso del levantamiento toba-mocoví. Cuando la violencia se desató sobre los indefensos indígenas cobrando sus vidas, recién allí fue cuando el Partido Socialista, intelectuales y sindicalistas libertarios advirtieron el error anterior y se movilizaron a favor de esos sectores irredentos. En la Cámara de Diputados de la Nación, diputados socialistas como Antonio De Tomaso y Mario Bravo denunciaron el genocidio indígena y reclamaron al gobierno nacional del presidente radical Marcelo Torcuato de Alvear, para que detuviera nuevas masacres.

Fuente: Argenpress.info

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Una sobreviviente de la masacre de Napalpi cuenta su historia

Por Pedro Jorge Solans*

Melitona Enrique también apeló al silencio para salvarse. Tuvo su prueba de fuego cuando la arrastraron hacia el corazón del monte bajo la balacera policial. Tenía que aguantar el dolor.

Las espinas, los arbustos y no sé cuántas cosas más, marcaron su cuerpo como en una yerra. Nada podía ser más fuerte que su vida. Sólo gesto. Nada de gritos. Nada de llantos.

Su tío le dijo que el silencio era tan importante como esconderse. Si era necesario había que olvidar.

Ella, una hermosa joven toba de 23 años, no sabía cómo borrar lo sucedido esa mañana.

Esa mañana de sábado, 19 de julio de 1924, cuando esos hombres blancos mataban y mataban desde un aparato que volaba. Aquellos labios de aquellas bocas con aquellas dentaduras. Aquellos hombres blancos, hombres blancos con gafas negras, que miraban y se reían desde arriba.

¡Cómo olvidarlo!

Se reían como diablos, y gritaban como lobos.

Abrían la boca. Abrían la boca. Se reían, y festejaban, cuando caían los niños, las mujeres, los ancianos…

¡Cómo olvidarlo! ¡Cómo olvidarlo!

Y después los policías a caballo que disparaban y los de a pie que degollaban con tanta furia que los uniformes reventaban. No parecían seres humanos.

¿O sí?

¡Cómo olvidarlo! ¡Cómo olvidarlo! ¡Cómo olvidarlo!

Pero el miedo exterminó el párrafo más triste:

Corrían hacia el monte con desesperación. Caían y se arrastraban entre cadáveres de familiares, de amigos, entre los truenos de las armas, entre los gritos, entre los sollozos.

Durante el mediodía de ese maldito sábado, el avión recorrió varias veces la zona para ver si quedaban aborígenes vivos. Sobrevolaba el lugar de la masacre.

Aquella mañana, Melitona corría hacia el monte, y cayó, y entre todos la arrastraron. Estuvo días sin comer. Ella y su madre no probaron bocado. No tenían nada, ni agua. Varios días, varias noches.

Melitona se salvó. Anduvo escondida por los bosques hasta que se hizo olvido, y con el olvido a cuesta pudo llegar a Quitilipi. En el peregrinar perdió los abuelos, los tíos, los primos. Pero recordó al tío; el silencio era la salvación y el olvido, la eternidad.

Luego pasó a Machagai, donde el olvido se le hizo más profundo, tan profundo como el miedo.

Y así, sí, mansamente, emprendió el regreso al paraje El Aguará. Llegó como un fantasma, como si lo vivido hubiese sido una leyenda. La angustia se había hecho hueso en las entrañas de Melitona. Su piel empezó a oler distinto. La mujer había cambiado para siempre.

Sobreviviente.

El Aguará es triste cuando llueve. Llueve y el carro que va de cuneta a cuneta, como tractor, hace huellas en el barro intransitable.

El fuego late apenas en el rancho de los hermanos Irigoyen. El fuego late apenas, entre cenizas que prolongan el gris de la cabellera de Melitona, que alguna vez fue azabache.

La toba qom vive aún ahí con dos de sus doce hijos, postrada en algo semejante a un catre, donde pelea un lugar con los animales, las garrapatas, los insectos y con quien quiera compartir sus 106 años. Esos años que le enseñaron que su historia, la historia de su pueblo, se había reducido a derrota.

Mueve constantemente sus manos como si estuviera hilando algodón. Aquel algodón que tanto apetecían los ingleses, los norteamericanos; pero que ella sólo sabía de capataces y colonos blancos. Acaricia un trapito azul agradeciendo la única suavidad que conoció sus agrietados dedos. Se limpia con una precisión horaria, a cada rato, sus ojos profundos. Esos luceros que se humedecían automáticamente y parece que siguen llorando a cuenta de tanto horror que vio. Se limpia con el mismo trapito azul la boca que se abre buscando oxígeno y para dibujar palabras después de tanto silencio.

Sobrevive aquella terrible masacre que soportaron tobas y mocovíes a manos de policías, gendarmes y vecinos chaqueños.

El padecimiento de Napalpí amasó silencio de víctimas, y más silencio de victimarios. Años y años en silencio. Años y años de crónicas distorsionadas. De lechuzas malagüeras, de quitilipis heridos.

Napalpí sigue siendo impunidad, miedo, resignación.

La vida siguió dura, durísima, cruel para los aborígenes. A tal extremo que no parece vida para ellos.

Los descendientes de las víctimas dicen que vivirán un eterno Napalpí. Un Napalpí actualizado, un Napalpí vigente.

La masacre de todos los días.

Melitona enfermó y no le quedan fuerzas. Ya no tiene aquella fuerza que usó aquella mañana cuando los policías del Territorio del Chaco ametrallaban y ametrallaban.

Y no puede escapar a tiempo como escapó con su madre.

"Los policías andaban a caballo. Pero la infantería ametralló primero." Todavía tiene miedo a los uniformados.

De tanto olvido, ahora está olvidada, lejos del pavimento, reducida a un cofre donde hay silencios, o cosas sencillas, o sabiduría que no cotizan en el mercado de valores.

Hoy sigue el hambre, pero come, come al compás del salto de un caballo en el ajedrez y tiene medicamentos, cuando hay gasoil para la F100 de la posta sanitaria de El Aguará.

Se refugiaron en la casa de don Segundo donde protegían a los refugiados. Allí se enteraron que desde el aparato que volaba mataron a sus abuelas, y los policías a caballo asesinaron a los abuelos.

Melitona tenía los crímenes en la sangre cuando se casó con Dalmacio Irigoyen. Sus doce hijos heredaron el miedo y se debilitó la dignidad qom de los caciques Dialrochií y Juanalraí.

