A
40 años del comienzo del plan militar contra la guerrilla
Los capellanes castrenses que participaron del Operativo Independencia
Por Lucas Bilbao y Ariel Lede
Capellán hablándole a los soldados. Foto publicada en la revista Gente,
diciembre de 1975
La represión a la guerrilla en el monte tucumano empezó en febrero de 1975. Unos
4.000 efectivos enfrentaron a no más de 200 guerrilleros del ERP. Más de 40
capellanes castrenses ofrecieron entre 1975 y 1976 dos poderosas armas: el
convencimiento a los militares de que la lucha era justa y la “asistencia
espiritual” in situ.
Pasaron 40 años de una decisión política que constituyó uno de los primeros
hitos del terrorismo de Estado en Argentina: el “Operativo
Independencia”, el plan militar contra la guerrilla rural en Tucumán,
iniciado en febrero de 1975. Un actor protagónico en ese proceso fue la Iglesia
Católica, que justificó públicamente la “lucha antisubversiva” y envió
capellanes militares a la “zona de combate”.
El cierre de ingenios azucareros decretado por la dictadura de Onganía había
provocado en la provincia un deterioro de las condiciones de vida, desocupación
y emigración. En ese contexto, fueron ganando protagonismo fuerzas opositoras
como la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA) y el
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). La
radicalización política se manifestó en acciones como el “Tucumanazo” en 1970,
el “Quintazo” en 1972, y la apertura en 1974 del primer frente de guerrilla
rural del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), brazo armado del PRT. A
partir de la toma de la localidad de Acheral en mayo de ese año, la guerrilla
alcanzó visibilidad nacional.
El gobierno de María Estela Martínez de Perón, progresivamente penetrado por la
interna militar, implementó desde 1974 una serie de operaciones tendientes a
desplazar al sector más radicalizado del peronismo y a las vertientes de
izquierda que tenían legitimidad en el movimiento obrero, como el “Navarrazo”
en Córdoba, el “Operativo Serpiente Roja del Paraná” y el “Operativo
Independencia” en Tucumán. Mientras, clandestinamente la Triple A cumplía una
función similar a las órdenes del ministro José López
Rega.
1975 fue el año de la creciente gravitación de las Fuerzas
Armadas en las decisiones políticas del gobierno constitucional. Significó para
los militares la oportunidad de apoyarse en la crisis política y económica como
trampolín para volver a erigirse como los únicos capaces de gobernar el país. En
ese marco, el peronismo en el poder encontró en el Operativo Independencia uno
de sus primeros intentos de sostener la gobernabilidad convocando a todos los
sectores a unirse contra la “subversión”. Al mismo tiempo, la intervención
militar obtuvo rápidamente un amplio consenso por parte de la sociedad civil.
El decreto presidencial 261, de febrero de 1975, ordenó “ejecutar todas las
operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar
el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”.
En otras palabras, terrorismo de Estado bajo cobertura legal: 4.000 efectivos
enfrentaron en el monte tucumano a no más de 200 guerrilleros del ERP, además de
los obreros organizados en los sindicatos del azúcar y cualquier activista
citadino que pusiera en discusión los valores nacionales y cristianos.
El Operativo Independencia fue la primera intervención masiva de las FFAA en el
exterminio de opositores políticos. Constituyó un “ensayo” de la práctica
genocida que meses después se extendería al territorio nacional: inauguró los
primeros centros clandestinos de detención, aplicó la tortura en los
interrogatorios y la desaparición forzada de personas.
“El Vicariato acompañará a los soldados al frente”
La Iglesia Católica no quiso quedarse afuera de la cruzada por la defensa del
“orden cristiano” y puso a disposición del Operativo más de 40 capellanes a lo
largo de 1975 y 1976. Su función era “fortalecer la moral de quienes combatían
contra los elementos subversivos”. Así lo dejaba en claro el jefe del Ejército,
Jorge Videla, quien en la directiva Nº 404 “para la lucha contra la subversión”
incluyó los puntos referidos al “servicio religioso”: los capellanes conformaban
aquella parte del personal militar que debía contribuir con “orientaciones
concretas” a “contrarrestar el accionar destructor del enemigo que pretende
socavar los fundamentos de nuestra formación espiritual”.
Hacía casi veinte años que el Vicariato Castrense participaba en la formación de
los militares a través de sus obispos y capellanes. Pero en el contexto de 1975,
colaboró además en la intensificación de un clima ideológico propicio a la
intervención militar, concientizando a los uniformados que “librar la guerra al
comunismo y la subversión”, además de un ejercicio cívico y patriótico, era un
deber irrenunciable que tenían como “ejército cristiano”. La prensa de la época
no escatimó espacio para difundir la prédica eclesiástica acerca de la grandeza
del Ejército y la visión cristiana de la “guerra”, prédica que esta vez daba
batalla en un territorio real y no sólo espiritual.