Prevaleció la derrota.

La sangre se estiró inevitablemente y como brazos infinitos, de aquí en más, sobrevivirá.

Licuada.

Mezclada.

Extinguiéndose en una lengua muda.

Hace poco se enteró que sus hijos y sus hermanos están desparramados por Buenos Aires, por Santa Fe, por Chaco, y nunca más los vio.

Otro dolor que está vivo.

Las piernas no le responden. La sacan afuera cuando hay lindo día, para que camine un poco, para que vea con esos ojos llorosos el campo, para que no pierda el suspiro de belleza que es soñar, aunque sea, por una ayuda.

Melitona no está acostumbrada a usar la memoria. La mantuvo quieta, casi agonizante mucho tiempo. Pero, de a poco, naturalmente, su memoria quiere resucitar. Y en esos espasmos memoriosos, habló, recordó que trabajaban los hombres y las mujeres todo el día. Había organización. Las mujeres se ocupaban de los quehaceres en el rancho y en la cosecha. Dijo que se escaparon muchos y, prácticamente, no sabe porqué vinieron a matarlos ese día de crespón negro. Piensa que ellos no tenían ninguna culpa.

"Nadie avisó que querían pelear. Estábamos durmiendo porque la noche anterior tuvimos fiesta. Los administradores y los capataces se habían ido."

Su tío se volvió loco. Pegaba cabezazos a la tierra, a los árboles, y corría de un lado para otro. Enloqueció cuando regresaba al lugar de la matanza y en el camino vio como los cuervos destrozaban los cuerpos de su madre y de su hermano.

Vuelve a la memoria, y en un qom contaminado de castellano primitivo, dijo que su marido también se había escapado de Napalpí. Irigoyen trabajaba de boyero, y contó:

"Los aborígenes se amontonaban para el reclamo. Le pagaban muy poco en el obraje, por los postes, por la leña, y por la cosecha de algodón. No le daban plata. Sólo mercadería para la olla grande donde todos comían. Por eso se reunieron, y reclamaron a los administradores, y a los patrones. Y se enojaron los administradores y el Gobernador.

Le pagaban con la comida. No conocían ropa nueva.

Trabajaban para la Administración y ahí por eso, seguramente, se enojaron y nos mataron.

En el Aguara éramos como mil aborígenes cuando atacaron. En las tolderías no había armas de fuego. Y nos mataron más de doscientos: hombres, mujeres, ancianos, ancianas, y niños. Los hombres queríamos volver a las tolderías pero éramos perseguidos por la policía. Nunca hubo malones. Querían sacarnos las tierras y eliminarnos.

Querían eso. Eliminar a todos los aborígenes y meter gente criolla, gente gringa. Mis hijos aborígenes. Y los aborígenes queremos trabajar en agricultura."

Melitona se hunde en el qom y Mario y Savino Irigoyen, los hijos que más la cuidan, se hunden con ella, pero desde una profundidad milenaria nace una voz, imposible de saber si era de la anciana sobreviviente o de los hijos, pero la esencia era una sola:

"Queremos trabajar como aborigen. Los aborígenes no somos malos. Los blancos nos quieren eliminar; y yo pregunto: ¿Por qué? Sí todos somos iguales."

Silencio.

Vuelven del silencio.

Ella espera.

Ella necesita.

"Al techo de su rancho le pusimos una frazadita por la calentadura del sol"; explicó Savino Irigoyen.

Verano en el Chaco adentro.

*Autor del libro "Crímenes de sangre"
Fuente: www.misionesonline.net, 13/07/07
Fotos: Santiago Solans

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Masacre de Napalpí: una historia de sangre

Por Norma Edith Giménez*

El día sábado 15 de noviembre de 2008, el Diario Norte de Resistencia, Provincia del Chaco, dio la siguiente información: "Murió Melitona Enrique. Era la última de los sobreviviente de la Masacre de Napalpí. Tenía 107 años y falleció ayer luego de varias internaciones e intentos por preservar su ya debilitada salud.

Aunque este año por primera vez un gobierno provincial le rindió homenaje y le obsequió una vivienda, su partida fue como la mayor parte del tiempo vivido: en la pobreza y exclusión."

¿Quién era Melitona Enrique? Una aborigen de la etnia QOM (Toba),sobreviviente de la Masacre de Napalpí. Una historia de sangre que muchos chaqueños desconocíamos.

Luego, gracias a las investigaciones realizadas por el historiador Pedro Solans y el periodista Mario Vidal, se conocieron datos de esta parte de la historia cruel y sangrienta.

Napalpí es una localidad del interior de la Provincia del Chaco. Este contexto era habitado y dominado por los indígenas.

¿Qué sucedió en Napalpí? El 19 de Julio de 1924, se produjo la acción represiva a cargo de la policía del Territorio. Los responsables de su organización fueron el Gobernador Fernando Centeno, el comisario de Resistencia Sáenz Loza y quien en la ocasión actuaba como su lugarteniente, el comisario de Quitilipi José B. Machado.

La propia gobernación, mediante una nota al Presidente del "Aero Club Chaco" Dr. Agustín Cabal (h), solicita la cooperación de su entidad facilitando uno de los aviones que posee. En la misma explícita la tarea encomendada:"que iría tripulado por el experto piloto Sargento Esquivel, con el fin de practicar una exploración detenida de los parajes en los que indígenas se hallan reconcentrados, y poder informar a este Gobierno con exactitud cantidad de los mismos y elementos de que disponen, datos estos, de indiscutible importancia para poder tomar las medidas necesarias que el momento y circunstancias requieran"- Fechado el 17 de julio de 1924.

El primer registro que se encuentra de esta historia, aparece publicado en la edición extraordinaria del diario de la época: Heraldo del Norte de junio de 1925. Describe en 60 páginas, de la siguiente forma los ocurrido en Napalpi la mañana del 19 de julio:

"Cuando la policía se vio segura avanzó en jauría hacia los toldos y aquello fue espantosa escena que repugna narrar. Indio que se hallase con vida, sin respetar sexo ni edad, era ultimado, acribillándosele a balazos o a machetazos. Parece que los criminales se hubieran propuesto eliminar a todos los que se hallaron presente en la carnicería del 19 de julio, para que no puedan servir de testigos si viene la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados.

La caza del indio continuó por parte de la policía. Había que exterminar...a todos. Durante un mes -nos dice uno de los conocedores de la tragedia- se persiguió a los indígenas que pudieran escapar con vida, a los que se les mataba en donde se les encontraba y hasta para no dejar rastro, se les quemaba" - Heraldo del Norte. Edición Extraordinaria. Año IX, N. 652, 27/06/1925. Napalpi IV.p.51 .(38)

Esta historia se confirma, además, desde la recopilación de los testimonios de los sobrevivientes, entre las que se encuentra Melitona Enrique. Contaron a sus familiares lo vivido, a pesar del miedo que se buscó instalar con la persecución de los meses posteriores: "Un día antes (de la masacre) un avión sobrevoló la reducció porque todos decían que iba a haber una guerra contra los aborígenes. Salió de acá, de Resistencia, y cuando los aborígenes lo vieron le saludaban contentos. El avión fue a ver donde estaban ubicadas las tolderías y si ellos estaban preparados para la guerra, pero ellos no tenían armas, sí algunas escopetas y un Winchester.

Por eso las tropas de línea no recibieron ningún daño. Mi hermano contaba que uno solo fue herido pero no era de gravedad, sólo un raspón acá en los dedos". ‘Todo fue un arreglo del gobernador y del jefe de la Policía del Territorio, cuando se pusieron firmes para la destrucción del indio.

Ciento cinco soldados fueron apostados a 500 metros de las tolderías. Vino un avión que les echó caramelos y masitas para que se junten, y para mirar si tenían trinchera.

La primera descarga tiraron arriba y la siguiente haciendo blanco. Fue en pocos minutos que la toldería quedó en silencio con humareda...".

Según expresan los relatos ya registrados por varios investigadores del tema, el avión se apareció en el lugar y: "...al oír el ruido del motor de la máquina, los indígenas salieron al descampado sin saber que la policía los acechaba, cuando de pronto se produjeron cerradas descargas. Se asegura que se dispararon 5.000 cartuchos.

Tras las descargas las tropas, avanzaron sobre los toldos y dieron muerte a balazos y machetazos a los que habían quedado con vida, y luego prendieron fuego a las pobres ‘huestes’ (López Piacentini)

"...130 hombres descargan con sus fusiles Máuser y Winchester, más de 5.000 cartuchos en menos de dos horas, sin tener una sola baja. Sáenz Loza ordena que degüellen a los muertos y heridos. Como trofeo de guerra les arrancan las orejas y los testículos y cortan y mutilan los pechos de las mujeres" (Romero.F).

"El ataque terminó en una matanza, en la más horrenda masacre que recuerda la historia de las culturas indígenas en el presente siglo.

Los atacantes sólo cesaron de disparar cuando advirtieron que en los toldos no quedaba un indio que no estuviera muerto o herido. Los heridos fueron degollados, algunos colgados. Entre hombres, mujeres y niños fueron muertos alrededor de doscientos aborígenes y algunos campesinos blancos que también se habían plegado al movimiento"(Mendoza,M).

Muchos de los cadáveres fueron quemados junto con tolderías, otros quedaron expuestos por días y fueron garrapiñados por los buitres, otros relatos hablan de los enterramientos. "...al otro día sale la policía a juntar persona para sepultar los muertos. Tenían 38 personas que trabajaban en la toldería. Había dos pozos de agua y allí fueron sepultados 75 en un pozo y en el otro 70 más.

Noventa días anduvo la comisión con ese trabajo de matar a los que encontraban en el monte." Relato de la madre de Gonzalo Leiva. "...mi papá ayudó a enterrar a los muertos. El contaba que hacían zanjas, tiraban a los muertos y los quemaban. Cuando terminaba con ese grupo, traían a otro." Relato de Lino Fernández.

Estos relatos se confirman ya en el Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación del 11 de septiembre de 1924, ya citado. En el informe de la Comisión, se señala que "...un detalle de este crimen en gran escala, es el siguiente: los muertos que enterró la policía estaban degollados".

En enero de 2008, el Estado provincial, en la voz del Gobernador, reconoció públicamente la Masacre de Napalpí y pidió perdón a los pueblos originarios.

Esta es una historia que debemos conocer todos, para la reivindicación de los pueblos primitivos, cruelmente discriminados, aún en la actualidad. Debemos recordar que: no hay culturas superiores a otras, sino, DIFERENTES.

Tampoco hay seres humanos superiores a otros, solo DISTINTOS. Y ocupamos lugares en la sociedad solo TEMPORALMENTE.

¡Descansa en paz, junto a los tuyos, hermana MELITONA ENRIQUE!

* Lie. en Ciencias de la Educación

Fuente: www.nuevarioja.com.ar, correo de lectores

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Masacre indígena de Napalpí: 80 años de impunidad

Por Darío Aranda
darioaranda@yahoo.com.ar

El gobernador chaqueño, Fernando Centeno, ordenó: "Procedan con rigor para con los sublevados". El 19 de julio de 1924, a la mañana, la policía rodeó la Reducción Aborigen de Napalpí, de población toba y mocoví, y durante 45 minutos no dejaron descansar los fusiles. No perdonaron a ancianos, mujeres ni niños. A todos mataron y, como trofeos de guerra, cortaron orejas, testículos y penes, que luego fueron exhibidos como muestra de patriotismo en la localidad cercana de Quitilipi. Los asesinados fueron más de 200 aborígenes que se negaban a seguir siendo explotados, que reclamaban una paga justa para cosechar el algodón de los grandes terratenientes.

Para justificar la matanza la versión oficial esgrimió "sublevación indígena". Era el mismo período de las masacres de obreros en la Patagonia, años en los que en el norte argentino solía hablarse de rebeliones indígenas para justificar el asesinato de pobladores originarios que resistían su inclusión definitiva a un mercado de trabajo que exprimía vidas a bajo precio. A 80 años de aquella masacre, no habrá actos oficiales, pero los pobladores originarios recordarán la matanza en cada comunidad.

En 1895 la superficie sembrada de algodón en el Chaco era de sólo 100 hectáreas. Pero el precio internacional ascendía y los campos del norte comenzaron a inundarse de capullos blancos donde trabajaban jornadas eternas miles de hombres de piel oscura. En 1923 los sembradíos chaqueños de algodón ya alcanzaban las 50.000 hectáreas. Pero también debían multiplicarse los brazos que recojan el "oro blanco".