Con un gobierno debilitado y dentro de un clima de incertidumbre política, la
estrategia castrense buscó alcanzar una imagen social positiva, por eso además
de una fuerte presencia militar para garantizar seguridad, montaron lo que
llamaron la “acción cívica y social”: construcción de hospitales, escuelas,
rutas y hasta poblados nuevos. La colaboración eclesiástica, entonces, debía ir
direccionada a ese objetivo. Algunos obispos influyentes (como Adolfo Tortolo o
Victorio Bonamín, e incluso el nuncio apostólico Pío Laghi) visitaron el “teatro
de operaciones” y respaldaron la tarea represiva.
En una entrevista realizada en España, Bonamín formuló: “En 1975, cuando se
inicia la guerra contra la subversión, el Vicariato, a través de sus capellanes,
acompañará a los soldados al frente. Tratará de suavizar aquellas cosas que una
guerra provoca siempre respecto a detenidos, torturas, etcétera, de que la lucha
contra el terrorismo se hiciera sin odio; de infundir criterios y apoyo moral”.
El Operativo Independencia movilizó efectivos de diversas unidades militares y
lo mismo hizo la jerarquía del Vicariato con sus capellanes: a lo largo de 1975
y 1976, el cardenal Antonio Caggiano y los obispos Tortolo y Bonamín
comprometieron en la incursión a -por lo menos- 43 sacerdotes: 37 pertenecían al
Ejército y 6 a la Gendarmería Nacional. Más de la mitad provenían del III Cuerpo
de Ejército, que contenía en su jurisdicción a las provincias del centro y
noroeste. 31 tuvieron una participación directa en Tucumán y 12 lo hicieron de
un modo indirecto actuando en aquellas unidades que enviaban refuerzos desde
otras zonas.
De los 43 que participaron, al menos ocho viven. Tres de ellos lo hicieron de
manera indirecta: Luis Jesús Cortés (arquidiócesis de Córdoba), Carlos Luis
Marozzi (Santiago del Estero) y Máximo Elpidio Orellano (Orden Mercedaria,
Córdoba). El resto compartió la “trinchera” con oficiales y soldados: Mario
Liborio De Leone y Rodobaldo Ruisanchez (Buenos Aires), Almacio Jorge Dechat
(Santa Fe), José Horn (Mendoza) y José Eloy Mijalchyk (Tucumán). La oportunidad
para avanzar en su indagación es tan posible como apremiante: el promedio de
edad de todos ellos es 82 años.
Del diario personal del obispo Bonamín: 29/12/1975: “Con los capellanes
castrenses del 1º Cuerpo de Ejército que se turnaron y turnarán en Tucumán.
Problemas de conciencia de nuestros oficiales”.
Los capellanes castrenses ofrecieron dos poderosas armas: el convencimiento a
los militares de que la lucha era justa si quería salvarse la civilización
cristiana y occidental; y por primera vez la “asistencia espiritual” in situ. La
coyuntura bélica, que montaba lugares de detención clandestina y obligaba a los
soldados a no ser piadosos con el enemigo, provocaba en algunos de ellos
“problemas de conciencia”, según lo consignó el propio Bonamín luego de una
“reunión con los capellanes que se turnaron y turnarán en Tucumán” (diario
personal 29/12/1975). Por lo tanto, la novedad del acompañamiento eclesiástico
radicó en la presencia de los sacerdotes dentro de los lugares de detención, con
el doble objetivo de sacralizar las acciones militares y persuadir a los
detenidos para que dieran información a los torturadores.
El ex sacerdote Raúl Sánchez, quien estuvo detenido en el CCD “La Escuelita de
Famaillá”, denunció que al ser puesto en libertad, se encontró allí mismo con
Joaquín Cucala Boix, capellán del Regimiento 19 de Infantería. Por su parte, el
capellán de la Compañía de Arsenales 5, José Eloy Mijalchyk, no sólo aportaba
información a las FFAA y de Seguridad sobre pobladores del lugar -luego
secuestrados- sino que además visitaba asiduamente el CCD “Arsenales” e
interrogaba a los detenidos. Capellanes de otras áreas militares que cumplieron
funciones en Tucumán, como Eduardo Mackinnon (Córdoba) y Dante Vega (Bahía
Blanca), replicaron luego en sus jurisdicciones la misma metodología.
El juicio y castigo
La fiscalía de Tucumán que conduce Pablo Camuña lleva varios años investigando
el Operativo. La megacausa cuenta con más de 40 imputados -ex militares, ex
gendarmes y ex policías- y tiene pruebas sobre delitos de lesa humanidad
cometidos contra 500 víctimas antes y después del golpe de Estado de 1976. En
2013, la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia consideró probada la
existencia de un “plan criminal” que violó el orden constitucional e “implantó
el terrorismo de Estado” suprimiendo los derechos y garantías individuales. No
obstante, rechazó la solicitud de los fiscales Camuña y Patricio Rovira de
extraditar e indagar a la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, que vive
en España desde 1981.
En cuanto al componente eclesiástico, las fuentes históricas disponibles
(prensa, documentación oficial del Vicariato Castrense, los diarios personales
de Bonamín, entre otras) demuestran el lugar protagónico y de acceso a la
información que tuvieron los capellanes castrenses en esta maquinaria represiva.
Infojus Noticias
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