El 12 de octubre de 1922, el radical Marcelo T. de Alvear había reemplazado en la presidencia a Hipólito Yrigoyen y el Territorio Nacional del Chaco ya se perfilaba como el primer productor nacional de algodón. Pero en julio de 1924 los pobladores originarios toba y mocoví de la Reducción Aborigen de Napalpí a 120 kilómetros de Resistencia se declararon en huelga: denunciaban los maltratos, la explotación de los terratenientes. Los ingenios de Salta y Jujuy ofrecieron mejor paga. Hacía allá intentaron ir los pobladores, pero el gobernador Centeno prohibió a los indígenas abandonar el Chaco. El indio no podía trabajar su propia tierra, su única alternativa era seguir cosechando como esclavo, pero igual se resistía. El 18 de julio, y con la excusa de un supuesto malón indígena, Centeno dio la orden.

A la mañana del 19 de julio, 130 policías y algunos civiles partieron desde la localidad de Quitilipi hasta Napalpí. Después de 45 minutos de disparar los Winchester y Máuser a todo lo que se movía, hubo silencio y humareda de los fusiles. Los heridos -fueran hombres, mujeres o niños- fueron asesinados a machetazos. El periódico Heraldo del Norte recordó, a finales de la década del 20, el hecho: "Como a las nueve, y sin que los inocentes indígenas hicieran un sólo disparo, hicieron repetidas descargas cerradas y enseguida, en medio del pánico de los indios (más mujeres y niños que hombres), atacaron. Se produjo entonces la más cobarde y feroz carnicería, degollando a los heridos sin respetar sexo ni edad".

El 29 de agosto --cuarenta días después de la matanza--, el ex director de la Reducción de Napalpí Enrique Lynch Arribálzaga escribió una carta que fue leída en el Congreso Nacional: "La matanza de indígenas por la policía del Chaco continúa en Napalpí y sus alrededores; parece que los criminales se hubieran propuesto eliminar a todos los que se hallaron presente en la carnicería del 19 de julio, para que no puedan servir de testigos si viene la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados".

En el libro "Memorias del Gran Chaco", de la historiadora Mercedes Silva, se confirma el hecho y cuenta que el mocoví Pedro Maidana, uno de los líderes de la huelga, corrió esa suerte. "Se lo mató en forma salvaje y se le extirparon los testículos y una oreja para exhibirlos como trofeo de batalla", asegura.

En el libro "Napalpí, la herida abierta", el periodista Vidal Mario detalla: "El ataque terminó en una matanza, en la más horrenda masacre que recuerda la historia de las culturas indígenas en el presente siglo. Los atacantes sólo cesaron de disparar cuando advirtieron que en los toldos no quedaba un indio que no estuviera muerto o herido. Los heridos fueron degollados, algunos colgados. Entre hombres, mujeres y niños fueron muertos alrededor de doscientos aborígenes y algunos campesinos blancos que también se habían plegado al movimiento huelguista".

Un reciente microprograma de la Red de Comunicación Indígena destaca: "Se dispararon más de 5000 tiros y la orgía de sangre incluyó la extracción de testículos, penes y orejas de los muertos, esos tristes trofeos fueron exhibidos en la comisaría de Quitilipi. Algunos muertos fueron enterrados en fosas comunes, otros fueron quemados". En el mismo audio, el cacique toba Esteban Moreno, contó la historia que es transmitida de generación en generación. "En las tolderías aparecieron soldados y un avión que ametrallaba. Los mataron porque se negaban a cosechar.

Nos dimos cuenta que fue una matanza porque sólo murieron aborígenes, tobas y mocovíes, no hay soldados heridos, no fue lucha, fue masacre, fue matanza, por eso ahora ese lugar se llama Colonia La Matanza".

La Reducción de Napalpí -palabra toba que significa lugar de los muertos- había sido fundada en 1911, en el corazón del Territorio Nacional del Chaco. Las primeras familias que se instalaron eran de las etnias Pilagá, Abipón, Toba, Charrúa y Mocoví. El corresponsal del diario La Razón, Federico Gutiérrez, escribió en julio de 1924: "Muchas hectáreas de tierra flor están en poder los pobres indios, quitarles esas tierras es la ilusión que muchos desean en secreto".

A ochenta años de la Masacre de Napalpí, aún nadie fue sancionado, el crimen permanece impune y las escasas tierras que permanecen en manos aborígenes les siguen siendo arrebatadas.

-Paradigma del despojo

Napalpí no fue una matanza aislada, sino una práctica recurrente del poder político y los terratenientes --con la mano de obra policial o militar-- para privar a los pobladores originarios de su forma ancestral de vida e introducirlos por la fuerza al sistema de producción. Todos los historiadores revisionistas coinciden en esa mirada y, en el libro "La violencia como potencia económica: Chaco 1870-1940", Nicolás Iñigo Carrera afirma: "Los aborígenes de la zona chaqueña vivían sin la necesidad de pertenecer al mercado capitalista. La violencia ejercida hacia ellos, por la vía política con la represión y por la vía económica tuvo como objetivo eliminar sus formas de producción y convertirlos en sujetos sometidos al mercado".

"Se comenzó a privar a los indígenas de sus condiciones materiales de existencia. Se inició así un proceso que los convertía en obreros obligados a vender su fuerza de trabajo para poder subsistir, premisa necesaria para la exitencia de capital. Un modo de vivir había sido destruido", destaca Iñigo Carrera en su libro.

Además de someterlos, el Gobierno quería ampliar los cultivos, dar tierra a grandes terratenientes y concentrar a los indígenas en reservas. Siempre la versión oficial, "civilizadora y cristiana", hablaba de malones o enfrentamientos despiadados. Pero los muertos siempre eran pobladores originarios. Sobre los imaginarios combates, el historiador Alberto Luis Noblía remarcó que "las naciones aborígenes chaqueñas no practicaron el malón, usual en otros pueblos. Todo lo contrario, los inmigrantes llegados de Europa nunca fueron perseguidos por los entonces dueños de las tierras. Al contrario, el colono supo encontrar en el indígena mano de obra barata".

El 21 de julio de 1925 --un año después de la matanza--, el ministro del Interior, Vicente Gallo, reconocía los deseos de Alvear: "El Poder Ejecutivo considera que debe encararse definitivamente, como un testimonio de la cultura de la República, el problema del indio, no sólo por razones de humanidad y de un orden moral superior, sino también porque una vez incorporado a la civilización será un auxiliar valioso para la economía del norte del país".

Fuente: www.argentina.indymedia.org, 2004

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Napalpí: "Paraje de la Matanza..."

Por Arturo M. Lozza (12/08/04)

(ACTA) De los montes boscosos de El Impenetrable, en Chaco, poco queda, va desapareciendo quemado para ser convertido en llano sojero bajo el dominio de compañías privadas. Se trata de la tercera etapa de una conquista que comenzó con la misma creación de la actual provincia y de la fundación de su capital Resistencia, en 1874, cuando la campaña militar "al desierto" del norte -que inició en Santa Fe el general Obligado- aniquiló a miles de indígenas o los congregó en reducciones para dar paso a las compañías forestales que exterminaron los quebrachales.

Hacia mediados de los años 1920, ya terminados los quebrachos, comenzó la segunda etapa, la que impuso el reinado de los grandes señores del algodón que tomaron al indio como mano de obra esclava.

Fue en este período que los indios tobas y mocovíes asentados en la reducción de Napalpí -a 130 kilómetros de Resistencia- se negaron a trabajar en las plantaciones porque la paga era miserable y porque se resistían a perder la cultura originaria. El líder de las familias de Napalpí fue el chamán mocoví Pedro Maidana, al que los hacendados no tardaron en catalogar de "bandolero" y "criminal".

A instancias de los señores del algodón, desde Quitilipi se organizó una patrulla policial reforzada con capataces de las plantaciones y armada de fusiles Máuser y Winchester. El ataque a Napalpí fue sorpresivo y en 45 minutos no quedó ningún toba o mocoví vivo. Los heridos, sin distinción de sexo o edad, fueron degollados. En total, 130 muertos. Al chamán Maidana le extirparon una oreja y los testículos, que fueron exhibidos en la Comisaría de Quitilipi. Ocurrió el 19 de julio de 1924, pero los asesinatos en los bosques cercanos y en las diversas regiones de El Impenetrable se extendieron por cuarenta días más.

La reducción había sido fundada en 1911 y ya entonces la bautizaron Napalpí, que en toba significa "lugar de los muertos". Hoy continúa existiendo, es un pueblo pequeño y pobre, pero al sitio exacto adonde cayeron los indígenas de Maidana se lo denomina "Paraje de la Matanza".

A ochenta años de aquella masacre se ha abierto la tercera etapa de la conquista, la que está arrasando sin misericordia los montes naturales y los pocos vestigios de las culturas guaraníticas, para instalar los reinos de la soja.

La historia del Chaco está manchada de destrucción de riquezas naturales, y de sangre indígena y de peones golondrinas, de hacheros desaparecidos en los quebrachales o en las plantaciones de algodón.

Pasaron 130 años de la primer conquista, pero Chaco sigue siendo territorio de injusticias y de impunidad.

Fuente: www.causapopular.com.ar

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Las masacres indígenas de Formosa y Chaco en la agenda nacional

Por Gabriela Sosa (Red de Comunicación Indígena, 28/04/06)

Las causas judiciales por las masacres de Rincón Bomba y Napalpí ingresaron a la agenda nacional. La Federación Pilagá, junto con sus abogados, Julio García y Carlos Díaz se entrevistaron con distintos funcionarios nacionales y con el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, para exponer la situación judicial y buscar apoyo para continuar la investigación.

Fotos de Germán Pomar

En Rincón Bomba (Formosa) hace casi 60 años fueron asesinados un número aún no determinado de indígenas del pueblo pilagá. Los testimonios hablan de mil personas ultimadas por la gendarmería nacional. En Napalpí (Chaco), en 1924, también se toparon con la muerte indígenas del pueblo qom, entre 450 y 700 de ellos. El número de víctimas no está determinado porque las excavaciones para rastrear las fosas, en el caso de Formosa, recién se iniciaron, y hasta el momento se encontraron unos 27 cadáveres. En el caso del Chaco, no empezaron nunca. En ambos casos, fue el Estado nacional, a través de sus fuerzas de seguridad, el responsable de las matanzas. Hoy los pueblos indígenas piden justicia, que implicaría el reconocimiento de la verdad histórica, recuperar los cuerpos de sus muertos y un resarcimiento a las comunidades. Son, como lo definen los abogados de las causas, los dos genocidios indígenas más importantes del siglo XX.

Interés nacional

Durante dos días de presencia en Buenos Aires, el 24 y 25 de abril, los representantes indígenas y sus asesores jurídicos se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Seguridad Interior, la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, el delegado de la OIT y el Subprocurador del Tesoro de la Nación. El propósito: Sensibilizar y comprometer a los representantes del Estado en las causas judiciales.

La Subsecretaría de Derechos Humanos propuso a la delegación la constitución de una comisión de investigación. A esta propuesta, el abogado Carlos Díaz, respondió con el pedido que participe como querellante. "En los casos de violación de derechos humanos durante la última dictadura, el Estado se presentó como querellante. No podría sospecharse que habría diferencias entre los derechos humanos de los blancos y los derechos humanos de los indígenas", señaló.

En la Procuración, se presentó la denuncia contra ese mismo organismo por la contestación a la demanda por la causa de Napalpí. En ella, según comentó Díaz, se exceden los términos técnicos pertinentes y se usan expresiones discriminatorias y racistas.

En tanto, a la Secretaría de Seguridad Interior se le planteó la preocupación por la falta de contestación de Gendarmería Nacional, en la causa de Rincón Bomba. Esa fuerza todavía no puso a disposición los archivos, los nombres de los integrantes de la fuerza que participaron de los hechos y la información sobre dónde están las fosas en las que fueron enterrados los cadáveres y el número de víctimas registrados en los expedientes.

Bartolo Fernández, de la Federación Pilagá, opinó que las reuniones "tuvieron su fruto" porque lograron interesar a las autoridades e instituciones en las causas. La presencia de los dirigentes pilagás fue muy importante porque mostró el compromiso de la comunidad y evitó que las masacres sea tratadas solo como causas judiciales para mostrarlas como parte de la lucha de los pueblos indígenas.

Pérez Esquivel: El Estado debe ser querellante en las causas

Adolfo Pérez Esquivel también sumó su acompañamiento. "Se pone en evidencia un genocidio contra las comunidades indígenas, no solo lo que fue la tremenda campaña del desierto sino todos los genocidios cometidos a lo largo del tiempo" dijo. "Hay que tratarlo a través de la verdad, de la justicia, lo que debe ser la reparación del daño hecho a las comunidades".

Anticipó que "nosotros vamos a acompañar, tenemos un equipo en el Servicio Paz y Justicia que trabaja con los pueblos originarios. Hay que pedirle al gobierno que se vuelva querellante en esto".

Al analizar la situación actual de los pueblos indígenas planteó su preocupación porque "parece que se los considera ciudadanos de tercera, se les esta quitando las tierras, no se atienden las necesidades básicas. Otra cuestión es la deforestación, que afecta su cultura, su alimentación, su hábitat. Y la extranjerización de las tierras que se venden grandes extensiones. Hay que reestablecer el equilibrio, con nosotros, con la madre naturaleza, estos son los desafíos, en un mundo materialista que privilegia el capital financiero sobre el humano".

"Esperamos- dijo- que los indígenas se unan. Que tengan voz propia, nosotros vamos a acompañar pero a través de la voz de los mismos indígenas, porque sino sería entrar en un proceso de re-colonizacion. Los indígenas tienen voz propia y tienen que hacer valer su voz y vamos a acompañar la reivindicación de sus derechos".

Contactos con la Red de Comunicación Indígena:
NEA: 03722-421600. Catamarca 436, Resistencia, Chaco.
red.comin@infovia.com.ar
NOA: 0388-4238787. Comandante de la Corte 505, San Salvador de Jujuy, Jujuy.
rcinoa@arnet.com.ar

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La Nación rechazó demanda por la masacre de Napalpí

Por El Diario Digital / Posadas - 29/04/06

La Procuración del Tesoro de la Nación solicitó el rechazo de la millonaria demanda por la "masacre de Napalpí" en términos denunciados por diversas organizaciones aborígenes como "innecesariamente ofensivas a los pueblos originarios". La Asociación Comunitaria de Colonia Aborigen Chaco, Asociación Comunitaria La Matanza y la Federación del Pueblo Pilagá repudiaron la respuesta dada a la demanda y anticiparon que denunciarán el hecho ante el propio presidente Néstor Kirchner.

Según dichas organizaciones, la respuesta del Procurador del Tesoro Nacional "ha provocado estupor y repudio por su virulencia, discriminación, racismo e inhumanidad". El funcionario nacional niega que los tobas constituyan una etnia, niega que "el pueblo toba pueda ser indemnizado por daño moral" y desconoce, para el caso de Napalpí, la aplicación del fallo sobre "la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el 2005". Niega, finalmente, que la población toba tenga el más alto índice de mortalidad infantil y analfabetismo.

De esta manera ingresa a una nueva instancia una historia que comenzó en 1998 con la aparición del libro "Napalpí, la herida abierta" de Vidal Mario (cuya tercera edición fue lanzada recientemente por Librería de la Paz) rescatando del olvido la masacre ocurrida el 19 de julio de 1924. En octubre de 2004, 80 años después, se inició una demanda por 116.000.000 de dólares ante el Juzgado Federal de Resistencia, en el marco del expediente caratulado "Asociación Comunitaria La Matanza c/Estado Nacional - Poder Ejecutivo -s/Daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente y moral".

En relación a ello, el comunicado emitido por las mencionadas organizaciones aborígenes expresa: "Contestó la demanda en nombre del Estado Nacional Argentino la Procuración del Tesoro de la Nación Argentina, que ha provocado estupor y repudio de las organizaciones indígenas por su virulencia, discriminación, racismo e inhumanidad, que recuerda a las épocas más oscuras del holocausto de los pueblos originarios de América. La Procuración del Tesoro de la Nación desconoce "la calificación de la comunidad toba como etnia", o sea la propia existencia de un pueblo originario (punto 4 de la contestación de la demanda). Niega que por la masacre "el pueblo toba pueda ser indemnizado por daño moral‘ (punto 5 del escrito de la contestación de la demanda). Desconoce para los indígenas la aplicación del fallo sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 14 de junio del año 2005 en el caso Simón sobre crímenes sucedidos en la última dictadura cívico militar entre los años 1976/1983" (punto 6 del escrito de contestación de la demanda)".

El comunicado sigue diciendo que la Nación "minimiza la masacre, como si la pérdida de una sola vida no fuera ya una tragedia, aduciendo con total ligereza que el número de afectados ascendía "sólo a más de cincuenta". Si así fuera, ¿no es un gran crimen asesinar a "más de 50" ? (punto 7 del escrito de contestación de la demanda). Justifica lo injustificable al decir textualmente que la masacre de Napalpí fue como reacción a "determinados actos de violencia que habían acaecido como consecuencia del accionar de los indios tobas, así como de las demás etnias que habitaban la provincia, wichís y mocovíes. Al principio hubo una resistencia pasiva por parte de algunos, con la protesta de los que no entregaban y la de los más ladinos, que aconsejaban la resistencia, invitando a los otros a consultar al comerciante proveedor, etcétera. Y aquí aparece el dios de los indios. La administración nada hizo para resolver el conflicto y entonces los indios empezaron a reunirse al lado del titulado dios. De todos los rumbos empezaron a llegar indios; de Resistencia, Colonia Popular, Benítez, del norte y del sur llegaban grupos de indios a escuchar la palabra santa. Así fue que llegó también un grupo de mocovíes (resaltado en negrita del escrito original de contestación de la demanda, punto 7). Niega que sean "ciertas las afirmaciones en cuanto a que la población toba tenga el más alto índice de mortalidad infantil y analfabetismo. Más aún, sin sustento fáctico ni jurídico se oponen terminantemente a desenterrar las fosas comunes negando el derecho al duelo y a dar humana sepultura a sus antepasados, lo que denota una actitud racista y discriminatoria que no tiene parangón en la justicia argentina. Así lo dice con todas las letras en el punto 12 del escrito de contestación de la demanda: "Oposición a que en el predio conocido como "Reducción" y "Colonia Aborigen Napalpí" se realicen y finalicen los estudios antropológicos forenses de zonas donde estarían fosas conteniendo cadáveres de indígenas argentinos asesinados. Oposición a que se proceda a realizar excavaciones y estudios en lugares donde se cree que existen enterrados en fosas comunes cadáveres de indígenas argentinos asesinados en el lugar señalado".

Finalmente niega la Procuración del Tesoro de la Nación Argentina que los cientos de muertos en esa masacre tengan valor económico alguno y solicita, en consecuencia, el rechazo de la demanda".

En el tramo final del documento conjunto se termina consignando: "La contestación de demanda repudiada, por lo innecesariamente ofensiva a los pueblos originarios, excede, por el contenido y las adjetivaciones, los límites del ejercicio del derecho de defensa, porque el Estado Nacional Argentino tiene obligaciones éticas y jurídicas asumidas por los tratados internacionales de Derechos Humanos, como así también por la Resolución 169 de la Organización Mundial del Trabajo. En consecuencia, presentaremos denuncias al Presidente de la Nación Argentina; al Instituto Contra la Discriminación y el Racismo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, ante la Organización Internacional del Trabajo convenio N 169 y ante otros organismos tanto nacionales como internacionales".

Viernes 28 de abril de 2006

Fuente: www.voxpopuli.com.ar

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"El Gobierno se ha opuesto a que se sigan excavando las tumbas"

Por La Señal de la Paloma (91.3 Mhz) 16/09/06
lanageq.socoto@gmail.com (0341) 4325261 / 156522026 Virasoro 5606, Rosario, Santa Fe

Julio Cesar García, uno de los abogados de las demandas contra el Estado por las masacres de Napalpí (1924, Chaco) y Rincón Bomba (1947, Formosa), denuncia racismo y groseras contradicciones por parte del Gobierno nacional en el tratamiento de las mismas. En ambas matanzas se estima que murieron unas 1500 personas de los pueblos toba y pilagá, en lo que son considerados los dos mayores genocidios indígenas del siglo XX. Lee y escuchá la entrevista realizada en vivo durante la emisión del miércoles 13 de septiembre de La Señal de la Paloma (Aire Libre Radio Comunitaria).

- ¿En qué estado se encuentran estas causas? El Estado argentino ya ha respondido en ambas demandas.

JG: Sí, básicamente en la causa de Napalpí contestó la Procuración Nacional, y en la causa de Rincón Bomba - que es en la que yo estoy actuando - contestó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Aún así, a pesar de que son distintos organismos del Estado, han mantenido el mismo perfil en la contestación de la demanda, que es negar la existencia de los hechos, atacar la personería jurídica de las comunidades indígenas - le niegan el carácter de pueblo o de organización de las comunidades indígenas -, piden que se acredite el cáracter de heredero forzoso, cuando ellos saben básicamente que los indígenas han estado excluídos de todo el sistema normativo hasta aún hoy, y también impedido del acceso al sistema de justicia.

Sinceramente lo que nosotros creemos es que el Estado lo que está haciendo es, en los hechos, negar todo el discurso de derechos humanos que tiene para con la sociedad en general.

- ¿Qué pruebas hay de que efectivamente ocurrieron estos hechos?

JG: Bueno, lo primero en el caso de Rincón Bomba, hay testigos de la masacre vivos, o sea hay indígenas que eran niños, adolescentes o jóvenes, que al momento en que ocurrieron los hechos de Rincón Bomba, eran miembros de familia y vieron diezmadas sus grupos familiares. Mayor evidencia que esa es imposible.

En segundo lugar, hay un informe realizado por expertos sobre el descubrimiento de por lo menos cinco tumbas comunes, y el Estado Nacional se ha opuesto a que se sigan cavando estas tumbas, y también se ha opuesto a que se conserven las mismas, con una serie de herramientas que si bien son jurídicamente idóneas, porque impiden que se siga la investigación, éticamente en un caso de derechos humanos que esto lo realice el Estado es aberrante. Así que nosotros lo que creemos es que hay un discurso del Gobierno nacional para con la cuestión de los derechos humanos cuando no están en juego los pueblos indígenas; cuando están en juego los derechos indígenas en realidad las políticas son otras.

- En una nota periodística se habla de una comprobación de los peritos de que los restos encontrados fueron muertos por armas de fuego. Después hay otro dato fáctico que son los cuerpos encontrados en distintos lugares, vos hablabas de 5 fosas, lo cual en otra nota se refiere como el "sendero de la muerte". Podés explicarnos qué es esto y cuántas personas se estima que murieron en este espacio.

JG: Bueno, un primer dato de la realidad que nosotros tenemos es que el pueblo pilagá, que fue víctima de esta masacre, está en un proceso de extinción, tiene muy pocos miembros, esto lo reconoce el propio Estado nacional al contestar la demanda. Eso es el primer dato.

El segundo dato es que los hechos empezaron un día, pero después a los sobrevivientes y a los testigos o posibles testigos del hecho, los fueron aniquilando y los fueron tirando como marionetas a fosas comunes cavadas por la propia Gendarmería. Y el informe que vos te referís, es el informe del consultor que en ese entonces era Enrique Prueger, y el informe del perito oficial designado por el juez federal Marcos Bruno Quinteros. O sea, la información que hay está acreditada en la causa, no ha sido desvirtuada por el Estado nacional, pero a pesar de eso, el Estado nacional en la contestación habla de un enfrentamiento - que a nosotros nos hacía acordar a la época de la dictura cuando se hablaba de enfrentamientos con la guerrilla' , siempre comillas, esos comunicados que lanzaba la dictadura -, con un herido por parte de las fuerzas de Gendarmería y 500 o 1000 muertos del lado de los indígenas.

- En la respuesta a la demanda no sólo se habla de un 'enfrentamiento', justificando la masacre, sino que además se dice de que en caso de que hubiese consecuencias jurídicas para el Estado, estas consecuencias estarían 'vencidas' por el tiempo que transcurrió.

JG: Si, es otra verguenza. El Estado nacional acaba de firmar el año pasado, y lo aprobó el Congreso de la Nación, el convenio internacional de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Lo que alega la abogada defensora del Estado nacional es que ese tipo de imprescriptibilidad puede ser alegada solamente para los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar. Falso. Esto es absolutamente falso, porque la imprescriptibilidad del convenio internacional no tiene plazo retroactivo, debe ser aplicado a todas las masacres o hechos cometidos por el Estado nacional que no tuvieron investigación.

Y también, seamos sinceros, los indígenas no han podido acceder al sistema de justicia, porque el sistema de justicia les niega el acceso sistemáticamente al tratarse de una minoría; y de hecho alega sus propias torpezas el Estado en no instrumentar un ordenamiento jurídico conteste con la realidad que viven los pueblos indígenas, invoca esas propias torpezas en cabeza de los indígenas para impedirle nuevamente el acceso al sistema de justicia. Así que a nosotros nos parece sinceramente una burla a los intereses de los pueblos indígenas.

- No estamos hablando solamente de un caso que se inscribe en lo legal, porque estos hechos y su gravedad y su resonancia tienen que ver con lo que es la memoria histórica, no solamente de los pueblos indígenas sino además de toda nuestra sociedad. Es bastante sorprendente esta declaración, de que aparentemente las violaciones a los derechos humanos las cometen solamente los Gobiernos dictatoriales y no otros sujetos, es bastante indefendible. ¿Porqué te parece que el Estado está respondiendo esto, que es de una torpeza enorme?

JG: Mirá, no sólo que le da un tiempo determinado, sino que además dice que no la cometió el Estado sino que la cometieron sus funcionarios en exceso de sus facultares, cuando todos sabemos que era una política genocida. Es lo mismo que nosotros sostengamos este principio en cuanto a lo que hizo la dictadura militar; que no era responsable el Estado argentino o sus representantes, en ese entonces de facto. Había un plan para eliminar a un determinado grupo de personas con determinadas caractísticas ideológicas. Si nosotros no asumimos eso, estaríamos exculpando actualmente con ese discurso a los genocidas de la última dictadura militar. Entonces es una contradiccion fruto de la desidia que existe para con los pueblos indígenas, no hay otra explicación, yo hablo de desidia por no decir racismo, discriminación, continuidad histórica del genocidio o del etnocidio.

- Lo que viene a la cuenta es el caso reciente del intendente de Villa Río Bermejito, en el Impenetrable chaqueño, que también es denunciado por racismo. Por ahí no estamos hablando de la misma gravedad, porque no hay muertos en este caso en manos de Gendarmería, pero las denuncias no cambian mucho. Mismo en Formosa, en la provincia que sucedió Rincón Bomba, el ataque policial a la comunidad Nam Qom sucedido hace 4 años atrás también ha quedado sin ningún tipo de culpables. Hay una continuidad, ¿verdad?

JG: Sí, sí, para nosotros eso es clarito, por eso creemos que estas no son causas - coincido con vos - solamente judiciales, sino que tienen un fuerte contenido político y que tienen que ver con la relación histórica entre pueblos indígenas y Estado.

- En un documento ustedes afirman que en la contestación del Estado a la demanda por la Masacre de Rincón Bomba se confunden los hechos con la Masacre de Napalpí. ¿Cómo es esto?

JG: Sí, fruto de la haraganería del colega que corta y pega de la contestación de la demanda del colega de Chaco. Recordémosle a tu audiencia que la diferencia que existe entre una y otra masacre es que una tuvo una investigación de la propia Cámara de Diputados de la Nación de ese entonces, de 1924, y también hubo una causa judicial, que es reprochable en su resultado, en su investigación, pero existió. En el caso de Rincón Bomba no existió. Lo que nosotros como abogados estamos seguros - y quienes acompañamos este proceso - es que hay testimonios vivos y por esos testimonios vivos que nos impulsan y por la justicia del reclamo por sus muertos, nosotros sinceramente estamos convencidos de la legitimidad y justicia de la demanda.

- ¿En qué confunde el Estado ambas masacres?

JG: El Estado confunde básicamente el pueblo toba con el pueblo pilagá, confunde la cantidad de años que sucedió en una y otra masacre, da datos erróneos, cuando habla de los pilagá habla en realidad de los tobas y cuando habla de los tobas habla de los pilagá; no tenía nada que decir en la contestación de Rincón Bomba sobre los tobas y lo dice; así que para nosotros fue que le giraron un archivo de la contestación de Napalpí y de ahí cortó y extrajo algunas conclusiones. En general, la mayoría de las conclusiones y la estrategia legal se condice con la de Napalpí, es la misma, el mismo perfil.

- ¿La causa por Napalpí qué avance ha tenido? En Rincón Bomba hay excavaciones, han encontrado restos, hay en ese sentido un avance que deja algún tipo de esperanzas, más allá de la respuesta que de el Estado. ¿En el caso de Napalpí se ha iniciado algún tipo de investigación?

JG: Bueno, en Napalpí hay un impedimiento no salvado por parte de juez federal [Carlos] Skidelsky, que dice que si estuvieron varios años pueden estar más años esperando los cuerpos en ese lugar. Eso está apelado ante la Cámara, eso es una medida cautelar que había pedido el doctor Díaz. Y en el día de mañana [jueves 14 de septiembre] se va a llevar a cabo una audiencia testimonial, como prueba anticipada, en Machagai, muy cerquita de donde vivían las comunidades indígenas de Napalpí, por parte de una anciana, y va a actuar de traductor Orlando Sánchez, un maesto que ha sido reconocido hace pocos días por el Gobierno nacional como un ejemplo de lucha de los pueblos indígenas. Así que nosotros sinceramente estamos tratando de avanzar en ambas causas, pero en el caso de Napalpí es muy muy a paso de tortuga.

- Muy bien, Julio, te agradecemos por toda esta información, vamos a estar comunicados para poder seguir dándole cobertura a este tema. En Rosario es importante habiendo la comunidad toba numerosa que hay en esta ciudad, así que te agradecemos mucho.

JG: No, yo les agradezco a ustedes, y otra novedad que existe es que nosotros habíamos hecho una presentación administrativa, a la Gendarmería pidiéndole que se abrieran los archivos y que pida perdón por la Masacre, y nos contestaron que sí...a la apertura de los archivos. Así que dentro de unos días vamos a estar viendo si existen, si están, si han sido conservados los archivos de la Masacre de Rincón Bomba que tenga la Gendarmería Nacional.

- Muchísimas gracias, te agradecemos y vamos a continuar siguiendo esta información.

JG: Muchas gracias a ustedes y a su audiencia. Un saludo.

- Así escuchamos a uno de los abogados patrocinantes de las comunidades indígenas en las causas por justicia para las masacres de Rincón Bomba y Napalpí. Denunció racismo, contradicciones y groseras torpezas de parte del Estado nacional en el tratamiento de las dos causas.

Fuente: www.argentina.indymedia.org, 2004

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